José Loreto Muñoz Ramírez

Expediente 557/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 15 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
557/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
15/10/2020

Partes del expediente

  • José Loreto Muñoz Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 15 DE OCTUBRE DE 2020, QUE REZA; II. Autoridades responsables. Congreso del Estado de Guanajuato y otras autoridades. III. Registro en libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 557/2020-II. IV. Actos reclamados. Se hacen consistir en: a. El auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictado por la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad en el expediente -------------------, en el que no obstante de no obrar en autos la escritura respectiva, ordena poner en posesión del adjudicado el bien rematado, autorizando para ello el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. b. La expedición, aprobación, sanción y publicación del artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Guanajuato, con motivo de su aplicación en el auto descrito en el párrafo que antecede. V. Desechamiento. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que: "(.) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (...)". De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, por lo que hace al acto reclamado consistente en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictado por la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad en el expediente 1131/2009-C, en el que no obstante de no obrar en autos la escritura respectiva, ordena poner en posesión del adjudicado el bien rematado, autorizando para ello el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Del citado numeral se obtiene que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Siendo que el acto que se tilda de inconstitucional, no se encuentra en ninguno de los casos de excepción al plazo general que menciona el numeral 17 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I, II, III y IV, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el diverso artículo 18 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Ahora bien, el acto reclamado en análisis le fue notificado al amparista por lista el veinticinco de agosto del año dos mil veinte, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo. Por tanto, de la fecha en que surtió efectos la notificación del acto reclamado (veintiséis de agosto del año en curso), a la data en que presentó su demanda de amparo (nueve de octubre de dos mil veinte), ya había transcurrido en exceso el plazo legalmente previsto para impugnar mediante juicio de amparo el acto que reclama. Por ende, es evidente que dada la naturaleza del acto, la parte quejosa debió sujetarse al plazo genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, esto es, al de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2006-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto, Sexto y Décimo Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 286, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." De ahí que si presentó la demanda que se analiza hasta el nueve de octubre del año en curso, en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; debido a que el acto reclamado en análisis (auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente 1131/2009-C) fue consentido tácitamente por la parte solicitante del amparo. Ahora, por lo que ve al diverso acto reclamado consistente en la expedición, aprobación, sanción y publicación del artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación, que se verificó en el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictado por la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad en el expediente 1131/2009-C, en el que no obstante de no obrar en autos la escritura respectiva, ordena poner en posesión del adjudicado el bien rematado, autorizando para ello el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, debe decirse que tampoco encuadra en las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la ley de la materia, puesto que la parte quejosa acude ante la presente instancia constitucional a reclamar la inconstitucionalidad de esa porción normativa al habérsele aplicado en el multicitado acuerdo, por lo que es evidente que la parte quejosa también debió sujetarse al plazo genérico de quince días previsto en el normativo 17 de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que el plazo para promover el juicio de amparo contra la inconstitucionalidad del artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Guanajuato con motivo de su primer acto de aplicación antes descrito; igualmente transcurrió del veintisiete de agosto al veintiuno de septiembre de dos mil veinte, empero, como la demanda de amparo en cuestión fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, hasta el nueve de octubre de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a la data en que feneció el plazo para su oportuna presentación, deviene innegables que la presentación de la demanda en estudio por lo que al citado acto se refiere, de igual forma es notoriamente extemporánea. Se asevera lo anterior, porque como ya se puso de manifiesto en acápites precedentes el ocurso de demanda se presentó con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualiza en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por la parte quejosa. En consecuencia, si el amparista tampoco demandó oportunamente la inconstitucionalidad del artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado de Guanajuato, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dictado por la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad en el expediente 1131/2009-C, en el que no obstante de no obrar en autos la escritura respectiva, ordena poner en posesión del adjudicado el bien rematado, autorizando para ello el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras, tal acto también debe tenerse tácitamente consentido. Por las razones jurídicas que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." VI. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida San Sebastián, número setecientos tres (703), de la colonia la Martinica de la ciudad de León, Guanajuato. VII. Autorizado para recibir notificaciones. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raymundo Alcantar Cervera, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos de la parte final de último párrafo del citado numeral a Raymundo Alcantar Villanueva, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite ante esta Juzgado de Distrito contar con el citado registro, y en los mismos términos a la restante persona que refiere en el proemio de la demanda de amparo. VIII. Exhortación y requerimiento a la parte quejosa. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. IX. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). XI. Instrucción para notificaciones personales. En el entendido que en términos del artículo 23 del referido Acuerdo General 21/2020, toda notificación que se ordene de manera personal deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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