José Lima Cobos

Expediente 1285/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1285/2014
Año
2014
Actuaciones
32
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • José Lima Cobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el correo electrónico remitido por la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, con residencia en la Ciudad de México, al cual se le concede pleno valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2º de esta ley, apoya a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase acusando recibo del oficio 12214 de veinte de mayo de dos mil veintiuno, con anexo, por medio del cual se atendió al requerimiento que efectuó con diverso DGDHIGAI/121/2021 de su índice. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los correos electrónicos remitidos por la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, con residencia en la Ciudad de México, al cual se le concede pleno valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2º de esta ley, apoya a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngase acusando recibo de los oficios 11622 y 11214 de trece y veinte de mayo de dos mil veintiuno, con sus respectivos anexos, por medio de los cuales se atendió al requerimiento que efectuó con diverso DGDHIGAI/121/2021 de su índice. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en atención a su contenido, téngasele remitiendo los autos originales del juicio de amparo 1285/2014 de este índice. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de mayo de dos mil veintiuno, remítase a la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, con residencia en la ciudad de México, copias certificadas, completas y legibles de las siguientes constancias: 1. Demanda de amparo. 2. Sentencia 3. Auto de admisión. 4. Escrito de agravios y resolución recaída a los recursos interpuestos en el juicio de garantías. 5. Auto en el que se ordenó el archivo del asunto. 6. Resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 183/2016 de su índice. Las cuales deberán ser enviadas a los correos electrónicos dgdhigai@correo.cjf.gob.mx e informe_dgdhigai@correo.cjf.gob.mx, por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta remitido vía correo electrónico por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, con residencia en la ciudad de México, al cual se le concede pleno valor probatorio, conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso artículo 2º. de esta ley, apoya a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; provéase lo conducente. En atención a su contenido, por cuanto hace a los puntos 1 y 2 del informe que solicita, dígase que al realizase una consulta en el expediente electrónico del juicio de amparo 1285/2014 del índice de este Juzgado, se advierte que por escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, y turnado ése mismo, José Lima Cobos, promovió juicio de amparo contra actos de la 1. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y 2. Presidente del Tribunal Superior Agrario, ambos con residencia en México, Distrito Federal; actos que hizo consistir en: a).- De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, residente en México, Distrito Federal, el dictamen emitido en sesión de cuatro de diciembre de dos mil catorce, por el que determinó NO ratificar al quejoso, como Magistrado Numerario del Tribunal Unitario Agrario, del Cuadragésimo Distrito de San Andrés Tuxtla, Veracruz; y b).- Del Presidente del Tribunal Superior Agrario, con sede en México, Distrito Federal, la notificación de diez de diciembre de dos mil catorce, del oficio N° DGPL-1P3A.-5861, por el cual le dieron a conocer, al quejoso, el resultado de la resolución por la que no se le ratificó en su nombramiento. Seguida la secuela procesal, al encontrarse integrado el asunto se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional el nueve de marzo de dos mil quince y se dictó sentencia con fecha quince de junio del citado año, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que nos ocupa, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 61 de la Ley de Amparo, sustancialmente bajo las siguientes consideraciones: "Para justificar el anterior aserto, es imprescindible partir de lo dispuesto en el artículo 61, fracción V, de la ley de la materia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) V. Contra actos del Congreso de la Unión, su Comisión Permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramientos o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza; (.)." Como se observa, la norma prevé, como motivo de improceder, que la acción de amparo se entable contra alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, actuando en procedimientos de colaboración con los otros poderes, y en concreto se le reclame, entre otros actos, la no-ratificación del nombramiento del quejoso, para ocupar un cargo en órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. Pues bien, en el caso se estima que se encuentran actualizadas las condicionantes que conforman la causal de improcedencia a examen, atendiendo fundamentalmente a la naturaleza del nombramiento de magistrado agrario, y al proceso implementado constitucional y legalmente para la designación de estos servidores públicos; todo lo cual, para absoluta claridad, se desarrolla a continuación, a manera de premisas. La Constitución Federal establece, en su artículo 27, las bases del sistema de impartición de justicia agraria, el cual gira a través de los Tribunales Agrarios, y define la manera en que serán nombrados los magistrados titulares de dichos órganos, en estos términos: "Artículo 27. (.) XIX (.) Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente. (.)". Como se ve, la norma Constitucional prevé a los magistrados agrarios, como juzgadores integrantes de los Tribunales especializados, depositarios de la facultad de administrar justicia agraria; asimismo, establece que en el nombramiento de dichos juzgadores existe una colaboración entre poderes, en la cual corresponde al Ejecutivo Federal proponer a la persona designada, y por otro lado, a la Cámara de Senadores hacer la designación respectiva. Así pues, puede decirse con garantía de acierto, que la facultad de designación de los magistrados agrarios corresponde al Senado de la República por disposición constitucional directa; en términos del aludido precepto (27, fracción XIX, Constitucional), en relación con el diverso 76, fracción XIV, de la propia Constitución Federal. En lo que se refiere a la ratificación, o no, de los magistrados agrarios, la ley orgánica de los Tribunales Agrarios dispone, en su artículo 17: "Artículo 17.- Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores (.) durarán en su encargo seis años. Si concluido dicho término fueren ratificados serán inamovibles. Los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación." De lo expuesto se obtiene, que la ratificación de los magistrados agrarios constituye una condición necesaria para que la persona previamente designada, y cuyo primer nombramiento ya expiró, (por haber transcurrido seis años) continúe ocupando el cargo de titular del órgano jurisdiccional de naturaleza agraria; y en contrapartida, la no-ratificación de la designación del servidor público, por parte del Senado de la República, se erige en un obstáculo para ocupar el cargo aludido. Finalmente, en lo que atañe a las premisas, se tiene presente que, el aludido artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación con el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, delimitan el sistema de ratificación de los magistrados agrarios, al disponer el segundo de ellos (el primero se omite dado que ya quedó reproducido supralíneas): "Artículo 121. Para la ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito a que se refiere el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal tomará en consideración, de conformidad con el reglamento respectivo, los siguientes elementos: I. El desempeño que se haya tenido en el ejercicio de su función; II. Los resultados de las visitas de inspección; III. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; IV. No haber sido sancionado por falta grave, con motivo de una queja de carácter administrativa, y V. Los demás que estime pertinentes, siempre que consten en acuerdos generales publicados con seis meses de anticipación a la fecha de la ratificación." Conforme a los aludidos preceptos, en el procedimiento de ratificación de que se trata, intervienen en colaboración de poderes, dos órganos: el ejecutivo Federal (que propone) y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión (que decide si ratifica o no al servidor público); la evaluación del desempeño, para efectos de ratificación, solo debe comprender el periodo de primer nombramiento, y en ello se deben ponderar los factores a que alude el último de los preceptos reproducidos; la evaluación realizada al servidor público debe hacerse constar en dictámenes, en los que la Cámara de Senadores exponga las razones o motivos de su decisión. (.) En aplicación del marco jurídico, previamente precisado, para el suscrito es patente que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada, ya que en su demanda constitucional, el quejoso reclama, como acto principal, en su calidad de magistrado agrario, la determinación tomada por el Senado de la República en el sentido de no ratificarlo en su encargo. Actuación que, conforme a lo que aquí se ha puesto en claro, proviene de una de las cámaras del Congreso de la Unión (como es la de Senadores), en colaboración con otro poder (que en el caso lo es el Ejecutivo que formuló la propuesta) y cuyo sentido, de no ratificación, se erige en un obstáculo evidente y manifiesto para que el quejoso ocupe el cargo (de magistrado) al frente de un órgano jurisdiccional de cualquier naturaleza (en el caso, de un Tribunal de naturaleza agraria). (.) No se desatiende que la reclamación constitucional que ahora se analiza tiene como antecedente un diverso juicio de amparo, radicado con el número 804/2012 en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta misma ciudad, en el que se aceptó la procedencia del juicio e incluso, se concedió para efectos la protección solicitada por el aquí quejoso contra el primigenio dictamen y determinación de no-ratificación en el encargo de magistrado agrario. No obstante, frente a lo así expuesto cabe aclarar al quejoso que la actual legislación de amparo, a diferencia de la anterior (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece) prevé como motivo expreso de improcedencia, la reclamación en amparo de la determinación de no ratificación emitida por el Senado de la República, en colaboración con otro poder, cuando de ello dependa que el interesado ocupe un cargo en algún órgano jurisdiccional; y esta redacción es la que resulta aplicable al caso, por haberse presentado la demanda constitucional el veintidós de diciembre de dos mil catorce, tal como aparece de su sello de recepción (foja 3), es decir, dentro de la vigente ley, pues así se desprende de los transitorios primero y tercero de la misma. Sin que frente a ello pueda argumentarse que la previa aceptación del juicio, e incluso, la protección Constitucional obtenida respecto de un acto reclamado de igual naturaleza, al amparo de la legislación anterior, constituyeron para el quejoso un derecho adquirido, pues no debe perderse de vista, que las reglas de improcedencia constituyen normas procedimentales cuya aplicabilidad se circunscribe al lapso de su vigencia, salvo que en la ley expresamente se prevea una regla diversa, lo que en el caso como ya se dijo, no ocurre. Así pues, retomando el hilo conductor de esta sentencia, tenemos que en el ejercicio de la función de control constitucional, encomendada a este órgano jurisdiccional a cargo del suscrito, la aplicación de las causas