Jose Luis Bastida Soto

Expediente 1319/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 29 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1319/2017
Año
2017
Actuaciones
29
Última actuación
12/01/2018

Partes del expediente

  • Jose Luis Bastida Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    VII.- La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 135 a 137), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 113 a 123). En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo en este juicio (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo), al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México; tres de enero de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución de uno de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el incidente en revisión IRT. 141/2017, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. SE DECLARA SIN MATERIA el presente recurso de revisión interpuesto por JOSÉ LUIS BASTIDA SOTO, contra la resolución interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1319/2017- VII." Ahora, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y testimonio de mérito, para los efectos legales conducentes; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Notifíquese.

  3. Principal

    VII.- Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil diecisiete. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días, concedido a las partes quejosa y tercero interesada, en proveído de veintinueve de noviembre de la presente anualidad, para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento que dio al fallo protector la autoridad responsable. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. El quejoso José Luis Bastida Soto, en el presente juicio de amparo, señaló como acto reclamado: Lo actuado en el expediente laboral J.5/104/2016 a partir de las diligencias de emplazamiento a dicha controversia, así como el laudo emitido en el expediente, las notificaciones practicadas con motivo de éste y su ejecución. 2. En sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 113 a la 123), este Juzgado de Distrito resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Bastida Soto, contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos asentados en el último considerando." Los efectos de la concesión de amparo fueron para que la autoridad responsable dejara insubsistente lo actuado en el juicio laboral J.5/104/2016 sólo por lo que respecta a José Luis Bastida Soto, a partir del emplazamiento de siete de julio de dos mil dieciséis, incluyendo el laudo, así como todos los actos tendientes a ejecutar el mismo en cuanto al aquí quejoso se refiere; sin perjuicio que, si lo estimase procedente, ordenara efectuar nuevamente el emplazamiento a la parte demandada hoy quejosa, amparo que resultó extensivo a los actos de las ejecutoras. 3. Mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Con motivo de lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en oficio recibido en proveído de veintinueve de la presente anualidad, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo y adjuntó copias certificadas para acreditar su dicho. Ahora, el análisis de los lineamientos del fallo protector y de las constancias remitidas evidencian que el fallo protector se cumplió pues mediante auto de veinticuatro de noviembre, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, dejó insubsistente lo actuado en el juicio laboral J.5/104/2016 sólo por lo que respecta a José Luis Bastida Soto, a partir del emplazamiento de siete de julio de dos mil dieciséis, incluyendo el laudo y todos los actos tendientes a ejecutar el mismo en cuanto al quejoso se refiere; y, ordenó efectuar nuevamente su emplazamiento, lo que colma los efectos de la concesión protectora de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo segundo y tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, y por lista a la parte tercero interesada.

  4. Principal

    VII. SE LISTA AVISO DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA VII.- Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil diecisiete. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días, concedido a las partes quejosa y tercero interesada, en proveído de veintinueve de noviembre de la presente anualidad, para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento que dio al fallo protector la autoridad responsable. Por ende, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran el juicio para verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: 1. El quejoso José Luis Bastida Soto, en el presente juicio de amparo, señaló como acto reclamado: Lo actuado en el expediente laboral J.5/104/2016 a partir de las diligencias de emplazamiento a dicha controversia, así como el laudo emitido en el expediente, las notificaciones practicadas con motivo de éste y su ejecución. 2. En sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 113 a la 123), este Juzgado de Distrito resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Bastida Soto, contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos asentados en el último considerando." Los efectos de la concesión de amparo fueron para que la autoridad responsable dejara insubsistente lo actuado en el juicio laboral J.5/104/2016 sólo por lo que respecta a José Luis Bastida Soto, a partir del emplazamiento de siete de julio de dos mil dieciséis, incluyendo el laudo, así como todos los actos tendientes a ejecutar el mismo en cuanto al aquí quejoso se refiere; sin perjuicio que, si lo estimase procedente, ordenara efectuar nuevamente el emplazamiento a la parte demandada hoy quejosa, amparo que resultó extensivo a los actos de las ejecutoras. 3. Mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Con motivo de lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en oficio recibido en proveído de veintinueve de la presente anualidad, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo y adjuntó copias certificadas para acreditar su dicho. Ahora, el análisis de los lineamientos del fallo protector y de las constancias remitidas evidencian que el fallo protector se cumplió pues mediante auto de veinticuatro de noviembre, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, dejó insubsistente lo actuado en el juicio laboral J.5/104/2016 sólo por lo que respecta a José Luis Bastida Soto, a partir del emplazamiento de siete de julio de dos mil dieciséis, incluyendo el laudo y todos los actos tendientes a ejecutar el mismo en cuanto al quejoso se refiere; y, ordenó efectuar nuevamente su emplazamiento, lo que colma los efectos de la concesión protectora de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, en términos del artículo 196, párrafo segundo y tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia publicada con el número 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." 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