José López Gutiérrez
Expediente 27/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 21/05/2018
Partes del expediente
- José López Gutiérrez
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexo recibidos en este Juzgado Federal (fojas 98 a 100 y 106 a 108), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de cuatro de mayo de la presente anualidad (foja 109), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el trece de febrero de dos mil dieciocho (fojas 44 a 59), se determinó conceder a José López Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: ".lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus garantías individuales violadas, en acatamiento a lo dispuesto en el ordinal 78 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 23, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residente en esta ciudad, devuelva al quejoso la cantidad de $20,421.88 (veinte mil cuatrocientos veintiún pesos 88/100 moneda nacional), que pagó el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, por concepto de derechos del giro de depósito de bebidas alcohólicas, así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social", "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit" y por concepto de multa por pago extemporáneo (foja 16), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo aplicado con apoyo en el dispositivo 23, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio dos mil diecisiete, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. (.) Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos) que se indicó en el formato de revalidación de permiso de alcoholes de forma anual (foja 16), documental que exhibió la parte quejosa a su demanda de amparo; toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. Así como tampoco resulta procedente devolver el monto de $11.60 (once pesos con sesenta centavos), que cobró la institución bancaría por concepto de comisión, junto con el impuesto al valor agregado (foja 14), toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de tal concepto. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que causó ejecutoria el cinco de marzo del presente año (fojas 74 a 75). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el diecinueve de abril del presente año (fojas 98 a 100), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante transferencia bancaria SPEI, el trece de abril de dos mil dieciocho, por la cantidad de $20,038.69 (veinte mil treinta y ocho pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional) de lo cual se advierte su devolución. Por acuerdo de veintitrés de abril del año en curso (fojas 101 a 103), si bien se acreditó que la responsable devolvió la cantidad referida en el párrafo que antecede, sin embargo, dicho numerario no se encontraba completo, pues le faltaba la suma de $740,04 (setecientos cuarenta y dos pesos con cuatro centavos). Así, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el tres de mayo del año en curso (fojas 106 a 108), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que notificó a la parte quejosa de la existencia del cheque expedido a su favor por la cantidad de $740,04 (setecientos cuarenta y dos pesos con cuatro centavos). Ante ello, este órgano de control constitucional por acuerdo de cuatro de mayo del presente año (foja 109), ordenó notificar a la parte quejosa a fin de que dentro del término de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo compareciera ante la autoridad a recoger dicho valor, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se procedería a realizar el pronunciamiento del cumplimiento del fallo protector, sin que el quejoso haya cumplido con lo anterior. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para este juzgador, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega de la suma faltante de $740,04 (setecientos cuarenta y dos pesos con cuatro centavos), como se indicó en el diverso proveído de cuatro de mayo del año en curso (foja 109); sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar el faltante de la cantidad a devolver. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ***Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó en y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **
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TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la parte quejosa no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición por la cantidad de $740.04 (setecientos cuarenta pesos 04/100 moneda nacional), por concepto de la diferencia faltante, con motivo de la ejecutoria de amparo, no obstante de encontrarse debidamente notificada para tal efecto, como lo acredita con los anexos que acompaña. En consecuencia, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, requiérase a la parte solicitante del amparo, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante la autoridad responsable en mención, a recibir******************** en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue devuelta la cantidad señalada, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este juzgado con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: ***
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10235En veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta a la Juez, con el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad y anexos. Registro 10235. CONSTE.- TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el ocurso de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector, informa que devolvió a la parte quejosa la cantidad que pagó por concepto de derechos del giro de "deposito de bebidas alcoholicas", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"; sin embargo, dicha cantidad debería estar debidamente actualizada, de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, de igual forma cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos moneda nacional) y la diversa de $11.60 (once pesos con sesenta centavos moneda nacional). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Ahora, de la copia simple de la transferencia SPEI realizada a favor de la parte quejosa, se advierte que fue devuelta la cantidad de $20,038.69 (veinte mil treinta y ocho pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional); por ende, se advierte que la autoridad responsable, no consideró que la cantidad a devolver debía estar debidamente actualizada como se indicó en la resolución de mérito. En ese tenor, si tenemos que al monto de $20,421.88 (veinte mil cuatrocientos veintiuno con ochenta y ocho centavos moneda nacional), se le resta las comisiones bancarias de $3.00 (tres pesos moneda nacional) y $11.60 (once pesos con sesenta centavos moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $20,407.28 (veinte mil cuatrocientos siete pesos con veintiocho centavos moneda nacional), numerario éste que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete y en el mes de abril del año en curso, se efectuó la devolución mediante transferencia SPEI a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable pretende devolver el pago reclamado en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil diecisiete a abril del año en que se actúa. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo del presente año entre el índice para el mes de noviembre de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue 132.436; y para el mes de noviembre del dos mil diecisiete 130.044. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0183. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $20,780.73 (veinte mil setecientos ochenta pesos con setenta y tres centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $373.53 (trescientos setenta y tres pesos con cincuenta y tres centavos moneda nacional). En ese sentido, se advierte que el pago realizado a la parte quejosa, se encuentra incompleto toda vez que la responsable adeuda al promovente del amparo $740.04 (setecientos cuarenta y dos pesos con cuatro centavos). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la referida autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, se le hace del conocimiento al citado Tribunal, que en el supuesto de que la sentencia de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE. Así, lo acordó y firma la Licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el Secretario Roberto Alvarado Hernández, que autoriza y da fe. RAH/oac* LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA PARTE FINAL DEL PROVEÍDO EMITIDO EL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 27/2018. CONSTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en representación de la autoridad señalada como responsable y anexo que acompaña, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en proveído de veintitrés de marzo del año en curso; informa que fue presentado el escrito proporcionando los datos requeridos al quejoso José López Gutiérrez, a efecto de hacer efectiva la devolución de la cantidad que fue objeto en la sentencia de amparo, para su trámite en la Dirección General de Tesorería tal y como lo acredita con el anexo de cuenta que acompaña. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el oficio de cuenta junto con su anexo y téngase por hechas las manifestaciones que refiere la autoridad oficiante en vías de cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Con independencia de lo anterior, en acatamiento a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe las actuaciones posteriores realizadas a fin de cumplimentar el fallo protector y en su caso, remita las constancias respectivas; es decir, acredite que cumplió con la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.
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