José Luis Calderón Águila

Expediente 601/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
601/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • José Luis Calderón Águila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, remítasele copia certificada de las constancia que solicita y que obran en autos, asimismo, hágasele saber que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y que por auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se ordenó su archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa la resolución de quince de junio del año en curso, que en lo conducente dice: "RESULTANDO Único. Antecedentes. El veintidós de octubre de dos mil veinte, ..., presentó oportunamente la demanda de amparo; el veintiocho de octubre siguiente se admitió y tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. De autos del presente juicio, se advierte que en concreto la parte quejosa reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente: La audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, celebrada en el expediente de impugnación 87/2020, con motivo de la impugnación de omisiones del Ministerio Publico en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-GTO/0002118/2016, en la que -dice- omitió pronunciarse respecto de todos sus planteamientos. TERCERO. Existencia del acto. El en ese entonces Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, al rendir informe justificado, hizo del conocimiento que en los autos del expediente en mención y en la fecha señalada, el juez de control Alberto Torres Villanueva determinó que no se advirtió que la fiscalía haya incurrido en las omisiones señaladas. Por lo que, aun cuando no se pronunció específicamente sobre la certeza o no del acto reclamado, dadas sus manifestaciones y a que remitió documentales relativas a la carpeta judicial de referencia, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, aquél se tiene por cierto y plenamente demostrado. CUARTO. Causas de improcedencia. No se advierte en el caso se actualice alguna. QUINTO. Estudio. A efecto de contextualizarlo, es menester precisar los antecedentes que trascienden a esta resolución y que se observan de las constancias de los presentes autos y de los relativos al juicio de amparo 196/2021 del índice de este juzgado: 1. El veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se inició carpeta de investigación, ahora identificada con ..., con motivo de la denuncia que formuló ...por la posible comisión de delitos en materia de derechos de autor en su perjuicio. 2. Seguido su desahogo, el cuatro de marzo de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público investigadora solicitó al Juez de Control en turno, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Oriente, a efecto de que señalará audiencia inicial para imputación y vinculación de proceso, respecto de (1) Sergio Lizarraga Lizarraga, (2) Horacio Palencia Cisneros, (3) Jesus Himar Loredo Soto y (4) Universal Music Publishing MGB, Sociedad Anónima de Capital Variable, por suponerlos responsables de la comisión del delito en materia de derechos de autor previsto y sancionado en los artículos 424 bis, fracción I, y 427 del Código Penal Federal. 3. Por lo que, el seis de marzo de dos mil veinte se registró la causa penal 90/2020 del índice de ese Centro de Justicia Penal Federal, sin que se celebrara la audiencia debido a las medidas de contingencias adoptadas ante el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; de ahí que, la representación social continuó con el desahogo de la investigación. 4. A instancia de ..., el uno de octubre de dos mil veinte, dentro del diverso expediente 87/2020 del índice del mismo Centro de Justicia Penal Federal, se celebró audiencia de impugnación de omisiones ministeriales, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que el juez responsable resolvió que la fiscalía debía continuar con la integración de la carpeta de investigación con la debida diligencia, contestar con celeridad los escritos que le presentara la víctima y realizar ajustes razonables al procedimiento en favor de esta última, dada su condición física y de salud. *Hasta aquí los antecedentes. Frente a lo anterior, en partes de su segundo y tercer concepto de violación, la parte quejosa aduce en esencia la violación a los artículos 17 y 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dice se le está negando el acceso a la justicia, ya que el juez responsable no efectuó un análisis exhaustivo y congruente de los argumentos expresados por él y su asesora jurídica en la audiencia, además de que omite fundar y motivar debidamente su determinación ya que no se ocupó de todos los tópicos que fueron materia de impugnación, Planteamiento que resulta infundado; se explica: La materia de reclamó se origina en el marco de una impugnación contra omisiones ministeriales; al respecto, los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Específicamente, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones de la autoridad ministerial en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora; por lo que, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, es que, al estimar que su actuación es ilegal, lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Luego entonces, la litis de la audiencia de impugnación de omisiones ministeriales, entendidas como "dejar de hacer y/o de ejercer la facultad investigadora", está acotada y/o limitada a verificar si es legal o ilegal la actuación del Ministerio Público, en