José Luis Acosta Martínez

Expediente 848/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
848/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • José Luis Acosta Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se ordena descargar e imprimir el oficio 16980 de tres de noviembre de dos mil veinte, del Sistema Integral Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) instaurado por el Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de acusar de recibo del oficio 1059/2020-B, a la Superioridad mediante el cual remitió a este Juzgado la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 23/2020 y devolvió los autos originales del juicio de amparo 848/2019 del índice de este Juzgado, promovido por JOSÉ LUIS ACOSTA MARTÍNEZ; lo anterior, para los efectos procedentes en los autos del recurso en revisión 23/2020 de su índice. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintiuno. Del estado de los autos se advierte que mediante proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, se ordenó el archivo en el presente asunto; por ende, se estima innecesario que continúe en este juzgado los tres tomos de pruebas que se formaron con las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Comandante Incidental de la Primera Región Naval, con sede en Veracruz, Veracruz. En consecuencia, devuélvase los tomos de pruebas a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 848/2019, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveídos de quince y veintiséis de enero del año en curso, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veinte, en la que por una parte, sobreseyó el presente asunto, y por otra, la justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ al quejoso JOSÉ LUIS ACOSTA MARTÍNEZ. Inconforme con la citada resolución, el Vicealmirante del Aeronáutica Naval, Piloto Aviador, Helicopterista Diplomático del Estado Mayor, Rosendo Carlos Márquez Díaz, Presidente del Honorable Consejo del Honor Superior en su carácter de autoridad responsable en el presente asunto interpuso recurso de revisión en su contra, del cual por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, quien en sesión de veintinueve de octubre de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida, en la que se sobreseyó y se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ LUIS ACOSTA MARTÍNEZ, en los términos y efectos siguientes: "(.) Lo procedente es otorgar la protección constitucional al peticionario de amparo, José Luis Acosta Martínez, para el efecto de que el Consejo de Honor Superior de la Primera Región Naval de Veracruz, Veracruz, deje sin efecto la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del recurso de inconformidad RN-1/HCHS/RI-004/2019, mediante la cual confirmó la baja del servicio activo de la Armada de México. Hecho lo cual, con libertad de jurisdicción deberá atender el agravio hecho valer por el recurrente anteriormente precisado desde un enfoque de presunción de inocencia, a fin de expresar las razones de por qué consideró que, con base en las pruebas de cargo, la sanción impuesta era la adecuada para dicha conducta, o bien si ésta debió sancionarse con alguno de los diversos correctivos disciplinarios que establece el artículo 50 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México y, en su caso, el motivo por el cual se acreditó o no en el caso concreto alguna atenuante en favor del recurrente, conforme a los lineamientos expresados a lo largo de esta resolución, a fin de que garantizar una adecuada defensa. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado, dado que no se reclama por vicios propios. (.)" Como consecuencia de lo anterior, en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en proveídos de quince y veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dió cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 48/2020 de data treinta de noviembre de dos mil veinte, el Presidente del Honorable Consejo de Honor Superior de la Primera Región Naval, en Veracruz, Veracruz, informó que dejó sin efecto la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del recurso de inconformidad RN-1/HCHS/RI-004/2019 de su índice, interpuesto por el aquí quejoso. Por otra parte, con oficio 49/2020 de veintidós de diciembre de dos mil veinte, el Presidente del Honorable Consejo de Honor Superior de la Primera Región Naval, en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual, confirmó el veredicto de culpabilidad emitido en la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el Consejo de Honor Ordinario, pronunciada a la parte quejosa JOSÉ LUIS ACOSTA MARTÍNEZ. Esto al llevar a cabo el análisis del material probatorio, en específico, el dictamen emitido por los peritos oficiales de la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Dirección General de Justicia Militar, en el cual se evidenció la falta grave que se le imputó al aquí quejoso, esto es, por el uso de drogas y psicotrópicos sin prescripción médica, al haber resultado positivo al consumo de marihuana (cannabis) lo cual fundamentó en el artículo 9, 45 fracción IV de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, 10 del Reglamento General de Deberes Navales, en relación con el numeral 26 del apartado de faltas graves del Catálogo de Faltas de la Secretaría de Marina. Asimismo, planteó los agravios hechos valer por el aquí quejoso en relación a que si la sanción impuesta era la