José Luis Calderón Águila

Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
196/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • José Luis Calderón Águila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, remítasele copia certificada de las constancia que solicita y que obran en autos, asimismo, hágasele saber que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y que por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó su archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDDAPI "3" de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de la República, por medio del cual, en esencia, solicita informe el estado que guarda el sumario en que se actúa y copia certificada de una acuerdo emitido en este expediente. En atención a su contenido, dígase respetuosamente a la autoridad oficiante que el suscrito se encuentra jurídicamente impedido para acordar de conformidad su petición por las consideraciones siguientes: El artículo 5 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." Asimismo, el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia establece: "ARTÍCULO 278.- Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes." Como se desprende del primero de los preceptos transcritos, el artículo 5 de la Ley de Amparo, que es la que rige al juicio de derechos fundamentales, establece que son partes en el juicio constitucional el quejoso, el tercero interesado, las autoridades responsables y el Agente del Ministerio Público. Y conforme al segundo de los preceptos invocados, únicamente las partes están facultadas para pedir copias certificadas de las constancias que obren en autos. Por ello, sí de acuerdo a las legislaciones indicadas, sólo las partes pueden pedir copia certificada de las constancias que obren en el aludido expediente y la requiriente no es parte en este juicio de control constitucional; por ende, el suscrito, como se ha indicado, se encuentra jurídicamente impedido para remitir la constancia solicitada, así como para informar el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, ello de acuerdo a las consideraciones plasmadas en párrafos que anteceden. Cabe precisar que no se desconoce que el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de toda persona o servidor público a suministrar la información que requiera el Ministerio Público; sin embargo, no debe perderse de vista que este juzgado de distrito es un órgano de control constitucional, es decir, es un órgano cuya encomienda es precisamente, vigilar constitucionalmente, los actos que emitan los órganos del Estado que puedan vulnerar derechos fundamentales contenidos en la Máxima Legislación de la Nación; así, su actuar se regula también por su ley reglamentaria, precisamente de los artículos 103 y 107 de la Máxima Legislación de la Nación, que jerárquicamente se encuentra en grado superior a la ley invocada por la autoridad oficiante. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, en atención al proveído de veintiséis de abril del año en curso, se remiten los autos del juicio de amparo 350/2022-V, promovido por .. por considerar que su conocimiento corresponde al suscrito. Atento a lo anterior, y en virtud de que este juzgador comparte los razonamientos expuestos en dicho acuerdo, este juzgado federal se avoca al conocimiento del asunto. Por lo que, con oficio en el que conste la transcripción del presente acuerdo, al que se adjunte el original del oficio de cuenta (previa copia que se deje en este expediente), así como los autos del juicio de amparo 350/2022-V, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que de no existir impedimento alguno, se turne con el debido registro. Cúmplase.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se desprende que plazo de quince días a que se refiere el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes se hayan inconformado contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, dése aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DESTINO DEL EXPEDIENTE Se hace constar que este juicio carece es de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa no se encontraron valores ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se observa que este juicio es susceptible de depuración, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

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