cuyo último caso, la decisión que la resuelva se constreñirá a conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. La cual, como toda resolución judicial, debe ser consistente con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y exige el dictado eficaz de las resoluciones, de lo cual deriva el principio de congruencia que obliga a que se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa) y a que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). En el presente caso, se sostiene lo infundado del planteamiento que hace la parte quejosa, pues contrario a lo que argumenta, el juez responsable efectuó un análisis exhaustivo y congruente de los argumentos expresados por las partes en la audiencia de mérito [no se advierte violación al artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal, que prevé como regla general que debe celebrarse en presencia del juez], ocupándose de todos los tópicos que fueron materia de la impugnación . Para sostener lo anterior, basta remitirse a la audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, celebrada en el expediente de impugnación 87/2020, de cuya reproducción se obtiene, en lo que interesa, lo siguiente: I. Motivos de inconformidad y/o impugnación. La asesora jurídica de la víctima ...refirió, en esencia, que la agente del Ministerio Público de la Federación ha incurrido en diversas omisiones en el desahogo de la carpeta, como (1) haber retardado la entrega de copias de sus registros por más de tres meses; (2) no investigar la denuncia por falsificación de la firma del imputado Sergio Lizarraga Lizarraga en un diverso escrito presentado en la indagatoria y por el contrario lo citó a ratificarlo, así como de delitos de delincuencia organizada; (3) dilatar la integración de la carpeta, no obstante haber aportado datos de prueba idóneos y pertinentes; (4) no acordar actos de investigación propuestos y, por ende, no someterlos a control judicial, como la solicitud de cateo a tres domicilios con el fin de obtener un contrato privado que no han querido exhibir los imputados y que esa representación social no se los ha requerido; (5) no atender su petición de que solicite orden de aprehensión en contra de los imputados; y, (6) no haberse brindado al denunciante la debida atención medica ante problemas de salud que presentó en una diversa diligencia ministerial. Todo lo cual dice le causa agravio, en general, porque todas las peticiones del denunciante no son resueltas, contrario a lo que sucede con su contraparte los imputados. II. Réplica de la Fiscalía. La agente del Ministerio Público de la Federación, en respuesta, substancialmente (1) reconoce la dilación en la entrega a la víctima de copias de los registros de la carpeta de investigación, pero niega haber desahogado actos con el fin de beneficiar a los imputados; (2) aduce que cuando se presentó la denuncia por falsificación de firma de Sergio Lizarraga Lizarraga, con independencia de haber ordenado la ratificación del escrito relativo, realizó diversas actuaciones para establecerla. De igual forma, en esencia, (3) justifica el tiempo de la integración de la carpeta, (4) aduciendo que ha realizado todos los actos de investigación correspondiente y que han resultado pertinentes, tanto que en marzo de dos mil veinte solicitó audiencia de imputación en contra de diversos imputados; (5) refiere que, en el evento señalado, se le brindó al denunciante la asistencia médica debida, tanto que una vez que fue estabilizado, se le traslado a un hospital; y, (6) concluye que en ningún momento ha actuado con la intención de beneficiar a la defensa de los imputados. III. Intervención de la defensa de los imputados. Los defensores de los imputados fueron coincidentes en cuanto a que no ha habido paralización de la investigación, todo lo que ha solicitado la víctima se le ha acordado, aunque no haya sido necesariamente favorables, incluso algunos actos que ha propuesto no son viables. IV. Resolución judicial. El juez responsable determinó que la litis de la audiencia de impugnación está acotada y, en esencia, resolvió que (1) si bien existió demora en la entrega de copias cuestionada, éstas ya fueron entregadas; (2) la fiscalía debe atender todos los planteamientos de la víctima, pero no necesariamente acordar de conformidad sus peticiones y corresponde a esa representación social determinar qué actos de investigación desplegar y cuáles no; (3) para que se dicte una orden de cateo, deben colmarse todos los requisitos constitucionales y legales; (4) en cuanto a la orden de aprehensión solicitada, existen diversas formas de conducción a proceso, y la agente del Ministerio Público optó por la citación a audiencia de imputación; (5) en general, no se le ha negado acceso a la justicia a la víctima; y, (6) en cuanto al evento que refiere no se le brindó la debida atención médica, no le corresponde analizarlo como juez de control. No obstante, resolvió que la agente del Ministerio Público debía dar celeridad en la contestación a los escritos que le presentara la víctima y realizar ajustes razonables al procedimiento en favor de esta última, dada su condición física y de salud. V. Intervención de la víctima. Al hacer uso de la palabra, en esencia, refirió al juez responsable que la agente del Ministerio Público de la Federación incurrió (1) en falsedad al decir que presenta diariamente más de setenta escritos; (2) en parcialidad en favor de los imputados -dice que parece su abogada defensora-; y, (3) en dilación en la entrega de copias de