Jose Luis Calvillo Morales

Expediente 859/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
859/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Jose Luis Calvillo Morales

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que el proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se ordenó desechar de plano por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se instruye destruir el expediente principal.

  2. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: téngase por recibida la demanda de amparo. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Como ordenadora: Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Morelos. --- Como ejecutora: al Actuario adscrito a la Primera Secretaría de Acuerdos del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, con sede en Jiutepec, Morelos.". "IV. ACTOS RECLAMADOS 1.- Del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en ejecución de sentencia mediante el incidente de ejecución de pago de rentas y todo lo actuado en el mismo incidente, el cual que se deriva del juicio ***, radicado en la Primera Secretaría del mismo Juzgado; promovido por el hoy tercero interesado ***. 2.- De la Autoridad Ejecutora: del Actuario adscrito a la primera secretaria de acuerdos del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, se reclama la notificación de fecha diez de mayo del año en curso, en la cual se notifica la resolución que pone fin al incidente de ejecución de pago de rentas sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en relación al expediente ***, radicado en la Primera Secretaría del mismo Juzgado. 3.- La intención de embargar bienes para efecto de garantizar el pago que refiere la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, en ejecución de sentencia mediante el incidente de ejecución de pago de rentas, el cual que se deriva del juicio ***, radicado en la Primera Secretaría del mismo Juzgado". " Sin proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido en relación con el hecho notorio que más adelante será invocado, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. En efecto, respecto a los actos identificados en los puntos 1 y 3 transcritos, constituye un hecho notorio para quien esto provee, de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en este mismo Juzgado Federal se encuentra radicado el diverso juicio de amparo ***, promovido por el propio quejoso ***, contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben: "AUTORIDAD RESPONSABLE: COMO ORDENADORA SEÑALO AL JUZGADO MENOR MIXTO DE LA CUARTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO DE MORELOS.. --- COMO EJECUTORA: AL ACTUARIO ADSCRITO A LA PRIMERA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO MENOR MIXTO DE LA CUARTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL ESTADO DE MORELOS."." IV.-ACTOS RECLAMADOS.- 1.- Del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, se reclama todo lo actuado en el incidente de ejecución de pago de rentas que se deriva del juicio ***, radicado en la Primera Secretaria del mismo juzgado; promovido por el hoy tercero interesado Ignacio Contreras Hernández, por no haber sido notificado personalmente de dicho inicio del incidente y en consecuencia no haber sido oído y vencido en juicio, violándose la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- De la AUTORIDAD EJECUTORA: Del Actuario adscrito a la primera secretaria de acuerdos del Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos se reclama la intención de notificar resolución que pone fin al incidente de ejecución de pago de rentas y LA INTENCIÓN DE EMBARGAR bienes de mi propiedad que amparen la cantidad reclamada en dicho incidente. En relación al expediente ***, radicado en la Primera Secretaria del mismo juzgado; promovido por el hoy tercero interesado Ignacio Contreras Hernández, por no haber sido notificado personalmente de dicho inicio del incidente y en consecuencia no haber sido oído y vencido en juicio, violándose la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."." De las constancias que integran dicho asunto, se advierte que aún se encuentra en trámite, ya que están fijadas las nueve horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional. Hasta ahí los antecedentes que derivan del juicio de amparo ***, del índice de este Juzgado Federal, pues los narrados son eficientes para determinar que en relación con los actos reclamados que se traducen en la resolución de veinticuatro de enero del año en curso, dictada en el incidente de ejecución de sentencia por concepto de pago de rentas, así como la intención de embargar bienes del promovente para garantizar el pago de la condena impuesta en esa determinación, se aprecia la actualización de la causal de improcedencia contemplada en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, en cuanto dispone que no es procedente el juicio de amparo "Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". En efecto, en el caso se colman a plenitud los requisitos que se exigen para actualizarse la causal de improcedencia invocada, ya que tanto la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo ***, como la que ahora se provee, se promueven por la misma parte quejosa, esto es, ****. En ambos asuntos se reclaman los mismos actos, pues al combatirse en aquél expediente todo lo actuado en el incidente de ejecución de pago de rentas derivado del juicio ***, desde luego también incluye dentro de dicho reclamo la resolución de veinticuatro de enero del año en curso, que ahora se reclama (ya que para cuando se planteó la demanda que dio inicio al juicio de amparo ***, que en el caso ocurrió el seis de marzo de dos mil dieciocho, ya se encontraba dictada la referida resolución), así como la intención de embargar bienes propiedad del quejoso para garantizar la condena impuesta a cargo en la determinación de que se trata. Dichos actos se atribuyen a idénticas autoridades responsables, a saber: a) Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos; y, b) Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial en el Estado de Morelos. Asimismo, en el diverso juicio de amparo aún no se ha dictado la sentencia correspondiente, ya que se encuentran señaladas las nueve horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que dicho asunto se encuentra en trámite