José Luis Cancio Santa Cruz
Expediente 672/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Luis Cancio Santa Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, realizado manifestaciones únicamente la parte quejosa. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En sentencia autorizada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por una parte, se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a JOSÉ LUIS CANCIO SANTA CRUZ, y por otra, se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a los menores de identidad reservada con las iniciales R.C.G. y L.C.G., para los efectos siguientes: ".la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente la resolución dictada el cinco de julio de dos mil veintidós en el incidente de pensión alimenticia en el juicio ordinario civil ********************y, en su lugar, emita otra en la que omita considerar como circunstancia novedosa la existencia de pensión alimenticia provisional decretada a favor de José Luis Cancio Santa Cruz, así como que los diversos acreedores alimentarios viven en domicilio propiedad del quejoso, y en esas condiciones, con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo." Asimismo en acuerdo de catorce de diciembre siguiente, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por otra parte, en auto de diez de enero del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así con oficio 672/2022 la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de seis de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós (acto reclamado) dictada dentro de los autos del expediente ********************de su índice. Seguidamente, la responsable realizó una relación sucinta de los agravios expuestos por la parte demandada, no así de la actora dado que ésta no desahogo la vista concedida con el escrito de reclamación, resuelve con base a las probanzas que ambas partes aportaron hasta ese momento procesal, en atención a la prontitud con la que se debe de resolver al no estar en condiciones de preparar prueba alguna, de ahí que la valoración la realizara conforme al prudente arbitrio del juzgador al ser una cuestión provisional que no inciden cuestión de fondo que se resuelva en definitiva. Posteriormente, tuvo por acreditada la calidad de acreedores alimentarios con las actas de nacimiento de los menores de edad de identidad reservada, a la que concedió valor probatorio pleno, en términos de los artículos 210, 235, fracción II, 261 fracción IV, 337 del Código Procesal Civil, en relación con el 671 del código sustantivo civil que a su consideración la línea de parentesco justifica el derecho de los menores acreedores alimentarios de instar en contra del progenitor el derecho de recibir alimentos. Por otra parte, tuvo por acreditada la capacidad alimenticia del acreedor con el escrito en donde se duele del monto provisional alimentario fijado a su cargo, y con el informe rendido por la fuente laboral agregadas en autos, lo que valor en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil. Determinado que al tener la capacidad económica el deudor para sufragar los gastos de sus menores hijos, es a éste a quien le corresponde suminístralos en términos de los numerales 233 y 234 en relación con el 239 del código sustantivo de la materia, comprendiendo los alimentos la comida, el vestido, la habitación y la asistencia, en caso, de la enfermedad, además que al tratarse de menores de edad, estos comprende los gastos necesarios para la educación básica y para proporcionar algún oficio, arte o profesión honesto, y adecuados a su sexo y circunstancias personales, alimentos que deben ser otorgados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Ahora, la autoridad responsable estimó improcedente el agravio hecho por la parte quejosa quien alega que el juzgador sólo tomo en consideración las necesidades de los acreedores alimentarios sin tomar en cuenta las necesidades del demandado por lo que considero que violento en su perjuicio el principio de proporcionalidad consignado en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, ya que refiere que la parte actora no justificó realmente la necesidad alimentaria ponderando únicamente lo narrado por la parte actora y los medios de convicción aportados por ésta en su escrito de demanda, de acuerdo a lo señalado en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Al respecto, se tiene que la autoridad responsable ponderó que lo manifestado por el deudor alimentario no puede considerarse para regraduar la pensión alimenticia, toda vez que, la medida combatida dada su naturaleza y prioridad, se asigna sin necesidad de conceder al deudor alimentario garantía ya que únicamente requiere que justifique el parentesco con el deudor alimentario, supuesto que tuvo por probadas a través de las actas de nacimiento de los menores acreedores en términos de los artículos 210, 261, fracción IV y 265 del Código Procesal multicitado, teniendo por acreditada la relación paterno filial que vincula a los menores con el deudor alimentario, vinculo del que nace su derecho a ser alimentados por éste, en términos de los previsto por los artículos 100, 101, 233, 234, 239, 242 y 244 del código sustantivo civil, así como, la capacidad económica del deudor alimentario, quedando el elemento necesidad quedo probado fehacientemente en autos al