los registros de la carpeta de investigación, cuando respecto de su contraparte lo hizo con mayor celeridad; además de que (4) les ha otorgado ventajas indebidas, pues les acuerda de conformidad todo de manera inmediata y reconoció personalidad a sus abogados y les otorgó acceso a la carpeta con un escrito en el que se falsifica la firma de uno de ellos, mientras que a él no le provee de manera fundada ni motivada. También, hizo referencia a que instruye el perfeccionamiento de dictámenes sobre temas que ya se encuentran dilucidados en la carpeta y que le dan la razón, con el fin de "tirar" los que ahí obran, cuando que uno de los imputados no ha acreditado ser el compositor de la obra musical cuyo plagio es materia de denuncia. Finalmente, cuestiona la probidad de los abogados defensores e informa sobre amenazas de muerte a su persona, por lo que teme por sí y por su familia, respecto de las cuales -dice- ya existe una carpeta de investigación iniciada. VI. Respuesta del juzgador. En atención a lo argumentado por la víctima, el juez responsable le respondió en esencia que será un juzgador quien resolverá, en definitiva, la persona que tenga razón sobre el fondo de reclamó en la denuncia materia de investigación, previa valoración de todos los documentos que obran en la carpeta, y ya existe una solicitud de parte de la fiscalía para que se cite a diversos imputados. También que, todos los temas relativos a imputaciones a los abogados, son cuestiones ajenas a la controversia, además de que solicitar actos de investigación que no llevarán a ningún fin, va en detrimento de la expedites en la integración de la carpeta. Y por cuanto hace a las amenazas, el juez responsable le determinó que como ya son materia de una diversa carpeta de investigación y autoridad, ante ésta es donde se ventilarán. VII. Resolución judicial final. Terminada la intervención de las partes, el juez responsable resolvió que la fiscalía debía continuar con la integración de la carpeta de investigación con la debida diligencia. Relatoría que permite colegir que, a partir de la intervención de la parte impugnante, y frente a lo alegado por la propia fiscalía y la defensa de los imputados, el juez de control individualizó la totalidad de las omisiones y decisiones ministeriales cuestionadas y específicamente puntualizadas en la audiencia, y previa su valoración, resolvió de manera exhaustiva y congruente cada punto controvertido, constriñendo a la agente del Ministerio Público a que continúe con la integración de la carpeta de investigación con la debida diligencia, contestar con celeridad cada escrito que le presente la víctima y realizar ajustes razonables al procedimiento en su favor, dada su condición física y de salud, sin que se adviertan consideraciones o afirmaciones que se contradigan entre sí o con esos puntos resolutivos; esto es, contrario a lo afirmado por el quejoso, no justificó el actuar del Ministerio Público y, por el contrario, le impuso obligaciones. Todo lo cual es consistente con los límites y significados que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación delimitó al establecer la procedencia del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora [véase la citada jurisprudencia 1a./J. 27/2018(10a.)], en el sentido de que el juez de control se circunscribirá a revisarlas y, de estimar que el representante social ha actuado ilegalmente, lo conminará a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Además que la audiencia de mérito y la decisión que la resuelve, resultan regulares a la luz de lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y exigen el dictado eficaz, exhaustivo y congruente de las resoluciones, efectivizándose así el relativo a impugnar de manera accesible, expedita e inmediata, ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación previsto en los diversos 20, apartado C, fracción VII, de esa Carta Magna y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, se constituye en un instrumento efectivo para garantizar todas las prerrogativas a que tiene derecho en términos del citado artículo 20, apartado C, de la Carta Magna; cierto, es de manera indirecta, y no como pareciera incorrectamente pretenderlo, puesto que al ordenar se continúe con la integración de la carpeta de investigación con la debida diligencia, contestar con celeridad los escritos que le presentara la víctima y realizar ajustes razonables al procedimiento en favor de esta última, el juez responsable efectiviza y/o hace operable su ejercicio en la carpeta de investigación, en la medida que obliga a que el Ministerio Público ejerza completa y plenamente sus facultades de indagación con miras a transitar, eventualmente, a una etapa de investigación complementaria en la que un diverso juez se encargue de tutelarlas. Es en ese orden que, también resulta infundado lo argumentado en parte en su primer y tercer concepto de violación, pues contrario a lo que pretende establecerse, la resolución del juez responsable garantiza la correcta aplicación y vigencia del proceso penal, el acceso a la justicia y la tutela de sus derechos, y con ello su derecho fundamental al debido proceso, pues la agente del Ministerio Público está obligada a continuar recabando datos que permitan esclarecer el hecho con apariencia de delito materia de la carpeta de investigación y, eventualmente, judicializarla a efecto de dar inicio al proceso penal en los términos del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siendo por tanto inoperante el planteamiento