José Luis Benítez Jaimes

Expediente 738/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
738/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • José Luis Benítez Jaimes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta (con anexos), mediante el cual, el quejoso José Luis Benítez Jaimes, en atención a la vista otorgada hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la autoridad responsable señalada en el presente juicio, no está cumpliendo cabalmente la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, y realiza diversas manifestaciones al respecto. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa realizó manifestaciones en el término concedido para tal efecto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La resolución dictada por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictada en el toca de apelación 209/2021, en fecha trece de julio de dos mil veintiuno. Previa substanciación del juicio de amparo, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso José Luis Benítez Jaimes, para los siguientes efectos: "Deje insubsistente la resolución emitida el trece de julio de dos mil veintiuno, celebrada en el toca de apelación 209/2021; y, Con plenitud de jurisdicción, dicte otra determinación, que podrá ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales apuntados en la parte considerativa de esta sentencia, relacionadas con la falta de fundamentación y motivación de su actuación." Así, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Luego por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 3011500P01/1457/2022 (con anexo), signado por el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente sumario, remitió copias certificadas de la resolución emitida el veinticuatro de marzo del año en curso, así como de las constancias emitidas en el toca de apelación 209/2021, de las que se aprecia que la oficiante, mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós dejó insubsistente la determinación de fecha trece de julio del dos mil veintiuno, y emitió de nueva cuenta una diversa el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la cual precisó las circunstancias especiales, razones particulares en las que se basó para resolver los puntos indicados en la sentencia emitida en el presente juicio; además que indicó los preceptos legales aplicables que sustentan su determinación. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se han dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Sin que se desatiendan las manifestaciones del quejoso, en el sentido de que la responsable debió establecer el sustento normativo aplicable; así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a dilucidar que no ha transcurrido el termino necesario para que pueda decretarse la prescripción de la acción penal, atendiendo a la fecha del auto constitucional, de quince de octubre de dos mil veinte, al día en el que el quejoso presento su promoción trece de abril de dos mil veintiuno, tales afirmaciones son ajenas al motivo por el cual se concedió el amparo en la presente instancia, pues tienden a analizar cuestiones relativas al fondo del asunto y cuestiones del procedimiento natural, siendo que el motivo de la sentencia protectora, fue únicamente para que se dictara la resolución correspondiente con libertad de jurisdicción, de ahí que no sea dable para este Juzgador determinar en el sentido en que lo solicita. Tienen aplicación las tesis de jurisprudencia siguientes: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA". (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Diciembre de 2001, Tesis: 2a./J. 70/2001, Página: 248). "INCONFORMIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. SÓLO SE DEBE ANALIZAR SI ÉSTA SE CUMPLIÓ O NO, SIN PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA RESPONSABLE. (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Enero de 1998, Tesis: 2a./J. 80/97, Página: 304). Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  3. Principal

    SE NOTIFIA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL CITATORIO QUE LE FUE ENTREGADO EN SU DOMICILIO EL SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, AUTO QUE REFIERE: Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta (con anexos), mediante el cual, el quejoso José Luis Benítez Jaimes, en atención a la vista otorgada hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la autoridad responsable señalada en el presente juicio, no está cumpliendo cabalmente la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, y realiza diversas manifestaciones al respecto. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa realizó manifestaciones en el término concedido para tal efecto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La resolución dictada por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictada en el toca de apelación 209/2021, en fecha trece de julio de dos mil veintiuno. Previa substanciación del juicio de amparo, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso José Luis Benítez Jaimes, para los siguientes efectos: "Deje insubsistente la resolución emitida el trece de julio de dos mil veintiuno, celebrada en el toca de apelación 209/2021; y, Con plenitud de jurisdicción, dicte otra determinación, que podrá ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales apuntados en la parte considerativa de esta sentencia, relacionadas con la falta de fundamentación y motivación de su actuación." Así, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Luego por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 3011500P01/1457/2022 (con anexo), signado por el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia emitida en el presente sumario, remitió copias certificadas de la resolución emitida el veinticuatro de marzo del año en curso, así como de las constancias emitidas en el toca de apelación 209/2021, de las que se aprecia que la oficiante, mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós dejó insubsistente la determinación de fecha trece de julio del dos mil veintiuno, y emitió de nueva cuenta una diversa el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en la cual precisó las circunstancias especiales, razones particulares en las que se basó para resolver los puntos indicados en la sentencia emitida en el presente juicio; además que indicó los preceptos legales aplicables que sustentan su determinación. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se han dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Sin que se desatiendan las manifestaciones del quejoso, en el sentido de que la responsable debió establecer el sustento normativo aplicable; así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que lo llevaron a dilucidar que no ha transcurrido el termino necesario para que pueda decretarse la prescripción de la acción penal, atendiendo a la fecha del auto constitucional, de quince de octubre de dos mil veinte, al día en el que el quejoso presento su promoción trece de abril de dos mil veintiuno, tales afirmaciones son ajenas al motivo por el cual se concedió el amparo en la presente instancia, pues tienden a analizar cuestiones relativas al fondo del asunto y cuestiones del procedimiento natural, siendo que el motivo de la sentencia protectora, fue únicamente para que se dictara la resolución correspondiente con libertad de jurisdicción, de ahí que no sea dable para este Juzgador determinar en el sentido en que lo solicita. Tienen aplicación las tesis de jurisprudencia siguientes: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA". (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIV, Diciembre de 2001, Tesis: 2a./J. 70/2001, Página: 248). ********************************* Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta (con anexos); a través del cual el Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copias certificadas de la resolución emitida el veinticuatro de marzo del año en curso, así como de las constancias emitidas en el toca de apelación 209/2021 de su índice. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y sus anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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