José López Ruiz

Expediente 559/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
559/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • José López Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó y se negó la protección constitucional a ****, no fue recurrida en el plazo legal que establece el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo-puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio por una parte y por la otra se negó la protección federal y no se tramitó incidente de suspensión; debiendo conservarse la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente acuerdo que ordena el archivo del asunto como concluido. Toda vez que el presente juicio se encuentra concluido, remítase el juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base de Cortázar, la copia certificada del DVD; que adjuntó con su informe justificado, por resultar innecesario su retención, así como las constancias que constituyen dos tomos de pruebas. Solicitándose el acuse recibo. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  2. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 559/2020-II; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte fojas 2 a 44, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado el veintidós de octubre siguiente, ****, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Salvatierra, Guanajuato, que hizo consistir en: IV.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad responsable, reclamo: Resolución de fecha: 30 de septiembre de 2020, dictada dentro del cuadernillo **** en donde el juez de control de la tercera región en el estado, con sede en la ciudad de Salvatierra Guanajuato y base en la ciudad de Cortázar, Guanajuato, resolvió lo siguiente: (hace transcripción). Agentes del Ministerio Público de Tramitación Común de la ciudad de Cortázar, Guanajuato 1 y 2, reclamo los actos tendientes a ejecutar dentro de la carpeta de investigación ****, con motivo de la resolución dictada por el juez de control, pues no se reclama por vicios propios". Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercero interesado a **** y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte fojas 55 a 59, esta potestad registró la demanda de amparo con el número 559/2020-II, y requirió al promovente para que aclarara los siguientes puntos: Precise si el acto reclamado únicamente es la resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, ya que en el capítulo correspondiente al acto reclamado señaló: Resolución de fecha: 30 de septiembre de 2020, dictada dentro del cuadernillo ****, en donde el juez de control de la tercera región en el estado, con sede en la ciudad de", impresión que obra en la parte final de la primera foja del escrito de demanda, y en el folio subsecuente (2), no hay continuidad, ya que comienza con: "siguiente:" y una transcripción; por lo que existe incertidumbre al respecto. Indique en forma clara y exacta qué acto en concreto le reclama a las autoridades que señaló como agente del Ministerio Público de Tramitación Común en Cortazar, Guanajuato número 1 y 2, ello toda vez que refiere que les reclama: los actos tendientes a ejecutar dentro de la carpeta de investigación ****, con motivo de la resolución dictada por el juez de control, pues no se reclama por vicios propios. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte, registrado con número 6642, el aquí quejoso dio cumplimiento a las prevenciones formuladas, transcribiendo en forma completa el acto reclamado precisado en el primer punto y en cuanto al segundo, insistió en señalar como autoridades responsables a los agentes del Ministerio Público de Tramitación Común de la ciudad de Cortázar, Guanajuato 1 y 2; ello bajo el argumento de que al resolver el juez de control que confirmaba la decisión del propio Agente del Ministerio Público que emitió en su resolución de veinticinco de marzo de dos mil veinte, donde decretó un acuerdo del no ejercicio de la acción penal (archivo definitivo), fundamentado en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les correspondía su ejecución. Por auto de tres de noviembre de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó el informe justificado a las responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno (foja 184), se reanudó el procedimiento del expediente en que se actúa, el cual se había suspendido en respuesta al brote del virus COVID-19 el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, vigente en esa data de conformidad con las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021 signadas respectivamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal y Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ello, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, la propagación del virus, suspendiendo las labores presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno y del doce al dieciocho del citado mes y año; y se señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional dio inicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues la resolución reclamada carece de ejecución material; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: 1. La resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada en la audiencia del cuaderno de impugnación ****, por la que se confirmó la resolución de abstención de investigar dictada por el agente del Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación 1****. 2. La ejecución de la anterior determinación. Actos reclamados a las autoridades señaladas como responsable: I. Juez de Control de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, base Cortázar. 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. II. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Común 1, de Cortázar, Guanajuato. III. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Común 2, de Cortázar, Guanajuato. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Común 1 y 2, de Cortázar, Guanajuato (fojas 68 y 193), negaron los actos que se les atribuye, consistentes en la ejecución de la resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada en la audiencia del cuaderno de impugnación ****, por la que se confirmó la diversa de abstención de investigar dictada por el agente del Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación ****; sin que el quejoso desvirtuara tales negativas. Por tanto, si la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario. No es óbice a la anterior, que el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Común 1 de Cortázar, Guanajuato, haya emitido la determinación de abstención de investigar dentro de la carpeta de investigación ****, la cual se confirmó en la resolución reclamada en esta vía constitucional, pues aun cuando a la citada autoridad pudiera atribuírsele alguna intervención en la resolución reclamada, lo cierto que la misma no tiene ejecución, de ahí que se reitere, la negativa del acto que se le reclama. Luego, ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que ellas concierne. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2843, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El juez de control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con base en Cortázar, Guanajuato (fojas 71 y 72), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues las manifestaciones de la autoridad responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 3 Sexta Época del Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, página 305. Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que adjuntó a su informe de ley, consistentes en el disco versátil digital que contiene diversas constancias y video de la audiencia celebrada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, dentro del cuaderno de impugnación ****, de cuyas actuaciones se advierte la existencia de la determinación reclamada; medio óptico al que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de un disco óptico en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública, lato sensu. Lo anterior se sustenta en la tesis 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, cuyo rubro y texto son los siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como 4 Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. En veinticinco de marzo de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Común de Cortázar, Guanajuato, determinó dentro de la carpeta de investigación 122762/2019 la abstención de investigar, por considerar que el hecho que se considera como delito de fraude se encontraba prescrito. 2. Inconforme con la anterior determinación el ofendido ****, la impugnó a través del recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (disco versátil digital). 3. De tal recurso de reclamación tocó conocer al Juzgado de Control de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con base en Cortázar, quien lo registró con el número **** y el treinta de septiembre de dos mil veintiuno en audiencia pública emitió la resolución correspondiente, por la que confirmó la determinación de abstención de investigar disco versátil digital. La determinación anterior constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto opera la suplencia de la queja a favor del quejoso, con base en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del ofendido; sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos de este, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación emitida por el juez responsable se encuentra ajustada a Derecho, como más adelante se expondrá. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)5, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA 5 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703. CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así como la tesis 8o.1P(10a.)6, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. ATENTO AL ARTÍCULO 79, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2016, ES INNECESARIO EXPRESAR EN LA SENTENCIA EL ESTUDIO OFICIOSO DE LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO, LA RESPONSABILIDAD PENAL, LA NO EXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD O LA GRADUACIÓN DE LA PENA, SI ELLO NO REPORTA NINGÚN BENEFICIO AL QUEJOSO. El precepto mencionado establece que la suplencia de la queja deficiente se expresará en las sentencias cuando el estudio oficioso respectivo derive de un beneficio. Ahora bien, la interpretación de la porción normativa en cuestión denota la intención del legislador de detener la añeja práctica que realizaban los tribunales de amparo, los cuales se sustituían a las facultades de las autoridades judiciales ordinarias, analizando directamente cuestiones relativas a la acreditación de los elementos del cuerpo del delito, la responsabilidad penal, la no existencia de excluyentes de responsabilidad o la graduación de las penas, aun cuando ello no implicara algún beneficio para el quejoso. Entonces, si a pesar del estudio oficioso que 6 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014738. involucra la suplencia de la queja, éste no se traducirá en ningún beneficio a favor del quejoso, no existe obligación del tribunal de amparo de expresar textualmente ese análisis en la sentencia respectiva. En ese tenor, en el presente caso se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por el quejoso, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario de amparo. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 Constitucional, exige que la autoridad que conozca de un asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, a fin de que se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, toda vez que no se advierte violación a derechos humanos del quejoso en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí se exponen, la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla - de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes." Establecido lo anterior, tenemos que en el escrito inicial de demanda no existe capítulo de conceptos de violación, sin embargo, se extraen de los hechos que narra. Así, se tiene que la parte solicitante del amparo, sustancialmente, plantea a manera de conceptos de violación, lo siguiente: 1. Que el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, presentó querella por el delito de daños o el que resultara ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Común 1 y 2, de Cortázar, Guanajuato, donde señala que transcribe el escrito correspondiente (fojas 4 a 22 de autos); que para tal efecto contrató a los abogados que indica, personas que solo realizaron dicho acto; es decir, solo le cobraron para presentar dicha denuncia, pero dejaron en abandono su asunto, apartándose de los derechos que tiene todo asesor victimal particular. Que el nueve de diciembre de dos mil diecinueve le fue notificado un acuerdo de abstención, bajo el fundamento del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que contrató diversos abogados, quienes solo le cobraron por formular agravios en contra de esa determinación, quienes también lo dejaron a la deriva. Que por ese motivo al verse sin ninguna posibilidad de defender su postura para que el Ministerio Público continuara investigando sobre la denuncia; el veintitrés de enero de dos mil veinte, solicitó a la autoridad ministerial un defensor público, y al efecto le desinaron a una asesora victimal, lo que se traduce en que hasta ese momento no había sido asesorado cabalmente. Que el cinco de febrero de dos mil veinte, acudió con dos abogadas especialistas quienes la asistieron en la audiencia de catorce de febrero de dos mil veinte, donde el juez de control resolvió que el Ministerio Público debía recabar más datos de prueba, ya que existía información novedosa; puesto que el ofendido se dio cuenta que en noviembre de dos mil diecinueve, se había defraudado al ofendido aquí quejoso, al haberse resuelto por los tribunales civiles que **** tercero interesado, se había ostentado como representante de la persona moral que adquirió el maíz, sin tener ese título, obteniendo así, un lucro a través del engaño, por lo que conminó a la autoridad ministerial a que recabara diligencias atinentes a esclarecer esos hechos. Que fue así que el Ministerio Público de tramitación común reabrió la investigación; pero que el veinticinco de marzo de dos mil veinte, decretó un Acuerdo del no ejercicio de la acción penal archivo definitivo, como así le fue notificado, y así está titulado, aunque en el cuerpo del acuerdo establece una abstención para no investigar, fundamentándolo en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a todas luces es idéntico al anterior acuerdo de no ejercicio de la acción penal, solo que ahora se trata de una abstención de investigar, ya que solo les cambió el título, con flagrante violación a sus derechos fundamentales al debido proceso ya que no cumple con las formalidades que exige el artículo 1 constitucional y el numeral 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que por tal motivo, el siete de agosto de dos mil veinte, presentó escrito de agravios en contra de tal determinación, los cuales aduce transcribir (fojas 24 a 30); detonándose la audiencia dentro del cuadernillo Z1020-4, de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, donde una vez que su asesora victimal expuso los agravios, el juez resolvió en forma arbitraria y pareciera que no conocía el asunto, aun y cuando se le dijeron todos los antecedentes, para evidenciarlo, señala que realiza una transcripción fojas 31 a 41. 2. Que le causa agravio que el Ministerio Público llevó a cabo una investigación, donde realizó un acuerdo de abstención para no investigar, mismo que fue impugnado, resolviendo el juez de control en audiencia de catorce de febrero de dos mil veinte, que el ministerio público debía recabar datos de prueba, en virtud de que se desprendía el delito de fraude, no de daños, y que de este delito de fraude, el ofendido se había dado cuenta en el año dos mil dieciocho; sin que acatara dicha orden. Que el Ministerio Público se concretó a reabrir la carpeta de investigación y recabar una ampliación de entrevista en donde nombró a dos asesoras jurídicas e inmediatamente emite un "acuerdo del no ejercicio de la acción penal archivo definitivo, como así le fue notificado, y así está titulado, aunque en el cuerpo del acuerdo establece una abstención para no investigar, fundamentándolo en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de fecha veinticinco de marzo de dos mil veinte, sin atender a las indicaciones que se le ordenó en la audiencia de catorce de febrero de igual año, por el juez de control. Que lo más relevante a destacar, es que el Ministerio Público recibió datos de prueba a través de la promoción firmada por la asesora victimal ****, relativa a la ampliación de declaración del ofendido, aquí quejoso, y entrevista de ****, donde se refiere que el quejoso se dio cuenta del fraude del que fue objeto, por parte de Humberto Garza González en el mes de noviembre de dos mil diecinueve, ya que **** fue quien esa fecha le informó que el inculpado no es el dueño de la empresa que lo defraudó con todo el maíz, y que en otros juicios ya se había demandado al aludido **** la nulidad de las asambleas; que dicha promoción fue recibida por el agente del Ministerio Público investigador 1, de Cortázar, Guanajuato, el nueve de julio de dos mil veinte, a las once horas con cincuenta y dos minutos. Lo que dice acreditar con la promoción de referencia, que exhibe en copia simple con el escrito inicial de demanda fojas 47 a 54. Que el juez de control al avalar la decisión de la representación social, se aparta de su obligación de haberle llamado la atención de por qué no recabó los datos de prueba que le había ordenado su homólogo y haber emitido el acuerdo impugnado esta vía, el cual le fue notificado mucho tiempo después y haber incluso recibido datos de prueba que no tomó en cuenta y seguir conociendo del asunto que nos ocupa, y que derivado del acuerdo impugnado en el recurso de donde emana el acto reclamado, fue el mismo que realizó en la primera ocasión, siendo que es obligación del juez responsable apegarse a lo preceptuado por el artículo 1º constitucional lo transcribe; porque existen violaciones directas a los derechos humanos del aquí quejoso Que además como lo dispone el artículo 17 del mismo ordenamiento legal (los transcribe), segundo párrafo, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, además de que su servicio será gratuito, y las costas judiciales prohibidas. Que por su parte el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Así, aunque la expresión "acceso a la justicia" no se advierte en la redacción de esa norma, se concluye que es el modo simple para identificar el método o medio adecuado para materializar el contenido de estas en favor de los gobernados. Cita como apoyo la ejecutoria de la queja **** del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Conceptos de violación que son infundados. Con el objeto de evidenciar lo infundado que resultan los conceptos de violación, es necesario establecer la mecánica bajo la cual se desarrolló la audiencia de impugnación, en la que se contiene el acto reclamado. Así, se tiene que la referida audiencia se desahogó el día treinta de septiembre de dos mil veinte, ante la presencia del juez Control de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con base en Cortázar, quien previo a dar inicio, procedió a verificar que se surtieran las condiciones para ello, para lo cual procedió a la identificación de las partes, entre las que se encontraba