José Luis Álvarez Orozco y Otros.
Expediente 756/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/07/2023
Partes del expediente
- José Luis Álvarez Orozco y Otros.
- José Luis Álvarez Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MES AIV. Toluca, Estado de México, once de julio de dos mil veintitrés. Vistos los autos del presente expediente, se aprecia que obra un anexo relacionado con este asunto, consistente en: copias certificadas del juicio ordinario civil 543/2017, el cual fue remitido por el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, como complemento a su informe justificado; sin embargo, toda vez que este asunto fue remitido al archivo, no se estima necesario su resguardo. Por tanto, mediante oficio que derive de la presente determinación, devuélvanse dichas constancias a la autoridad referida para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo; no obstante, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que, al momento de entregar el oficio correspondiente, se cerciore que la autoridad destinataria asiente las constancias que recibe. Finalmente, reingrésese el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Cúmplase.
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MESA VII. Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con un plazo de noventa días para acudir a este Juzgado de Distrito, previo trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente, a efecto de recoger los documentos originales que anexó a su demanda inicial de amparo, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente principal.
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SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 756/2021 A LA PARTE QUEJOSA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: MESA VII. Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con un plazo de noventa días para acudir a este Juzgado de Distrito, previo trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente, a efecto de recoger los documentos originales que anexó a su demanda inicial de amparo, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente principal.
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Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la comparecencia de cuente, de la que se advierte que los quejosos José Luis Álvarez Orozco, Jesús Betancourt Orozco y Giovanna Daniela González González, comparecieron en las oficinas de este órgano jurisdiccional a fin de ratificar el contenido y firma de su escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de este Juzgado de Distrito el ocho de septiembre pasado, registrado en el libro de correspondencia interna bajo el número de folio 12025, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención que les fue realizada, adecuaron su demanda inicial a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, referente a los requisitos que debe contener una demanda de amparo para que proceda su trámite en la vía indirecta. En ese sentido, se tiene por ratificado el escrito de referencia, y, por cumplida la prevención que les fue conminada a los peticionarios de amparo en fecha veinticinco de agosto del año en curso. Establecido lo anterior, debe señalarse que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman: 1. La inconstitucionalidad de los artículos 2.157, 2.158 y 2.166 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como, su discusión, aprobación, expedición, orden de publicación, promulgación, publicación y refrendo. 2. Su aplicación, materializada en el auto de fecha tres de junio del año en curso, emitido por el Juez Tercero Civil de Primer Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. 3. La ejecución de dicho auto. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, con relación al el auto de fecha tres de junio del año en curso, emitido por el Juez Tercero Civil de Primer Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución, este Juzgado de Distrito estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [...]" Los dispositivos legales transcritos establecen la procedencia del amparo indirecto en el procedimiento de ejecución de sentencia hasta en tanto se actualicen las siguientes condiciones: a) Se emita la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. b) En caso del procedimiento de remate, se emita la resolución que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y exista la determinación que ordena la entrega de los bienes rematados. Lo anterior, con entera independencia de que en el juicio de origen se emita una sola de las determinaciones precisadas, para considerar que es la última en el procedimiento de ejecución; habida cuenta que éstas son consecuencia natural de la ejecución de la resolución definitiva ejecutoria. En ese orden, se estima que la determinación impugnada de tres de julio de dos mil veintiuno, constituye una determinación dictada fuera de juicio en el período de ejecución del mismo y no es la última resolución en dicho procedimiento, en razón de que, no declara el cumplimiento total de la resolución, o bien, la imposibilidad para su cumplimiento. Además, de que debe precisarse que precisamente en dicha determinación se está requiriendo el cumplimiento de la sentencia definitiva emitida en el procedimiento de acción reivindicatoria 543/2017, es decir, la desocupación del inmueble materia del litigio, por lo que resulta evidente que el acto aquí reclamado no es una determinación de autonomía destacada, sino de preparación directa al cumplimiento de la sentencia. Actuación que, como se precisó anteriormente, no es susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, al constituir indistintamente la determinación definitiva en el procedimiento de ejecución dentro del juicio de origen; por tanto, la emisión de acto reclamado en esta vía no genera la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento, por las razones que la integran, en la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, Décima Época, visible a página 293, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Así como, por identidad de criterio, en la jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, visible a página 1941, cuyo contenido es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." En consecuencia, como la actuación que se reclama no reúne las características apuntadas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, este último interpretado