José Luis Bayardo Santana
Expediente 359/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/04/2021
Partes del expediente
- José Luis Bayardo Santana
- De Legado Estatal del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal En Nayarit, (Issste) Con Sede En Tepic
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid- 19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Igualmente, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa, dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y por la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta Ciudad, no obstante que mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, se le apercibió que se resolvería en relación a ello, conforme a las constancias que obran en autos. Luego, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso JOSÉ LUIS BAYARDO SANTANA, para que las autoridades señaladas como responsables: Dejen sin efecto la determinación de negarle el pago de la pensión por viudez a que tiene derecho a recibir al cien por ciento, por no encontrarse en situación de compatibilidad de pensión por viudez y de jubilación. En lo subsecuente se entregue íntegramente el cien por ciento del monto de la pensión de viudez a que tiene derecho el quejoso, sin sujetarse al tope salarial equivalente al monto de diez veces el salario mínimo, ello a partir del momento en el cual tuvo el derecho de recibirlo. Asimismo, se deberá reintegrar íntegramente al solicitante del amparo, con efecto retroactivo los descuentos o deducciones que se le realizaron con motivo de la interpretación de la citada norma declarada inconstitucional, la cual no deberá aplicársele en el presente ni en lo futuro. En cumplimiento a ello, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Nayarit, con sede en esta Ciudad, mediante oficio recibido el catorce de enero de dos mil veinte, remitieron copia certificada del oficio ISS.018.300.302.6.023/2020, en el que en lo que interesa, se advierte que se informó a la citada parte quejosa que se dejó sin efecto el oficio con número de folio ISS.018.300/302/.6.1660/2019, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, así como la aplicación presente y futura de los artículos 51, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 57 de la ley del ISSSTE vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, y que se respetará el monto que generen las dos pensiones (de viudez y jubilación). Asimismo, que en el mes de enero de dos mil veinte, mediante cheque a su favor, se efectuaría el pago retroactivo de los descuentos que le fueron aplicados por concepto 48 (compatibilidad de pensión), durante el período del 12 de octubre de dos mil diecisiete al treinta de febrero de dos mil veinte; y que a partir de marzo de ese año, se realizaría el pago mensual íntegro; es decir, sin la deducción por el concepto 048 (compatibilidad), de la pensión por viudez de su extinta esposa MA. ALEJANDRA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Por otra parte, las citadas autoridades, por oficio recepcionado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, remitieron copia certificada del formato de recibo de pago SP11, con número de control 1830003, y del formato de liquidación de pago SP-54, de cuya lectura se advierte que se efectuó el pago retroactivo relacionado en párrafo que anteceden, a la parte quejosa. Por tanto, se acredita que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos violados; por tanto, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, el cual este Órgano Jurisdiccional determina que es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid- 19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Igualmente, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa, dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y por la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta Ciudad, no obstante que mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, se le apercibió que se resolvería en relación a ello, conforme a las constancias que obran en autos. Luego, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso JOSÉ LUIS BAYARDO SANTANA, para que las autoridades señaladas como responsables: Dejen sin efecto la determinación de negarle el pago de la pensión por viudez a que tiene derecho a recibir al cien por ciento, por no encontrarse en situación de compatibilidad de pensión por viudez y de jubilación. En lo subsecuente se entregue íntegramente el cien por ciento del monto de la pensión de viudez a que tiene derecho el quejoso, sin sujetarse al tope salarial equivalente al monto de diez veces el salario mínimo, ello a partir del momento en el cual tuvo el derecho de recibirlo. Asimismo, se deberá reintegrar íntegramente al solicitante del amparo, con efecto retroactivo los descuentos o deducciones que se le realizaron con motivo de la interpretación de la citada norma declarada inconstitucional, la cual no deberá aplicársele en el presente ni en lo futuro. En cumplimiento a ello, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones y la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Nayarit, con sede en esta Ciudad, mediante oficio recibido el catorce de enero de dos mil veinte, remitieron copia certificada del oficio ISS.018.300.302.6.023/2020, en el que en lo que interesa, se advierte que se informó a la citada parte quejosa que se dejó sin efecto el oficio con número de folio ISS.018.300/302/.6.1660/2019, de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, así como la aplicación presente y futura de los artículos 51, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 57 de la ley del ISSSTE vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el artículo 12, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio, y que se respetará el monto que generen las dos pensiones (de viudez y jubilación). Asimismo, que en el mes de enero de dos mil veinte, mediante cheque a su favor, se efectuaría el pago retroactivo de los descuentos que le fueron aplicados por concepto 48 (compatibilidad de pensión), durante el período del 12 de octubre de dos mil diecisiete al treinta de febrero de dos mil veinte; y que a partir de marzo de ese