resumido dentro de los identificados como segundo y tercer concepto de violación, relativo a que el juez responsable no determinó si la actuación de órgano investigador se encuentra legalmente justificada o no, y en caso de estimarla ilegal, conminarlo a que practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, lo que en el caso dice la parte quejosa no aconteció, ya que al exponerle las diversas omisiones en que ha incurrido, debió ordenarle que cesarán y continuará la investigación correspondiente. Lo anterior, pues parte de dos errores en su construcción, ¿cuáles?, el primero, el juez responsable sí ordenó a la agente del Ministerio Público que continúe con la integración de la carpeta de investigación y con la debida diligencia, además que conteste con celeridad cada escrito que le presente la víctima, y el segundo, el hecho que no se le concediera la razón en todo lo que planteó en la audiencia, como se narró en párrafos precedentes, no significa -como se pretende establecer en la demanda- que omitiera resolviera si la actuación de órgano investigador se encuentra legalmente justificada o no. Esto último es relevante, pues parte importante de la demanda de amparo se soporta en la premisa de que el juez no atendió la totalidad de los puntos impugnados, cuando lo cierto es que, como se adelantó, cada punto en controversia fue congruentemente respondido con base en lo debatido en la audiencia, sin que resulte atendible en esta instancia una serie de planteamientos que vierte en su demanda, específicamente en el apartado de actos reclamados, con los que pretende mejorar la materia de su impugnación, pero que no fueron debatidos en la audiencia, por lo que se constituyen en novedosos y que, por ende, no pudieron ser abordados por el juez responsable. También resulta inoperante todo argumento encaminado a evidenciar que la agente del Ministerio Público ha limitado o negado injustificadamente (sin fundar ni motivar) sus derechos como víctima en la carpeta de investigación y que no ha cumplido con sus funciones y obligaciones de investigar, porque ha omitido (1) desahogar datos de prueba que la víctima le ha solicitado, pues únicamente se limita a mencionar que procederá a efectuar un análisis de sus promociones, así como ejecutar las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos, (2) pronunciarse sobre la intervención de distintas personas; se ha negado a (3) investigar la comisión del diverso delito de "delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra el derecho de autor", argumentando que no lo observa; y, (4) han transcurrido cuatro años desde el inicio de la carpeta; todo lo que ha merecido que la haya sido denunciado ante la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República. Lo anterior es así, pues como se observa, están encaminados a cuestionar el actuar de la agente del Ministerio Público investigador, no a controvertir la actuación del juez responsable ni los argumentos que en particular sostuvo respecto de tales "omisiones". Finalmente, en cuanto a que la víctima hizo del conocimiento del juez responsable haber sido amenazado de muerte e intimidado por su contraparte, sin que hiciera pronunciamiento alguno, por lo que teme por su vida y la de su familia; resulta también ser un argumento inoperante para demostrar algún vicio de constitucionalidad en la materia de reclamo. Lo anterior, puesto que con independencia de que resulta por sí una cuestión ajena a la litis a que se contrae una audiencia de impugnación de omisiones del Ministerio Público, entendidas como un "dejar de hacer y/o de ejercer la facultad investigadora", lo cierto es que el juez responsable, frente a tal planteamiento, y como la propia víctima le informó que esas amenazas ya son materia de una diversa carpeta de investigación y autoridad, le respondió que es ante ésta donde aquéllas se ventilarán. Por lo que, ese argumento a título de concepto de violación, se construye a partir de una premisa errónea, ya que contrario a lo que refiere el quejoso, si hubo un pronunciamiento de por medio, de ahí su inoperancia. Ahora, con independencia de lo anterior, ¿es correcta la respuesta otorgada ante ese planteamiento? La respuesta es en sentido positivo. En principio, como se adelantó, involucra una cuestión totalmente ajena a la litis, pues es claro que por sí no vincula a alguna actuación u omisión de la agente del Ministerio Público impugnada, por lo que no merecía un pronunciamiento en cuanto al fondo de la materia de impugnación. Ahora, es cierto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas; por lo que, ante la noticia de un hecho con apariencia de delito, lo correspondiente hubiere sido dar vista al Ministerio Público para el trámite que correspondiera. Empero en el caso, la propia víctima informó que esas amenazas ya son materia de una diversa carpeta de investigación y autoridad ministerial, por lo que como resolvió el juez responsable, es ahí donde serán materia de esclarecimiento, siendo innecesario por tanto darle otro cause. Así, al resultar inoperantes por una parte e infundados por otra los conceptos de agravio analizados, y sin que exista algún aspecto que suplir en deficiencia de la queja, lo conducente es negar a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., en términos de lo expuesto en esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente a las partes." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    RESULTANDO Único. Antecedentes. El veintidós de octubre de dos mil veinte, ..., presentó oportunamente la demanda de amparo; el veintiocho de octubre siguiente se admitió y tramitado el juicio, se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. De autos del presente juicio, se advierte que en concreto la parte quejosa reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente: La audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, celebrada en el expediente de impugnación 87/2020, con motivo de la impugnación de omisiones del Ministerio Publico en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-GTO/0002118/2016, en la que -dice- omitió pronunciarse respecto de todos sus planteamientos. TERCERO. Existencia del acto. El en ese entonces Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, al rendir informe justificado, hizo del conocimiento que en los autos del expediente en mención y en la fecha señalada, el juez de control Alberto Torres Villanueva determinó que no se advirtió que la fiscalía haya incurrido en las omisiones señaladas. Por lo que, aun cuando no se pronunció específicamente sobre la certeza o no del acto reclamado, dadas sus manifestaciones y a que remitió documentales relativas a la carpeta judicial de referencia, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, aquél se tiene por cierto y plenamente demostrado. CUARTO. Causas de improcedencia. No se advierte en el caso se actualice alguna. QUINTO. Estudio. A efecto de contextualizarlo, es menester precisar los antecedentes que trascienden a esta resolución y que se observan de las constancias de los presentes autos y de los relativos al juicio de amparo 196/2021 del índice de este juzgado: 1. El veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se inició carpeta de investigación, ahora identificada con ..., con motivo de la denuncia que formuló ...por la posible comisión de delitos en materia de derechos de autor en su perjuicio. 2. Seguido su desahogo, el cuatro de marzo de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público investigadora solicitó al Juez de Control en turno, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Oriente, a efecto de que señalará audiencia inicial para imputación y vinculación de proceso, respecto de (1) Sergio Lizarraga Lizarraga, (2) Horacio Palencia Cisneros, (3) Jesus Himar Loredo Soto y (4) Universal Music Publishing MGB, Sociedad Anónima de Capital Variable, por suponerlos responsables de la comisión del delito en materia de derechos de autor previsto y sancionado en los artículos 424 bis, fracción I, y 427 del Código Penal Federal. 3. Por lo que, el seis de marzo de dos mil veinte se registró la causa penal 90/2020 del índice de ese Centro de Justicia Penal Federal, sin que se celebrara la audiencia debido a las medidas de contingencias adoptadas ante el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; de ahí que, la representación social continuó con el desahogo de la investigación. 4. A instancia de ..., el uno de octubre de dos mil veinte, dentro del diverso expediente 87/2020 del índice del mismo Centro de Justicia Penal Federal, se celebró audiencia de impugnación de omisiones ministeriales, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la que el juez responsable resolvió que la fiscalía debía continuar con la integración de la carpeta de investigación con la debida diligencia, contestar con celeridad los escritos que le presentara la víctima y realizar ajustes razonables al procedimiento en favor de esta última, dada su condición física y de salud. *Hasta aquí los antecedentes. Frente a lo anterior, en partes de su segundo y tercer concepto de violación, la parte quejosa aduce en esencia la violación a los artículos 17 y 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dice se le está negando el acceso a la justicia, ya que el juez responsable no efectuó un análisis exhaustivo y congruente de los argumentos expresados por él y su asesora jurídica en la audiencia, además de que omite fundar y motivar debidamente su determinación ya que no se ocupó de todos los tópicos que fueron materia de impugnación, Planteamiento que resulta infundado; se explica: La materia de reclamó se origina en el marco de una impugnación contra omisiones ministeriales; al respecto, los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Específicamente, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones de la autoridad ministerial en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora; por lo que, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria, es que, al estimar que su actuación es ilegal, lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Luego entonces, la litis de la audiencia de impugnación de omisiones ministeriales, entendidas como "dejar de hacer y/o de ejercer la facultad investigadora", está acotada y/o limitada a verificar si es legal o ilegal la actuación del Ministerio Público, en cuyo último caso, la decisión que la resuelva se constreñirá a conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. La cual, como toda resolución judicial, debe ser consistente con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y exige el dictado eficaz de las resoluciones, de lo cual deriva el principio de congruencia que obliga a que se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa) y a que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). En el presente caso, se sostiene lo infundado del planteamiento que hace la parte quejosa, pues contrario a lo que argumenta, el juez responsable efectuó un análisis exhaustivo y congruente