José Luis Anaya Rios

Expediente 1489/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1489/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2022

Partes del expediente

  • José Luis Anaya Rios
  • Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción En Nayarit

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra el proveído de treinta y uno de diciembre del año pasado, dentro del plazo que prevé el dispositivo 98 de la legislación de la materia; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley reglamentaria de los ordinales 103 y 107 Constitucionales, por disposición expresa en su arábigo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación en comento, aplicado contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso d del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues se desechó de plano la demanda de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Ténganse por recibido el escrito signado por *****, a través del cual en cumplimiento al requerimiento de veintinueve del presente mes y año, indica bajo protesta de decir verdad: Que promueve demanda de amparo por su propio derecho y como integrante del Comité de Participación Ciudadana. Que señala como responsables al Coordinador del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción y Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, pero ambas a través del coordinador por ser un ente colegiado, según lo indica el quejoso, su representación recae en el citado coordinador. Que los actos que le reclama al Congreso del Estado de Nayarit, es la selección de un nuevo comisionado en su lugar y la publicación de la convocatoria respectiva, pero también, indica que dichos actos los reclama al Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción. Luego, en vía de consecuencia, se duele de la posible remoción de su cargo y del probable cese de sus haberes económicos. Además, acompaña las copias solicitadas; consecuentemente, téngasele dando cumplimiento a lo peticionado. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Del dispositivo transcrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente Del anterior precepto normativo se aprecia que, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo se actualiza, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, consistentes en la declaración de procedencia, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que las Constituciones correspondientes les confieran a tales entes, la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; es decir, en forma independiente, sin injerencia de terceros o bien, conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión, esto es, que la facultad relativa no dependa de la decisión de terceros y se encuentre libre de presión e injerencia alguna. Sobre ese tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 364/2012, en sesión de primero de octubre de dos mil trece, en la cual interpretó el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al artículo 61, fracción VII, de la actual ley de la materia, sostuvo lo siguiente: "SEXTO. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se define, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo dispone: Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: VIII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. La norma transcrita establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, la circunstancia de que éste se promueva contra resoluciones o declaraciones del Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras, de las Legislaturas de los Estados o de sus comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que las Constituciones respectivas les otorguen la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Esto es, la causa de improcedencia del juicio de amparo está condicionada a que las Constituciones respectivas confieran a los órganos legislativos mencionados la potestad de resolver de manera soberana o discrecional lo relativo a la elección, suspensión o remoción de funcionarios. El Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española (vigésima segunda edición, Madrid, España, 2001), proporciona diversas acepciones del vocablo facultad y de los adjetivos soberano y discrecional, así como de otras palabras relacionadas con tales términos. Entre otros significados, se observan los siguientes: Facultad. (Del lat. facultas, atis) Aptitud, potencia física o moral. U. m. en pl. 2. f. Poder, derecho para hacer algo Soberano, na. (Del b. lat. *superanusQue ejerceo posee la autoridad suprema e independiente. Supremo, ma. (Del lat. supremus). 1. adj. Sumo, altísimo. 2. adj. Que no tiene superior en su línea Independiente. 1. adj. Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 2. adj. autónomo. 3. adj. Dicho de una persona: Que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena Discrecional. (De discreción). 1. adj. Que se hace libre y prudencialmente. 2. adj. Se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas. ..." "Discreción. (Del lat. discretio, -onis). 1. f. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. ... 3. f. Reserva, prudencia, circunspección. A (discreción) 1. loc. adv. Al arbitrio o buen juicio de alguien. ..." Las acepciones contenidas en el instrumento de consulta referido conducen a considerar que la facultad es el derecho que alguien tiene y que está en aptitud de ejercerlo. Tal facultad amerita calificarse como soberana, cuando quien la ejerce goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. La propia facultad será discrecional cuando su titular la ejerza conforme a su arbitrio, pero con prudencia; esto es, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma "arbitraria", sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. El sentido gramatical de los vocablos referidos permite concluir, que la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo tiene lugar, entre otros supuestos, cuando se reclamen actos del Congreso Federal o de sus Cámaras, relativos a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que la Constitución Federal confiera a tales entes, la facultad de resolver en forma independiente, sin injerencia de terceros, o bien conforme a su arbitrio y con prudencia en la adopción de su decisión. En ambos casos, la facultad relativa no depende de la decisión de terceros y se encuentra libre de presión e injerencia alguna. Así las cosas, las facultades soberanas o discrecionales que en su caso otorguen las respectivas Constituciones a los órganos legislativos Federal o Estatales, o a sus correspondientes comisiones, a que se refiere la norma jurídica de la Ley de Amparo en estudio, deben estar dirigidas a la resolución sobre elección, suspensión o remoción de funcionarios, y deben tener como características esenciales: a) la potestad de decidir sin injerencia de terceros (soberanamente), o la atribución de resolver conforme a su arbitrio y prudencia en la adopción de su decisión (discrecionalmente); y, b) que esa decisión o determinación se encuentre libre de presión y no dependa de una tercera persona u órgano ajeno. [.]" De la referida contradicción de tesis derivó la jurisprudencia P./J. 40/2013 (10a.), visible en la página 95, libro 2, enero de 2014, tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2005219, que dispone: "JUICIO POLÍTICO. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO ESTATAL DE NO DAR TRÁMITE A LA DENUNCIA RESPECTIVA, NO CONSTITUYE EL EJERCICIO DE SU FACULTAD SOBERANA O DISCRECIONAL SOBRE LA REMOCIÓN O SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SINALOA Y QUINTANA ROO). Si bien es cierto que las Constituciones Políticas de los Estados de Sinaloa y Quintana Roo otorgan a sus Legislaturas la facultad de resolver de manera soberana o discrecional sobre la responsabilidad política de los servidores públicos sujetos a juicio político y, por ende, sobre su remoción o suspensión, también lo es que el ejercicio de esa facultad no se manifiesta cuando deciden no dar trámite a la denuncia de juicio político, pues en esa fase no se realiza pronunciamiento alguno sobre la existencia de los hechos atribuidos al servidor público denunciado, ni respecto de su probable responsabilidad, sino que sólo se verifica que éste sea sujeto de juicio político y que la conducta por la cual se formula la denuncia sea de aquellas que generen una responsabilidad política, en términos de las normas constitucionales respectivas. En ese tenor, la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, no se actualiza cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la determinación del Congreso Estatal de no dar trámite a la denuncia de juicio político, ya sea porque la deseche o porque omita acordarla." En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria y jurisprudencia antes transcritas, estableció que el sentido que debe darse a la expresión "les confieran la facultad de resolver de manera soberana o discrecionalmente", tal facultad implica calificar como soberana una determinación cuando: 1. Quien la ejerce, goza de independencia; 2. No requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones. Por otra parte, la propia facultad será discrecional cuando: 1. Su titular la ejerza conforme a su arbitrio, 2. Que lo realice con prudencia. En efecto, la facultad discrecional no implica que se adopte una decisión en forma "arbitraria", sino conforme a la apreciación de las circunstancias que el titular realice o de acuerdo con la moderación de sus decisiones. Recapitulando, el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen determinaciones emitidas en uso de las facultades soberanas y discrecionales otorgadas en las constituciones locales a las legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes relativas a declaración de procedencia, juicio político, elección, suspensión o remoción de funcionarios y en vía de consecuencia, el cese de sus haberes económicos. En el caso, el acto reclamado se encuentra inmerso en un procedimiento de elección con la finalidad de seleccionar a un Comisionado del Comité de Participación Ciudadana; es decir, cuestiones derivadas de facultades concedidas para resolver soberana y discrecionalmente al Congreso del Estado de Nayarit, porque como lo indicó el propio quejoso, de dicho congreso depende el Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción, a quien también le reclama el procedimiento de selección del nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana y la convocatoria respectiva publicada el catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Esto es, que el proceso de elección y remoción es un acto de carácter soberano y discrecional del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, por lo que a la luz del artículo 61, fracción VIII de la ley de la materia, este juzgado federal se ve imposibilitado para realizar pronunciamiento alguno referente a los motivos de disenso hechos valer por el quejoso. Empero, como ya se dijo, dicho actos constituyen un procedimiento de elección, emitido por el Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades (soberanas y discrecionales) que sobre el tema, concede la Constitución Local al Congreso de dicha Entidad. Además, en virtud al principio de división de poderes, que tiene la finalidad de evitar que otro poder intervenga respecto de decisiones que atañen a su potestad soberana; en el caso particular, la designación de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana; y, sólo condiciona su actualización, al hecho de que la Constitución Estatal correspondiente confiera al órgano legislativo esa potestad libre y discrecional, como acontece en la especie. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 102/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos ochenta y siete de tomo I, libro 58, septiembre de dos mil dieciocho, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017916, de rubro y texto siguientes: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." Asimismo, por analogía a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 133/2009, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página cuatrocientos setenta, del Tomo XXX, septiembre de dos mil nueve, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 166474, de rubro y texto siguientes: "CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO. EN EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCIÓN EL CONGRESO ESTATAL EMITE ACTOS SOBERANOS, RESPECTO DE LOS CUALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de alguna entidad federativa (o la General de la República, en su caso), confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la atribución conferida por los artículos 35, fracción IX, y 64, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, al Congreso de la entidad para elegir a los Consejeros de la Judicatura local, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que los artículos 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de ese Estado establezcan diversos requisitos a cumplir por la Legislatura Local para la elección correspondiente, como que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. Por tanto, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección de los indicados Consejeros, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo". También, resulta aplicable la tesis 2a. LXXXIX/2006, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal Constitucional, publicada en la página doscientos treinta, del tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173819, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado tiene lugar cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o la estatal relativa, en su caso) confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, la atribución que el artículo 102, apartado B, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Senadores (y en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) para elegir mediante votación calificada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; lo que se corrobora con la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto que reformó el precepto constitucional mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, pues de ellos se advierte que al sentar las bases de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tuvo la clara intención de crear un auténtico defensor de los derechos relativos, concebido como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por la Cámara de Senadores, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. Además, la circunstancia de que los artículos tercero