tratarse de los menores alimentarios que por disposición expresa de la Ley tiene a su favor la presunción legal de la necesitarlos, presunción que no fue destruida por el deudor alimentario en términos de los artículos 228 y 229, fracción I, del código adjetivo civil. Seguidamente, consideró insuficiente para regraduar la pensión alimenticia lo manifestado por el demandado en el sentido que éste tiene otra pensión alimenticia a su cargo a favor de su progenitora consistente en el veinticinco por ciento (25%) de sus ingresos y que se encuentra proporcionado el rubro de la habitación dado que los acreedores alimentarios habitan el inmueble ubicado en la calle Carlos Roberto Smith Veliz, número ciento siete, de Playa de Vaca, en el municipio de Medellín, Veracruz, el cual refiere que es de su propiedad, lo anterior, en atención que dichas manifestaciones fueron del conocimiento de ese jugador, en atención a que el quejoso lo manifestó en sus demanda de divorcio y la aquí tercero interesada, Yolanda García Zavaleta, lo hizo del conocimiento en su escrito de incidencia de alimentos, solicitando que se especificada al pagador del deudor alimentario que el pago de alimentos a favor de sus hijos fuera de manera preferente en términos del artículo 101 del Código Civil para el Estado de Veracruz. De la misma manera, procedió a analizar el agravio donde el inconforme argumentó que a que la actora, Yolanda García Zavaleta, tiene trabajo bien remunerado y debe de contribuir con los alimentos para los menores acreedores, lo que considero insuficientes e inoperantes en atención a que los alimentos únicamente son para los menores y, que si bien es cierto, el artículo 234 del código sustantivo civil, señala que ambos padres deben de aportar al sostenimiento del hogar, a los alimentos de los hijos, así como a la educación conforme a lo establecido en el numeral 100 del Código Procesal Civil, sin embargo, el artículo 240 de ese mismo ordenamiento, establece que la obligación de dar alimentos se cumple cuando se asigna al acreedor alimentarlo una pensión alimenticia o se incorpora a la familia, por lo cual, la autoridad responsable determina que la actora cumple con dicha obligación alimentarla ya que de autos se desprende que los menores de edad viven con su progenitora, de esa manera la actora al brindar los cuidados y atención indispensable para que estos se desarrollen en la familia en que forma parte cumple con dicha obligación. Así, de lo anterior la autoridad responsable dedujo que ninguno de los elementos previamente mencionados y los demás analizados en la resolución a estudio, son idóneos para regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional. Por tanto, con plenitud de jurisdicción arribó a la conclusión que la pensión alimenticia provisional consistente en el ********************de las percepciones totales del deudor alimentario, a favor de sus dos menores hijos, cumple con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado. Con en base a lo anterior la autoridad responsable confirmó la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente del ********************del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado en su centro de trabajo, a favor de sus hijos menores de edad de iniciales R.C.G y L.C.G., que estimó el que se requiere para satisfacer las necesidades alimentarias de dichos acreedores. En tales condiciones, se determina que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el cinco de julio de dos mil veintidós (acto reclamado) en el juicio ordinario civil ********************y, en su lugar, emitió otra en la, que con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuento hace al aquí quejoso, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo, toda vez que la autoridad responsable confirmó la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente del ********************del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado en su centro de trabajo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, mediante escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, registrado ante este juzgado con número 1116, toda vez que, estas se refieren a cuestiones del fondo de lo resuelto en la citada interlocutoria, mientras que la materia del cumplimiento lo fue que la responsable con plenitud de jurisdicción, indicara los fundamentos y motivos por los que consideró pertinente resolver en el sentido que lo hizo, por lo tanto, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General2. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, en interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, se negó la suspensión del acto reclamado (fojas 42 a 45), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General4, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.********************Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 672/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice:********************"Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, realizado manifestaciones únicamente la parte quejosa.********************Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución.********************En sentencia autorizada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por una parte, se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, y por otra, se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a los menores de identidad reservada con las iniciales ******************** y ********************, para los efectos siguientes: ********************".la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente la resolución dictada el cinco de julio de dos mil veintidós en el incidente de pensión alimenticia en el ******************** y, en su lugar, emita otra en la que omita considerar como circunstancia novedosa la existencia de pensión alimenticia provisional decretada a favor de José Luis Cancio Santa Cruz, así como que los diversos acreedores alimentarios viven en domicilio propiedad del quejoso, y en esas condiciones, con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo."****************************************Asimismo en acuerdo de catorce de diciembre siguiente, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable.********************Por otra parte, en auto de diez de enero del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. ********************Así con oficio 672/2022 la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de seis de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós (acto reclamado) dictada dentro de los autos del expediente ********************de su índice.********************Seguidamente, la responsable realizó una relación sucinta de los agravios expuestos por la parte demandada, no así de la actora dado que ésta no desahogo la vista concedida con el escrito de reclamación, resuelve con base a las probanzas que ambas partes aportaron hasta ese momento procesal, en atención a la prontitud con la que se debe de resolver al no estar en condiciones de preparar prueba alguna, de ahí que la valoración la realizara conforme al prudente arbitrio del juzgador al ser una cuestión provisional que no inciden cuestión de fondo que se resuelva en definitiva.********************Posteriormente, tuvo por acreditada la calidad de acreedores alimentarios con las actas de nacimiento de los menores de edad de identidad reservada, a la que concedió valor probatorio pleno, en términos de los artículos 210, 235, fracción II, 261 fracción IV, 337 del Código Procesal Civil, en relación con el 671 del código sustantivo civil que a su consideración la línea de parentesco justifica el derecho de los menores acreedores alimentarios de instar en contra del progenitor el derecho de recibir alimentos.********************Por otra parte, tuvo por acreditada la capacidad alimenticia del acreedor con el escrito en donde se duele del monto provisional alimentario fijado a su cargo, y con el informe rendido por la fuente laboral agregadas en autos, lo que valor en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil.********************Determinado que al tener la capacidad económica el deudor para sufragar los gastos de sus menores hijos, es a éste a quien le corresponde suminístralos en términos de los numerales 233 y 234 en relación con el 239 del código sustantivo de la materia, comprendiendo los alimentos la comida, el vestido, la habitación y la asistencia, en caso, de la enfermedad, además que al tratarse de menores de edad, estos comprende los gastos necesarios para la educación básica y para proporcionar algún oficio, arte o profesión honesto, y adecuados a su sexo y circunstancias personales, alimentos que deben ser otorgados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. ********************Ahora, la autoridad responsable estimó improcedente el agravio hecho por la parte quejosa quien alega que el juzgador sólo tomo en consideración las necesidades de los acreedores alimentarios sin tomar en cuenta las necesidades del demandado por lo que considero que violento en su perjuicio el principio de proporcionalidad consignado en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, ya que refiere que la parte actora no justificó realmente la necesidad alimentaria ponderando únicamente lo narrado por la parte actora y los medios de convicción aportados por ésta en su escrito de demanda, de acuerdo a lo señalado en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.********************Al respecto, se tiene que la autoridad responsable ponderó que lo manifestado por el deudor alimentario no puede considerarse para regraduar la pensión alimenticia, toda vez que, la medida combatida dada su naturaleza y prioridad, se asigna sin necesidad de conceder al deudor alimentario garantía ya que únicamente requiere que justifique el parentesco con el deudor alimentario, supuesto que tuvo por probadas a través de las actas de nacimiento de los menores acreedores en términos de los artículos 210, 261, fracción IV y 265 del Código Procesal multicitado, teniendo por acreditada la relación paterno filial que vincula a los menores con el deudor alimentario, vinculo del que nace su derecho a ser alimentados por éste, en términos de los previsto por los artículos 100, 101, 233, 234, 239, 242 y 244 del código sustantivo civil, así como, la capacidad económica del deudor alimentario, quedando el elemento necesidad quedo probado fehacientemente en autos al tratarse de los menores alimentarios que por disposición expresa de la Ley tiene a su favor la presunción legal de la necesitarlos, presunción que no fue destruida por el deudor alimentario en términos de los artículos 228 y 229, fracción I, del código adjetivo civil.