José Luis Airada Pérez
Expediente 1189/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/11/2018
Partes del expediente
- José Luis Airada Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se sobreseyó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. Y en lo que ve a los cuadernos incidentales derivados de este juicio, son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar se negó respecto de los actos reclamados; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo, y en el momento procesal oportuno procédase a la destrucción del mismo. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años, por lo que agréguese al presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, remite los autos originales del juicio de amparo 1189/2018 del índice de este juzgado, que se envió al Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para el dictado de la sentencia correspondiente, la cual se aprecia de las constancias que lo integran ya fue dictada, terminada de engrosar el diez de octubre de dos mil dieciocho, la cual concluyó con el punto resolutivo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 1189/2018, promovido por José Luis Airada Pérez, contra actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones indicadas en el considerando quinto de esta sentencia". En consecuencia, hágase saber a las partes el contenido de la mencionada resolución; acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedes respectivo. Tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. En virtud que del contenido del comunicado de cuenta, se advierte que alude a los diversos juicios de amparos 256/2017 y 1221/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, obténgase copia certificada del mismo para que se dé cuenta en los citados expedientes. Finalmente, agréguese a sus autos el CD ROM que contiene grabada la sentencia dictada en el juicio de amparo que nos ocupa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efecto legales conducentes, el oficio de cuenta signado por el Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, mediante el cual informan que el quejoso JOSÉ LUIS AIRADA PÉREZ, nunca ha dejado de laborar para dicho Ayuntamiento, lo anterior para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efecto legales conducentes, el oficio de cuenta signado por el Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, mediante el cual da parcialmente cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante auto de uno del presente mes y año, remitiendo para tal efecto el acta de cabildo de dieciocho de mayo del año en curso; consecuentemente, con su contenido dése vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, tomando en consideración que la autoridad responsable de referencia no manifestó en su oficio de cuenta, si el quejoso JOSÉ LUIS AIRADA PÉREZ, aún se encuentra laborando como Coordinador del Parque Vehicular del Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, no obstante que también fue materia de requerimiento en el citado auto de uno de agosto de dos mil dieciocho; consecuentemente, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Cuerpo de Regidores del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído, informe sobre lo anterior, máxime que tal circunstancia no se advierte del acta de cabildo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho; apercibido que de no hacerlo, en su oportunidad, se le aplicará a cada uno de los integrantes del citado cuerpo de regidores, una multa de cien a mil días, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE.
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