de los argumentos expresados por las partes en la audiencia de mérito [no se advierte violación al artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal, que prevé como regla general que debe celebrarse en presencia del juez], ocupándose de todos los tópicos que fueron materia de la impugnación . Para sostener lo anterior, basta remitirse a la audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, celebrada en el expediente de impugnación 87/2020, de cuya reproducción se obtiene, en lo que interesa, lo siguiente: I. Motivos de inconformidad y/o impugnación. La asesora jurídica de la víctima ...refirió, en esencia, que la agente del Ministerio Público de la Federación ha incurrido en diversas omisiones en el desahogo de la carpeta, como (1) haber retardado la entrega de copias de sus registros por más de tres meses; (2) no investigar la denuncia por falsificación de la firma del imputado Sergio Lizarraga Lizarraga en un diverso escrito presentado en la indagatoria y por el contrario lo citó a ratificarlo, así como de delitos de delincuencia organizada; (3) dilatar la integración de la carpeta, no obstante haber aportado datos de prueba idóneos y pertinentes; (4) no acordar actos de investigación propuestos y, por ende, no someterlos a control judicial, como la solicitud de cateo a tres domicilios con el fin de obtener un contrato privado que no han querido exhibir los imputados y que esa representación social no se los ha requerido; (5) no atender su petición de que solicite orden de aprehensión en contra de los imputados; y, (6) no haberse brindado al denunciante la debida atención medica ante problemas de salud que presentó en una diversa diligencia ministerial. Todo lo cual dice le causa agravio, en general, porque todas las peticiones del denunciante no son resueltas, contrario a lo que sucede con su contraparte los imputados. II. Réplica de la Fiscalía. La agente del Ministerio Público de la Federación, en respuesta, substancialmente (1) reconoce la dilación en la entrega a la víctima de copias de los registros de la carpeta de investigación, pero niega haber desahogado actos con el fin de beneficiar a los imputados; (2) aduce que cuando se presentó la denuncia por falsificación de firma de Sergio Lizarraga Lizarraga, con independencia de haber ordenado la ratificación del escrito relativo, realizó diversas actuaciones para establecerla. De igual forma, en esencia, (3) justifica el tiempo de la integración de la carpeta, (4) aduciendo que ha realizado todos los actos de investigación correspondiente y que han resultado pertinentes, tanto que en marzo de dos mil veinte solicitó audiencia de imputación en contra de diversos imputados; (5) refiere que, en el evento señalado, se le brindó al denunciante la asistencia médica debida, tanto que una vez que fue estabilizado, se le traslado a un hospital; y, (6) concluye que en ningún momento ha actuado con la intención de beneficiar a la defensa de los imputados. III. Intervención de la defensa de los imputados. Los defensores de los imputados fueron coincidentes en cuanto a que no ha habido paralización de la investigación, todo lo que ha solicitado la víctima se le ha acordado, aunque no haya sido necesariamente favorables, incluso algunos actos que ha propuesto no son viables. IV. Resolución judicial. El juez responsable determinó que la litis de la audiencia de impugnación está acotada y, en esencia, resolvió que (1) si bien existió demora en la entrega de copias cuestionada, éstas ya fueron entregadas; (2) la fiscalía debe atender todos los planteamientos de la víctima, pero no necesariamente acordar de conformidad sus peticiones y corresponde a esa representación social determinar qué actos de investigación desplegar y cuáles no; (3) para que se dicte una orden de cateo, deben colmarse todos los requisitos constitucionales y legales; (4) en cuanto a la orden de aprehensión solicitada, existen diversas formas de conducción a proceso, y la agente del Ministerio Público optó por la citación a audiencia de imputación; (5) en general, no se le ha negado acceso a la justicia a la víctima; y, (6) en cuanto al evento que refiere no se le brindó la debida atención médica, no le corresponde analizarlo como juez de control. No obstante, resolvió que la agente del Ministerio Público debía dar celeridad en la contestación a los escritos que le presentara la víctima y realizar ajustes razonables al procedimiento en favor de esta última, dada su condición física y de salud. V. Intervención de la víctima. Al hacer uso de la palabra, en esencia, refirió al juez responsable que la agente del Ministerio Público de la Federación incurrió (1) en falsedad al decir que presenta diariamente más de setenta escritos; (2) en parcialidad en favor de los imputados -dice que parece su abogada defensora-; y, (3) en dilación en la entrega de copias de los registros de la carpeta de investigación, cuando respecto de su contraparte lo hizo con mayor celeridad; además de que (4) les ha otorgado ventajas indebidas, pues les acuerda de conformidad todo de manera inmediata y reconoció personalidad a sus abogados y les otorgó acceso a la carpeta con un escrito en el que se falsifica la firma de uno de ellos, mientras que a él no le provee de manera fundada ni motivada. También, hizo referencia a que instruye el perfeccionamiento de dictámenes sobre temas que ya se encuentran dilucidados en la carpeta y que le dan la razón, con el fin de "tirar" los que ahí obran, cuando que uno de los imputados no ha