de improcedencia aparece como un imperativo, cuya observancia es insalvable, por constituir un aspecto esencial del sistema de amparo diseñado constitucional y legamente, para el control judicial de los actos provenientes de las autoridades del Estado, que vulneren o restrinjan derechos humanos. Ese control, encuentra base constitucional en los artículos 103 y 107 Constitucionales, y debe ejercerse con sujeción "a los procedimientos que determine la ley reglamentaria", por lo que no se encuentra autorizada su desaplicación, por el órgano de amparo, en los términos pretendidos por el quejoso, (quien en apartado especial de su demanda sostiene que dicha hipótesis legal de improcedencia debe ser desaplicada en este asunto por ser contraria a los artículos 1, 14, 16, 17, 27, fracción XIX y 133, Constitucionales; 8, 10 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2.3, 2.3, incisos A) y B), 5.1, 5.2, 9.1, 17 y 23.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York; y, 1.1, 1.2, 2, 8, 25.1, 25.2, incisos a), b) y c), de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José Costa Rica) ni siquiera a través del ejercicio de control de convencionalidad, pues en primer lugar, ello sería tanto como autorizar un control de derechos fundamentales (en sede convencional) sobre otro (como lo es el juicio de amparo), propiciando así una cadena interminable de recursos o medios de defensa cuyo común denominador es la protección a los derechos humanos, tornando en complejo, el recurso de estructura sencilla y rápida a que se refiere la propia norma convencional. (.) En segundo lugar, porque el control de convencionalidad, en los términos que para su aplicabilidad ha delimitado la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, sólo puede ejercerse dentro de la jurisdicción ordinaria que corresponde a los Tribunales Federales para conocer de los procedimientos de competencia federal, y siempre que el órgano advierta que la norma a ser aplicada efectivamente vulnera derechos humanos, pues aplicarlo en todos los casos propiciaría una carga sin sentido para los órganos de impartición de justicia. (.) De ahí que resulten inoperantes los planteamientos de inconvencionalidad que, en torno a la causal de improcedencia aquí analizada propone el directo quejoso. Máxime que a lo expuesto, bien cabría agregar como una razón adicional que justifica la imposibilidad de que este Juzgado de Distrito se pronuncie sobre la convencionalidad de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, que aun asumiendo como válida la posibilidad de someter a control previo las disposiciones de la Ley de Amparo, esta posibilidad solo se encuentra autorizada, en todo caso, para ser ejercida por el órgano revisor dentro de la propia jurisdicción de amparo, en el caso, los Tribunales Colegiados de Circuito, una vez que en primera instancia se ha aplicado efectivamente la norma legal con trascendencia al sentido de la sentencia. (.)". Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión que por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien remitió copias certificadas de las constancias que recibió a través del MINTERSCJN, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas a la sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el amparo en revisión 183/2016, del cual se advierte que la superioridad confirmó la sentencia pronunciada por este Juzgado, en la que se sobreseyó en el presente juicio. Por lo que, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora, en relación al punto 3 y 4, hágase de su conocimiento que el peticionario de amparo alegó violaciones al debido proceso, en específico a la falta de fundamentación y motivación, irretroactividad de la ley en su perjuicio, derecho de una defensa adecuada. Aunado a lo anterior, manifestó una transgresión a sus derechos a la igualdad ante la ley garantías judiciales y honra y dignidad. Seguidamente, en atención al punto 5 de las constancias que se tienen a la vista no se advierte que el quejoso solicitara alguna indemnización por daño moral. Asimismo, se ordena que de forma inmediata se remitan copias certificadas, completas y legibles de las siguientes constancias: Demanda de amparo. Sentencia Auto de admisión. Acuerdo por el que se causó ejecutoria la sentencia. Escrito de agravios y resolución recaída a los recursos interpuestos en el juicio de garantías. Auto en el que se ordenó el archivo del asunto. Resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 183/2016 de su índice. Las cuales deberán ser enviadas a los correos electrónicos dgdhigai@correo.cjf.gob.mx e informe_dgdhigai@correo.cjf.gob.mx, indicándose que los datos aquí proporcionados fueron obtenidos de la sentencia dictada el diecinueve de junio de dos mil quince, la demanda de amparo y del proveído de veinticuatro de enero de dos mil catorce. Se significa que por el momento, le serán remitidas únicamente las que obran en el expediente electrónico y, una vez que sea devuelto a este órgano jurisdiccional los originales del presente juicio de amparo, le serán remitidas las constancias faltantes. Lo anterior, al advertirse que en auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, a petición del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, le fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo 1285/2014 promovido por José Lima Cobos, al resultar necesario tenerlos a la vista para resolver el diverso 145/2018 de su índice. Ahora, tras una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se observa que en el juicio de amparo 145/2018 de ese índice, fue archivado el doce de febrero de dos mil veinte, por tanto, mediante atento oficio que al efecto se libre al homologo federal, solicítese que de no tener inconveniente legal alguno, devuelva los autos originales del juicio de amparo 1285/2014 de esta estadística. Notifíquese en términos de ley.

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