Jose Lopez Gutierrez

Expediente 62/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
62/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
08/09/2022

Partes del expediente

  • Jose Lopez Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el autorizado de la parte quejosa, solicita se carguen al expediente electrónico la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, para su consulta. Sobre el particular, una vez consultado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se observó alguna actuación pendiente de integrar. Por tal motivo, se encuentra en aptitud de consultar el expediente y la actuaciones judiciales a que alude, por los medios pertinentes. No obstante lo anterior, se insta a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que realice las gestiones correspondientes y con ello las partes puedan visualizar el presente expediente. Notifíquese; personalmente al analista jurídico SISE. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes depurables, artículo 18, fracción I, inciso a), se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSFERENCIA, después de transcurridos tres años en razón de que se concedió la medida cautelar del acto reclamado1 . 1 CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. (.) El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Por otro lado, respecto del duplicado del incidente de suspensión con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a)2 , del referido Acuerdo, se establece que el duplicado de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, procédase a su destrucción. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado de Distrito, y las correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada por este juzgado en el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se negó el amparo solicitado, consecuentemente transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contando al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que se hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoseles de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Por otra parte, ya que del estado de autos, se advierte que obran los anexos I y II; y, ya que en esta fecha se ordenó el archivo del presente juicio de amparo, es innecesario que dichas documentales continúen a disposición de éste juzgado federal; por 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de amparo indirecto 62/2022-V ??????????????? tanto, devuélvanse los referidos anexos a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Finalmente, visto el escrito signado por la parte tercera interesada, por medio del cual solicita se declare ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio; al respecto dígase a la parte promovente que deberá estarse a lo determinado en párrafos que anteceden. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, al tercero interesado de manera electrónica en el usuario "licconchas"; y por oficio a la responsable. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. El seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente 308/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con sede en Tepic, Nayarit, resolvió procedente el incidente de liquidación de la sentencia de siete de mayo de dos mil veintiuno; en ese sentido, cuantificó y condenó a la parte demandada -aquí quejosa-, a pagar por concepto de capital, intereses moratorios y honorarios profesionales la cantidad de $7´480,000.00 (siete millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Esta determinación constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Veinte de enero de dos mil veintidós (fojas 2 a 8). Admisión con incidente de suspensión: Veinticuatro de enero de dos mil veintidós (fojas 9 a 14). Emplazamiento al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito: Veinticuatro de febrero de dos mil veintidós (foja 18), quien formuló pedimento (fojas 68 a 69). Emplazamiento al tercero interesado José Miguel Conchas Lomelí: Veinticinco de enero de dos mil veintidós (foja 19), quien presentó alegatos (fojas 20 a 42). EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [2] Audiencia constitucional: Nueve de marzo de dos mil veintidós (fojas 76 y 77). CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza civil, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.1 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. 1 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [3] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la autoridad responsable y el acto reclamado son los siguientes: 2 Juzgado Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con sede en Tepic, Nayarit. a) Resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 308/2020, relativa al juicio ejecutivo mercantil oral, en la cual se declaró procedente el incidente de liquidación de la sentencia de siete de mayo de dos mil veintiuno y se cuantificó y condenó a la parte demandada - aquí quejosa-, a pagar por concepto de capital, intereses moratorios y honorarios profesionales la cantidad de $7´480,000.00 (siete millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional). 