********************Seguidamente, consideró insuficiente para regraduar la pensión alimenticia lo manifestado por el demandado en el sentido que éste tiene otra pensión alimenticia a su cargo a favor de su progenitora consistente en el veinticinco por ciento (25%) de sus ingresos y que se encuentra proporcionado el rubro de la habitación dado que los acreedores alimentarios habitan el inmueble ubicado en la ********************, el cual refiere que es de su propiedad, lo anterior, en atención que dichas manifestaciones fueron del conocimiento de ese jugador, en atención a que el quejoso lo manifestó en sus demanda de divorcio y la aquí tercero interesada, ********************, lo hizo del conocimiento en su escrito de incidencia de alimentos, solicitando que se especificada al pagador del deudor alimentario que el pago de alimentos a favor de sus hijos fuera de manera preferente en términos del artículo 101 del Código Civil para el Estado de Veracruz. ********************De la misma manera, procedió a analizar el agravio donde el inconforme argumentó que a que la actora, ********************, tiene trabajo bien remunerado y debe de contribuir con los alimentos para los menores acreedores, lo que considero insuficientes e inoperantes en atención a que los alimentos únicamente son para los menores y, que si bien es cierto, el artículo 234 del código sustantivo civil, señala que ambos padres deben de aportar al sostenimiento del hogar, a los alimentos de los hijos, así como a la educación conforme a lo establecido en el numeral 100 del Código Procesal Civil, sin embargo, el artículo 240 de ese mismo ordenamiento, establece que la obligación de dar alimentos se cumple cuando se asigna al acreedor alimentarlo una pensión alimenticia o se incorpora a la familia, por lo cual, la autoridad responsable determina que la actora cumple con dicha obligación alimentarla ya que de autos se desprende que los menores de edad viven con su progenitora, de esa manera la actora al brindar los cuidados y atención indispensable para que estos se desarrollen en la familia en que forma parte cumple con dicha obligación.********************Así, de lo anterior la autoridad responsable dedujo que ninguno de los elementos previamente mencionados y los demás analizados en la resolución a estudio, son idóneos para regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional.********************Por tanto, con plenitud de jurisdicción arribó a la conclusión que la pensión alimenticia provisional consistente en el ********************de las percepciones totales del deudor alimentario, a favor de sus dos menores hijos, cumple con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado.********************Con en base a lo anterior la autoridad responsable confirmó la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente del ********************del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado en su centro de trabajo, a favor de sus hijos menores de edad de iniciales R.C.G y ********************, que estimó el que se requiere para satisfacer las necesidades alimentarias de dichos acreedores.********************En tales condiciones, se determina que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el cinco de julio de dos mil veintidós (acto reclamado) en el ******************** y, en su lugar, emitió otra en la, que con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuento hace al aquí quejoso, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo, toda vez que la autoridad responsable confirmó la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente del ********************del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado en su centro de trabajo.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, mediante escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, registrado ante este juzgado con número 1116, toda vez que, estas se refieren a cuestiones del fondo de lo resuelto en la citada interlocutoria, mientras que la materia del cumplimiento lo fue que la responsable con plenitud de jurisdicción, indicara los fundamentos y motivos por los que consideró pertinente resolver en el sentido que lo hizo, por lo tanto, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados********************Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General2.********************En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, en interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, se negó la suspensión del acto reclamado (fojas 42 a 45), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental.********************Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General4, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Notifíquese en términos de ley.********************Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe."********************En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva.********************Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario Miguel Gastón Manzanilla Hernández, con quien actúa y da fe.
- Principal
