José Luis Bernal Sánchez
Expediente 383/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Luis Bernal Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citado y con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión definitiva se determinó concederla. Devolución de documentos: Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de documentos a la autoridad responsable: Ahora, por tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad señalada como responsable el Director General Jurídico, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en representación de la Directora General de Asuntos Internos, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; el anexo que acompañó a su informe justificado para los efectos legales procedentes; en el entendido que el sello de recepción del oficio que derive el presente acuerdo hará las veces de acuse de recibo por lo que no se necesita el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 383/2022, promovido por José Luis Bernal Sánchez contra actos del Titular de la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, José Luis Bernal Sánchez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables Acto reclamado Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y su titular "A. El arbitrario, ilegal e improcedente procedimiento administrativo sancionador con número: DGAI/PA/006/2022-02, incoado en mi contra en mi carácter de elemento policial adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, por supuestas faltas a los principios de actuación policial; B. El arbitrario, ilegal e improcedente acuerdo de inicio y sujeción a procedimiento, dictado con fecha 16 de febrero del año 2022, dentro de los autos del procedimiento administrativo sancionador DGAI/PA/006/2022-02 por la Licenciada Merary Pimentel Laínez en su carácter de titular de la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en la cual de forma arbitraria, ilegal, infundada y sin motivación alguna se inicia y me sujeta al procedimiento administrativo antes señalado, y C. El arbitrario, ilegal e improcedente inicio y sujeción a procedimiento administrativo sancionador: DGAI/PA/006/2022-02 que se ha incoado en mi contra; D. Todas y cada una de las actuaciones o actos de investigación que se han desarrollado dentro del procedimiento sancionador DGAI/PA/006/2022-02, en virtud de que dicho sumario administrativo no se han seguido las formalidades esenciales del procedimiento. 2.- Ahora bien, constituye el acto de aplicación, el ilegal y arbitrario acuerdo dictado con fecha 16 de febrero del año 2022 en el procedimiento administrativo sancionador con número: DGAI/PA/006/2022-02, y la materialización del inicio y sujeción del suscrito a dicho procedimiento administrativo, por supuestamente haber actualizado distintas hipótesis del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, entre ellas la fracción primera de ésta, la cual resulta inconstitucional por contravenir el párrafo tercero del artículo 14 de la CPEU;. Es prudente mencionar que los artículos y porciones normativas aquí combatidas por su inconstitucionalidad, consistente específicamente en: la fracción I del artículo 159 y párrafo primero del numeral 160, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, se encuentran directamente correlacionadas entre sí, y me causan un menoscabo en mi esfera jurídica, por tanto es conducente controvertirlas en lo individual así como de manera conjunta como un sistema normativo que viola en mi agravio, los principios de reserva de ley, taxatividad y tipicidad.". SEGUNDO. El dos de mayo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 383/2022, y requirió al promovente para que aclarara su demanda, a efecto de que expresara si era su deseo señalar como autoridades responsables a las que participaron en el proceso de creación de la ley y reglamento que contienen los preceptos que pretende impugnar. TERCERO. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito mediante el cual la parte promovente aclaró su demanda y, en atención a su contenido, este juzgador admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama del Titular de la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del estado de Morelos: El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo DGAI/PA/006/2022-02. El acto de aplicación de los artículos 159, fracción I y 160, primer párrafo, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Morelos, y del artículo 38 del Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido de su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La autoridad responsable considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, debido a que el quejoso consistió tácitamente el acto reclamado, debido a que la demanda la promovió fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17, del mismo ordenamiento. Es fundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, debido a que, en efecto, el quejoso promovió la demanda de amparo después de que había fenecido el plazo de quince días para su interposición. Para acreditar lo anterior, resulta pertinente transcribir el contenido de los numerales 61 fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." Del primero de los preceptos citados se destaca que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendidos estos como aquellos contra los cuales no se promovió el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos para ello. Asimismo, se prevé que tratándose de normas generales se entenderán como consentidas cuando tampoco se hubiese promovido el juicio de amparo en contra de su primer acto de aplicación. Del mismo modo se contempla que cuando proceda algún recurso o medio de defensa que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, este será optativo para el interesado; ahora bien, en caso de haber ejercido ese medio de defensa, se entenderá como consentida la norma general cuando no se hubiese combatido la resolución recaída a ese recurso, a través del juicio de amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso. Por su parte, el segundo de los numerales en cita, se desprende que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. En el caso concreto se tiene que el acto reclamado, consistente en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso fue notificado el uno de marzo de dos mil veintidós, según se desprende de la copia fotostática de la constancia de notificación exhibida por el propio quejoso como prueba documental; circunstancia que se corrobora con la copia certificada del expediente DGAI/PA/006/2022-02, remitido por la autoridad responsable. En ese orden de ideas, el plazo de quince días establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, transcurrió de la siguiente forma: Fecha de notificación del acto reclamado Surtimiento de efectos de la notificación del acto reclamado Plazo para promover la demanda de amparo indirecto Días inhábiles comprendidos en el plazo para la promoción de la demanda de amparo indirecto Fecha de presentación de la demanda de amparo indirecto 01 de marzo de 2022 02 de marzo de 2022 03 al 24 de marzo de 2022 05, 06, 12, 13, 19, 20 y 21 de marzo de 2022 25 de marzo de 2021 Con base en el recuadro anterior, se desprende que el acto reclamado fue notificado al quejoso el uno de marzo de dos mil veintidós. Dicha notificación surtió sus efectos el dos del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 27, último párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, aplicada supletoriamente a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Morelos, atento a lo dispuesto en el artículo 171, fracción VII, del último de los ordenamientos referidos. Por tanto, de conformidad con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del tres al veinticuatro del mes y año en comento. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó en los buzones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a las doce horas con dieciséis minutos (folio 02 de autos), es incuestionable que la demanda de amparo se presentó de forma extemporánea. No pasa inadvertido que la parte quejosa aduzca en el apartado "V. FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS" que fue hasta el siete de marzo de dos mil veintidós cuando se le corrió traslado de las copias certificadas del procedimiento administrativo DGAI/PA/006/2022-02. Sin embargo, esa circunstancia es insuficiente para considerar que el acto reclamado no fue consentido tácitamente. Lo anterior pues si bien fue hasta esa fecha que la responsable le corrió traslado de las copias certificadas que refiere, lo cierto es que desde el uno de marzo de dos mil veintidós se hizo sabedor de las imputaciones contenidas en el auto de inicio de procedimiento. Es decir, aun cuando la autoridad responsable le hubiese hecho entrega de las copias certificadas del expediente DGAI/PA/006/2022-02 con posterioridad, ello no lo deja en estado de indefensión para promover la demanda de amparo indirecto correspondiente puesto que tenía pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen, al estar insertado en la cédula de notificación el acuerdo de inicio de mérito, quedando en esos términos fijada la imputación de la autoridad, por lo que a partir de esa fecha puede realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. Lo anterior es acorde a lo resuelto por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la contradicción de tesis 3/2016, la cual si bien tuvo como objeto dilucidar si resultaba procedente dar vista personalmente a la parte quejosa con el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación y demás constancias que exhiba la responsable y requerirla para que amplíe su demanda, resulta aplicable como a continuación se expondrá: ".Es decir, es innecesario correr traslado de manera personal al quejoso con las constancias que conforman el expediente administrativo de origen; notificarle de manera personal y, requerirlo a fin de que amplíe su demanda de amparo, en virtud de que tales pruebas no constituyen actos susceptibles de ser reclamados de forma destacada sino sólo deben considerarse para resolver si el auto de inicio, ya reclamado, está correctamente fundado y motivado o no, cuestión que depende de su propio contenido y de las razones en que se haya sustentado la determinación de iniciar el procedimiento de separación. (.) En consecuencia, este Pleno de Circuito estima que con base en lo expuesto es posible concluir, que en los casos en que el quejoso controvierta el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo previsto por el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal y exhiba el citatorio que contenga las imputaciones efectuadas en su contra, y derivado del requerimiento del Juez de Distrito, la autoridad exhiba el expediente relativo al procedimiento administrativo de