la fiscal investigadora, el probable indiciado **** y su defensor, así como asesora del aquí quejoso, quien destacó que no se encontraba presente la víctima, pero que ello no era impedimento para el desarrollo de la audiencia, además de que con antelación le confirió tal representación; el juez después de preguntar a la fiscal sobre tal cuestión, y constatar el dicho la asesora, le concede el uso de la voz. Así, la asesora victimal expuso: Con fundamento en lo establecido por al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos, se presentó el presente recurso innominado en contra del no ejercicio de la acción penal emitido por la agente del ministerio público investigador número 1 de la ciudad da Cortázar, Guanajuato, por el delito de daños recaído dentro da la carpeta da investigación ****, lo anterior debido a que el ministerio público encargado de llevar a cabo la indagatoria que nos ocupa dentro de la carpeta da investigación ha considerado dentro de su resolución, el no ejercer acción penal y abstenerse de investigar, manifestando que los hechos que se investigan no son constitutivos del delito. Cabe hacer mención su señoría que dentro da la carpeta da investigación que nos ocupa ya existió previamente un acuerdo emitido por el ministerio público, ya que en fecha 25 de noviembre del año 2019 se pronunció al respecto, precisando los mismos argumentos que en este acuerdo, es decir, se abstuvo da investigar toda vez que consideraba que los hechos materia de la carpeta de investigación que nos ocupa no eran constitutivos del delito de daños; sin embargo en su acuerdo, mismo que ya fue recurrido previamente por mi colitigante asesora jurídica Lucrecia Hernández Chavero no se pronuncia más que de un solo delito que es el delito de daños, dejando de lado cualquier otro delito que resulte derivado de la narración de hechos que fueron planteados en el escrito inicial de querella presentado el día 21 de noviembre del año 2019. Como ya lo referí su señoría, mi representado presentó un recurso de inconformidad derivado de la resolución del día 25 de noviembre del año 2019, mismo que fue llevado ante el juez de control el día 14 de febrero del año 2020, en el cual la juez de control encargada de la audiencia, ordenó a la agente del ministerio público **** agotar todos los recursos que tuviera a su alcance y se le exhorto para llevar a cabo una investigación exhaustiva y recabara mayores datos de prueba para investigar los delitos, mismos que se pusieron de su conocimiento en el escrito inicial de denuncia; así como los que pudieran resultar derivado de los argumentos que mi representado esgrimió en la celebración de dicha audiencia, toda vez, que como ya se manifestó en la citada audiencia así como en el cuerpo de la querella que ahora nos ocupa, mismos, de los datos de prueba aportados en la carpeta existe otro delito inmerso dentro de los hechos que se pusieron en conocimiento del ministerio público y este es el delito de fraude sustentándolo con documentación que ya fue agregada a la carpeta de investigación y en dicha audiencia se concedió a favor de mi representado, la reapertura de la carpeta antes citada ordenándole a la agente del ministerio público que conforme a lo establecido por el artículo 21 constitucional, 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 131 de esa misma ley, ejerciera sus facultades de investigación y persecución de los delitos, esto de manera inmediata e imparcial. Situación que no aconteció, ya que sin diligenciar ni recabar dato de prueba alguno, la agente del ministerio público aquí citada decidió emitir de nueva cuenta un acuerdo en el mismo sentido, que el antes recurrido absteniéndose de su deber de investigar; acuerdo que ahora se recurre y que fue emitido el día 25 de marzo del año 2020 pero que me fuera notificado hasta el día 30 de agosto del año 2019, del año 2020 corrijo, y dicho sea de paso, sin la firma de la jefa de Unidad de la Agencia del Ministerio Público Número 1 de la ciudad de Cortázar, Guanajuato, tal y como lo exige el artículo 255 primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales; es el caso que tanto mi representado en representación de la empresa Organización **** y la de la voz recabamos diversos datos de prueba como lo fueron entrevistas a testigos y documentales que acreditan que ****, mi representado en representación de organización **** fue víctima del delito de fraude por parte del señor ****, tal y como se ha hecho referencia al cuerpo de la querella así como del recurso anterior y que ya quedó precisado por parte del asesor victimal en la audiencia del día 14 de febrero del año 2020; datos de prueba que nos sic fueron recabados ante el ministerio público, pese a que ya existía un acuerdo de abstención de investigar que no nos había sido notificado de ejercer la facultad de investigar, en ese momento interrumpe el Juez y manifiesta: me repite lo último Asesora victimal: perdón su señoría, tal y como se ha hecho referencia a que al cuerpo de la querella así como del recurso anterior que ya quedó precisado por parte del asesor victimal en la audiencia de fecha 14 de febrero 2020, datos de prueba que nos sic fueron recibidos ante la agente del ministerio público, pese a que ya existía un acuerdo de abstención de investigar el cual no nos había sido notificado, acuerdo que contiene los mismos argumentos por parte de la agente del ministerio público de su acuerdo de no ejercicio de día 29 de noviembre del año 2019 ya recurrido, argumentando de igual manera, que los hechos que se investigan, no son constitutivos del delito de daños y que los hechos que se pusieron en conocimiento del ministerio público y que ya fueron vertidos y reproducidos en la audiencia del día 14 de febrero del año 2020 no son constitutivo del delito de daños, es decir la agente del ministerio público sigue sin investigar aun y cuando se le pidió, se le advirtió por parte de la juez la presencia de un delito distinto y que incluso al momento que se presenta la denuncia por parte de mi representado, la denuncia se hace por el delito, por el hecho que pueda constituir un delito en agravio de la empresa que representa mi representado y sobre todo se habla de un delito patrimonial. Ahora bien es menester para la de la voz entrar al presente análisis, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la investigación de los delitos corresponde al agente del ministerio público y a las policías, los cuales actúan bajo el mando y conducción del agente del ministerio público, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales le corresponde al agente del ministerio público, el artículo 49 establece que el ministerio público es la institución que tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos y le corresponde el ejercicio de la acción penal ante los tribunales sin el perjuicio de aquellos casos en los que lo puedan hacen los particulares, en términos de lo previsto por la Constitución General, Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, la Constitución local, la presente ley, disposiciones aplicables y los protocolos de actuación que se señalen al respecto, la investigación se efectuara de manera inmediata eficiente y exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación y el artículo 127 establece del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le compete al agente del ministerio público conducir la investigación, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia de un delito y que según el artículo 129 de la misma ley, tiene que hacerlo con objetividad y el artículo 131 pues habla de cuáles son las obligaciones que tiene el agente del ministerio público; su señoría tal y como le he hecho mención, el agente del ministerio público, se abstuvo de investigar, por lo que se presentó un recurso en fecha 14 de febrero del año 2020, la juez de control le solicitó al agente del ministerio público que siguiera investigando que se recabaron datos de prueba para que de esa forma se pudiera llegar a acreditar, si estábamos ante la presencia de un delito, cosa que no ocurrió, el agente del ministerio público recabó solamente la ampliación de entrevista de mi representado, donde nombra a la asesoras jurídicas, recibió datos de prueba consistentes en entrevista, los cuales ya había archivado ella la carpeta de investigación, no se nos había notificado, sin embargo, evidentemente no cumplió lo que se le había solicitado por parte de la juez y nuevamente volvió a archivar la carpeta de investigación por el delito de daños, cuando he hecho mención que en el escrito inicial de denuncia se presentó la querella por el delito de daños y el delito que resulte de lo patrimonial, esa es la queja, o ese es el reclamo por parte del asesor jurídico. Enseguida el juez otorga el uso de la voz a la agente del Ministerio Público, quien señala: Al principio de buena fe, en relación a lo que está estableciendo la licenciada, cabe mencionar que por parte del Ministerio Público, siempre ha atendido a llevar esta investigación de manera objetiva, y en ningún momento no se ha cumplido lo que estableció la juez de control, ya que ella misma establece que yo como ministerio público tengo la facultad de abstenerme a investigar o no de acuerdo a lo que establece el 258 y en dado caso yo lo consideraba que no existía, en este caso que pudiese existir una extinción de la acción penal, ya que en el presente así lo es su señoría ya que nos encontramos dentro de esta hipótesis, no que no nada más no existe el delito, sino que en este caso exige lo que establece el artículo 125 del Código Penal del Estado de Guanajuato, de los delitos de querella prescriben a los dos años, en relación a lo que establece mi colitigante y qué hace referencia, que nada más me avoque a