acreditado ser el compositor de la obra musical cuyo plagio es materia de denuncia. Finalmente, cuestiona la probidad de los abogados defensores e informa sobre amenazas de muerte a su persona, por lo que teme por sí y por su familia, respecto de las cuales -dice- ya existe una carpeta de investigación iniciada. VI. Respuesta del juzgador. En atención a lo argumentado por la víctima, el juez responsable le respondió en esencia que será un juzgador quien resolverá, en definitiva, la persona que tenga razón sobre el fondo de reclamó en la denuncia materia de investigación, previa valoración de todos los documentos que obran en la carpeta, y ya existe una solicitud de parte de la fiscalía para que se cite a diversos imputados. También que, todos los temas relativos a imputaciones a los abogados, son cuestiones ajenas a la controversia, además de que solicitar actos de investigación que no llevarán a ningún fin, va en detrimento de la expedites en la integración de la carpeta. Y por cuanto hace a las amenazas, el juez responsable le determinó que como ya son materia de una diversa carpeta de investigación y autoridad, ante ésta es donde se ventilarán. VII. Resolución judicial final. Terminada la intervención de las partes, el juez responsable resolvió que la fiscalía debía continuar con la integración de la carpeta de investigación con la debida diligencia. Relatoría que permite colegir que, a partir de la intervención de la parte impugnante, y frente a lo alegado por la propia fiscalía y la defensa de los imputados, el juez de control individualizó la totalidad de las omisiones y decisiones ministeriales cuestionadas y específicamente puntualizadas en la audiencia, y previa su valoración, resolvió de manera exhaustiva y congruente cada punto controvertido, constriñendo a la agente del Ministerio Público a que continúe con la integración de la carpeta de investigación con la debida diligencia, contestar con celeridad cada escrito que le presente la víctima y realizar ajustes razonables al procedimiento en su favor, dada su condición física y de salud, sin que se adviertan consideraciones o afirmaciones que se contradigan entre sí o con esos puntos resolutivos; esto es, contrario a lo afirmado por el quejoso, no justificó el actuar del Ministerio Público y, por el contrario, le impuso obligaciones. Todo lo cual es consistente con los límites y significados que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación delimitó al establecer la procedencia del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora [véase la citada jurisprudencia 1a./J. 27/2018(10a.)], en el sentido de que el juez de control se circunscribirá a revisarlas y, de estimar que el representante social ha actuado ilegalmente, lo conminará a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Además que la audiencia de mérito y la decisión que la resuelve, resultan regulares a la luz de lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconocen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y exigen el dictado eficaz, exhaustivo y congruente de las resoluciones, efectivizándose así el relativo a impugnar de manera accesible, expedita e inmediata, ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación previsto en los diversos 20, apartado C, fracción VII, de esa Carta Magna y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, se constituye en un instrumento efectivo para garantizar todas las prerrogativas a que tiene derecho en términos del citado artículo 20, apartado C, de la Carta Magna; cierto, es de manera indirecta, y no como pareciera incorrectamente pretenderlo, puesto que al ordenar se continúe con la integración de la carpeta de investigación con la debida diligencia, contestar con celeridad los escritos que le presentara la víctima y realizar ajustes razonables al procedimiento en favor de esta última, el juez responsable efectiviza y/o hace operable su ejercicio en la carpeta de investigación, en la medida que obliga a que el Ministerio Público ejerza completa y plenamente sus facultades de indagación con miras a transitar, eventualmente, a una etapa de investigación complementaria en la que un diverso juez se encargue de tutelarlas. Es en ese orden que, también resulta infundado lo argumentado en parte en su primer y tercer concepto de violación, pues contrario a lo que pretende establecerse, la resolución del juez responsable garantiza la correcta aplicación y vigencia del proceso penal, el acceso a la justicia y la tutela de sus derechos, y con ello su derecho fundamental al debido proceso, pues la agente del Ministerio Público está obligada a continuar recabando datos que permitan esclarecer el hecho con apariencia de delito materia de la carpeta de investigación y, eventualmente, judicializarla a efecto de dar inicio al proceso penal en los términos del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siendo por tanto inoperante el planteamiento resumido dentro de los identificados como segundo y tercer concepto de violación, relativo a que el juez responsable no determinó si la actuación de órgano investigador se encuentra legalmente justificada o no, y en caso de estimarla ilegal, conminarlo a que practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, lo que en el caso dice la parte quejosa no aconteció, ya que al exponerle las diversas omisiones en que ha incurrido, debió ordenarle que cesarán y continuará la investigación correspondiente. Lo anterior, pues parte de dos errores en su construcción, ¿cuáles?, el