Jose Leonel Morales Hernandez
Expediente 1113/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1113/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Leonel Morales Hernandez
Actuaciones
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción II, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta por el que, el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, transcribe el proveído de diecisiete de octubre dos mil veintitrés, dictado por el Titular de ese juzgado, a través del cual decretó separación de autos en el juicio..., de su índice, promovido por ... contra actos del Titular de la Secretaría de Finanzas; y remitió dicha demanda a este juzgado para seguir conociendo del asunto, por razón de turno, únicamente respecto del acto consistente en el oficio ... de cuatro de junio del año en curso. Asimismo, remite copia certificada de dicho juicio de amparo. Infórmese al Titular del Juzgado declinante que este Órgano Jurisdiccional acepta la competencia motivada por la separación de autos y, por ende, para conocer del acto reclamado al Secretario de Finanzas, en un nuevo juicio de amparo; acúsese recibo. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número ... DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA. ... por propio derecho, en su calidad de peticionario. AUTORIDAD RESPONSABLE Titular de la Secretaría de Finanzas ACTOS RECLAMADOS El oficio..., de cuatro de junio del año en curso, por el que se dio contestación a su ocurso, presentado ante la responsable el veintitrés de ese mes y año, por el que solicitó su intervención para generar la adecuación presupuestal y/o traspaso de una partida presupuestal, para que se realice el pago de un laudo a su favor; y en el cual la responsable argumenta no tener facultades, ni le corresponde realizar actuación alguna para intervenir en la realización de gestiones necesarias para dar cumplimiento inmediato al laudo citado. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO Con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII, 112 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Ello es así atento a que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto 113, del cuerpo normativo en cita, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías y, por indudable, se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, en la especie, como ya se expuso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relativa a que la quejosa NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dice: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la apreciación del numeral que antecede, se obtiene que deberá observarse el principio de DEFINITIVIDAD, esto es, que el juicio de amparo en la materia administrativa será improcedente cuando contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija, no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. En síntesis, el amparo es improcedente en términos de la aludida fracción XX del precepto reglamentario cuando se dan los siguientes supuestos: 1. Que el acto reclamado provenga de autoridad distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo; y, 2. Que deba ser revisado de oficio conforme a las leyes que lo rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer la parte agraviada, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión solicitada. Lo anterior es así, porque el orden en la sustanciación de los procedimientos no existe sólo para proteger intereses particulares, sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002286, cuyo tenor literal es: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Funda lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando el acto reclamado no está fundado ni motivado, o cuando la ley del acto exija mayores requisitos de los que contempla la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Fuera de esos casos, el quejoso debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa en esencia, señaló como acto reclamado, el oficio ... de cuatro de junio del año en curso, por el que se dio contestación a su ocurso, presentado ante la responsable el veintitrés de ese mes y año, por el que solicitó su intervención para generar la adecuación presupuestal y/o traspaso de una partida presupuestal, para que se realice el pago de un laudo a su favor; oficio en el cual la responsable argumenta no tener facultades, ni le corresponde realizar actuación alguna para intervenir en la realización de gestiones necesarias para dar cumplimiento inmediato al laudo citado. Ahora, conforme la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, tenemos que, contra los actos que el quejoso reclama al Secretario de Finanzas, entidad dependiente del Gobierno del Estado de Oaxaca, procede el recurso administrativo de revisión, o bien, la vía judicial administrativa correspondiente ante el Tribunal de lo contencioso Administrativo, pues así expresamente lo demarca la ley aplicable, sin que se advierta que el acto carezca de fundamentación y motivación, como que esa ley contemple mayores requisitos de los previstos en la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Dichas prescripciones contenidas en los arábigos 1°, 98, 120, 145 y 215 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen: ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen la Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública-Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. ARTÍCULO 98.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Amparo, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley. ARTÍCULO 120.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: I. Entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Estado; los Organismos públicos Descentralizados y Desconcentrados; ARTÍCULO 145.- El juicio ante el Tribunal, se regirá por las disposiciones contenidas en el presente libro. ARTÍCULO 215.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se deberá analizar la apariencia del buen derecho y peligro en la demora al momento de decidir los efectos de la suspensión. Se concederá la suspensión siempre que: I. Se conserve la materia del juicio; II. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia señalada, relativa a que el quejoso NO AGOTÓ EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ello motiva DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de que se trata, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, 112 y 113 de la Ley de Amparo. DIAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene al promovente autorizando, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRONICAS. Atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario ..., que menciona el promovente, para que consulte el expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que se indica, previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema. Asimismo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la promovente que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección ... PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE ELECTRONICAMENTE.
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