año, se realizaría el pago mensual íntegro; es decir, sin la deducción por el concepto 048 (compatibilidad), de la pensión por viudez de su extinta esposa MA. ALEJANDRA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Por otra parte, las citadas autoridades, por oficio recepcionado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, remitieron copia certificada del formato de recibo de pago SP11, con número de control 1830003, y del formato de liquidación de pago SP-54, de cuya lectura se advierte que se efectuó el pago retroactivo relacionado en párrafo que anteceden, a la parte quejosa. Por tanto, se acredita que la parte quejosa fue restituida en el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos violados; por tanto, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, el cual este Órgano Jurisdiccional determina que es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Comuníquese a las partes que la adscripción del licenciado IVAR LANGLE GÓMEZ, como nuevo titular adscrito a este órgano jurisdiccional, inició a partir del día uno de mayo de dos mil diecinueve, en sustitución del licenciado Alfredo Barrera Flores; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Tepic, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativa 13/2018 y, a su vez, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1173/2018 en que se actúa; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia, revocó la sentencia dictada en autos y ordenó reponer el procedimiento para los efectos precisados en el último considerando de la citada ejecutoria. En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativo 13/2018, se deja insubsistente tanto la audiencia constitucional de tres de octubre de dos mil diecisiete, como la resolución terminada de engrosar el quince de noviembre de ese mismo año, dictada en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso numeral 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, manifieste lo que se le indica. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo al Capitán Regional de Puerto rindiendo su correspondiente informe con justificación, quien para tal efecto manifestó que mediante oficio 7.2.5390050/2016, del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se requirió a la quejosa para que dentro de un término de tres meses, tomara las medidas apropiadas a su costa para iniciar de inmediato la señalización, remoción, preparación, hundimiento y limpieza o la actividad que resultara necesaria a fin de que la embarcación ahí mencionada no representara peligro u obstáculo para la navegación, sin que dicho oficio fuera reclamado en el escrito inicial de demanda; consecuentemente, dese vista a la parte quejosa de ese informe y requiérasele para dentro del citado término de quince días contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del oficio de referencia; y, de estimarlo así, cumpla con los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo; con el apercibimiento de que de no hacerlo se resolverá la litis con base en los términos inicialmente planteados. Se señalan las NUEVE CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguense a sus autos únicamente para que obren como correspondan los sobres de cuenta, que contienen los oficios de referencia, dirigidos a la Oficina de la Administración de la Secretaría de Marina, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Zona Pacifico, Dirección General de Marina Mercante Zona Pacífico, Dirección General de Capitanías de Puerto, y a la Dirección General de Puertos, todos con residencia en San Blas, Nayarit; sin que sea el caso ordenar se reexpidan los oficios citados, en virtud de que por auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo como autoridades inexistentes a esas autoridades. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Vista la certificación Secretarial que antecede, comuníquese a las partes que la adscripción del licenciado IVAR LANGLE GÓMEZ, como nuevo titular adscrito a este órgano jurisdiccional, inició a partir del día uno de mayo de dos mil diecinueve, conforme el acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido en sesión de diez de abril de dos mil diecinueve, en sustitución del licenciado Alfredo Barrera Flores; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, tomando en consideración que a petición del Delegado de las autoridades responsables Presidente, Síndico, Secretario, Tesorero y Jefe del Departamento de Catastro, todos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa para que realizara lo siguiente: ".Deberá la quejosa, por medio de su causahabiente, presentarse ante la responsable a efectos de que quede constancia sobre el cumplimiento de la sentencia. Deberá la causahabiente de la quejosa, acreditar ante esta autoridad Jurisdiccional su carácter y señalar abogados autorizados conforme el artículo 12 de la ley de amparo, toda vez que los hasta ahora nombrados dejan de tener ese carácter una vez que es extinta la sociedad quejosa." Luego, tomando en consideración que hasta esta fecha la parte quejosa no ha acreditado haber realizado lo anterior, además de que las autoridades responsables no han informado lo propio respecto al cumplimiento dado al fallo protector, requiérase a las autoridades responsables: Presidente, Síndico, Tesorero y Jefe del Departamento de Catastro del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, informen si la parte quejosa ya compareció a dar cumplimiento a lo solicitado por auto de veintitrés de abril del año en curso. De ser así, dichas autoridades responsables, dentro del citado plazo legal concedido deberán acreditar haber dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en los presentes autos; esto es, deberán acreditar haber devuelto a la parte quejosa la cantidad de $6'535,424.96 (seis millones quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos veinticuatro 96/100 M.N), tal como lo concluyó el perito tercero en discordia JULIAN MURO CHÁVEZ (foja 812). Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el artículo 260 de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
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