José Luis Camal Hurtado

Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1080/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • José Luis Camal Hurtado
  • Juez Trigésimo Septimo de Proceso Oral de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1080/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio dirigido a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas doce de diciembre de dos mil veintidós y diez de enero de dos mil veintitrés (fojas 55-59 y 70-73), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral, con sede en Ciudad de México; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomos de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio dirigido a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas doce de diciembre de dos mil veintidós y diez de enero de dos mil veintitrés (fojas 55-59 y 70-73), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral, con sede en Ciudad de México; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomos de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio dirigido a la autoridad foránea; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece. Lo anterior es acorde también al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que integró la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyos datos de identificación, registro 2012455, rubro y texto se citan a continuación: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de las resoluciones emitidas en datas doce de diciembre de dos mil veintidós y diez de enero de dos mil veintitrés (fojas 55-59 y 70-73), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por el 1. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral, con sede en Ciudad de México; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomos de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1080/2022 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintidós de noviembre dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, y turnado a este órgano jurisdiccional en la misma data, José Luis Camal Hurtado promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye al 1. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, y al 2. Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 02 a 06). SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de veintitrés siguiente, se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos, fijar data y hora para celebrar audiencia constitucional; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; ordenándose tramitar el incidente de suspensión (fojas 26 a 30). TERCERO. Trámite. Mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por legalmente emplazado al presente juicio al tercero interesado Navistar Financial, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (fojas 65 y 66). CUARTO. Audiencia constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos los informes justificados de las autoridades responsables, quienes no hicieron valer causales de improcedencia (fojas 36 a 54, 60 con el cual se ordenó formar un cuaderno de prueba, 68 a 77, 84 a 103) la audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticinco de abril de dos mil veintitrés (foja 125). Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, en virtud de que se trata de un acto proveniente de una autoridad judicial, que trasgrede el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio ya que, al tratarse de que los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este Juzgado, la parte quejosa eligió promover el presente juicio ante esta autoridad judicial, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de amparo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuales son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos principalmente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se tiene que, el acto reclamado en el presente juicio es: "De la ordenadora, reclamo: la orden, proveído u acto en el que haya ordenado asegurar, bloquear, embargar o congelar la cuenta bancaria de nómina perfiles número 9042000007633526, con clave 002905904276335261, de la sucursal bancaria 239, de Citibanamex, a nombre del suscrito José Luis Camal Hurtado, con oficio 1822, dentro del expediente 1058/2021. De la ejecutora reclamo: el cumplimiento al mandato dado por la ordenadora y el consecuentemente aseguramiento, bloqueo, embargo o congelamiento de la cuenta bancaria aludida, con todas sus consecuencias legales, como son la indebida disposición del saldo existente en estas, su aplicación a favor de un tercero y demás actos similares." Establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables 1. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, y al 2. Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, con sede en Veracruz, Veracruz, pues reconocieron la existencia de un aseguramiento de la cuenta de cheques bancaria número 9042000007633526, con clave 002905904276335261, a nombre del aquí quejoso. Lo anterior, por orden del Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral, de la Ciudad de México (fojas 60 y un tomo de pruebas, 36 al 40, 68 al 77, 84 al 103). Además, lo anterior se corrobora con las propias documentales que adjuntaron las responsables como justificación a su informe, así como las que remitió con posterioridad, a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley; pues de ésta se advierte la existencia del acto reclamado en el presente juicio. Al respecto de lo anterior, tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para ello conviene destacar que de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, concatenadas con las constancias que envió con posterioridad el 1. Juez Trigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral, de la Ciudad de México, con valor probatorio previamente otorgado, se aprecia que, mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al ejecutante por conducto de su apoderado legal Pedro Aurelio Martinez González, ratificando el contenido y firma del escrito presentado ante la autoridad arriba antes citada el tres de febrero de dos mil veintitrés; por lo que con ello, se acordó tener a la parte actora por desistida de la instancia, así como de las providencia precautorias dictadas en el expediente 1058/2021 de su índice administrativo. En consecuencia a lo anterior, la autoridad ordenadora giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por medio del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA) para que a su vez girara los diversos oficios a las Instituciones de Crédito, a efecto de que procediera al desbloqueo de todas y cada una de las cuentas pertenecientes al aquí quejoso (foja 72 del cuaderno principal). Con motivo de lo anterior, la autoridad ejecutora por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas del 2. Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, con sede en la Ciudad de México, el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, procedió al desbloqueo de la cuenta 9042000007633526, con clave 002905904276335261, sucursal 239, de Citibanamex, a nombre del aquí quejos (fojas 98 y 99). Por tanto, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que "el juicio de amparo es improcedente: (.) Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Procede evidenciar tal aserto. De las mencionadas constancias se advierte que la autoridad judicial de referencia ordenó el desbloqueo de todas las cuentas bancarias pertenecientes al aquí quejoso José Luis Camal Hurtado lo que constituye el acto aquí reclamado. En las relatadas consideraciones, partiendo de la base de que la demanda de amparo se presentó el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, y que la aludida autoridad judicial posteriormente ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias, es patente que los actos destacados quedaron destruidos al momento que se pronunció el acuerdo de veintidós de febrero del presente año. Por tanto, los actos reclamados en análisis quedaron destruidos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas se encuentran en el estado que tendrían como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si los actos no hubiesen afectado la esfera jurídica del impetrante de amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de esos actos. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por el peticionario de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Luis Camal Hurtado, en contra de las autoridades citadas en el considerando tercero, y por los actos que se les reclaman, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada, el proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos signado por el Juez Trigésimo Séptimo de Proceso Oral en la Ciudad de México; en atención a su contenido, sin mayor trámite, en razón de que el mismo fue agregado y acordado en proveído de veintitrés de marzo pasado. Notifíquese en términos de ley.

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