Jose Luis Aguilar Frias
Expediente 174/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Luis Aguilar Frias
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, contra la resolución dictada el dos de abril de dos mil diecinueve, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de abril de dos mil diecinueve. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con cuatro minutos del dos de abril de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 174/2019, promovido por ********************; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. Asimismo, da cuenta con la intervención ministerial registrada con folio 007046. Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, se tiene por recibida la intervención ministerial MPF/34/2019; atento a su contenido, por cuanto hace a la copia certificada que solicita, dígase al Fiscal adscrito que se esté a lo acordado en proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve, específicamente en el punto 11, en que se autorizó a las partes la expedición de las mismas. Respecto a los alegatos que formula, provéase lo conducente en la etapa correspondiente. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia; con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana ofrecidas por el quejoso; así como la documentales remitidas por el Tribunal responsable, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Luego, sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, en el que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que hace valer el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en el escrito de cuenta. Asimismo, se hace constar que ninguna otra parte los formuló. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos de esta audiencia y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS para resolver el juicio de amparo número 174/2019; y, RESULTANDO 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el trece de febrero de dos mil diecinueve, y remitido el mismo día a este Juzgado Primero, ********************, solicitó el amparo contra el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y su Presidente; que hizo consistir en: ".la omisión de la autoridad responsable de impartir justicia en los plazos y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en sus artículos 6°, 685°,686° 687°, 735°, 838°, 945°, 946° y 950° en relación con los artículos 1°, 5°, 8°, 17° Constitucionales, al no acordar la promoción presentada ante sí en fecha 02 de junio del 2017, consistente en requerimiento de pago y/o embargo, así como la aplicación de medidas de apremio al hoy tercero interesado, por lo tanto, la autoridad responsable con su omisión injustificada obstaculiza la impartición de justicia pronta y expedita en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, ya que ha transcurrido en exceso el tiempo establecido sin que la autoridad responsable haya cumplido con la disposición legal citada, lo que implica que debe realizar los actos tendientes a emitir la resolución correspondiente y necesaria para tal fin, pues sólo así podrá cumplir y respetar mi derecho humano de acceso a la justicia que se exige, siendo dicho acto de omisión, lascivo y violatorio de mis garantías y derechos humanos, puesto que tal y como se advierten de las constancias que integran los autos ha transcurrido en demasía el término que prevé la Ley Federal del Trabajo para que la autoridad responsable se avoque a la resolución del conflicto, dejando en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al hoy quejoso." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 5, 8 y 17 de la Constitución Federal. 2. Trámite del juicio. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de amparo de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 174/2019, misma que mediante proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite y se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede, previo diferimiento; y, CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia de trabajo en el que se reclama un acto atribuible a una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la omisión de acordar el escrito presentado el dos de junio de dos mil diecisiete, a través del cual, la parte actora, solicita al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dicte auto de requerimiento de pago y/o embargo sobre bienes de la demandada en el expediente burocrático ********************, y haga efectivas las medidas de apremio a que se refiere el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. III. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pese a que la Presidente y Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo hayan aceptado al rendir su informe; toda vez que dicha inexistencia se corrobora con las constancias que remitieron y que obran en el expediente de origen; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende lo siguiente. El dos de junio de dos mil diecisiete, la parte actora, aquí quejosa, solicitó al Presidente del Tribunal responsable, dicte auto de requerimiento de pago y/o embargo sobre bienes de la demandada expediente burocrático ********************, y que haga efectivas las medidas de apremio a que se refiere el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el Presidente ejecutor proveyó lo conducente, esto es, ordenó dar cuenta a los integrantes del Pleno de ese tribunal, con la finalidad de que resuelvan sobre las sanciones que correspondan a la parte demandada, y decretó auto de requerimiento de pago y/o en su caso embargo sobre bienes de la demandada, facultando al actuario de su adscripción para que asociado de la parte actora se constituyan en el domicilio de la demandada y practique dicha diligencia. Asimismo, apercibió a la parte demandada en términos de la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; acuerdo que fue notificado a la parte actora el cuatro de agosto de dos mil diecisiete. En las relatadas condiciones, es claro que al momento de la solicitud del amparo -trece de febrero de dos mil diecinueve-, no existía el acto reclamado, por tanto, procede sobreseer el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. IV. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, contra el acto reclamado al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, en términos del considerando III de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando de esta determinación, se ordena la captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable, por lo que entre la fecha de notificación de ese informe al quejoso y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Aguilar Frías; contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se provee como sigue: 1).- Admisión y registro de demanda. Se ADMITE a trámite la demanda y regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. 3).- Requerimiento de informe justificado. Pídase a las autoridades responsables sus informes justificados, que deberán rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de Amparo. 4).- Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del quejoso ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO" emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte del impetrante. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte del quejoso no sea tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido y/o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte del quejoso. Aunado a lo anterior, el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo del juicio laboral, en la que se condenó a la parte demandada, a la cual no se le debe reconocer el carácter de tercero interesado, porque se debe evitar que el juicio de amparo se constituya en un medio que permita al destinatario de la ejecución del laudo tomar conocimiento de que se promovió el procedimiento de ejecución en su contra, dando oportunidad para que, eventualmente, se lleven a cabo maniobras tendentes a frustrar la eficacia de la ejecución solicitada. Lo anterior así se advierte de la parte conducente de la jurisprudencia 1a./J. 38/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta orientadora y cuyo rubro señala: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL DESTINATARIO DE UNA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA NEGATIVA DE OTORGARLA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCESO MERCANTIL (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y LEGISLACIÓN MERCANTIL PREVIA AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL 10 DE ENERO DE 2014)". 5).- Incidente de suspensión. No se forma incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 6).- Ministerio Público Federal Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte. 7).- Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Juzgado Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de Amparo. 8).- Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio de amparo promovido por la misma parte en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 9).- Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene por admitidas las pruebas que ofrece consistente en la presuncional en su doble aspecto legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el presente juicio de amparo. 10).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizadas en los términos propuestos, a las personas que menciona, por tratarse de un asunto en materia laboral y ser promovido por la parte trabajadora de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo. 11).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. 12).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 13).- Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con independencia de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a las autoridades responsables. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. 14).- Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 15).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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