origen que lo contenga, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa de manera personal y prevenirla a fin de que amplíe su demanda, habida cuenta, que como quedó expresado en la presente ejecutoria, al ser el acto reclamado el acuerdo de inicio de ese procedimiento que contiene las imputaciones a él realizadas, el cual ya era del conocimiento del quejoso al estar insertado en el citatorio a través del cual se le emplazó a dicho procedimiento, resulta ocioso y contrario a la naturaleza del juicio de amparo, otorgarle una segunda oportunidad al quejoso a fin de que amplíe su demanda respecto de un mismo acto que ya era de su pleno y previo conocimiento. Por tanto, si derivado del requerimiento formulado por el juzgador a las autoridades responsables, éstas remiten documentos adicionales que apoyen el contenido del informe justificado rendido por ellas, el Juez de Distrito no deberá prevenir al quejoso a través de la notificación personal con la complementación del informe justificado a fin de que amplíe su demanda, en virtud de que en este caso en específico, el promovente del amparo ya tiene pleno conocimiento del acto reclamado que es precisamente el acuerdo de inicio insertado en el citatorio respectivo que refleja las imputaciones a él efectuadas." De la transcripción anterior se desprende que el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que las constancias que integran el expediente administrativo de origen no constituyen actos susceptibles de ser reclamados de forma destacada sino sólo deben considerarse para resolver si el auto de inicio, ya reclamado, está correctamente fundado y motivado o no. Por tanto, tratándose de aquellos casos en que el quejoso controvierta el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo y exhiba el citatorio que contenga las imputaciones efectuadas en su contra el cual ya era del conocimiento del quejoso al estar insertado en el citatorio a través del cual se le emplazó a dicho procedimiento -tal y como acreditó la autoridad responsable en el juicio que se resuelve-, resulta innecesario y contrario a la naturaleza del juicio de amparo, otorgarle una segunda oportunidad al quejoso a fin de que amplíe su demanda. A criterio de este juzgador, lo razonado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito resulta compatible con el asunto que se resuelve en el sentido de que sería contrario a la naturaleza del juicio de amparo darle una nueva oportunidad al quejoso para que promueva el juicio de amparo indirecto contra un acuerdo de inicio de procedimiento que ya había sido hecho de su conocimiento con anterioridad. La contradicción de tesis referida dio origen a la jurisprudencia PC.I.A. J/76 A, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, página 1605, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL ACUERDO QUE LO INICIA ES INNECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA PERSONALMENTE AL QUEJOSO CON LAS CONSTANCIAS EXHIBIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APOYO DE SU INFORME JUSTIFICADO A FIN DE QUE AMPLÍE SU DEMANDA, AL TRATARSE DE UN ACTO DE PREVIO CONOCIMIENTO. Si desde la presentación de la demanda de amparo contra el acuerdo de inicio del procedimiento aludido, el quejoso exhibió el citatorio para la audiencia prevista en el artículo 35 de la Ley de la Policía Federal, en el que se asientan las imputaciones que se le hacen y, con posterioridad se solicita a la autoridad responsable la exhibición del expediente administrativo para complementar el informe justificado, es innecesario notificar y prevenir personalmente al quejoso con las constancias que conforman ese expediente, a fin de que amplíe su demanda de amparo, en virtud de que no se le deja en estado de indefensión, porque desde que se hizo sabedor del citatorio que lo emplaza al procedimiento administrativo, ya tenía pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen, al estar insertado en ese documento el acuerdo de inicio de mérito, quedando en esos términos fijada la imputación de la autoridad, por lo que desde ese momento puede realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses". Asimismo, se invoca como hecho notorio lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el amparo en revisión administrativo 135/2021, derivado del juicio de amparo indirecto 27/2020, del índice de este juzgado de distrito, en el cual confirmó el sobreseimiento dictado por este juzgador, debido a que el tribunal colegiado consideró que, conforme a las disposiciones aplicables que no se prevé que la autoridad responsable deba entregar copia certificada del expediente administrativo para que surta sus efectos la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento. Asimismo, el mencionado tribunal determinó que el quejoso tuvo pleno conocimiento de los hechos y conductas que se le atribuyeron desde la notificación del acuerdo reclamado, puesto que las constancias que integran ese expediente administrativo no constituyen actos susceptibles de ser reclamados de forma destacada. Por lo anteriormente expuesto, al haberse acreditado fehacientemente que aconteció la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, opera la diversa hipótesis contenida en el precepto 63 fracción V de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Del artículo anterior se constata que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando se advierta o sobrevenga