Jose Luis Beltran Perez

Expediente 339/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
339/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/04/2019

Partes del expediente

  • Jose Luis Beltran Perez
  • Encargada de Despacho de la Fiscalia Regional Metropolitana de la Fiscalia General del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese el oficio signado por el Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales, lo solicita la autoridad oficiante, remítasele copia de la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, para que se imponga del contenido de dicha resolución y manifieste lo que a su iteres convenga.

  2. Principal

    PERS. EN ATENCIÓN A LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN LA RAZÓN ACTUARIAL DE VEINTISÉIS DE MARZO ACTUAL Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: sin proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido, en relación con las constancias que se acompañan, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como enseguida se expondrá. En el caso, el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y otra autoridad, el acto consistente en: **** En la demanda de amparo el quejoso refiere que dicho oficio se emitió con motivo de las investigaciones y actuaciones realizadas por el fiscal social encargada de la carpeta de investigación número ****, iniciada con motivo de la querella presentada en su contra por ****, por la posible comisión de diversos hechos que la ley tipifica como delitos, entre ellos, lesiones, delitos cometidos por médicos en función de profesión, usurpación de profesiones, omisión de cuidado y negligencia médica. Sin embargo, tal acto no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, que dispone que el juicio de amparo es improcedente "en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Lo anterior, en relación con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción I, de la Ley de la Materia, en cuanto establece que dentro de las partes en el juicio de amparo se encuentra el quejoso, que es aquél quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley misma legislación y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212 al 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Por tanto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como en el caso, la emisión y envío del oficio reclamado a fin de integrar la carpeta de investigación de origen no irroga por el momento perjuicio al quejoso, pues no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que dicho acto es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando en su caso, el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, cuando en su caso, el fiscal determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, de la misma ley, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata.

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