JOSE LUIS AGUILERA PONCE y Otros.
Expediente 1236/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JOSE LUIS AGUILERA PONCE y Otros.
- Jose Luis Aguilera Ponce
Actuaciones
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. BAJA EXHORTO Agréguese a los autos el comunicado que remite la secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto ...de este índice, enviado para notificar a los quejosos 1. ... el auto inicial, certificar su estado físico y requerirlos para que manifestaran si ratificaban la demanda origen del presente asunto; así también para que notificara los oficios relativos al auto inicial a las autoridades responsables. Lo anterior, ya que únicamente notificó los oficios de mérito, ya que no se encontró alojados a los quejosos en la Estación Migratoria. Dese de baja la aludida comunicación oficial en los libros de control; sin que haya lugar a acusar recibo, dado que el mismo se generó con el envío de la citada comunicación vía interconexión. Ahora, toda vez que en proveído inicial se declinó la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en Turno, provéase lo conducente hasta en tanto se cuente con la respuesta del homólogo federal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VI ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1236/2023. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA ... PROMOVENTE La demanda es promovida por ... a favor de los citados quejosos en virtud de tratarse de actos que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional. AUTORIDADES RESPONSABLES Representante del Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California. Sub-representante del Instituto Nacional de Migración, en el aeropuerto de Tijuana, Baja California. Sub-representante del Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California. Titular o Encargado en Funciones del Área Jurídica Del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaria de Gobernación. Titular y/o encargado responsable de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California. ACTOS RECLAMADOS 1 La detención fuera de procedimiento 2 La incomunicación 3. El traslado de estación migratoria con fines de expulsión 4. La negación de liberar el oficio de salida de la estación migratoria. 5. La inaplicación de los artículos 97, 98, 99 y 11 de Ley de Migración en aplicación al precedente obligatorio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación; al resolver le amparo en revisión 388/2022. 6. La negativa de devolver los documentos de identificación. 7. La falta de fundamentación y motivación de la garantía por el concepto de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m. n.) que solicitan las responsables a los quejosos, para poder salir amparados bajo el artículo 102 de la ley de migración. 8. El traslado a domicilio desconocido. 9. La falta de atención médica en el internamiento forzado en la estación migratoria. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado el acto marcado con el inciso 5) en la demanda, relativo a la inaplicación de los artículos 97, 98, 99 y 11 de la Ley de Migración, en aplicación al precedente que refiere, ya que se trata de un concepto de violación, tendente a controvertir la legalidad de los actos que reclama. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4, 5, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Federal. SUSPENSION DE PLANO. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo y atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman se proveerá DE OFICIO Y DE PLANO la suspensión en los términos que se precisarán a continuación. De la demanda de amparo se advierte que entre los actos reclamados se señalan la privación ilegal de la libertad, incomunicación, traslado, falta de atención médica y otros actos que pudieran derivarse de los señalados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto de conformidad en el Artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 164 y 165 del mismo ordenamiento legal, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN para el efecto de que de INMEDIATO CESEN LOS ACTOS RECLAMADOS; y cualquiera de los contenidos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos del artículo 164 de la ley de la materia, el efecto de la SUSPENSIÓN DE PLANO tiene el alcance de que 1. ... si su detención no tiene relación con la comisión de un delito, y en caso contrario, que sean PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO; o, en caso de encontrarse a disposición de esta última por dicho motivo, deberá resolver su situación jurídica dentro del plazo legalmente establecido para ello. No obstante, si la detención de los agraviados no tiene relación con la comisión de un delito, pero sí deriva de la ejecución de una sanción administrativa como un arresto, la suspensión tendrá por efecto que los quejosos sean puestos en inmediata libertad, a fin de que no se consume la materia del juicio y se ejecuten irreparablemente violaciones de derechos humanos, sin perjuicio de que si con posterioridad al analizar el fondo del asunto, se aprecia que se trata de un arresto válido constitucionalmente, se constriña a la parte quejosa a compurgar la sanción faltante al momento de ser puesta en libertad. Ahora bien, para el caso de que la detención se hubiera efectuado con motivo de un mandamiento dictado por una autoridad judicial, se concede para que los directos agraviados sean puestos a su disposición de manera inmediata. Por último, para el caso de que los detenidos se encuentren privados de su libertad con motivo de un procedimiento administrativo migratorio, los agraviados deberán ser puestos en libertad, lo anterior siempre y cuando, con fundamento en el artículo 160 de la ley de la materia, así como el diverso 102 de la Ley de Migración, ante la responsable, se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: Cada agraviado deberá establecer ante la responsable, domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerá. 2. Los agraviados no podrán ausentarse sin previa autorización de este órgano jurisdiccional, del domicilio que para el efecto señalen para su resguardo. Además, como medida de aseguramiento, en términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, se impone a los quejosos como obligación la de comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración; así como ante el juzgado de Distrito que conozca de este asunto los días lunes de cada semana o el siguiente si fuere inhábil, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada y, entonces será bajo el cuidado de la indicada responsable que tenga lugar el seguimiento de la misma, para su debido cumplimiento. Todo lo anterior, en la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, la indicada autoridad responsable deberá implementar los mecanismos que estimen pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que el agraviado cumpla a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver al quejoso a la autoridad responsable. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efectos si la detención deriva de autoridades diversas o procedimiento distinto a los mencionados en la demanda de amparo, como pudiera ser que derive de la posible comisión de un delito; o en su caso, dicha detención contravenga las disposiciones de orden público que rigen los actos de las autoridades migratorias; en cuyo caso la suspensión se otorga para que el efecto de que sean puestos inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el desacato a la medida decretada será sancionada en términos del artículo 262, fracción III, de la ley de la materia, es decir, se les podrá imponer pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución o inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Comuníquese esa circunstancia a las autoridades responsables mediante oficio urgente para su inmediato cumplimiento, lo que se reitera, deberán informar dentro del término de veinticuatro horas al correo electrónico oficial 8jdo13cto@correo.cjf.gob.mx., y de ser así, ya no es necesario rendir el informe respectivo vía postal, salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado. Se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia de este mandato será sancionada en los términos del artículo 215 del Código Penal Federal, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Por otra parte, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación. Lo anterior, se provee en los términos precisados, no obstante que de la certificación de cuenta se advierte que el escrito de demanda carece de la firma electrónica de quien promovente (evidencia criptográfica), pues en el caso, derivado de la naturaleza de los actos reclamados existe base legal para establecer que se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Se invoca al respecto, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y nueve, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, materia Común, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019715, publicada en los siguientes términos: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." SE ORDENA RATIFICACIÓN POR EXHORTO Con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el diverso 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la ley de la materia, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual hágase uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: I. Deberá constituirse en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California; a efecto de notificar personalmente el presente proveído a cada uno de los agraviados. II. Certifique el estado físico que presente cada quejoso; asentándolo en la razón correspondiente. III. Los requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días siguientes a la misma, manifieste cada uno si ratifican o no la demanda de amparo promovida en su favor; apercibiéndolos que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda. IV. Notifique los oficios derivados de la presente determinación a las autoridades responsables, debiendo recabar el acuse de recibo respectivo. Se solicita a la autoridad mencionada que una vez desahogada la diligencia ordenada, devuelva el exhorto que se le gira con las actuaciones respectivas. INCOMPETENCIA AL JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA, EN TURNO Este Juzgador considera que CARECE DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer de la presente demanda, en términos del artículo 107, fracción VII Constitucional, en relación con el numeral 37 de la Ley de Amparo, por lo que su conocimiento, corresponde al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, como se demostrará a continuación. Respecto a la admisión de la demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, se advierten tres hipótesis: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente el Juez donde se haya presentado la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda de amparo. Ahora, del escrito de demanda se deduce que la parte promovente reclama diversos actos, entre ellos la privación ilegal de la libertad, incomunicación, deportación, y otros que pudieran derivar de los actos señalados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo ello derivado de encontrarse en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California. Por tanto, resulta evidente que la situación anterior encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual señala que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, ya que como se dijo, los quejosos se encuentran recluidos en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, lugar donde se ejecuta la privación de la libertad reclamada, tal como lo manifiesta quien promueve el ocurso de cuenta. Manifestaciones que para quien resuelve adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito1, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." De lo anterior, es evidente que los actos reclamados se materializan fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; por lo que entonces, este órgano jurisdiccional considera que a quien compete conocer del juicio de amparo es al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, por ser quien ejerce jurisdicción en el territorio en donde se ejecutan los actos reclamados, de acuerdo a lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Por sus consideraciones es aplicable la Jurisprudencia II.3o. J/72, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 78, Junio 1 Tesis publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación de 1994, Octava Época, visible en la página 46, cuyo rubro y texto enuncian: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material". En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo y con apoyo en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, para que continúe con el trámite del asunto, solicitándole atentamente una vez en su poder, acuse el recibo correspondiente vía interconexión; o bien, al correo electrónico institucional: 8jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. En mérito de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Como lo solicita la parte promovente, notifíquese el presente proveído, así como los subsecuentes notificaciones de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; a través del cual podrán presentar promociones y realizar la consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de la parte promovente, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de la parte promovente, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firmen los oficios que deriven de este asunto. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
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