la parte de que no existe delito, esto no es así su señoría, también se analizó la prescripción y en este caso, si dentro del análisis del archivo, se contempló los dos delitos, tanto el de fraude como el de daños y atendiendo a lo que establece cada uno de ellos dentro de sus apartados correspondientes, estos delitos se perseguirán por querella de parte y aquí atendiendo a esto, nos remitimos a lo que establece el artículo 125 del Código Nacional, por lo tanto dentro de sus facultades del Ministerio Público está la de no investigar y en relación a lo que establece, que hace referencia que en su momento no se le puso de su conocimiento, su señoría en ese caso yo estaba en el periodo vacacional y esto cuento con lo establecido con mis días que fueron inhábiles, desconozco el motivo por el cual, pero ya posteriormente en mi presencia se le fue notificado y en relación a lo que establece que no cuenta con la firma de la jefa de unidad o el procurador, pero es muy claro lo que establece el artículo 251 dónde hace referencia que debería ser delegado, que debería de ser notificado el no ejercicio o por parte del procurador o delegado a alguna de las personas, y en este caso su señoría, pues es claro establecer que dentro de la ley orgánica de la fiscalía, se establece que esto se nos delega a nosotros como ministerios públicos, es la facultad de no ejercer, porque sería imposible o humanamente imposible que el procurador estuviera determinando, en este caso, de acuerdo a la ley orgánica nosotros somos las personas que tenemos esta facultad. En ese momento Interrumpe el Juez y le pregunta a la agente del ministerio público ¿el artículo? y ella contesta, el artículo 255 dice que deberá previa autorización del procurador o del servidor público a quién se le delegué está facultad y en este caso, pues nosotros de acuerdo a la ley orgánica, estamos facultados para determinar el no ejercicio o abstenernos a investigar en este caso lo fue así su señoría, motivo por el cual. Interrumpe el juez y pregunta ¿fue abstención de Investigar o no ejercicio de la acción penal? Contesta el ministerio público: fue no ejercicio su señoría, fue abstenerse de investigar, toda vez que se le recaba nada más la entrevista ya que la juez de control anteriormente, como me encomienda que se le nombre un asesor jurídico al ofendido para que se encuentre debidamente asistido y de sus derechos posteriormente a esa ampliación se determina la facultad de abstenerse de investigar, toda vez de que los hechos cuando se dio cuenta cuando sucedieron el día, a finales de octubre y la presente carpeta, del 2016 y la presente carpeta de investigación se dio inicio hasta finales del 2018 y en la misma, perdón, al 21 de noviembre del 2019. En este momento interrumpe el juez y pregunta: ¿de octubre del 2016 fueron los hechos? Fiscal: Se dio cuenta de todo, del supuesto delito de que no le quería pagar y que lo traía en engaños, hubo asa afectación de los daños a propiedad ajena y hasta el dos mil , y eso fue a finales de octubre del 2016, ya que se encuentra así dentro de la narrativa que hace el ofendido y la presente carpeta de investigación se da inicio, perdón se hace del conocimiento ante el Ministerio Púbico el día 21 de octubre del 2019. Pregunta el Juez ¿es todo? Continua la ministerio público sí y a lo que hace que en cuestión de lo que establece que no se abordó lo que se habla del delito de fraude, sí se abordó su señoría toda vez que dentro de la carpeta de investigación, obran las argumentaciones y se habla y se desglosa tanto el delito de daños como el delito del articulo 201 así como también el articulo 204 donde establece que será por querella de parte entonces sí se abordó su señoría, solamente que por error nada más bueno fue un error de dedo pero sí se puso dentro de la argumentación se estableció cada uno de los artículos y se hace ese razonamiento jurídico donde se establece que ya había prescrito dichos delitos ya existe la prescripción su señoría, sería todo. En este momento, el juez otorga el uso de la voz a la defensa del probable imputado 00:45:18 minutos del audio y video), quien manifestó: En la audiencia que la asesora jurídica señala del día 14 febrero del año en curso, su señoría, la juez ****, única y exclusivamente, reanudó la carpeta de investigación, para el efecto de que al ofendido se le designará un asesor jurídico, toda vez que en la querella que presentó si bien es cierto la presentó por escrito patrocinada por dos abogados, uno de ellos de nombre Moisés Sarmiento, no se designaron como asesores jurídicos, únicamente le elaboraron la querella, y en esa misma denuncia, querella perdón, también ofrecen datos de prueba, sin embargo la única causa por la que se reanudó fue para que se le respetara el derecho a tener un asesor jurídico, nunca se le ordenó al ministerio publico investigar, se le dejó la libertad plena de realizar las investigaciones y si de la narrativa de los hechos resultaba algún delito, ella podía determinar conforme a las facultades de ley; sin embargo, la asesora jurídica pretende sorprender a este tribunal, porque ella analiza el estudio de la determinación de archivo claramente como bien lo dice la fiscalía se hace referencia en y se argumenta en cuanto a los dos delitos y de lo que pudiera resultar de la narrativa de hechos y se le específica, que precisamente como los hechos, la última conducta sucedió en octubre de 2016 y denuncia hasta octubre finales de octubre 2019, se le dicen que han transcurrido un promedio de 3 años y que por ese motivo está prescrito, por lo cual se le dice también que es inoficioso seguir investigando porque. Interrumpe el juez: ¿perdón licenciado me escucha? me dice que en octubre del año 2016 ¿fueron los hechos? Defensa: Si, la última conducta que dice el querellante sí. Juez: a finales de octubre de que año? Defensa: de 2019 es cuando presentan la querella. Juez: Luego entonces? Defensa: Esa es la base de la determinación del ministerio público, más nunca que haya dejado de investigar como lo pretende hacer ver la asesora jurídica, sino que se le dice que esa conducta que bien pudo haber sido constitutiva de delitos se encuentra prescrita conforme al artículo 125 de la Ley Penal del Estado sin embargo, como se le respetó el derecho al ofendido del asesor jurídico, se reanudó la carpeta para ese único efecto, por eso comparece el día veinte de febrero del presente año a designar asesores jurídicos que es cuando la designan a ella, era para ese único efecto, porque nunca desahogaron los datos de prueba que ofrecieron los asesores jurídicos y de manera ventajosa lo debe de saber el tribunal, porque se nos hace importante, una vez que se enteró de esta determinación de archivo o de abstención de investigación, presenta un escrito donde pretende aportar datos de prueba aun sabiendo que ya estaba la determinación, y cabe mencionar que esa promoción, no señala ni la idoneidad ni la utilidad de las probanzas que pretende ofrecer, toda vez que así lo exige la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 357 entonces lo que la asesora jurídica pretende en tener vivo la carpeta, pero realmente como le dijimos su señoría computarizando los plazos que señala la ley para la prescripción, han transcurrido más de 2 años que es lo que exige para los delitos de querella para que puedan prescribir es cuanto señoría, porque en el particular son tres." Enseguida, el juez le pregunta a Humberto Garza González, tiene algo que decir, quien manifiesta que está de acuerdo con lo que manifestó su defensa. De igual forma, pregunta a la asesora jurídica de la víctima si tiene algo que decir 00:39:29 minutos del audio y video, quien manifiesta: "Sí su señoría, gracias. Primeramente he de señalar, que la de la voz no tiene la intención de sorprender a nadie, primero que nada me ocuparé de las manifestaciones de licenciada Valeria, el 25 de marzo del año 2020 emite ese auto de no ejercicio de la acción penal, del cual me estoy doliendo o del cual se duele mi representado. Interrumpe el juez: permítame, quiero señalar, que se me aclare si es la emisión de un auto de no ejercicio de la acción penal, o de abstención de investigar. Asesora: No su señoría, es de no ejercicio de acción penal, este auto ella lo emite el día 25 de marzo del año 2020, sigo señalando a usted, sin cumplirse los requerimientos que manejan artículo 251 es evidentemente que el fiscal no va a firmar el acuerdo, sin embargo su jefe puede hacerlo, sin embargo ella dice que me notifican hasta el día 31 de agosto del año 2020, porque estaba gozando de su periodo vacacional, ¿cinco meses de periodo vacacional? me suena un tanto ilógico pero bueno, el primer archivo qué se hace por parte del agente del ministerio público, donde establece facultad de abstención de investigación del día 25 de diciembre del año 2019, la agente se refiere al delito de daños, cuando se va a audiencia ante el juez de control el día 14 de febrero del año 2020 si se establece por parte de la juez evidentemente que se permita al señor José López tener un asesor jurídico y como lo dice el propio abogado del señor ****, se ordenó, como él lo dice, investigar conforme a las atribuciones de la agente del ministerio público, por lo tanto coincidimos en que sí se le dio la instrucción al agente del ministerio público de que siguiera investigando, cosa que no sucedió. Ahora bien, no se actúa quebrantando el principio de lealtad, pues como le comento el día 25 de marzo del 2020 la agente del ministerio público ya tenía un acuerdo de no ejercicio de la acción penal, el cual no me había sido notificado, posterior a ello se recabaron diversos datos de prueba que fueron recibidos por parte del agente del ministerio público y he de señalar que en este acuerdo de no