En esta fecha se notifica a la parte quejosa por lista de acuerdos el proveído de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en virtud, que no compareció a notificarse a este juzgado como lo indica el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, misma que dice: "Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, realizado manifestaciones únicamente la parte quejosa. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En sentencia autorizada el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por una parte, se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a JOSÉ LUIS CANCIO SANTA CRUZ, y por otra, se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a los menores de identidad reservada con las iniciales R.C.G. y L.C.G., para los efectos siguientes: ".la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente la resolución dictada el cinco de julio de dos mil veintidós en el incidente de pensión alimenticia en el juicio ordinario civil ********************y, en su lugar, emita otra en la que omita considerar como circunstancia novedosa la existencia de pensión alimenticia provisional decretada a favor de José Luis Cancio Santa Cruz, así como que los diversos acreedores alimentarios viven en domicilio propiedad del quejoso, y en esas condiciones, con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo." Asimismo en acuerdo de catorce de diciembre siguiente, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por otra parte, en auto de diez de enero del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así con oficio 672/2022 la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de seis de enero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución de cinco de julio de dos mil veintidós (acto reclamado) dictada dentro de los autos del expediente ********************de su índice. Seguidamente, la responsable realizó una relación sucinta de los agravios expuestos por la parte demandada, no así de la actora dado que ésta no desahogo la vista concedida con el escrito de reclamación, resuelve con base a las probanzas que ambas partes aportaron hasta ese momento procesal, en atención a la prontitud con la que se debe de resolver al no estar en condiciones de preparar prueba alguna, de ahí que la valoración la realizara conforme al prudente arbitrio del juzgador al ser una cuestión provisional que no inciden cuestión de fondo que se resuelva en definitiva. Posteriormente, tuvo por acreditada la calidad de acreedores alimentarios con las actas de nacimiento de los menores de edad de identidad reservada, a la que concedió valor probatorio pleno, en términos de los artículos 210, 235, fracción II, 261 fracción IV, 337 del Código Procesal Civil, en relación con el 671 del código sustantivo civil que a su consideración la línea de parentesco justifica el derecho de los menores acreedores alimentarios de instar en contra del progenitor el derecho de recibir alimentos. Por otra parte, tuvo por acreditada la capacidad alimenticia del acreedor con el escrito en donde se duele del monto provisional alimentario fijado a su cargo, y con el informe rendido por la fuente laboral agregadas en autos, lo que valor en términos del artículo 320 del Código Procesal Civil. Determinado que al tener la capacidad económica el deudor para sufragar los gastos de sus menores hijos, es a éste a quien le corresponde suminístralos en términos de los numerales 233 y 234 en relación con el 239 del código sustantivo de la materia, comprendiendo los alimentos la comida, el vestido, la habitación y la asistencia, en caso, de la enfermedad, además que al tratarse de menores de edad, estos comprende los gastos necesarios para la educación básica y para proporcionar algún oficio, arte o profesión honesto, y adecuados a su sexo y circunstancias personales, alimentos que deben ser otorgados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Ahora, la autoridad responsable estimó improcedente el agravio hecho por la parte quejosa quien alega que el juzgador sólo tomo en consideración las necesidades de los acreedores alimentarios sin tomar en cuenta las necesidades del demandado por lo que considero que violento en su perjuicio el principio de proporcionalidad consignado en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, ya que refiere que la parte actora no justificó realmente la necesidad alimentaria ponderando únicamente lo narrado por la parte actora y los medios de convicción aportados por ésta en su escrito de demanda, de acuerdo a lo señalado en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Al respecto, se tiene que la autoridad responsable ponderó que lo manifestado por el deudor alimentario no puede considerarse para regraduar la pensión alimenticia, toda vez que, la medida combatida dada su naturaleza y prioridad, se asigna sin necesidad de conceder al deudor alimentario garantía ya que únicamente requiere que justifique el parentesco con el deudor alimentario, supuesto que tuvo por probadas a través de las actas de nacimiento de los menores acreedores en términos de los artículos 210, 261, fracción IV y 265 del Código Procesal multicitado, teniendo por acreditada la relación paterno filial que vincula a los menores con el deudor alimentario, vinculo del que nace su derecho a ser alimentados por éste, en términos de los previsto por los artículos 100, 101, 233, 234, 239, 242 y 244 del código sustantivo civil, así como, la capacidad económica del deudor alimentario, quedando el elemento necesidad quedo probado fehacientemente en autos al tratarse de los menores alimentarios que por disposición