una causal de improcedencia. En ese orden de ideas, debido a que en el juicio que se resuelve se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis Bernal Sánchez, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy tres de agosto de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: VISTO, para resolver el juicio de amparo 383/2022, promovido por José Luis Bernal Sánchez contra actos del Titular de la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, José Luis Bernal Sánchez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables Acto reclamado Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y su titular "A. El arbitrario, ilegal e improcedente procedimiento administrativo sancionador con número: DGAI/PA/006/2022-02, incoado en mi contra en mi carácter de elemento policial adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, por supuestas faltas a los principios de actuación policial; B. El arbitrario, ilegal e improcedente acuerdo de inicio y sujeción a procedimiento, dictado con fecha 16 de febrero del año 2022, dentro de los autos del procedimiento administrativo sancionador DGAI/PA/006/2022-02 por la Licenciada Merary Pimentel Laínez en su carácter de titular de la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en la cual de forma arbitraria, ilegal, infundada y sin motivación alguna se inicia y me sujeta al procedimiento administrativo antes señalado, y C. El arbitrario, ilegal e improcedente inicio y sujeción a procedimiento administrativo sancionador: DGAI/PA/006/2022-02 que se ha incoado en mi contra; D. Todas y cada una de las actuaciones o actos de investigación que se han desarrollado dentro del procedimiento sancionador DGAI/PA/006/2022-02, en virtud de que dicho sumario administrativo no se han seguido las formalidades esenciales del procedimiento. 2.- Ahora bien, constituye el acto de aplicación, el ilegal y arbitrario acuerdo dictado con fecha 16 de febrero del año 2022 en el procedimiento administrativo sancionador con número: DGAI/PA/006/2022-02, y la materialización del inicio y sujeción del suscrito a dicho procedimiento administrativo, por supuestamente haber actualizado distintas hipótesis del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, entre ellas la fracción primera de ésta, la cual resulta inconstitucional por contravenir el párrafo tercero del artículo 14 de la CPEU;. Es prudente mencionar que los artículos y porciones normativas aquí combatidas por su inconstitucionalidad, consistente específicamente en: la fracción I del artículo 159 y párrafo primero del numeral 160, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, se encuentran directamente correlacionadas entre sí, y me causan un menoscabo en mi esfera jurídica, por tanto es conducente controvertirlas en lo individual así como de manera conjunta como un sistema normativo que viola en mi agravio, los principios de reserva de ley, taxatividad y tipicidad.". SEGUNDO. El dos de mayo de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 383/2022, y requirió al promovente para que aclarara su demanda, a efecto de que expresara si era su deseo señalar como autoridades responsables a las que participaron en el proceso de creación de la ley y reglamento que contienen los preceptos que pretende impugnar. TERCERO. Por acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito mediante el cual la parte promovente aclaró su demanda y, en atención a su contenido, este juzgador admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama del Titular de la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del estado de Morelos: El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo DGAI/PA/006/2022-02. El acto de aplicación de los artículos 159, fracción I y 160, primer párrafo, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Morelos, y del artículo 38 del Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido de su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La autoridad responsable considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, debido a que el quejoso consistió tácitamente el acto reclamado, debido a que la demanda la promovió fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17, del mismo ordenamiento. Es fundada la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, debido a que, en efecto, el quejoso promovió la demanda de amparo después de que había fenecido el plazo de quince días para su interposición. Para acreditar lo anterior, resulta pertinente transcribir el contenido de los numerales 61 fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." Del primero de los preceptos citados se destaca que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendidos estos como aquellos contra los cuales no se promovió el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos para ello. Asimismo, se prevé que tratándose de normas generales se entenderán como consentidas cuando tampoco se hubiese promovido el juicio de amparo en contra de su primer acto de aplicación. Del mismo modo se contempla que cuando proceda algún recurso o medio de defensa que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, este será optativo para el interesado; ahora bien, en caso de haber ejercido ese medio de defensa, se entenderá como consentida la norma general cuando no se hubiese combatido la resolución recaída a ese recurso, a través del juicio de amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso. Por