adecuada para dicha conducta. Para lo cual, tuvo a la vista el expediente de cuerpo del quejoso, en el que advirtió que previo a la comisión de la falta grave que se le imputó y que se le acreditó, tuvo antecedentes de buena conducta civil y militar, no obstante lo anterior, expuso, por la circunstancia y gravedad de la falta por las razones que han quedado precisadas, no se considera que deba de aplicarse como un atenuante sus antecedentes de buena conducta, puesto que se trata de circunstancias diferentes a la naturaleza de la falta que cometió. Al respecto, la autoridad responsable expuso, por la adicción que generan las drogas, como lo es la mariguana, no se puede descartar la posibilidad de que sean consumidas en horas de labores, y peor aún en caso de emergencia nacional, así como todo el personal naval en cualquier momento puede participar en órdenes de operaciones que implica el uso de las armas y explosivos, lo cual sin lugar a dudas al estar bajo el influjo de alguna droga como lo es la marihuana, disminuye los reflejos y capacidad de reacción, poner en peligro la vida de quien lo consuma y de los demás compañeros, así como de las propias operaciones, en muchas ocasiones precisamente están encaminadas al combate al narcotráfico, de ahí que resulte incompatible que una de las instituciones que tiene dentro de sus funciones el combate al narcotráfico tenga entre sus filas a personal que consume drogas. Seguidamente la autoridad responsable asentó, debe precisarse que la comisión de la falta grave por la que se acusó al quejoso, no guarda relación con alguna de las circunstancias que puedan considerarse como "ATENUANTES" para la graduación de arrestos, en términos de los numerales 50, 66 y 72 de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México. En tales condiciones, el Honorable Consejo de Honor Superior, de la Primera Región Naval, en Veracruz, Veracruz, determinó que la única sanción que para el caso específico resulta ser la más acorde con la penalización a la conducta de la parte quejosa, es la Baja del Servicio Activo de la Armada de México, prevista en la fracción VI del artículo 50 de la Ley de Disciplina para el personal de la Armada de México, debido a que las faltas relacionadas con sustancias psicotrópicas o estupefacientes son las más graves. Por lo que, la sanción debe ser mayor de las que se pueden imponer, ello en beneficio de la sociedad, ya que ésta es la interesada en tener a servidores públicos alejados de las drogas (consumo y posesión) máxime que por la naturaleza intrínseca de la Secretaría de Marina, en cualquier momento, se requiere al personal aun y cuando esté disfrutando su franquicia, para cumplir con las misiones que él deber imponga, en ese sentido se practican aleatoriamente exámenes antidoping, para tener la certeza que los elementos navales se encuentran alejados de vicios, que impedirían el manejo de las armas, en caso de que se requiera, ya que sería exponer a la sociedad a un riesgo mayor, resultando que se tendrían que cuidar de las personas que deben protegerlos, lo que causaría un perjuicio al interés social; máxime que dicha conducta es incompatible con las funciones que desempeña, al pertenecer a una institución que entre sus funciones tiene la lucha contra el narcotráfico. En relatadas condiciones, al haber encontrado elementos que arrojaron la convicción del resultado del Consejo de Honor Ordinario adscrito a la Primera Región Naval, resolvió se confirma el veredicto de culpabilidad emitido en la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Consejo de Honor Ordinario, pronunciada al Cabo del Servicio de Ingenieros de la Armada Escala Albañil JOSÉ LUIS ACOSTA MARTÍNEZ, recomendando la sanción estipulada en el artículo 50 fracción VI de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México consistente en baja del servicio activo. En corolario a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento con los lineamientos que se le especificaron en la ejecutoria de amparo, esto es, dejó sin efectos la resolución de doce de septiembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del recurso de inconformidad RN-1/HCHS/RI-004/2019 interpuesto por el aquí quejoso y, con libertad de jurisdicción dictó la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en la que respondió a detalle el agravio relativo a la inadecuada valoración del material probatorio desahogado en la audiencia disciplinaria respectiva, avocándose al análisis de la congruencia e idoneidad de la individualización de la sanción impuesta en primera instancia en contra de éste, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho a la legalidad. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones I, inciso k), II inciso a) y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como a la Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, y por lista a las demás partes, el contenido del presente proveído. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe". En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la Secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Boca del Río, Veracruz, cinco de marzo de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de cinco del actual, que dice: Con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafo de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD SIN EXCESOS NI DEFECTOS.

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