José Luis Carapia Chimal y Otros.

Expediente 932/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 71 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
932/2018
Año
2018
Actuaciones
71
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Celia López Muñoz
  • José Luis Carapia Chimal y Otros.
  • Celia López Muñoz y Otros.
  • José Luis Carapia Chimal
  • Filemón Chimal Medina y Otros.
  • Ejidatarios del Ejido "Jesús del Monte" y Otros.
  • José Aniceto Hernández Olivo
  • José Pablo Martínez Soto
  • Raquel Velázquez Mier
  • Filemón Chimal Medina
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito XXXVI en esta ciudad
  • Domingo Rangel González
  • Luis Jaimes Machado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 71.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiuno de diciembre pasado, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO. Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-641244 expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., que ampara la suma de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), mismo que fue exhibido por la parte quejosa dentro de los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo en que se actúa. En tal virtud, hágasele saber a la parte quejosa que dicho billete de depósito se encuentra a su disposición, por lo que podrá solicitar su devolución, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional así como una parte la suspensión definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de enero de dos mil veintidós. ESTADO DE LOS AUTOS Vista la razón levantada por la actuaria judicial de la adscripción el trece de enero en curso, en el sentido de que no le fue posible notificar personalmente a la parte tercero interesada Melesio Mier Verduzco y María Mercedes Ruiz Oozco la resolución con engrose de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que no señalaron domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en tal virtud, en atención al proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, notifíquese a los referidos terceros interesados la resolución de mérito, mediante lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto señalen domicilio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  3. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-932/2018, promovido por JOSÉ LUIS CARAPIA CHIMAL, FILEMÓN CHIMAL MEDINA, AGUSTÍN SOTO HERNÁNDEZ, DOMINGO RANGEL GONZÁLEZ, CELIA LÓPEZ MUÑOZ, RAQUEL VELÁZQUEZ MIER, LUIS JAIMES MACHADO, JOSÉ PABLO MARTÍNEZ SOTO, JOSÉ LUIS ALTAMIRANO OLIVO, JOSÉ ANICETO HERNÁNDEZ OLIVO, MARÍA MARTINA OLIVO NAVA o MARTINA OLIVO NAVA, JUAN HERNÁNDEZ AGUILAR, MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, J. GUADALUPE MARTÍNEZ SOTO, FELISA CHIMAL MEDINA, JOSÉ PABLO CHIMAL LÓPEZ, RAYMUNDO ELGUERO SILVA, MARIANO MIER GARCÍA, MARÍA MARGARITA CHÁVEZ ESQUIVEL Y JESÚS VIÑAS CHIMAL, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad,; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, JOSÉ LUIS CARAPIA CHIMAL, FILEMÓN CHIMAL MEDINA, AGUSTÍN SOTO HERNÁNDEZ, DOMINGO RANGEL GONZÁLEZ, CELIA LÓPEZ MUÑOZ, RAQUEL VELÁZQUEZ MIER, LUIS JAIMES MACHADO, JOSÉ PABLO MARTÍNEZ SOTO, JOSÉ LUIS ALTAMIRANO OLIVO, JOSÉ ANICETO HERNÁNDEZ OLIVO, MARÍA MARTINA OLIVO NAVA o MARTINA OLIVO NAVA, JUAN HERNÁNDEZ AGUILAR, MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, J. GUADALUPE MARTÍNEZ SOTO, FELISA CHIMAL MEDINA, JOSÉ PABLO CHIMAL LÓPEZ, RAYMUNDO ELGUERO SILVA, MARIANO MIER GARCÍA, MARÍA MARGARITA CHÁVEZ ESQUIVEL y JESÚS VIÑAS CHIMAL, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Substanciación del juicio. Previa aclaración del escrito inicial de demanda y ratificación de la firma realizada por los quejosos (excepto Juana Machado Álvarez, por la cual se tuvo por no presentada la demanda), por auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de que se trata, registrándola bajo el número VIII-932/2018; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Cabe destacar que mediante oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la adscripción del licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se hizo del conocimiento de las partes, por tanto será dicho juzgador quien dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Ley de amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo primero, y 114 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad residente en donde ejercer jurisdicción este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: El acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se determinó que no había lugar a admitir la ampliación de la demanda en el juicio agrario 1460/2016, contra diversas personas morales y físicas. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado responsable, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado. A cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, mismas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios en ejercicio de sus atribuciones. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el que suscribe estima que se actualiza la causa a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" De acuerdo con lo dispuesto dichos preceptos legales procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, del contenido de la lectura integral de la demanda de garantías se obtiene que la parte quejosa reclama fundamentalmente el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio agrario 1460/2016, en el que el magistrado responsable negó admitir la ampliación de la demanda agraria contra diversas personas morales y físicas. Sobre este contexto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema en cuestión, ha considerado que si bien la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, resulta útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados en amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con registro 2006589, que dice: Registro digital: 2006589 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 Tipo: Jurisprudencia PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Al respecto, es conveniente precisar que acto de imposible reparación, es todo aquel que produce de manera directa e inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías constitucionales. Por tanto, en el caso a estudio debe analizarse si estos actos causan un perjuicio inmediato y directo que sea de imposible reparación a la parte quejosa. Bajo ese contexto, cabe destacar que el magistrado responsable, en el acuerdo reclamado de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, además señaló día y hora para la reanudación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley de Agraria, por lo que es inconcuso que la audiencia a que se refiere el citado precepto legal, no concluyó. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que fueran de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascendiera al sentido del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Por tanto, dada la connotación de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. De ahí que resulta improcedente el juicio de amparo contra el desechamiento de la ampliación de la demanda intentada por la parte quejosa, ya que dicha determinación constituye únicamente una lesión de naturaleza formal o adjetiva. Ello es así ya que la inadmisión de la ampliación de la demanda carece de la afectación material necesaria para la procedencia del juicio de amparo, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento, sin que trascienda a las personas o bienes de los quejosos más allá de lo meramente procedimiental, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el juicio agrario, aun siendo favorable a los intereses de los promoventes del amparo, no se ocupará de analizar el desechamiento de la ampliación en comento, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto d elos elementos que integraron la Litis y concluirá con una sentencia impugnable en amparo directo en el que puede aducirse esa violación procesal, la cual de prosperar dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación adjetiva generada en el juicio agrario. Sirven de apoyo a la presente determinación los criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben: Registro digital: 2023041 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XVI.A. J/33 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, página 1561 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, CONFORME A LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/2002]. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que fueran de tal gravedad que impidiera en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascendiera al sentido del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Partiendo de ello, razonó que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal. Registro digital: 2023042 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XVI.A. J/32 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, página 1558 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Con apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente. En esa virtud, se reitera, el acto aquí reclamado no causa una ejecución que sea de imposible reparación sobre la persona o bienes de la parte quejosa, cuenta habida que los actos procesales tienen un ejecución de imposible reparación, únicamente si sus consecuencias jurídicas son susceptibles de afectar inmediatamente, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, en virtud de que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones. En ese orden de cosas, el hecho de que la responsable ordenadora en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, hubiese determinado denegar la solicitud de la parte quejosa de que se admita la ampliación de la demanda contra diversas personas no implica que se le afecte de manera inmediata en sus posesiones, propiedades o derechos legalmente adquiridos en una forma irreparable, pues se trata de una violación procesal que sólo produce efectos intraprocesales, es decir, no afectan ningún derecho substancial, dado que aún existe posibilidad de que sea subsanada la violación. Ilustra lo anterior el criterio que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022115 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.14o.T.7 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 902 Tipo: Aislada ACUERDO DE NO ADMISIÓN, DESECHAMIENTO, U ORDEN DE ARCHIVO DE LA DEMANDA POR LO QUE HACE A UNO O MÁS CODEMANDADOS. ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", que no es factible la admisión de demandas de amparo indirecto cuyo acto reclamado no represente una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Este criterio induce a estimar que diversas tesis jurisprudenciales de las Salas del Alto Tribunal, en las que se trató la procedibilidad del amparo indirecto de asuntos cuyos actos eran considerados de imposible reparación conforme a la anterior Ley de Amparo, relativos al desechamiento parcial o la no admisión de una demanda por lo que hace a uno o más codemandados se consideren inaplicables. De ahí que, al reclamarse la decisión de la autoridad responsable de no admitir la demanda, desecharla u ordenar su archivo por lo que hace a uno o más codemandados, no afecta en forma material ninguna clase de derechos sustantivos; de ahí que este acto reclamado debe ser considerado como una violación procesal cometida durante el procedimiento, que afecta las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, analizable en amparo directo promovido en contra de la resolución reclamada, de conformidad con la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ LUIS CARAPIA CHIMAL, FILEMÓN CHIMAL MEDINA, AGUSTÍN SOTO HERNÁNDEZ, DOMINGO RANGEL GONZÁLEZ, CELIA LÓPEZ MUÑOZ, RAQUEL VELÁZQUEZ MIER, LUIS JAIMES MACHADO, JOSÉ PABLO MARTÍNEZ SOTO, JOSÉ LUIS ALTAMIRANO OLIVO, JOSÉ ANICETO HERNÁNDEZ OLIVO, MARÍA MARTINA OLIVO NAVA o MARTINA OLIVO NAVA, JUAN HERNÁNDEZ AGUILAR, MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, J. GUADALUPE MARTÍNEZ SOTO, FELISA CHIMAL MEDINA, JOSÉ PABLO CHIMAL LÓPEZ, RAYMUNDO ELGUERO SILVA, MARIANO MIER GARCÍA, MARÍA MARGARITA CHÁVEZ ESQUIVEL Y JESÚS VIÑAS CHIMAL, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOSE LUIS SOLORZANO GARCÍA EL SIGUIENTE ACUERDO: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-932/2018, promovido por JOSÉ LUIS CARAPIA CHIMAL, FILEMÓN CHIMAL MEDINA, AGUSTÍN SOTO HERNÁNDEZ, DOMINGO RANGEL GONZÁLEZ, CELIA LÓPEZ MUÑOZ, RAQUEL VELÁZQUEZ MIER, LUIS JAIMES MACHADO, JOSÉ PABLO MARTÍNEZ SOTO, JOSÉ LUIS ALTAMIRANO OLIVO, JOSÉ ANICETO HERNÁNDEZ OLIVO, MARÍA MARTINA OLIVO NAVA o MARTINA OLIVO NAVA, JUAN HERNÁNDEZ AGUILAR, MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, J. GUADALUPE MARTÍNEZ SOTO, FELISA CHIMAL MEDINA, JOSÉ PABLO CHIMAL LÓPEZ, RAYMUNDO ELGUERO SILVA, MARIANO MIER GARCÍA, MARÍA MARGARITA CHÁVEZ ESQUIVEL Y JESÚS VIÑAS CHIMAL, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad,; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido en esa misma fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, JOSÉ LUIS CARAPIA CHIMAL, FILEMÓN CHIMAL MEDINA, AGUSTÍN SOTO HERNÁNDEZ, DOMINGO RANGEL GONZÁLEZ, CELIA LÓPEZ MUÑOZ, RAQUEL VELÁZQUEZ MIER, LUIS JAIMES MACHADO, JOSÉ PABLO MARTÍNEZ SOTO, JOSÉ LUIS ALTAMIRANO OLIVO, JOSÉ ANICETO HERNÁNDEZ OLIVO, MARÍA MARTINA OLIVO NAVA o MARTINA OLIVO NAVA, JUAN HERNÁNDEZ AGUILAR, MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, J. GUADALUPE MARTÍNEZ SOTO, FELISA CHIMAL MEDINA, JOSÉ PABLO CHIMAL LÓPEZ, RAYMUNDO ELGUERO SILVA, MARIANO MIER GARCÍA, MARÍA MARGARITA CHÁVEZ ESQUIVEL y JESÚS VIÑAS CHIMAL, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Substanciación del juicio. Previa aclaración del escrito inicial de demanda y ratificación de la firma realizada por los quejosos (excepto Juana Machado Álvarez, por la cual se tuvo por no presentada la demanda), por auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de que se trata, registrándola bajo el número VIII-932/2018; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Cabe destacar que mediante oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la adscripción del licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se hizo del conocimiento de las partes, por tanto será dicho juzgador quien dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Ley de amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo primero, y 114 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad residente en donde ejercer jurisdicción este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: El acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se determinó que no había lugar a admitir la ampliación de la demanda en el juicio agrario 1460/2016, contra diversas personas morales y físicas. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado responsable, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado. A cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado, mismas a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios en ejercicio de sus atribuciones. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que éstas son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el que suscribe estima que se actualiza la causa a que se contrae el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la ley de Amparo, que disponen: .Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.. .Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.). De acuerdo con lo dispuesto dichos preceptos legales procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, del contenido de la lectura integral de la demanda de garantías se obtiene que la parte quejosa reclama fundamentalmente el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio agrario 1460/2016, en el que el magistrado responsable negó admitir la ampliación de la demanda agraria contra diversas personas morales y físicas. Sobre este contexto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema en cuestión, ha considerado que si bien la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, resulta útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados en amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con registro 2006589, que dice: Registro digital: 2006589 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39 Tipo: Jurisprudencia PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden .... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos .que afecten materialmente derechos., lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos .derechos. afectados materialmente revistan la categoría de derechos .sustantivos., expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de .imposible reparación., no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto .... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo.; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a .derechos sustantivos., y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza .material. de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Al respecto, es conveniente precisar que acto de imposible reparación, es todo aquel que produce de manera directa e inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías constitucionales. Por tanto, en el caso a estudio debe analizarse si estos actos causan un perjuicio inmediato y directo que sea de imposible reparación a la parte quejosa. Bajo ese contexto, cabe destacar que el magistrado responsable, en el acuerdo reclamado de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, además señaló día y hora para la reanudación de la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley de Agraria, por lo que es inconcuso que la audiencia a que se refiere el citado precepto legal, no concluyó. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que fueran de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascendiera al sentido del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Por tanto, dada la connotación de lo que debe entenderse por actos de .imposible reparación., no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. De ahí que resulta improcedente el juicio de amparo contra el desechamiento de la ampliación de la demanda intentada por la parte quejosa, ya que dicha determinación constituye únicamente una lesión de naturaleza formal o adjetiva. Ello es así ya que la inadmisión de la ampliación de la demanda carece de la afectación material necesaria para la procedencia del juicio de amparo, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento, sin que trascienda a las personas o bienes de los quejosos más allá de lo meramente procedimiental, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el juicio agrario, aun siendo favorable a los intereses de los promoventes del amparo, no se ocupará de analizar el desechamiento de la ampliación en comento, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto d elos elementos que integraron la Litis y concluirá con una sentencia impugnable en amparo directo en el que puede aducirse esa violación procesal, la cual de prosperar dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación adjetiva generada en el juicio agrario. Sirven de apoyo a la presente determinación los criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben: Registro digital: 2023041 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XVI.A. J/33 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, página 1561 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, CONFORME A LA JURISPRUDENCIA P./J. 37/2014 (10a.) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 55/2002]. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que fueran de tal gravedad que impidiera en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascendiera al sentido del fallo, además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Partiendo de ello, razonó que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de .imposible reparación., no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el nuevo texto legal. Registro digital: 2023042 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XVI.A. J/32 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, página 1558 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA EL DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN SISTEMÁTICA Y ANALÓGICA DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 37/2014 (10a.), 2a./J. 48/2016 (10a.) Y P./J. 7/2019 (10a.), E INAPLICABILIDAD DE LA DIVERSA 2a./J. 55/2002]. En la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dentro