su parte, el segundo de los numerales en cita, se desprende que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. En el caso concreto se tiene que el acto reclamado, consistente en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso fue notificado el uno de marzo de dos mil veintidós, según se desprende de la copia fotostática de la constancia de notificación exhibida por el propio quejoso como prueba documental; circunstancia que se corrobora con la copia certificada del expediente DGAI/PA/006/2022-02, remitido por la autoridad responsable. En ese orden de ideas, el plazo de quince días establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, transcurrió de la siguiente forma: Fecha de notificación del acto reclamado Surtimiento de efectos de la notificación del acto reclamado Plazo para promover la demanda de amparo indirecto Días inhábiles comprendidos en el plazo para la promoción de la demanda de amparo indirecto Fecha de presentación de la demanda de amparo indirecto 01 de marzo de 2022 02 de marzo de 2022 03 al 24 de marzo de 2022 05, 06, 12, 13, 19, 20 y 21 de marzo de 2022 25 de marzo de 2021 Con base en el recuadro anterior, se desprende que el acto reclamado fue notificado al quejoso el uno de marzo de dos mil veintidós. Dicha notificación surtió sus efectos el dos del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 27, último párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, aplicada supletoriamente a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Morelos, atento a lo dispuesto en el artículo 171, fracción VII, del último de los ordenamientos referidos. Por tanto, de conformidad con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del tres al veinticuatro del mes y año en comento. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó en los buzones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a las doce horas con dieciséis minutos (folio 02 de autos), es incuestionable que la demanda de amparo se presentó de forma extemporánea. No pasa inadvertido que la parte quejosa aduzca en el apartado "V. FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS" que fue hasta el siete de marzo de dos mil veintidós cuando se le corrió traslado de las copias certificadas del procedimiento administrativo DGAI/PA/006/2022-02. Sin embargo, esa circunstancia es insuficiente para considerar que el acto reclamado no fue consentido tácitamente. Lo anterior pues si bien fue hasta esa fecha que la responsable le corrió traslado de las copias certificadas que refiere, lo cierto es que desde el uno de marzo de dos mil veintidós se hizo sabedor de las imputaciones contenidas en el auto de inicio de procedimiento. Es decir, aun cuando la autoridad responsable le hubiese hecho entrega de las copias certificadas del expediente DGAI/PA/006/2022-02 con posterioridad, ello no lo deja en estado de indefensión para promover la demanda de amparo indirecto correspondiente puesto que tenía pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen, al estar insertado en la cédula de notificación el acuerdo de inicio de mérito, quedando en esos términos fijada la imputación de la autoridad, por lo que a partir de esa fecha puede realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. Lo anterior es acorde a lo resuelto por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la contradicción de tesis 3/2016, la cual si bien tuvo como objeto dilucidar si resultaba procedente dar vista personalmente a la parte quejosa con el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación y demás constancias que exhiba la responsable y requerirla para que amplíe su demanda, resulta aplicable como a continuación se expondrá: ".Es decir, es innecesario correr traslado de manera personal al quejoso con las constancias que conforman el expediente administrativo de origen; notificarle de manera personal y, requerirlo a fin de que amplíe su demanda de amparo, en virtud de que tales pruebas no constituyen actos susceptibles de ser reclamados de forma destacada sino sólo deben considerarse para resolver si el auto de inicio, ya reclamado, está correctamente fundado y motivado o no, cuestión que depende de su propio contenido y de las razones en que se haya sustentado la determinación de iniciar el procedimiento de separación. (.) En consecuencia, este Pleno de Circuito estima que con base en lo expuesto es posible concluir, que en los casos en que el quejoso controvierta el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo previsto por el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal y exhiba el citatorio que contenga las imputaciones efectuadas en su contra, y derivado del requerimiento del Juez de Distrito, la autoridad exhiba el expediente relativo al procedimiento administrativo de origen que lo contenga, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa de manera personal y prevenirla a fin de que amplíe su demanda, habida cuenta, que como quedó expresado en la presente ejecutoria, al ser el acto reclamado el acuerdo de inicio de ese procedimiento que contiene las imputaciones a él realizadas, el cual ya era del conocimiento del quejoso al estar insertado en el citatorio a través del cual se le emplazó a dicho procedimiento, resulta ocioso y contrario a la naturaleza del juicio de amparo, otorgarle una segunda oportunidad al quejoso a fin de que amplíe su demanda respecto de