a contrario sensu. En diversa guisa, por lo que hace al acto consistente en la inconstitucionalidad de los artículos 2.157, 2.158 y 2.166 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como, su discusión, aprobación, expedición, orden de publicación, promulgación, publicación y refrendo, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de la materia. En los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercitar la acción constitucional; los citados preceptos legales disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; (.)". De los preceptos transcritos se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la ley citada. Lo expresado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis de jurisprudencia número P./J. 55/97, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Luego, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque si bien es cierto que en el caso se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 2.157, 2.158 y 2.166 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como, su discusión, aprobación, expedición, orden de publicación, promulgación, publicación y refrendo, y que, por ello, se está frente al supuesto de una norma de observancia general con carácter heteroaplicativo, porque requiere de un acto de aplicación para ser analizable en el sumario actual, también lo es que, en el presente juicio, como ya se estableció, respecto del acto de aplicación consistente en la determinación de fecha tres de junio del año en curso emitido por el Juez Tercero Civil de Primer Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución, se estimó improcedente el juicio de amparo, por ser una actuación que, no es susceptibles de reclamar en la vía indirecta constitucional, al ser una determinación en el procedimiento de ejecución dentro del juicio de origen, sin ser precisamente la última en dicha etapa. Por lo cual, si es a través de la determinación de fecha tres de junio del año en curso emitido por el Juez Tercero Civil de Primer Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución, que se lleva a cabo la aplicación de la norma reclamada de inconstitucional, dicho aspecto no puede desvincularse de la normativa impugnada, e impide que se pueda abordar el análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo; pues, pensar lo contrario, sería realizar un estudio relativo respecto de actos abstractos e imprecisos; ello de conformidad con lo establecido en la tesis LXXVI/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 356 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, de la Octava Época, la cual se aplica por identidad de razón, cuyo rubro y texto son: "REGLAMENTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACION. SI NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE ESTOS ULTIMOS, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS. Si se impugna un reglamento mediante el juicio de amparo, no porque con su sola vigencia se causen perjuicios al quejoso, sino con motivo de actos concretos de aplicación, dada la estrecha vinculación existente entre uno y otros, no es posible analizar la constitucionalidad del primero prescindiendo de los segundos; por consiguiente, si se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos de aplicación por no haberse acreditado su existencia, dicho sobreseimiento debe comprender también al reglamento." Así como el criterio sustentado por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia visible en la página 241 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186 Primera Parte, de la Séptima Época, que a la letra dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación" De igual forma, la tesis XXI.1o.30 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 566 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, correspondiente a la Novena Época, que reza: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Si se aportó en el juicio de amparo indirecto prueba para desvirtuar la negativa del acto reclamado, referente al reglamento que regula la prestación del servicio público de limpia concesionado; con dicha probanza se acreditó desde un punto de vista formal la existencia del acto, o sea, que la autoridad responsable, director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, tiene a su cargo la vigilancia y control del servicio de limpia concesionado, mas no prueba que materialmente se estuviera llevando a cabo dicho acto y, por ende, se afectara la esfera jurídica de los quejosos, hoy inconformes, esto es, que se les irrogara un agravio personal y directo, pues el estudio de una ley o reglamento no puede desvincularse del acto de su aplicación, ya que esto último es lo que acarrea perjuicio, y no cuando se considera en abstracto la ley o reglamento." En tal virtud, si el acto reclamado en la presente instancia, consiste en la inconstitucionalidad de los artículos 2.157, 2.158 y 2.166 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como, su discusión, aprobación, expedición, orden de publicación, promulgación, publicación y refrendo, los cuales son normas de carácter heteroaplicativo, y el acto de aplicación relativo a tal norma se traduce en la determinación de fecha tres de junio del año en curso emitido por el Juez Tercero Civil de Primer Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y su ejecución, respecto del cual, como ya quedó establecido, el juicio de amparo no resultó procedente; entonces, no es posible analizar su constitucionalidad en la presente instancia, pues la norma reclamada no puede ser estudiada, sino a través del acto por el cual se aplique la misma, ya que para que sea procedente el juicio de amparo contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, ya se ha establecido que se requiere para su procedencia que exista una agravio resentido por el gobernado, que se traduzca en la aplicación de la norma reclamada, y si en el presente caso es improcedente el amparo por lo que hace a dicho acto de aplicación, es que se justifica determinar en el sentido que ya ha quedado señalado. En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contenidas en las fracciones XII y XIII del artículo 61, la última en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda intentada por los quejosos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Rafael Becerra Lozano, Secretario con quien actúa. Doy fe.
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