ejercicio del ministerio público, la agente del ministerio público dentro de su punto primero habla al momento de hacer el estudio, habla del artículo 210, habla del artículo 201 y señala en sus puntos resolutivos que en este momento ejerce la facultad de abstención de investigar, cosa que también no me coincide o abstención o no ejercicio por lo que hace al delito de daños, por lo que me queda duda, ahora bien en lo que refiere el defensor que la de la voz actúo de mala fe, quiero entenderlo, creo primero que este no es el momento para hablar de la utilidad, la pertinencia de los datos de prueba, la de la voz presentó datos de prueba con los cuales la intención es acreditar el hecho que se le atribuye a su representado y será el agente del ministerio público el que realice un estudio de cada uno de los datos de prueba, para que valore si se da el delito o no, vuelvo a repetirlo, la denuncia se presentó por el delito de daños y el delito que resulte de lo patrimonial, he de señalar que todavía durante el año 2018 se tiene conocimiento por parte de mi representado como se le trato de hacer ver al agente del ministerio público que ya había archivado la carpeta de investigación que hasta ese momento mi cliente, mi representado, se entera a través de un acta constitutiva que Humberto Garza González no tenía la personalidad con la que se ostentó y engañó a mi cliente, por esa razón era importante para la asesor jurídico acreditar todos esos datos de prueba para que fueran valorados por parte del agente del ministerio público, cosa que no se realizó, reitero como lo dijo el defensor la juez ordenó investigar conforme a sus atribuciones, no solamente nombrar un asesor para que se diera el archivo da la presente carpeta de investigación, eso es todo su señoría". Enseguida el juez pregunta a la Ministerio Público si tiene algo que manifestar, quien refiere (00:34:16 minutos del audio y video): No su señoría en ningún momento de lo que establece, que dentro se desprende, que el último contacto que tuvo conocimiento ella y no fue tanto de lo del acta constitutiva, sino fue en relación a que ella, que ellos ya se habían enterada de esta situación de un supuesto fraude o de unos daños el último que fue al día dieciséis, perdón a finales de octubre del año 2016, estableciendo que ellos, posteriormente dice que no era representante o que había un acta constitutiva que no era al apoderado legal, pero en su caso, ya anteriormente de esto ya se había noticia de esta situación, tan as así que no se les había pagado nunca el, más bien nunca habían hecho el pago o la afectación que se les causó a su representado, por tal motivo se reitera y se sigue reiterando que el delito ya prescribió, tanto el delito de fraude tanto el delito de querella y sería todo su señoría. Enseguida el juez concede el uso de la voz a la defensa (00:40:36 minutos del audio y video), quien señala: "Le voy a dar contestación a la asesora jurídica a cada uno da los puntos qua refirió, son solo cuatro, comenzamos diciendo que la asesora jurídica pasa por alto que para nivel nacional y mundial existe una contingencia sanitaria, tan es así que el tribunal paró funciones a partir del día 21 de marzo del presente año y se reanudaron el tres de agosto de este mismo año, ello en relación a que dice que el archivo es de 25 de febrero, de 25 de marzo perdón y que la notifican hasta al 3 de agosto, precisamente se le notifica ese día, pero nunca señala ella que quiso sacar cita o le negaron el acceso cuando menos para revisar su carpeta de investigación, porque el M.P. no paró completamente, el M.P. estaba por cita o estaba por agenda entonces debemos entender esa cuestión humana como para saber que no fue por mala fe que la notificación si no por la contingencia sanitaria, recordemos que todos estábamos en casa 24 horas 7 días de la semana en esas fechas. En el segundo punto señoría, bien cierto que se le dejó la libertad de investigar y de determinar conforme a las funciones del M.P., pero si el M.P. de entrada determina, o analiza o detecta que los hechos denunciados o querellados están prescritos, inoficioso resulta entrar al estudio de lo demás toda vez que opera la prescripción y así se lo hacen saber a la asesora jurídica en el acuerdo de archivo conforme al artículo 125 de la ley penal y ella pretende qua se sigue investigando un hecho totalmente prescrito. En tercer punto señoría, nos dice que los datos de prueba que sí se desahogaron, pero que el ministerio público no investigó, el ministerio público si bien es cierto es un persecutor de delitos, sin embargo para eso estamos los asesores jurídicos para darle impulso y el ministerio público a pesar de ello realizó las diligencias pertinentes y determinó precisamente que el hecho estaba prescrito, entonces creo que aquí el detalle es que la asesora jurídica no quiere reconocer que en el presente asunto operó la prescripción por ministerio de ley toda vez que está interpuesta la querella tres años después cuando la ley señala claramente en los delitos de querella prescriben a los dos años es cuánto, señoría". Enseguida el juez pregunta a ****, quien manifiesta que está de acuerdo con lo declarado por el asesor jurídico 00:43:58 minutos del audio y video. En este momento, el juez refiere: "Voy a hacer una única pregunta a todos ¿es un no ejercicio de la acción penal o una abstención de investigar? Defensa: un no ejercicio de la acción penal señoría. Juez: ¿Es un no ejercicio de la acción penal? ¿ministerio público? Defensa: Ella es la que nos puede aclarar este punto. Juez: Ministerio Público. Ministerio público: si su señoría es un no ejercicio de la acción penal. Juez: es un no ejercicio de la acción penal. Ministerio Público: Sí. Juez: Asesora jurídica ¿es un no ejercicio de la acción penal? Asesora jurídica: Su señoría yo en el caso concreto, difiero de lo que señalan las partes. Juez: se terminó el debate, solo hice una pregunta ¿la resolución es un no ejercicio de la acción penal? Asesora jurídica: es un no ejercicio de la acción penal. Defensor: Así es su señoría, es un no ejercicio. Juez: Otra pregunta que les voy a hacer ¿es un no ejercicio de la acción penal en los términos del artículo 255 del código nacional de procedimientos penales? Agente del ministerio público: No su señoría está fundamentado en el 253. Juez: ¿En el 253? Ministerio Público: Si, que delega la facultad de abstener a investigar, solamente que al inicio del acuerdo dice no ejercicio de la acción penal, archivo definitivo, por eso es la cuestión de que se establece que dice que no ejercicio, pero está fundamentado y se argumenta en el 253 por parte del agente del Ministerio Público, incluso se determina de esa manera, que ejerce la facultad de abstenerse, pero el título del acuerdo que se hace para emitir esta resolución se pone no ejercicio de la acción penal, así es como se encuentra dentro de la carpeta de investigación. Asesora jurídica: Su señoría, si me permite, el artículo 255 dice que para que se pueda dar. Juez: Licenciada permítame. Esto que me acaba decir últimamente la agente del Ministerio Público, es que no abrí debate, estoy haciendo preguntas y aclaración. Esto que dijo últimamente la agente del ministerio público, señala en la resolución ¿la abstención de investigar? ¿asesora jurídica? Asesora jurídica: señala no ejercicio de la acción y en el último de sus resolutivos dice: se ejerce la facultad de abstenerse de investigar y esto lo fundamenta, no tiene ningún fundamento, solamente dice se ejerce la facultad de abstenerse de investigar. Juez: Abstenerse de investigar. Asesora jurídica: Así es. Juez: La agente del Ministerio Público, me dice que está fundamentado en el 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ministerio público: Sí su señoría dentro de lo que es la estructura se encuentra, incluso dice: así como, de primero da, son atribuciones al artículo 50 y además de esto el artículo 131 del Código Nacional así como también del artículo 253 facultad de abstenerse a investigar, además de esto el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también se desglosa, también el artículo 125 y los artículos ya referidos, artículos 210, 201 y 204 y se hace la precisión de esta cuestión y nuevamente ahí se vuelve a especificar, al tener por acreditada la causal de prescripción, por lo que se contempla la facultad de abstenerse en el artículo 253 y al final de esto dice, primero, se ejerce la facultad de abstenerse, de investigar y segundo que se notifique a la víctima, es como se encuentra, pero dentro del cuerpo de lo que establece el acuerdo, o la determinación que ejerce la de la voz si establece ese artículo. Juez: ¿El 253? Ministerio Público: Si su señoría, se encuentra aquí, el artículo 253. Juez: Defensa. Defensa: No lo escuché señor, me repite. Juez: ¿Es cierto lo que dice la Ministerio público? Defensa: Es correcto, tiene fundamentado su determinación en el 253 del Código Nacional, por actualizarse la hipótesis del 125 del Código Penal señor". Enseguida, el juez pregunta a la asesora jurídica alguna manifestación que tenga que hacer en relación a lo expuesto, quien manifiesta que se ejerce la facultad de abstenerse a investigar. De igual forma, el juez señala minutos 00:51:22 del audio y video: Voy a decretar cerrado el debate, ya lo había decretado, pero decreto cerrado este debate, de esta, la manifestación de la aclaración que solicité. En primer término, he de señalar que el agente del ministerio público, realizó una resolución el veinticinco de marzo del año dos mil veinte, esto en los términos del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en contra de esta resolución el ofendido o víctima ****, interpuso su inconformidad en contra de esta resolución y se me hace alusión, a que