Jose Luis Aguilar Frias

Expediente 281/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
281/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2017

Partes del expediente

  • Jose Luis Aguilar Frias

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con doce minutos del día cinco de abril de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, estando en audiencia pública el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Carenzo Rivas, asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio la audiencia constitucional del juicio de amparo 281/2017, promovido por José Luis Aguilar Frías, a través de su apoderado legal, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas aquí en razón de su propia y especial naturaleza las documentales enviadas por el presidente y secretaria general del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se advierte que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no formuló pedimento alguno, con lo que se procede a cerrar este período; en consecuencia, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se da por terminada la presente audiencia, pasándose a dictar la siguiente resolución de ley. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 281/2017, promovido por José Luis Aguilar Farías; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, José Luis Aguilar Frías, reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 1° FRACCIÓN I Y 107 FRACCIÓN III INCISO B, FRACCIÓN V DE LA LEY DE LA MATERIA. Consiste en la omisión de la autoridad responsable de impartir justicia en los plazos y términos previstos por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en sus artículos 11, 115, 116, 117, 118 y 119, y la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria en sus artículos 6°, 685°, 686°, 687°, 735 y 838° en relación con los artículos 1°, 5°, 8°, 17° constitucionales al no acordar la promoción consistente en requerimiento de pago y/o embargo, así como la aplicación de medidas de apremio." Acto que estima violatorio de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 5 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías, registrándose con el número 281/2017, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por razón de materia y territorio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales números 03/2013 y 32/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, conforme a la demanda de amparo, y de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención del quejoso y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que el impetrante en esencia reclama: La omisión por parte de la responsable de acordar el escrito presentado el dos de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 01/296/13, a través del cual el apoderado legal del quejoso solicita se emita auto de requerimiento de pago y/o embargo en contra de la parte demandada. TERCERO. El Presidente y secretaria general del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo se tiene plenamente probado al tenor de la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En virtud de que ninguna de las partes hace valer alguna causa de improcedencia, y como quien resuelve tampoco advierte que se actualice alguna de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sostenida por la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Resultan substancialmente fundados los conceptos de violación aducidos por el solicitante de amparo, en suplencia de la deficiencia de la queja, prevista en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral de origen. Como se dijo, el impetrante reclama la denegación de justicia por parte de la responsable al negarse a dictar el acuerdo respectivo a la promoción presentada el dos de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 01/296/13. Como se ve, se patentiza que el motivo de inconformidad del impetrante es en cuanto al retardo en la impartición de justicia al violentarse los plazos establecidos en la ley ordinaria, lo que de suyo implica que se tenga en cuenta que el quejoso se duele de una afectación a la garantía de debido acceso a la justicia, específicamente en cuanto a la prontitud y expeditez con que debe impartirse, según lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Así, y una vez que se ha precisado que el motivo de inconformidad trasciende a la garantía de debido acceso a la justicia, a fin de abordar el fondo del asunto, deben conocerse los alcances de dicha garantía: En el artículo 17 constitucional se establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El precepto en análisis pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica; en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. L/2002 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De estos atributos, el que resulta útil para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Del texto constitucional se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral y al laudo. Conforme con lo anterior y apreciado el precepto constitucional en análisis, en función del procedimiento burocrático laboral local, puede decirse que los Tribunales de Conciliación y Arbitraje faltarán a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramiten ni resuelvan los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación. A su vez, en los artículos 771 y 750 de la Ley Federal del Trabajo, se establece: "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." De la primera disposición legal se colige que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo; el artículo 771 reitera el criterio prevaleciente en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea pronta y expedita y que los juicios no queden inactivos. Asimismo, de una interpretación armónica de los preceptos jurídicos trascritos, se puntualiza que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. De manera que el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. Precisado lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable, consistente en copias fotostáticas certificadas del expediente laboral 01/296/13, a las que por ser documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se advierte que mediante acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, el tribunal responsable acordó lo procedente respecto del escrito signado por el apoderado legal de la parte actora aquí quejosa, presentado el dos de agosto de dos mil dieciséis, sin que obre constancia de notificación respectiva. (Fojas 39 a 41) De lo anterior se desprende que si bien es cierto, con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, el Tribunal responsable acordó lo procedente respecto de escrito presentado el dos de agosto de dos mil dieciséis, cuya omisión se reclama; también lo es, que de las constancias que la responsable anexó al informe, no se desprende que haya notificado el contenido de dicho acuerdo, por lo que para tener por cumplida la garantía prevista por el artículo 17 Constitucional, no basta el hecho de haberse dictado el acuerdo relativo, sino que es menester hacerlo del conocimiento a la parte quejosa, porque las citadas garantías que tutelan el derecho ejercido por el impetrante, tienen su alcance precisamente hasta el conocimiento total de lo resuelto por la autoridad. En relatadas condiciones, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, notifique el acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 fracción V y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a José Luis Aguilar Frías, en contra del acto y autoridad señalados en el resultando primero de esta sentencia y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Carenzo Rivas, asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de manera conjunta con la Secretaria General, con residencia en esta ciudad, con el contenido del informe de cuenta y anexos que acompaña, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tienen como Delegados a las personas que designa la autoridad de cuenta; sin que hay lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, toda vez que a las autoridades responsables se les notifica por medio de oficio en el domicilio de su residencia oficial, en términos de lo dispuesto por artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene a la autoridad oficiante informando que no existe diverso juicio de amparo relacionado con el presente asunto. Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas la documental pública, consistente en copias certificadas que ofrece la autoridad oficiante, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de resolver en definitiva el presente juicio de garantías. Ahora, tomando en consideración que con esta misma fecha, se da vista a las partes con el informe de cuenta, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del mismo y cumplir con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de la Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Robustece lo anterior la jurisprudencia VI.3º.A. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 667, del Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIO TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS." Finalmente, por lo que hace al presente acuerdo, se estima que el mismo no amerita de notificación personal a las partes, en consecuencia, se ordena practicar la citada notificación y las subsecuentes que no ameriten el citado tratamiento, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, incluidas las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2002576, que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de febrero de dos mil diecisiete.********************Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 4414, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada del acuerdo de catorce de diciembre pasado y de la razón actuarial de fecha diez actual que corren agregadas al expediente laboral ********************.********************En atención a lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita el acuerdo que recayó a la razón actuarial en cita, y la notificación correspondiente, con que se dio vista a la parte actora de tal situación, a fin de acredite lo requerido por este este órgano de control constitucional.********************Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 105, de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.

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