José Loreto Muñoz Ramírez

Expediente 10/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
10/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
28/01/2019

Partes del expediente

  • José Loreto Muñoz Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009 Y MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE DETERMINA SE ORDENA DESTRUIR LA PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE GUARDA.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 10 DE ENERO DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a diez de enero de dos mil diecinueve. Parte quejosa. José Loreto Muñoz Ramírez. II. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 10/2019-V. III. Se desecha demanda. Vista la demanda de amparo promovida por José Loreto Muñoz Ramírez, contra actos de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato con sede en la ciudad del mismo nombre y otras autoridades, se desprende que la quejosa señala como acto reclamado, en esencia: La resolución emitida por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el Toca 637/2018, a través del cual confirma el auto que declara fincado el remate en la audiencia celebrada el ocho de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio 1131/2009-C del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el particular, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo es improcedente. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso de harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." [Lo destacado es de este Juzgado] De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos de ejecución de sentencia, el amparo indirecto solo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento. En efecto, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta, en lo concerniente a los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación ó la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso que ocupa la atención, el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo dentro del procedimiento de remate, puesto que, la resolución emitida por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el Toca 637/2018, a través del cual confirma el auto que declara fincado el remate en la audiencia celebrada el ocho de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio 1131/2009-C del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, no cumple con el requisito previsto en el artículo 107, puesto que tiene el carácter de definitivo, debido a que falta la orden de escrituración a favor del adjudicatario o, en su caso, la entrega del bien. En ese contexto, es claro que no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que no se ha tomado la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, precisamente porque no se ha determinado el envío del expediente a la Notaría Pública para que de ahí se obtenga la información necesaria para que el fedatario elabore la escritura correspondiente, caso en el cual la actuación de la autoridad conlleva imperio, puesto que ya ninguna influencia tendrá la voluntad u oposición de la parte ejecutada, sino que quienes intervienen en el procedimiento quedan constreñidos a observar la ejecución de la orden judicial, es decir, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Así, la pretensión final del legislador fue precisamente la de evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, precisamente porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general. Esto es, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro del procedimiento de remate. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y, además, hubieren trascendido al sentido de la resolución. Acude en apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, visible en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2011474, cuyo rubro dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Puesto que en el caso particular, no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega material del bien, es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente de manera indudable, en términos de lo preceptuado en el artículo 65 de la Ley de Amparo en vigor. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. IV. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda; designando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo a Raymundo Alcantar Cervera, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del mismo numeral y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, esto es, para imponerse de los autos, recibir toda clase de notificaciones y documentos a Vianey Betzabe Vargas Charles y María Elena Loera Sánchez, por así haberlo solicitado. V. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida del licenciado Carlos Armando Salcedo Cordero, Secretario que autoriza y da fe."

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