esta resolución de veinticinco de marzo del año dos mil veinte, fue notificada a la defensa el treinta y uno de agosto del año dos mil veinte. En este momento pregunta: Esto ¿es cierto asesora jurídica? Asesora jurídica: Sí su señoría, se me notificó hasta el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, ahí corrijo, no sé si a la defensa se le haya notificado en esa fecha, pero a la de la voz sí fue el treinta y uno de agosto del dos mil veinte. Juez: el treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Asesora jurídica: Así es. Juez: Luego entonces ¿cuándo presentó su recurso de impugnación? Asesora jurídica: Permítame tantito su señoría, presentó dentro del término que marca el 258 en tiempo para la presentación. Juez: a ver Ministerio Público. Ministerio Público: Tengo un acta de notificación del acuerdo de archivo definitivo el treinta y uno de junio del dos mil veinte, firmado, se le notificó a José López Ruiz. Juez: el treinta y uno de julio. Ministerio Público: de julio del año dos mil veinte y se encuentra su firma su señoría del él. Juez: El treinta y uno de julio se le notificó al señor. Ministerio Público: Sí, aquí tengo donde obra su firma. Juez: Es que hago esta aclaración, por lo siguiente. Este recurso me he dado cuenta que se presentó el siete de agosto de dos mil veinte, a las doce horas con veinte minutos con cincuenta y nueve segundos ante el aparato de gestión de la base Cortázar, luego entonces se me señaló que el treinta y uno de agosto del dos mil veinte, había sido notificado entonces he de hacer alusión que esta resolución fue notificada el treinta y uno de julio del año dos mil veinte, al señor José López Ruiz y luego entonces si lo presentó el siete de agosto del año dos mil veinte, pues el mismo estaba en tiempo y forma en los términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en esa inconformidad, en ese recurso innominado se hace alusión que se interpone contra la resolución de ejercer la facultad de abstenerse de investigar por lo que hace al delito de daños y fraude y el que resulte, por parte del ofendido ****, de que en efecto es una facultad de abstención de investigar en los términos del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eso es una facultad del ministerio público, cosa diversa es al no ejercicio de la acción penal en los términos del artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en este sentido he de señalar que en esta resolución de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veinte, es una resolución de abstención de investigar por parte del ministerio público en los términos del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al respecto he de señalar lo que dice este artículo: El ministerio público puede investigar cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o algo equivalente no fueron constitutivos de delito o cuando los antecedentes o datos suministrados pudieran establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad del imputado, esta decisión será siempre fundada y motivada'. He de señalar, que la agente del ministerio público, hizo su resolución porque no había delito y de que estaba prescrita, estaba extinguida la acción penal porque se dio la prescripción, he de hacer alusión que en esta audiencia, en uso de la voz a la licenciada **** para el efecto de que se manifestara en relación a lo que dijo la agente del Ministerio Público y he de señalar que en relación a la prescripción me señaló que no estaban prescritos los hechos, porque el imputado, el ofendido José López Ruiz, no estaba reconocido en un acta constitutiva. Ahora bien, es pertinente también hacer alusión que se me hace mención que el catorce de febrero de dos mil veinte, una juez de control diversa al de la voz, reaperturó la carpeta de investigación ****, para el efecto de que se nombrara al asesor jurídico al señor ****, lo que así aconteció y además de que se investigara de acuerdo a los hechos establecidos en su escrito de querella. En ese sentido se nombró asesores jurídicos al señor ****, de acuerdo a la información que me fuera proporcionada y además se ordenó a la agente del ministerio público que indagara a la querella presentada por ****, en un principio y en este sentido señala el agente del ministerio público hace alusión de que decretó esta resolución el veinticinco de marzo del año dos mil veinte, de que no había un delito, no había delitos, y hace alusión a que en su resolución señaló los artículos de daños el 210 y el referente al 201 del delito de fraude en su resolución y determinó que no se daban estos hechos de daño y de fraude, es pertinente señalar que llama la atención a este juzgador que la agente del Ministerio Público hace alusión en su resolución a que no hay delitos, pero que no hay delitos porque está extinta la acción penal y esta situación me la reitera el señor licenciado **** y el imputado, en el sentido de que los hechos materia de la carpeta de investigación ****, sucedieron a finales del mes de octubre del año dos mil dieciséis que el último hecho fue en octubre del dos mil dieciséis y que el inicio de la carpeta de investigación fue el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, luego entonces, debo de hacer alusión que tanto el delito de daños como el de fraude que nos ocupa, pues son perseguibles por querella de parte, hay un requisito de procedibilidad que exige el articulo 210 en el párrafo cuarto del Código Penal del Estado de Guanajuato y es pertinente hacer alusión a que en relación al delito de fraude del artículo 201 de acuerdo al 204 del Código Penal del Estado de Guanajuato, también es un delito que se persigue ante la querella de parte salvo que afecten el patrimonio de entidades públicas y en este sentido la querella por parte del señor ****, fue presentada hasta al mes de, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve como lo señala el defensor tres años después, de los hechos, luego entonces he de señalar que al artículo 125 del Código Penal del Estado de Guanajuato, hace alusión a que tratándose de delitos que se persiguen por querella que persigan por querella, la acción penal prescribirá en dos años si en ese plazo no se ha presentado, si se hubiere formulado oportunamente aplicaran las reglas generales de la prescripción y en ese sentido esa querella que se presentó ante el agente del Ministerio Público lo fue después de dos años, luego entonces la agente del ministerio público no obstante que se le dijo que investigara la querella, a consideración de este juzgador la agente del ministerio público analizó la querella y se estableció en la querella, que en efecto, había una causa de extinción de la acción penal, cómo es la prescripción de la acción penal de acuerdo al artículo 125 del Código Penal del Estado de Guanajuato, luego entonces por eso se abstuvo de investigar, en este asunto y es pertinente señalar que al estar prescrito los hechos, pues la agente del ministerio público en fecha de veinticinco de marzo del año dos mil veinte, pues realizó su resolución e hizo valer su facultad de abstención de investigar en los términos del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en este sentido pues emitió su resolución el veinticinco de marzo de dos mil veinte y la misma, en el cuerpo de esa resolución se hace alusión al estudio de los delitos de daños y de fraude como se me ha establecido y es pertinente que al estar prescrita la acción penal obviamente la agente del ministerio público se dio cuenta, por los hechos que hay en la querella y determinó que se encontraba prescrita la acción penal, luego entonces que de acuerdo a la información qué se me proporcionó, en efecto está prescrita la acción penal en los términos del artículo 125 del Código Penal del Estado de Guanajuato; luego entonces en este sentido, la agente del ministerio público cumplió con la determinación que realizó la juez de control el día catorce de febrero del año dos mil veinte, en el sentido que ordeno qué se le asignará un asesor jurídico al señor **** lo que aconteció en la especie y además como la agente del ministerio público como lo dije, revisó esa denuncia esa querella del señor **** y potestativamente hizo valer la facultad de abstenerse de investigar porque no tenía caso investigar algo que ya estaba prescrito, no obstante que señala que se recibió solamente se dio una entrevista y en este sentido pues he de señalar qua este juzgador tiene a bien confirmar esa resolución da abstención de investigar decretada el veinticinco de marzo del año dos mil veinte, que por parte del ministerio público en la carpeta de investigación **** y luego entonces he de señalar que el recurso innominado fue presentado en tiempo el mismo, pero el mismo no es procedente porque existe una causa de extinción de la acción penal en esta carpeta da investigación como he explicado y en este sentido pues de acuerdo como lo establece el artículo primero párrafo tercero, 14 párrafo segundo y he de señalar además en la atención al artículo 21 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a los artículos 49, 127, 131 y el propio 253 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales y además en atención a los artículos 68 y 67 también ambos del Código Nacional de Procedimientos, emito mi resolución y confirmo esta resolución de abstención que he aludido en esta causa, en esta carpeta de investigación **** y en este sentido notificó a las partes aquí presentes de acuerdo al artículo 63, 83, 84, 85 y 86 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales y se ordena notificar al señor **** esta resolución en forma personal **** Con base en las consideraciones transcritas, resulta patente lo infundado de los conceptos de violación, pues en principio, es menester destacar que