de juicio, siempre que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, que sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no trascienda al sentido del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Con apoyo en esas directrices, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) la Segunda Sala sostuvo que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; además, en ese criterio también precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, ya que en ese caso el juicio de amparo será procedente. En esa línea de pensamiento, en la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal determinó que el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros carece de la .afectación material. necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, postura que, dijo, es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar, dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con base en lo anterior, contra el desechamiento parcial de la demanda no procede el juicio de amparo indirecto, por contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a una impartición de justicia pronta, pues si bien es cierto que la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del promovente, no se ocupará de lo desechado, también lo es que la tramitación del juicio continuará respecto de los elementos que integraron la litis y concluirá con una sentencia definitiva impugnable en amparo directo en el que puede cuestionarse esa actuación como violación procesal que, de prosperar, dará lugar a la reposición del procedimiento, subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. De ahí que resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/2002, al sustentarse en la afectación exorbitante que, afirmó la Segunda Sala, causa el desechamiento parcial de la demanda; concepción que resulta incompatible con el texto legal vigente. En esa virtud, se reitera, el acto aquí reclamado no causa una ejecución que sea de imposible reparación sobre la persona o bienes de la parte quejosa, cuenta habida que los actos procesales tienen un ejecución de imposible reparación, únicamente si sus consecuencias jurídicas son susceptibles de afectar inmediatamente, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, en virtud de que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones. En ese orden de cosas, el hecho de que la responsable ordenadora en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, hubiese determinado denegar la solicitud de la parte quejosa de que se admita la ampliación de la demanda contra diversas personas no implica que se le afecte de manera inmediata en sus posesiones, propiedades o derechos legalmente adquiridos en una forma irreparable, pues se trata de una violación procesal que sólo produce efectos intraprocesales, es decir, no afectan ningún derecho substancial, dado que aún existe posibilidad de que sea subsanada la violación. Ilustra lo anterior el criterio que a continuación se transcribe: Registro digital: 2022115 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.14o.T.7 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 902 Tipo: Aislada ACUERDO DE NO ADMISIÓN, DESECHAMIENTO, U ORDEN DE ARCHIVO DE LA DEMANDA POR LO QUE HACE A UNO O MÁS CODEMANDADOS. ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título y subtítulo: .PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).., que no es factible la admisión de demandas de amparo indirecto cuyo acto reclamado no represente una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Este criterio induce a estimar que diversas tesis jurisprudenciales de las Salas del Alto Tribunal, en las que se trató la procedibilidad del amparo indirecto de asuntos cuyos actos eran considerados de imposible reparación conforme a la anterior Ley de Amparo, relativos al desechamiento parcial o la no admisión de una demanda por lo que hace a uno o más codemandados se consideren inaplicables. De ahí que, al reclamarse la decisión de la autoridad responsable de no admitir la demanda, desecharla u ordenar su archivo por lo que hace a uno o más codemandados, no afecta en forma material ninguna clase de derechos sustantivos; de ahí que este acto reclamado debe ser considerado como una violación procesal cometida durante el procedimiento, que afecta las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, analizable en amparo directo promovido en contra de la resolución reclamada, de conformidad con la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ LUIS CARAPIA CHIMAL, FILEMÓN CHIMAL MEDINA, AGUSTÍN SOTO HERNÁNDEZ, DOMINGO RANGEL GONZÁLEZ, CELIA LÓPEZ MUÑOZ, RAQUEL VELÁZQUEZ MIER, LUIS JAIMES MACHADO, JOSÉ PABLO MARTÍNEZ SOTO, JOSÉ LUIS ALTAMIRANO OLIVO, JOSÉ ANICETO HERNÁNDEZ OLIVO, MARÍA MARTINA OLIVO NAVA o MARTINA OLIVO NAVA, JUAN HERNÁNDEZ AGUILAR, MIGUEL ÁNGEL CHÁVEZ GARCÍA, J. GUADALUPE MARTÍNEZ SOTO, FELISA CHIMAL MEDINA, JOSÉ PABLO CHIMAL LÓPEZ, RAYMUNDO ELGUERO SILVA, MARIANO MIER GARCÍA, MARÍA MARGARITA CHÁVEZ ESQUIVEL Y JESÚS VIÑAS CHIMAL, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.

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