2 Es aplicable la jurisprudencia que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Con datos de localización, registro digital: 192097, instancia: Pleno, Novena Época, materias(s): Común, tesis: P./J. 40/2000, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo XI, Abril de 2000, página 32, tipo: Jurisprudencia. También apoya lo expuesto la jurisprudencia que dice:"SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador - como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto.". Con datos de localización, registro digital: 200066, instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, tesis: P./J. 49/96, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. tomo IV, Agosto de 1996, página 58, tipo: Jurisprudencia. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [4] Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Fojas Juzgado Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con sede en Tepic, Nayarit El citado inciso a) Acepta 72 TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues al rendir su respectivo informe justificado, aceptó expresamente la existencia del acto reclamado, argumentando que en la fecha señalada por la parte quejosa, emitió la resolución combatida; por lo que con dicha afirmación, se tiene plenamente probada su existencia.3 Asimismo, la existencia del acto se corrobora con las documentales que se allegaron al presente juicio de amparo, consistentes en copia certificada de los autos que integran el expediente ejecutivo mercantil oral 308/2020, las que al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,4 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o.5, por tratarse de documentos públicos. CUARTO. PROCEDENCIA. 3 Por su aplicación es de invocarse la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número doscientos setenta y ocho, en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". 4 Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.] 5 Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [5] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. 4.1. Causa de improcedencia hecha valer por el tercero interesado. El tercero interesado, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo6, dado que considera que la parte quejosa, debió agotar previamente a la promoción del juicio constitucional, el recurso de apelación, ello en razón de que refiere, el acto combatido al tratarse de la resolución que resolvió el incidente de liquidación de sentencia, procede en su contra el citado medio de impugnación, el cual debió agotarse previamente, para tal efecto invoca, entre otros, los ordinales 1,348, 1,356 y 1,357 del Código de Comercio7. 6 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). 7 Artículo 1,348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [6] Lo anterior se desestima en razón de lo siguiente: El ordinal y fracción de la ley de amparo que invoca el tercero interesado disponen que el juicio de derechos fundamentales resulta improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Excepción hecha cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Artículo 1,356. Las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo. Artículo 1,357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [7] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; del auto de vinculación a proceso; y, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por su parte, los ordinales 1,348 y 1,356 y 1,357 del Código de Comercio establecen que si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. Además, que las resoluciones que se dicten en los incidentes serán apelables en efecto devolutivo, salvo que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación, casos en que se admitirán en efecto suspensivo; asimismo, que las disposiciones de ese capítulo, serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase. Ahora, en el caso particular, el acto reclamado, resulta la resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 308/2020, relativa al juicio ejecutivo mercantil oral, en la cual se declaró procedente el incidente de liquidación de la sentencia de siete de mayo de dos mil veintiuno y se cuantificó y condenó a la parte aquí quejosa - demandada en el juicio de origen-, a pagar por concepto de capital, intereses moratorios y honorarios profesionales la cantidad de $7´480,000.00 (siete millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional). EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [8] En ese sentido, aun cuando el acto reclamado deviene en una determinación que resolvió el incidente de liquidación de sentencia, contra esa resolución, no procede el recurso ordinario de apelación, establecido en los arábigos de la legislación mercantil invocados. Ello así resulta, pues dicha interlocutoria, fue emitida en relación con el juicio ejecutivo mercantil oral 308/2020, tramitado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con sede en Tepic, Nayarit y contra las resoluciones emitidas en dichos juicios, no procede recurso alguno. En efecto, los artículos 1,390 Ter, 1,390 Ter 1, 1,390 Ter 2 y 1,390 Ter 3, del Código de Comercio8, en lo que a dicho tópico se refiere, disponen que el procedimiento ejecutivo mercantil oral, tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución, a saber, los previstos en el ordinal 1,391 de dicha legislación9. 