expresa de la Ley tiene a su favor la presunción legal de la necesitarlos, presunción que no fue destruida por el deudor alimentario en términos de los artículos 228 y 229, fracción I, del código adjetivo civil. Seguidamente, consideró insuficiente para regraduar la pensión alimenticia lo manifestado por el demandado en el sentido que éste tiene otra pensión alimenticia a su cargo a favor de su progenitora consistente en el veinticinco por ciento (25%) de sus ingresos y que se encuentra proporcionado el rubro de la habitación dado que los acreedores alimentarios habitan el inmueble ubicado en la calle Carlos Roberto Smith Veliz, número ciento siete, de Playa de Vaca, en el municipio de Medellín, Veracruz, el cual refiere que es de su propiedad, lo anterior, en atención que dichas manifestaciones fueron del conocimiento de ese jugador, en atención a que el quejoso lo manifestó en sus demanda de divorcio y la aquí tercero interesada, Yolanda García Zavaleta, lo hizo del conocimiento en su escrito de incidencia de alimentos, solicitando que se especificada al pagador del deudor alimentario que el pago de alimentos a favor de sus hijos fuera de manera preferente en términos del artículo 101 del Código Civil para el Estado de Veracruz. De la misma manera, procedió a analizar el agravio donde el inconforme argumentó que a que la actora, Yolanda García Zavaleta, tiene trabajo bien remunerado y debe de contribuir con los alimentos para los menores acreedores, lo que considero insuficientes e inoperantes en atención a que los alimentos únicamente son para los menores y, que si bien es cierto, el artículo 234 del código sustantivo civil, señala que ambos padres deben de aportar al sostenimiento del hogar, a los alimentos de los hijos, así como a la educación conforme a lo establecido en el numeral 100 del Código Procesal Civil, sin embargo, el artículo 240 de ese mismo ordenamiento, establece que la obligación de dar alimentos se cumple cuando se asigna al acreedor alimentarlo una pensión alimenticia o se incorpora a la familia, por lo cual, la autoridad responsable determina que la actora cumple con dicha obligación alimentarla ya que de autos se desprende que los menores de edad viven con su progenitora, de esa manera la actora al brindar los cuidados y atención indispensable para que estos se desarrollen en la familia en que forma parte cumple con dicha obligación. Así, de lo anterior la autoridad responsable dedujo que ninguno de los elementos previamente mencionados y los demás analizados en la resolución a estudio, son idóneos para regraduar el monto de la pensión alimenticia provisional. Por tanto, con plenitud de jurisdicción arribó a la conclusión que la pensión alimenticia provisional consistente en el ********************de las percepciones totales del deudor alimentario, a favor de sus dos menores hijos, cumple con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado. Con en base a lo anterior la autoridad responsable confirmó la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente del ********************del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado en su centro de trabajo, a favor de sus hijos menores de edad de iniciales R.C.G y L.C.G., que estimó el que se requiere para satisfacer las necesidades alimentarias de dichos acreedores. En tales condiciones, se determina que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la resolución dictada el cinco de julio de dos mil veintidós (acto reclamado) en el juicio ordinario civil ********************y, en su lugar, emitió otra en la, que con plenitud de jurisdicción resolvió nuevamente la litis sometida ante su potestad por cuento hace al aquí quejoso, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo, toda vez que la autoridad responsable confirmó la pensión alimenticia provisional decretada inicialmente del ********************del sueldo y demás prestaciones que recibe el demandado en su centro de trabajo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. No es obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado de la parte quejosa, mediante escrito de fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés, registrado ante este juzgado con número 1116, toda vez que, estas se refieren a cuestiones del fondo de lo resuelto en la citada interlocutoria, mientras que la materia del cumplimiento lo fue que la responsable con plenitud de jurisdicción, indicara los fundamentos y motivos por los que consideró pertinente resolver en el sentido que lo hizo, por lo tanto, este Juzgado considera que la autoridad responsable sí cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo que se le indicaron, y que aquí quedaron precisados Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General2. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que, en interlocutoria de ocho de agosto de dos mil veintidós, se negó la suspensión del acto reclamado (fojas 42 a 45), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General4, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de cuenta signado por ********************, autorizado de la parte quejosa en el presente asunto; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de diez de enero de dos mil veintitrés y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
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