primero, el juez responsable sí ordenó a la agente del Ministerio Público que continúe con la integración de la carpeta de investigación y con la debida diligencia, además que conteste con celeridad cada escrito que le presente la víctima, y el segundo, el hecho que no se le concediera la razón en todo lo que planteó en la audiencia, como se narró en párrafos precedentes, no significa -como se pretende establecer en la demanda- que omitiera resolviera si la actuación de órgano investigador se encuentra legalmente justificada o no. Esto último es relevante, pues parte importante de la demanda de amparo se soporta en la premisa de que el juez no atendió la totalidad de los puntos impugnados, cuando lo cierto es que, como se adelantó, cada punto en controversia fue congruentemente respondido con base en lo debatido en la audiencia, sin que resulte atendible en esta instancia una serie de planteamientos que vierte en su demanda, específicamente en el apartado de actos reclamados, con los que pretende mejorar la materia de su impugnación, pero que no fueron debatidos en la audiencia, por lo que se constituyen en novedosos y que, por ende, no pudieron ser abordados por el juez responsable. También resulta inoperante todo argumento encaminado a evidenciar que la agente del Ministerio Público ha limitado o negado injustificadamente (sin fundar ni motivar) sus derechos como víctima en la carpeta de investigación y que no ha cumplido con sus funciones y obligaciones de investigar, porque ha omitido (1) desahogar datos de prueba que la víctima le ha solicitado, pues únicamente se limita a mencionar que procederá a efectuar un análisis de sus promociones, así como ejecutar las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos, (2) pronunciarse sobre la intervención de distintas personas; se ha negado a (3) investigar la comisión del diverso delito de "delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra el derecho de autor", argumentando que no lo observa; y, (4) han transcurrido cuatro años desde el inicio de la carpeta; todo lo que ha merecido que la haya sido denunciado ante la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República. Lo anterior es así, pues como se observa, están encaminados a cuestionar el actuar de la agente del Ministerio Público investigador, no a controvertir la actuación del juez responsable ni los argumentos que en particular sostuvo respecto de tales "omisiones". Finalmente, en cuanto a que la víctima hizo del conocimiento del juez responsable haber sido amenazado de muerte e intimidado por su contraparte, sin que hiciera pronunciamiento alguno, por lo que teme por su vida y la de su familia; resulta también ser un argumento inoperante para demostrar algún vicio de constitucionalidad en la materia de reclamo. Lo anterior, puesto que con independencia de que resulta por sí una cuestión ajena a la litis a que se contrae una audiencia de impugnación de omisiones del Ministerio Público, entendidas como un "dejar de hacer y/o de ejercer la facultad investigadora", lo cierto es que el juez responsable, frente a tal planteamiento, y como la propia víctima le informó que esas amenazas ya son materia de una diversa carpeta de investigación y autoridad, le respondió que es ante ésta donde aquéllas se ventilarán. Por lo que, ese argumento a título de concepto de violación, se construye a partir de una premisa errónea, ya que contrario a lo que refiere el quejoso, si hubo un pronunciamiento de por medio, de ahí su inoperancia. Ahora, con independencia de lo anterior, ¿es correcta la respuesta otorgada ante ese planteamiento? La respuesta es en sentido positivo. En principio, como se adelantó, involucra una cuestión totalmente ajena a la litis, pues es claro que por sí no vincula a alguna actuación u omisión de la agente del Ministerio Público impugnada, por lo que no merecía un pronunciamiento en cuanto al fondo de la materia de impugnación. Ahora, es cierto, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas; por lo que, ante la noticia de un hecho con apariencia de delito, lo correspondiente hubiere sido dar vista al Ministerio Público para el trámite que correspondiera. Empero en el caso, la propia víctima informó que esas amenazas ya son materia de una diversa carpeta de investigación y autoridad ministerial, por lo que como resolvió el juez responsable, es ahí donde serán materia de esclarecimiento, siendo innecesario por tanto darle otro cause. Así, al resultar inoperantes por una parte e infundados por otra los conceptos de agravio analizados, y sin que exista algún aspecto que suplir en deficiencia de la queja, lo conducente es negar a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., en términos de lo expuesto en esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente a las partes.

  4. Principal

    Glósese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual su titular solicita diversas constancias relativas a este expediente; con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, remítase a la autoridad oficiante las copias que solicita vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que haya necesidad de requerir el acuse respectivo, pues como tal se tendrá la constancia que dicho sistema genere; asimismo, hágasele saber que el presente juicio de amparo se encuentra en trámite y fueron señalas las doce horas con cincuenta minutos del diecisiete de marzo de este año, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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