José Luis Bravo Sánchez
Expediente 1109/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1109/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Luis Bravo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Del incidente de suspensión. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del precepto 21, del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, vía electrónica, la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, José Bravo Sánchez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".La omisión de regularizar el presente procedimiento así como desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en auto de 12 de abril de 2019.". SEGUNDO. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1109/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de regularizar el procedimiento así como desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 01/171/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado aceptó los actos reclamados, y remitió copia certificada de constancias relativas al juicio laboral 01/171/2018, constancias allegadas que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis 226 Registro 394182, Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional en cuanto al acto reclamado consistente en desahogar todas las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura jurídica que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en la omisión de desahogar todas las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, por la autoridad responsable en el juicio laboral 01/171/2018. Cabe precisar que ante este juzgado se tramitó el juicio de amparo 875/2020, promovido por José Bravo Sánchez, contra la omisión en desahogar todas las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 01/171/2018, y el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo indirecto 875/2020, esta autoridad dictó sentencia definitiva, en la que determinó conceder la protección de amparo solicitado por la parte quejosa, que causó ejecutoria el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, que constituye un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, Registro 172215, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Junio de 2007 Materia(s) Página 285, versa: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así como por identidad de razones, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2470 del Tomo XXIX, Enero de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la parte quejosa José Bravo Sánchez, reclama la omisión de desahogar todas las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 01/171/2018, dictada por la responsable, que de manera sustancial ya fue analizado en el juicio de amparo 875/2020, que concedió la protección constitucional al quejoso, y en esté amparo, reclama el quejoso la omisión de la responsable en desahogar la totalidad de las pruebas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve en dicho juicio laboral. Por tanto, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia invocada respecto del acto reclamado por el quejoso consistente en la omisión de la responsable en desahogar la totalidad de las pruebas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve en dicho juicio laboral, que se insiste fue materia de análisis en otro juicio de amparo resuelto en definitiva -875/2020-. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o. J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I.6o.T. J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, respeto de dicho acto procede sobreseer en el presente juicio de amparo en este aspecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la omisión de regularizar el procedimiento en el juicio laboral 01/171/2018, esta autoridad advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Lo anterior es así, pues a ninguna finalidad práctica llevaría el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso se estima que se está en presencia de la causal de improcedencia, y en consecuencia el sobreseimiento en el juicio, pues de las constancias que exhibió la autoridad responsable, las cuales han sido valoradas en párrafos que anteceden, se desprende que el once de junio de dos mil veintiuno, acordó regularizar el procedimiento para ordenar el desahogo de la prueba pericial y la de inspección y otras pendientes por desahogar, notificado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, a través de su apoderado legal. De ahí que se afirme la existencia de la causal de improcedencia invocada, pues como se ha expuesto, la omisión reclamada quedó superada con el pronunciamiento por parte de la responsable el once de junio de dos mil veintiuno, donde regulariza su procedimiento; por tanto, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que dejó de existir. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" En tales condiciones, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve; ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintidós de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por José Iván Rivas López, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT, Morelos, en representación de la autoridad responsable Director General del Centro SCT Morelos, por medio del cual informa las gestiones para presentar al perito a aceptar y protestar el cargo conferido; al respecto, téngase a la autoridad informado las gestiones que realiza para lograr la presentación del aludido experto, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, en atención al contenido de las documentales que anexa, dígase a la autoridad Director General del Centro SCT Morelos, se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir del momento en que surta efectos la notificación de este acuerdo, presente ante este juzgado a su perito debidamente identificado con cédula profesional que lo acredite como profesionista de la materia, para la diligencia de aceptación y protesta del cargo conferido; con el apercibimiento que en caso de no comparecer en el término antes indicado, se tendrá por desierta la prueba y se tendrá por adherido al dictamen que este órgano jurisdiccional tome en consideración en definitiva. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza en el expediente laboral 616/2015, de su índice, para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hechas sus manifestaciones para los efectos a que haya lugar, y en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a María Magdalena Kabsch Vela, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada del acuse de envío y recibo del exhorto girado a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, ordenad por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 616/2015, de su índice, o en su caso, informe si el mismo ya fue debidamente diligenciado, debiendo remitir las constancias conducentes que acrediten su dicho. Informe y acredite si la audiencia señalada para para el cinco de julio del año en curso, se encuentra debidamente integrada, para evitar así diferimientos innecesarios, en el expediente laboral 616/2015, de su índice, o en caso de diferimiento, se ajuste a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias conducentes. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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