José Luis Alfredo González Lozano
Expediente 698/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 698/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Luis Alfredo González Lozano
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diez de diciembre de dos mil veinte, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Recepción y registro Vista la demanda de amparo signada por xxxxxxxxx, en contra de actos del jue Quinto Civil de Partido con sede en Celaya, Guanajuato, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 107 y 133 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 698/2020-V. Desechamiento de la demanda De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito operador jurídico tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgado se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Luego, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado en el presente asunto, lo hace consistir el agraviado en lo siguiente: "Señalo como acto reclamado de la autoridad responsable ejecutora la resolución judicial en la que se ordene o se pretenda ejecutar la cancelación de la donación de bienes que fueran de mi propiedad en favor de mi hija PAOLA ROCÍO GONZÁLEZ BORREGO o actos de molestia en mi PROPIEDAD QUE DE ACUERDO A MI VOLUNTAD EXPRESA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA DONACIÓN DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE DE Jesús Gómez de la Cortina número 211 de la Colonia Nuevo Celaya de la ciudad de Celaya, Gto. Al respecto, adelanto que al suscrito omitieron llamarme a juicio dentro del expediente C-361/2018 dentro del juzgado quinto civil de partido de la ciudad de Celaya, Gto (.)". En tanto que en el capítulo que intituló como antecedentes, relativo a los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados, señala: "(.) Cabe manifestar, sin recordar el día o fecha exacta, que en este mes de noviembre del presente año, recibí una llamada telefónica, la cual me dijeron era de una notaría sin recordar el nombre o número de la misma, y a donde me citan para realizar la cancelación de la donación que otorgué a favor de PAOLA ROCÍO GONZÁLEZ BORREGO, a lo que respondí que yo no había hecho o solicitado trámite o cita alguna para cancelación o trámite similar respecto de y me indican que ya estaba cancelada que lo habían indicado por medio de una sentencia que le llevaron a la notaría del Exp. C-361/2018 radicada en el Juzgado Quinto Civil de Partido Judicial de esta Ciudad de Celaya, Gto; por lo que me dedique a la tarea de realizar la búsqueda del mencionado juicio en las listas de acuerdos de cada juzgado; que es donde se publica la síntesis de los acuerdos de cada juicio radicado y tratando de encontrar en alguno de ellos, la ejecutante mención de dicha sentencia. Y que posteriormente le pregunté a mi hija Paola sobre dicha sentencia, y es cuando me doy cuenta de la sentencia (.)". Ahora bien, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y de la tesis número P./J. 16/2018 (10a.), que ante esta propia potestad federal, en data siete de octubre de dos mil veinte, se radicó el diverso juicio de amparo número 506/2020-I, promovido por el mismo agraviado José Luis Alfredo González Lozano, en el que señaló como actos reclamados, lo siguiente: "III ACTO RECLAMADO: Como ejecutora: Señalo como acto reclamado de la autoridad responsable ejecutora la resolución judicial en la que se ordene o se pretenda ejecutar la cancelación de la donación de bienes que fueran de mi propiedad en favor de mi hija PAOLA ROCÍO GONZÁLEZ BORREGO o actos de molestia en mi PROPIEDAD QUE DE ACUERDO A MI VOLUNTAD EXPRESA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA DONACIÓN DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE Jesús Gómez de la Cortina número 211 de la Colonia Nuevo Celaya de la ciudad de Celaya, Gto. Al respecto, adelanto que al suscrito omitieron llamarme a juicio dentro del expediente C-361/2018 dentro del juzgado quinto civil de partido de la ciudad de Celaya, Gto (.)". Mientras que en el apartado relativo a los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, expuso lo siguiente: "Cabe manifestar, sin recordar la fecha exacta en este mes de septiembre del presente año, recibí una llamada de una notaría sin recordar el nombre donde me citan para realizar una cancelación de la donación que otorgué a PAOLA ROCÍO GONZÁLEZ BORREGO, por lo que le contesté que yo no había hecho ninguna cancelación y me indican que ya estaba cancelada que lo habían indicado por medio de una sentencia que le llevaron a la notaría del exp. c-361/2018 del juzgado quinto civil. Por lo que busque en la parte la lista donde se publica la síntesis del acuerdo el Juzgado Quinto Civil de Partido de la ciudad de Celaya, Gto. la ejecutante mención dicha sentencia. Y que posteriormente le pregunté a mi hija Paola sobre dicha sentencia y es cuando me doy cuenta de la sentencia (.)". Lo que precede hace patente que el agraviado tuvo conocimiento de los actos que ahora combate, por lo menos desde el cinco de octubre del año actual, cuando presentó ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad la demanda que generó el diverso juicio constitucional 506/2020-I. Es así porque en ambos juicios -506/2020-I y en el que ahora se actúa-, la parte agraviada reclama en esencia, los mismos actos, los cuales derivan del expediente judicial C-361/2018 del Juzgado Quinto Civil de Partido en esta ciudad. En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el ocho de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada a este Juzgado Federal el nueve siguiente, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, así como en la papeleta de turno correspondiente, es inconcuso que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la promoción del presente juicio de amparo se hizo fuera del término de quince días siguientes al en que el agraviado tuvo conocimiento de los actos reclamados, razón por la cual se estima que tal promoción es extemporánea; por ende, tácitamente consentidos los actos cuestionados. Es así porque el plazo para la presentación del juicio de amparo empezó a correr a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, debiendo contarse los quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del cinco de octubre de dos mil veinte, en que presentó el diverso juicio de amparo 506/2020-I, para concluir el veintisiete de octubre pasado, excluyendo los días diez, once, doce, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mes y año en cita, por resultar inhábiles -sábados y domingos, en tanto que el doce de octubre resultó feriado-. De ahí que, si la demanda de cuenta fue presentada de forma extemporánea, por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla dicho numeral, entonces es manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 232213, séptima época, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, volumen 193-198, primera parte, página 71, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.), publicada en febrero de dos mil dieciocho en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez -de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley- requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 17, del referido ordenamiento legal, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio y autorizados Toda vez que el promovente señaló los estrados de este juzgado para recibir notificaciones, es decir, no precisa domicilio para tal efecto, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley Reglamentaria y 306 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Ahora, como el quejoso no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que menciona en su demanda de amparo tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el artículo 12 de la ley de la materia (número de cédula profesional y el diverso registro en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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