José Luis Arroyo Sánchez
Expediente 368/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/09/2019
Partes del expediente
- José Luis Arroyo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de septiembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de dos de septiembre del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria decretada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero, del acuerdo general conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)" Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado (punto vigésimo primero, fracción III párrafo tercero). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal, razón por la cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
VII toluca, Estado de México; dos de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en auto de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si se incurrió en exceso o defecto, o bien si hay imposibilidad para su cumplimiento, ello considerando también los planteamientos del quejoso. .... En tales consideraciones, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues tal actuar cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. ... Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México, a través del cual informa el cabal cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de oficio examina si el fallo protector está cumplido o no, si se incurrió en exceso o defecto, o bien si hay imposibilidad para su cumplimiento, ello considerando también los planteamientos del quejoso. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 247, publicada en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." Ahora, con la finalidad de apreciar si la protección constitucional concedida al quejoso ha sido cumplida, se estima necesario hacer una relación de los antecedentes que conforman este asunto, en los términos siguientes: 1. Tramitado el juicio de amparo en sus etapas correspondientes, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Arroyo Sánchez, en contra del acto y de las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando." 2. Determinación que al no haber sido recurrida por las partes causó ejecutoria el ocho de julio de dos mil diecinueve. 3. La concesión de amparo decretada en el sumario constitucional en que se actúa, fue para los efectos siguientes: Se pronuncie sobre la procedencia del recurso de revocación y lo admita; Revoque el auto recurrido y se pronuncie sobre las medidas provisionales respecto de la convivencia solicitada por José Luis Arroyo Sánchez en relación con la menor, prescindiendo del razonamiento en el sentido de que no se pueden modificar las medidas provisionales respecto a las convivencias derivadas del convenio realizado por las partes el uno de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio 289/2017, por ser cosa juzgada y que solo se puede modificar en sentencia definitiva. Ordene las diligencias que considere necesarias para determinar la procedencia o no de las medidas provisionales para la convivencia familiar, para lo cual deberá escuchar a la menor, con las formalidades de ley; Designe un procurador especial para la menor a fin de que represente sus intereses en el juicio; Hecho lo cual, resuelva con plenitud de jurisdicción sobre la medida provisión de convivencia familiar siempre atendiendo al interés superior del menor. 4. Ahora bien, mediante oficio 2974, presentado en la oficina de correspondencia común el veintinueve de julio del año en curso, el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, comunicó que en auto de diez de julio de la anualidad cursante, dejó insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, en lo relativo al recurso de revocación interpuesto por la parte actora José Luis Arroyo Sánchez; fijando las trece horas del ocho de agosto de este año, para que tuviera verificativo la audiencia en la que se proveería sobre la admisión del recurso de revocación y se pronunciará sobre las medidas provisionales respecto de la convivencia solicitado por el aquí quejoso con la menor y ordenará las diligencias necesarias para determinar la procedencia o no de las medidas provisionales para la convivencia familiar. 5. Por oficio 3219, el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Lerma, Estado de México, remitió copia certificada de la continuación de la audiencia incidental, celebrada el ocho de agosto del año en curso, en la cual prescindió de su razonamiento en el sentido de que no se pueden modificar las medidas provisionales, respecto de las convivencias derivadas del convenir realizado por las partes el uno de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio 289/2017, por ser cosa juzgada, por lo que determinó que es viable y factible determinar la procedencia o no de las medidas provisionales para la convivencia familiar. Sin embargo, toda vez que resulta necesario escuchar a la menor de iniciales S.A.R.; y, en virtud a la incomparecencia de la misma, fijó las nueve horas del diecinueve de agosto del año en curso, a efecto de determinar lo conducente. Ahora, del análisis comparativo entre los lineamientos del fallo protector y las constancias remitidas por la responsable, se advierte que dicha autoridad únicamente atendió la parte consistente en dejar insubsistente la resolución reclamada y prescindir del razonamiento en que no se pueden modificar las medidas provisionales respecto a las convivencias derivadas del convenio realizado por las partes el uno de septiembre de dos mil diecisiete, en el juicio 289/2017, por ser cosa juzgada y que solo se puede modificar en sentencia definitiva. Sin que a la fecha se tenga conocimiento de la audiencia señalada para las nueve horas del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los artículos 238 y 258 de la ley de la materia. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese por lista a las partes.
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