y, siendo así, es dable sostener la improcedencia de la demanda de amparo al cobrar vigencia la causal de improcedencia en estudio, dado que no pueden coexistir dos o más juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso, contra los mismos actos reclamados atribuidos a idénticas autoridades responsables, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que no sea procedente la demanda de amparo por lo que hace a los actos reclamados que quedaron identificados en los puntos 1 y 3, en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que hace al diverso acto reclamado que se traduce en la notificación practicada al quejoso de la interlocutoria de veinticuatro de enero del año en curso, que resolvió el incidente de ejecución de pago de rentas, también deviene improcedente la demanda de amparo que nos ocupa. Ello, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, que establece la improcedencia del juicio de amparo "contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En el caso, el promovente del amparo reclama la notificación que le fue practicada por el Actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Territorial del Estado, con residencia en Jiutepec, Morelos, de la interlocutoria que resolvió el incidente de ejecución de pago de rentas, por considerarla ilegal, ya que aduce se le notificó en un domicilio distinto al que conoce como suyo su contraparte. Sin embargo, el Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, que rige la tramitación del incidente en cuestión, establece para la parte procesal que se sienta afectada con alguna notificación que carezca de formalidades o requisitos legales la posibilidad de anularla, pues en sus artículos 93, 141 y 142, dicen lo siguiente: "Artículo 93. Nulidad de actuaciones. Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades o requisitos legales, de manera que por esa falta quede sin defensa cualquiera de las partes, o cuando en ellas se cometan errores graves y cuando la Ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella, o que intervino en el acto sin hacer la reclamación correspondiente. La nulidad de actuaciones deberá reclamarse en la actuación subsiguiente en que intervenga la parte que la pida, pues de lo contrario, quedará convalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por falta o defecto en el emplazamiento. Artículo 141. Nulidad de notificaciones. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos serán anulables cuando no se verifiquen en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el Tribunal observará las reglas siguientes: I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique; II. La notificación o citación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente efectuada, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado sabedora de la resolución notificada; III. La nulidad de la notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada, en el primer escrito o actuación subsiguiente en que intervenga, a partir de cuando hubiere manifestado conocer la resolución o se infiera que está informado de ella, en caso contrario, se considerará convalidada de pleno derecho; IV. La nulidad de una notificación establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra; V. Los Jueces pueden, en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes y asentando el fundamento de la repetición ordenada; y, VI. Sólo por errores u omisiones sustanciales, que hagan no identificables los juicios, podrá solicitarse la nulidad de las notificaciones hechas por el Boletín Judicial. Artículo 142. Trámite de la nulidad de notificaciones. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse plazo probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate de emplazamiento. La resolución que se dicte mandará reponer la notificación, citación o emplazamiento declarado nulo, y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio y conforme a las reglas anteriores. El Juez sancionará con multa, de conformidad con el artículo 73 fracción II de este Código, al o los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. Luego entonces, si antes de la promoción de este juicio de amparo la parte quejosa no agotó el incidente de nulidad a que aluden los numerales transcritos, a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse la notificación ahora reclamada, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que dicho acto no puede ser analizado en esta instancia constitucional, pues previamente debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación, pero al no actuar así es dable sostener la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción legal antes invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas al procedimiento y/o auto de vinculación a proceso, pues como se ha visto, el acto de molestia que es objeto de estudio en este apartado, se refiere a la notificación al quejoso de la interlocutoria dictada en el incidente de ejecución de pago de rentas, de modo que, este acto no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar. A lo anterior, se suma el hecho de que en el caso, tampoco cobra vigencia la diversa excepción al principio de definitividad contemplada en la fracción XVIII, del numeral 61 de la legislación en consulta, en cuanto establece que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Esto último, porque el texto de los artículos antes invocados, esto es, 93, 141 y 142 del Código Procesal Civil del Estado, son claros al establecer expresamente la procedencia del incidente de nulidad contra las notificaciones que se estimen irregulares, por lo que no se requiere realizar una argumentación de forma adicional, para determinar racional y objetivamente la procedencia de dicho medio de impugnación, así como tampoco resulta deficiente el fundamento legal para determinar que previo a la tramitación de este juicio de amparo, el inconforme debe agotar el aludido incidente, de ahí que sea indudable la actualización de la causal de improcedencia citada, conforme a la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la Materia. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en las fracciones X y XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar como se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata.

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