el conjunto de sus argumentos no controvierte de manera alguna los aspectos fundamentales en los que se apoyó la autoridad responsable para confirmar la abstención del Ministerio Público de investigar los hechos denunciados, a saber: - Que de los hechos materia de la carpeta de investigación ****, sucedieron a finales del mes de octubre del año dos mil dieciséis, que el último hecho fue en octubre del dos mil dieciséis y que el inicio de la carpeta de investigación fue el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. ? Que si los delitos de daños y fraude a que se alude son perseguibles por querella de parte, hay un requisito de procedibilidad que exige el articulo 210 en el párrafo cuarto del Código Penal del Estado de Guanajuato, y es pertinente hacer alusión a que en relación al delito de fraude del artículo 201 de acuerdo al 204 del Código Penal del Estado de Guanajuato, también es un delito qua se persigue ante la querella de parte salvo que afecten el patrimonio de entidades públicas; que en este sentido la querella por parte del señor ****, fue presentada hasta el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, como lo señala el defensor tres años después de los hechos. ? Que el artículo 125 del Código Penal del Estado de Guanajuato, hace alusión a que tratándose de delitos que se persiguen por querella, la acción penal prescribirá en dos años si en ese plazo no se ha presentado, si se hubiere formulado oportunamente se aplicaran las reglas generales de la prescripción y en ese sentido esa querella que se presentó ante el agente del Ministerio Público lo fue después de dos años, por lo que la agente del Ministerio Público no obstante que se le dijo que investigara la querella, a consideración de ese juzgador, la agente del Ministerio Público analizó la querella y estableció que había una causa de extinción de la acción penal, como es la prescripción de la acción penal de acuerdo al artículo 125 del Código Penal del Estado de Guanajuato, por lo que se abstuvo de investigar, por lo que al estar prescritos los hechos, la agente del Ministerio Público en fecha de veinticinco de marzo del año dos mil veinte, emitió su resolución e hizo valer su facultad de abstención de investigar en los términos del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, de la lectura de los motivos de inconformidad, se aprecia que no ofrece argumento alguno que se dirija a rebatir las consideraciones lógico jurídicas en las que el juez del conocimiento se apoyó para emitir su determinación en el sentido en que lo hizo, precisadas con antelación, sino que se limita a expresar en esencia que el Ministerio Público no acató la orden emitida en la audiencia de catorce de febrero de dos mil veinte, que le dio la juez de control en el diverso medio de impugnación, que era la de nombrar asesor a la víctima y recabar pruebas; que el Ministerio Público recibió datos de prueba en el mes de noviembre de dos mil veinte, con las que se pretende acreditar que el ofendido se dio cuenta de que el posible imputado **** no era el dueño de la empresa que lo defraudó; que el juez debió llamar la atención al Ministerio Público, de que recabará más pruebas, que con dicha determinación se le impide el acceso a la justicia; concepto de violación que no controvierten las razones y fundamentos con base en los cuales el juez de origen confirmó la decisión del fiscal de abstenerse de realizar investigación alguna, en relación con los hechos denunciados, bajo los argumentos ya destacados. En efecto, el quejoso se duele en esencia, de que no se tomaron en cuenta datos de prueba que ofreció para acreditar distinta fecha a la señalada como conocimiento de los hechos denunciados, concretamente la ampliación de declaración del ofendido, aquí quejoso, y entrevista de Dracir Tinajero Vallejo, donde se refiere que el quejoso se dio cuenta del fraude del que fue objeto, por parte de **** en el mes de noviembre de dos mil diecinueve, ya que Moisés Sarmiento fue quien esa fecha le informó que el inculpado no es el dueño de la empresa que lo defraudó con todo el maíz, y que en otros juicios ya se había demandado al aludido Humberto la nulidad de las asambleas; promoción recibida por el agente del ministerio público investigador 1, de Cortázar, Guanajuato, el nueve de julio de dos mil veinte, a las once horas con cincuenta y dos minutos. Lo que dice acreditar con la promoción de referencia, que exhibe en copia simple con el escrito inicial de demanda (fojas 47 a 54. Sin embargo, aun cuando en la audiencia relativa al acto reclamado la asesora del aquí quejoso no expuso con exactitud, que los datos de prueba son los que ahora menciona en el agravio que se estudia, pues al efecto expuso: Se tiene conocimiento por parte de mi representado como se le trató de hacer ver al agente del ministerio público que ya había archivado la carpeta de investigación que hasta ese momento mi cliente, mi representado, se entera a través de un acta constitutiva que Humberto Garza González no tenía la personalidad con la que se ostentó y engañó a mi cliente, por esa razón era importante para la asesor jurídico acreditar todos esos datos de prueba para que fueran valorados por parte del agente del ministerio público Al respecto la fiscal estableció que de la narrativa de los hechos denunciados se desprendía que el último acto del que tuvo conocimiento el ofendido fue a finales de octubre del año dos mil dieciséis y que no fue tanto de lo del acta constitutiva, sino que fue en relación a que el ofendido ya se había enterado de la situación de un supuesto fraude o de unos daños, estableciendo posteriormente que no era representante o que había un acta constitutiva de la que se desprendía que no era el apoderado legal, pero en su caso, ya anteriormente de esto tuvo noticia de esa situación, tan así que no se les había hecho el pago de la afectación que le causó a su representada, que por ello los delitos prescribieron. En ese sentido, aun cuando no se hizo pronunciamiento en forma expresa a si se debía o no tomar en cuenta el ofrecimiento de tales datos de prueba ofrecidos por el ofendido en su escrito presentado el nueve de julio de dos mil veinte; en la resolución reclamada, se tuvo por cierta la manifestación de la fiscal en torno a que los hechos narrados en la denuncia que pudieran ser constitutivos de delitos estaban prescritos, ya que la asesora del ofendido solo refirió que el posible imputado no estaba reconocido en un acta constitutiva; con lo cual se demeritó el argumento de la asesora del aquí quejoso en torno a que tales hechos no estaban prescritos y que el Ministerio Público faltó a su deber de recabar más pruebas como le fue ordenado en la audiencia de catorce de febrero de dos mil veinte; ya que en la resolución impugnada se estableció que en aquella audiencia de catorce de febrero de dos mil veinte, se requirió a la fiscal nombrara un asesor a la víctima, lo cual aconteció según lo narrado por las partes y se estimó que se recabó la declaración del ofendido, que si bien no se allegaron más datos de pruebas, esto tenía una justificación legal, y que esta consistía en que los hechos narrados en la querella, estaban prescritos; de ahí que no le asista razón al aquí quejoso en torno a que debía recabar más datos de prueba. Además, el quejoso se duele que no se le permitió ofrecer datos de prueba, cuya solicitud, el órgano investigador recibió cuando ya había dictado el auto de abstención de investigar impugnado en el recurso innominado que nos ocupa, y que por ello la fiscal no acató lo ordenado por diversa juez de control en diverso medio de impugnación, aunado a que las determinaciones analizadas tanto en la audiencia emitida el catorce de febrero de dos mil veinte como la de fecha de veinticinco de marzo de igual año, son idénticas. Lo anterior resulta infundado porque de lo expuesto en la audiencia de treinta de septiembre de dos mil veinte que constituye el acto reclamado, no se desprende tal cuestión, tan es así, que ninguna de las partes expone en forma completa el contenido de la misma a efecto de constatar que las citadas determinaciones emitidas por el órgano investigador son idénticas; pero al margen de ello, lo que se resolvió solo fue que el ministerio público debía nombrar un asesor a la víctima y ofendido lo que así aconteció y en su caso recabar más datos de prueba, pero se le otorgó libertad de jurisdicción para tal efecto. De esta manera, queda claro que los motivos de inconformidad formulados no se dirigen a desestimar los argumentos lógico- jurídicos en los que descansa la resolución de la que se duele en esta vía, sino que se limitan a fijar una postura antagónica respecto a esas razones y fundamentos. Aunado a lo anterior, resulta inexacto que la determinación aquí reclamada le impida el acceso a la justicia, en su vertiente de recurso judicial efectivo, tutelado por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de explicitar esa postura, resulta pertinente establecer las siguientes consideraciones. El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, establece lo siguiente: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales De la transcripción preinserta se desprenden los derechos de acceso a la justicia y de efectiva tutela jurisdiccional, los cuales se integran por los siguientes principios: a) De justicia pronta, que es la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. b) De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos los aspectos debatidos. c) De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y d) De justicia gratuita, que implica que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no deben percibir de las partes ninguna clase de remuneración o percepción económica, fijándose así la prohibición constitucional de las costas judiciales. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." 7 Además, el acceso efectivo a la justicia comprende tres etapas, a las que a su vez corresponden tres derechos, a saber: (I) una previa al juicio, cuyo correlativo derecho humano es el acceso efectivo a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una vertiente del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (II) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (III) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. 7 Localizable a página 209, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 171257. Derechos los anteriores que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, no se ven afectados con la resolución que en esta vía controvierte, pues el actuar de la responsable al confirmar la determinación asumida por el fiscal investigador, de manera alguna le impide el acceso efectivo a la justicia, dado que en esa audiencia, atendiendo a la naturaleza del nuevo sistema penal, se resolvió conforme a los agravios que le fueron expresados de manera verbal, bajo un principio de contradicción entre las partes intervinientes. Así, se procedió a escuchar a las partes, quienes expusieron las razones que a su interés estimaron pertinentes para sostener sus posturas, las cuales fueron atendidas por el juzgador al momento de resolver, siendo que los agravios que le fueron formulados en esa audiencia, resultaron ineficaces para variar el sentido de la determinación impugnada, al estimarse prescritos los hechos que se consideran como delitos de daños y fraude. De lo que se sigue que la resolución reclamada se ajusta a las formalidades que exige la normatividad que la regula, contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se traduce en que se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, entre las cuales se ubica la forma en la cual se desarrolla la audiencia de impugnación, así como la materia de la misma, en términos de lo señalado por el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que en la resolución reclamada se respeta el derecho a un recurso efectivo, dado que el establecimiento de requisitos formales para el estudio de fondo del asunto, no constituye una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las que se encuentran las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas, relativas a presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos, de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, se deba resolver el fondo del asunto que se plantea. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la conforman, la tesis 1a./J. 22/2014 (10a.), del rubro y contenido siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.- El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental."8 Ello, toda vez que la autoridad responsable no se encontraba en condiciones de realizar un libre estudio del escrito de denuncia presentado, así como de los antecedentes de dicha indagatoria, ni de los datos de prueba que se ofertaron en forma posterior a la determinación emitida el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues su resolución dependía de los argumentos, hechos y circunstancias que se hicieran valer de manera verbal en la audiencia en cuestión, de conformidad a los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal, contenidos en el ordinal 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin que los agravios evidenciaran lo incorrecto de la determinación ministerial combatida. Lo contrario, implicaría que la responsable desatendiera las formalidades judiciales estatuidas por el legislador para el trámite y resolución del asunto que le fue planteado, en claro detrimento de los principios de legalidad, certeza y 8 Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325. seguridad jurídica, lo que desde luego resultaría jurídicamente inaceptable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 23/2019 (10a.) que reza: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.- Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse. Por otra parte, si bien el quejoso se duele en esencia de que con los datos de prueba que el Ministerio Público no recabó porque ya había emitido el acuerdo de abstención de investigar, se pretendía acreditar que se tuvo conocimiento del fraude al darse cuenta el ofendido de que el imputado no era el dueño de la persona moral que lo defraudó, y que esto fue en una fecha posterior a la inicialmente señalada en la querella; debe decirse que sus argumentos resultan ineficaces, en virtud que en la resolución reclama quedó acreditado ante el juez de control que los hechos materia de la carpeta de investigación ****, sucedieron a finales del mes de octubre del año dos mil dieciséis, y que el inicio de la carpeta de investigación fue el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, esto es, después de los dos años a que alude el artículo 125 del Código Penal del Estado de Guanajuato, que dispone que tratándose de delitos que se persiguen por querella la acción penal prescribirá en dos años; de manera que tales argumentos fueron desestimados por el juez responsable, al señalar que la fecha en que sucedieron los hechos, fue la que narraron las partes, esto es, octubre de dos mil dieciséis; de ahí que no le cause agravio el que no se hayan tomado en cuenta los aludidos datos de prueba. Al efecto se precisa que el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos en los que el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, a saber: 1) Cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito; o, 2) Cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal. 3) Cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. De lo anterior, se desprende que si se decretó la prescripción del delito de fraude y de daños, no existe obligación del Ministerio Público de realizar actos de investigación, de ahí que los conceptos de violación resulten infundados. Además, adverso a lo que señala el quejoso, la decisión de declarar prescrito el ilícito de fraude, no vulnera el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de la querella planteada, lo cual, además, brinda certeza jurídica. Al respecto se cita, en lo conducente, la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), publicada en la página 890 del libro XVIII, marzo de 2013, tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En esa medida, son infundados los conceptos de violación que se analizan, dado que no hay vulneración al derecho humano de acceso a la justicia. En las relatadas circunstancias, el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es conculcatorio de derecho fundamental alguno. Conclusión En esas condiciones, al resultar infundados los motivos de disentimiento, sin que se advierta alguna violación que amerite suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ****, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables que precisados en el considerando tercero por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a ****, en contra del acto reclamado al juez de Control de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con base en Cortázar, que se precisó en el punto uno del considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el oficio suscrito por la encargada de Sala del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Cortázar, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de marzo de la presente anualidad, remite las constancias de emplazamiento del tercero interesado *, de las que se desprende que fue notificado el treinta y uno de diciembre pasado vía correo de la instauración del presente juicio; por tanto se le tiene por emplazado al presente juicio. En razón de lo anterior se tiene a la oficiante por desahogado el requerimiento de nueve de marzo actual, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado.

  4. Principal

    Reanudación de los plazos. En atención a lo dispuesto por la circular SECNO/13/2021 y el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, se fijan las trece horas con veinte minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente asunto. Estado procesal. Visto el estado de autos, se desprende que en proveído admisiorio de tres de noviembre del año en curso, se requirió a la autoridad responsable juez de control de la tercera región en el estado de Guanajuato, sede Salvatierra, con base en Cortázar, para que llevara a cabo el emplazamiento del tercero interesado ****, en los términos indicados en el auto en comento. Seguida la secuela procesal del presente asunto, a través de la misiva número **** acordada el veinticuatro de noviembre, el juez responsable rindió su informe de ley, manifestando que había ordenado realizar el emplazamiento del tercero interesado y una vez realizada la diligencia encomendada, la remitiría a este juzgado federal; sin embargo, al día de hoy, no han sido allegadas a este órgano jurisdiccional las constancias relativas. Por tanto, requiérase a la citada autoridad, a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, informe a este juzgado si ya ordenó el emplazamiento que le fue requerido, y de ser el caso remita ante este órgano las constancias de emplazamiento de que se trata; apercibida que de no hacerlo en el plazo concedido, se le impondrá una multa de cincuenta días, conforme a la Unidad de Medida y Actualización Diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, dado que no obra el informe justificado de la autoridad responsable agente del Ministerio Público de Tramitación Común de Cortázar, Guanajuato, Número 2, ni el acuse de recibo del oficio ***, mediante el cual se le solicitó, a fin de evitar dilaciones procesales, reexpídase el citado oficio.

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