transitorio del decreto referido y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezcan que la comisión correspondiente del Senado debe realizar una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado dicho órgano podrá proponer al Senado la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados; es más, este sistema tiende a optimizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna de ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. En consecuencia, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo". En el contexto anotado, como se anunció se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción VII, de la Ley de Amparo por lo que, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***** por su propio derecho y como integrante del Comité de Participación Ciudadana. No es obstáculo para lo anterior el criterio establecido en la jurisprudencia III.5º.A. J/6 (10ª.), aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con número de registro 2012952, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE. El auto indicado no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando para demostrar la actualización de esa causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, pues, por regla general, en esa etapa del procedimiento el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de efectuar esa precisión, ya que, únicamente en el expediente constan los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, no debe desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes." Lo anterior se estima así, pues aun cuando por regla general el auto inicial no es el momento idóneo para determinar si una autoridad tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, en el caso se surte el supuesto de excepción que establece, ya que la parte quejosa aportó datos suficientes para desentrañar que la naturaleza de los actos reclamados eran de índole laboral y consecuentemente, que la autoridad a quien los atribuyó no le asiste el carácter de responsables; máxime que esa situación no variaría aunque se diera trámite a la demanda presentada por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Vista la demanda promovida por **********, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Comité de Selección del Comité de Partición Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1489/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda se desprende en lo que interesa, que el peticionario del amparo en los apartados relativos a las autoridades responsables y actos reclamados, indicó lo siguiente: Acotado lo anterior, se hace necesario requerir a la parte quejosa, de conformidad con los artículos 112 y 114, fracciones I, II, y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el 108, fracciones III y IV, para que dentro del término de CINCO DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de esta determinación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado arábigo 114 de la ley de la materia, cumpla con la siguiente prevención: PRIMERO. Manifieste si la demanda la promueve por su propio derecho o como Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción; o bien, si comparece por ambas. SEGUNDO. Aclare qué autoridad del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, desea señalar como responsable en la presente instancia constitucional: Coordinador del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. TERCERO. Precise cuál es el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable denominada Congreso del Estado de Nayarit; toda vez, que, del contenido integral del libelo de demanda, no se aprecia con claridad tal circunstancia. Lo anterior, resulta indispensable a fin de establecer con claridad y precisión la materia del acto que se reclama en la presente instancia y las partes se encuentren en aptitud de efectuar una adecuada defensa a sus intereses. Así como, para resolver el presente juicio conforme a derecho corresponda. Luego, se hace del conocimiento de la parte quejosa que es ella quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por la propia parte quejosa, ya que es ella quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos, abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. CUARTO. Hágase saber al peticionario de amparo que el escrito aclaratorio se debe presentar con las copias necesarias que señala el ordinal 110 de la ley de la materia, a fin de distribuirlas entre las partes. Cuestión que rige en forma absoluta en el supuesto de que la materia de la aclaración o el cumplimiento de la prevención constituyan elementos que deban ponerse en conocimiento directo de las demás partes del juicio constitucional al correrles traslado del libelo inicial, como en el caso ocurre ante las irregularidades que fueron apuntadas con antelación, para darles oportunidad a tales partes de que produzcan en forma adecuada y oportuna su defensa. Luego, se apercibe a la parte agraviada, que en caso de no acatar lo establecido en el presente proveído, dentro del plazo concedido, se procederá en términos del párrafo penúltimo, del dispositivo 114 de la legislación en comento, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Ahora, cabe precisar que en caso de que sólo exhiba copias del libelo aclaratorio para el juicio principal, se postergará la apertura del incidente de suspensión que se tramita por duplicado y en cuerda separada; lo anterior, hasta en tanto remita las copias necesarias para ello, de acuerdo al último párrafo, del artículo 114, de la ley de la materia en relación con el diverso arábigo 110 párrafo segundo de la citada ley. Asimismo, apercíbase al quejoso, que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que les consten en relación al amparo que se provee, se procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 261, del ordenamiento legal invocado, que a la letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". Asimismo, en términos del artículo 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que procuren la continuación del presente expediente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 14:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social y coadyuvar a frenar la propagación del COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con base en lo establecido por el artículo 108, fracción I, en relación con el dispositivo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente el que indica en su ocurso de cuenta y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la citada ley, a las personas que señala, por una parte, toda vez, que, no tienen cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, por otra, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, en relación con la solicitud de uso de medios electrónicos, como cámara fotográfica, para la reproducción de actuaciones, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación de Amparo en su ordinal 2º, se autoriza a la parte promovente para que obtenga copia mediante el medio indicado, previa identificación y constancia que dejen en autos. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del juicio principal de donde deriva el presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. Notifíquese personalmente.

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