un mismo acto que ya era de su pleno y previo conocimiento. Por tanto, si derivado del requerimiento formulado por el juzgador a las autoridades responsables, éstas remiten documentos adicionales que apoyen el contenido del informe justificado rendido por ellas, el Juez de Distrito no deberá prevenir al quejoso a través de la notificación personal con la complementación del informe justificado a fin de que amplíe su demanda, en virtud de que en este caso en específico, el promovente del amparo ya tiene pleno conocimiento del acto reclamado que es precisamente el acuerdo de inicio insertado en el citatorio respectivo que refleja las imputaciones a él efectuadas." De la transcripción anterior se desprende que el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que las constancias que integran el expediente administrativo de origen no constituyen actos susceptibles de ser reclamados de forma destacada sino sólo deben considerarse para resolver si el auto de inicio, ya reclamado, está correctamente fundado y motivado o no. Por tanto, tratándose de aquellos casos en que el quejoso controvierta el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo y exhiba el citatorio que contenga las imputaciones efectuadas en su contra el cual ya era del conocimiento del quejoso al estar insertado en el citatorio a través del cual se le emplazó a dicho procedimiento -tal y como acreditó la autoridad responsable en el juicio que se resuelve-, resulta innecesario y contrario a la naturaleza del juicio de amparo, otorgarle una segunda oportunidad al quejoso a fin de que amplíe su demanda. A criterio de este juzgador, lo razonado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito resulta compatible con el asunto que se resuelve en el sentido de que sería contrario a la naturaleza del juicio de amparo darle una nueva oportunidad al quejoso para que promueva el juicio de amparo indirecto contra un acuerdo de inicio de procedimiento que ya había sido hecho de su conocimiento con anterioridad. La contradicción de tesis referida dio origen a la jurisprudencia PC I A J/76 A, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, página 1605, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL ACUERDO QUE LO INICIA ES INNECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA PERSONALMENTE AL QUEJOSO CON LAS CONSTANCIAS EXHIBIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APOYO DE SU INFORME JUSTIFICADO A FIN DE QUE AMPLÍE SU DEMANDA, AL TRATARSE DE UN ACTO DE PREVIO CONOCIMIENTO. Si desde la presentación de la demanda de amparo contra el acuerdo de inicio del procedimiento aludido, el quejoso exhibió el citatorio para la audiencia prevista en el artículo 35 de la Ley de la Policía Federal, en el que se asientan las imputaciones que se le hacen y, con posterioridad se solicita a la autoridad responsable la exhibición del expediente administrativo para complementar el informe justificado, es innecesario notificar y prevenir personalmente al quejoso con las constancias que conforman ese expediente, a fin de que amplíe su demanda de amparo, en virtud de que no se le deja en estado de indefensión, porque desde que se hizo sabedor del citatorio que lo emplaza al procedimiento administrativo, ya tenía pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen, al estar insertado en ese documento el acuerdo de inicio de mérito, quedando en esos términos fijada la imputación de la autoridad, por lo que desde ese momento puede realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses". Asimismo, se invoca como hecho notorio lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el amparo en revisión administrativo 135/2021, derivado del juicio de amparo indirecto 27/2020, del índice de este juzgado de distrito, en el cual confirmó el sobreseimiento dictado por este juzgador, debido a que el tribunal colegiado consideró que, conforme a las disposiciones aplicables que no se prevé que la autoridad responsable deba entregar copia certificada del expediente administrativo para que surta sus efectos la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento. Asimismo, el mencionado tribunal determinó que el quejoso tuvo pleno conocimiento de los hechos y conductas que se le atribuyeron desde la notificación del acuerdo reclamado, puesto que las constancias que integran ese expediente administrativo no constituyen actos susceptibles de ser reclamados de forma destacada. Por lo anteriormente expuesto, al haberse acreditado fehacientemente que aconteció la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, opera la diversa hipótesis contenida en el precepto 63 fracción V de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Del artículo anterior se constata que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando se advierta o sobrevenga una causal de improcedencia. En ese orden de ideas, debido a que en el juicio que se resuelve se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis Bernal Sánchez, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy tres de agosto de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos la boleta de turno remitida por la Oficialía de Partes Común del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual informa que el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito; al respecto téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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