8 Artículo 1,390 Ter. El procedimiento ejecutivo a que se refiere este Título tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución previstos en el artículo 1391. Artículo 1,390 Ter 1. La vía indicada en el artículo que antecede procede siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad a la que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente. (.) Artículo 1,390 Ter 2. Contra las resoluciones pronunciadas en este juicio no se dará recurso ordinario alguno. No obstante, las partes podrán solicitar al juez, de manera verbal en las audiencias, que subsane las omisiones o irregularidades que se llegasen a presentar en la substanciación del juicio oral, para el sólo efecto de regularizar el procedimiento. Asimismo, el juez podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare, para el sólo efecto de regularizar el procedimiento. Si las partes estimaren que la sentencia definitiva contiene omisiones, cláusulas o palabras contradictorias, ambiguas u oscuras, podrán solicitar de manera verbal dentro de la audiencia en que se dicte, la aclaración o adición a la resolución, sin que con ello se pueda variar la substancia de la resolución. Artículo 1,390 Ter 3. En el juicio ejecutivo mercantil oral se observarán los principios que contempla el artículo 1390 Bis 2 y se tramitará conforme a las reglas previstas en los artículos 1390 Bis 3; 1390 Bis 4; 1390 Bis 5; 1390 Bis 6; 1390 Bis 7; 1390 Bis 8; 1390 Bis 9; 1390 Bis 10; 1390 Bis 12 y 1390 Bis 13, salvo lo relativo a la reconvención que es incompatible con este juicio. 9 Artículo 1,391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [9] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V Que dicha vía ejecutiva mercantil oral procede siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad a la que establece el artículo 1,339 para que un juicio sea apelable y hasta cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente. Asimismo, que contra las resoluciones pronunciadas en ese juicio no procederá recurso ordinario alguno. Por lo cual, tratándose de resoluciones incidentales relacionadas con los juicios a que se refiere el artículo 1,390 Ter del Código de Comercio, la actuación de los aludidos juzgadores debe regirse por las disposiciones relativas a los juicios orales mercantiles; razón por la cual, la resolución que resuelve un incidente de liquidación de sentencia dictada por un juzgado de oralidad es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar previamente recurso ordinario alguno. Lo anterior, pues el referido precepto se encuentra entre las disposiciones generales del juicio ejecutivo mercantil oral y, conforme a su texto, las resoluciones emitidas en ese tipo de I. La sentencia ejecutoriada ó pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al art. 1,346, observándose lo dispuesto en el 1,348; II. Los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan los fedatarios públicos, en los que conste alguna obligación exigible y líquida; III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1,288; IV. Los títulos de crédito; V. (DEROGADA) VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia; VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor; VIII. Los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como los laudos arbitrales que éstas emitan, y IX. Los demás documentos que por disposición de la Ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [10] procedimiento no son impugnables a través de medios ordinarios. No es obstáculo a lo anterior lo establecido en el artículo 1,348 del propio código, disponga que si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda, ya que esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. En efecto, aún cuando el acto reclamado corresponde a una resolución de esa naturaleza, es decir resuelve el incidente de liquidación de la sentencia, ello no comprende la impugnación de tal determinación, ya que por estar relacionada con un juicio ejecutivo mercantil oral, se rigen por la regla específica contenida en el artículo 1390 Ter del propio código, que, como se adelantó no permite recurso ordinario alguno contra las respectivas determinaciones. Ahora, si bien conforme al artículo 1,356 del Código de Comercio trascrito, contra la resolución emitida en los incidentes procede el recurso de apelación; sin embargo, si esa resolución está relacionada con un juicio ejecutivo mercantil oral, debe aplicarse la norma específica relativa a que en contra de las resoluciones dictadas en dicho juicio no procede recurso alguno. Máxime que en términos del artículo 1390 Bis 8 del citado código, en relación con el diverso 1390 Ter 3 de tal legislación10, las reglas generales de dicho ordenamiento deben 10 Artículo 1,390 Bis 8. En todo lo no previsto regirán las reglas generales de este Código, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente Título. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [11] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V regir en todo lo no previsto en el título especial del juicio oral mercantil, siempre que tales disposiciones generales no se opongan a las del aludido título. Por tanto, si en el caso, las reglas contenidas para los incidentes, sí permiten la interposición de medios ordinarios de defensa, es claro que estas disposiciones se oponen a la contenida en el artículo 1,390 Ter del Código de Comercio, consistente en que contra las resoluciones pronunciadas en el juicio ejecutivo mercantil oral no procede recurso ordinario alguno. En consecuencia, tomando en consideración que contra el acto reclamado no procede el recurso de apelación, al devenir de un juicio ejecutivo mercantil oral, la causa de improcedencia invocada resulta improcedente11. Artículo 1,390 Ter 3. En el juicio ejecutivo mercantil oral se observarán los principios que contempla el artículo 1390 Bis 2 y se tramitará conforme a las reglas previstas en los artículos 1390 Bis 3; 1390 Bis 4; 1390 Bis 5; 1390 Bis 6; 1390 Bis 7; 1390 Bis 8; 1390 Bis 9; 1390 Bis 10; 1390 Bis 12 y 1390 Bis 13, salvo lo relativo a la reconvención que es incompatible con este juicio. 11 Cobra aplicación por identidad jurídica sustancial, la tesis que dice: PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN MATERIA MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN JUZGADO DE ORALIDAD QUE LAS NIEGA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE RECURSO ORDINARIO ALGUNO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1390 BIS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Hechos: La quejosa promovió demanda de amparo indirecto contra la resolución que negó las providencias precautorias solicitadas en un juicio oral mercantil, el Juez de Distrito la desechó de plano, al estimar que debió agotarse el principio de definitividad; contra este proveído aquélla promovió recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que contra la resolución dictada por un juzgado de oralidad que negó una providencia precautoria en materia mercantil, procede el juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente recurso ordinario alguno, en términos del artículo 1390 Bis del Código de Comercio. Justificación: Lo anterior, porque conforme al artículo 71 Bis, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal abrogada, los Jueces de lo civil de proceso oral conocen, entre otros procedimientos, de las providencias precautorias relacionadas con los juicios que son de su competencia; por lo cual, tratándose de providencias precautorias relacionadas con los juicios a que se refiere el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, la actuación de los aludidos juzgadores debe regirse por las disposiciones relativas a los juicios orales mercantiles; razón por la cual, la resolución que desecha una providencia precautoria dictada por un juzgado de oralidad es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar previamente recurso ordinario alguno. Lo anterior, pues el referido precepto se encuentra entre las disposiciones generales del juicio oral mercantil y, conforme a su texto, las resoluciones emitidas en los procedimientos orales mercantiles no son impugnables a través de medios ordinarios. No es obstáculo a lo anterior lo establecido en el artículo 1390 Bis 1 del propio código, pues las providencias precautorias solicitadas en relación con un juicio oral mercantil se tramitan conforme al libro quinto "De los juicios mercantiles", título primero "Disposiciones generales", capítulo XI "De las providencias precautorias", del referido código, pero ello no comprende la impugnación de las resoluciones emitidas en las providencias precautorias, ya que por estar relacionadas con un juicio oral mercantil, se rigen por la regla específica contenida en el artículo 1390 Bis del propio código. Ahora, si bien conforme a los artículos 1183 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio, contra la resolución emitida en las providencias precautorias procede el recurso de apelación; sin embargo, si esas providencias están relacionadas EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [12] Al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes, o que este juzgador advierta de oficio, lo que procede es entrar al estudio de los conceptos de violación que alega la parte quejosa en su escrito de demanda. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los conceptos de violación y para mejor comprensión del problema jurídico planteado, es necesario narrar los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 3 a 9, del anexo de pruebas), José con un juicio oral mercantil, debe aplicarse la norma específica relativa a que en contra de las resoluciones dictadas en dicho juicio no procede recurso alguno. Máxime que en términos del artículo 1390 Bis 8 del citado código, las reglas generales de dicho ordenamiento deben regir en todo lo no previsto en el título especial del juicio oral mercantil, siempre que tales disposiciones generales no se opongan a las del aludido título. Por tanto, si en el caso, las reglas contenidas en el libro quinto, título primero, capítulo XI, relativas a la tramitación de las providencias precautorias, sí permiten la interposición de medios ordinarios de defensa, es claro que estas disposiciones se oponen a la contenida en el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, consistente en que contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno. De ahí que no sea posible concluir que la remisión que hace el artículo 1390 Bis 1 del código en cita a las reglas específicas para la tramitación de las providencias precautorias, incluya también las disposiciones relativas a su impugnación, ya que estas últimas se oponen a la contenida en el diverso 1390 Bis del propio código, conforme a la cual, contra las resoluciones dictadas en los juicios orales mercantiles no procede ningún medio ordinario de defensa. Con datos de localización, registro digital: 2023337, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, materias(s): Común, Civil, tesis: I.11o.C.156 C (10a.), fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2432, tipo: Aislada. Asimismo se invoca la tesis cuyo rubro y texto disponen: JUICIO ORAL MERCANTIL. EL LEGISLADOR CUENTA CON FACULTADES PARA LIMITAR VÁLIDAMENTE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN ESTE TIPO DE JUICIOS. El artículo 1390 bis del Código de Comercio establece que en contra de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el derecho a impugnar una resolución a través del recurso de apelación no es necesariamente un derecho absoluto, pues éste puede ceder ante otras finalidades constitucionales que el legislador, en ejercicio de su amplia libertad configurativa, tenga a bien considerar en aras de diseñar los procesos jurisdiccionales como mejor lo advierta. Lo anterior no significa que el legislador no encuentre límites a dicha libertad configurativa, pues éste debe respetar en todo momento los derechos fundamentales y evitar diseñar normas que establezcan límites irrazonables y diferenciaciones discriminatorias. Así, el legislador, en su labor de diseñar los procesos jurisdiccionales, ha otorgado mayor peso a ciertos valores constitucionales, en específico, a la obligación constitucional de impartir justicia de forma pronta y expedita, en virtud de que especialmente en la materia mercantil es deseable que los negocios judiciales sean resueltos con celeridad y así evitar procesos excesivamente prolongados, cuyos costos se elevan considerablemente para las partes. Con datos de localización, registro digital: 2013209, instancia: Primera Sala, Décima Época, materias(s): Constitucional, Civil, tesis: 1a. CCLXXIX/2016 (10a.), fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, página 371, tipo: Aislada EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [13] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V Miguel Conchas Lomeli, demandó en la vía ejecutiva mercantil oral a José López Gutiérrez -aquí quejoso-, por el pago de la cantidad de $3'200,000.00 (tres millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, intereses moratorios vencidos y por vencerse; por el pago de honorarios profesionales, gastos y costas del juicio. 2. El treinta de noviembre de dos mil veinte (fojas 13 a 16 del anexo de pruebas), el Juzgado Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con sede en Tepic, Nayarit, admitió a trámite dicha demanda con el número 308/2020 y emitió auto de exequendo. 3. El once de febrero de dos mil veintiuno, al no haber dado contestación a la demanda interpuesta, se declaró la rebeldía de la parte demandada -aquí quejosa- (foja 29 ibídem). 4. Seguidos los trámites correspondientes, el siete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 68 a 81 del anexo de pruebas), se dictó la sentencia definitiva, en la cual se declaró que la parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción y la demandada aquí quejosa, no compareció a juicio; en consecuencia se condenó al demandado a pagar la cantidad de $3'200,000.00 (tres millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de capital; así como al pago de los intereses moratorios pactados a la tasa de 2.5 % (dos punto cinco por ciento), generados y los que se sigan generando, hasta el pago total de lo reclamado; al pago de gastos y costas generados con motivo de la tramitación del juicio, así como al pago de honorarios profesionales. 5. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia definitiva correspondiente (foja 126 ibídem). EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [14] 6. Mediante escrito presentado el uno de junio de dos mil veintiuno, la parte demandada -aquí quejosa-, promovió juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva mencionada (fojas 128 a 137 anexo de pruebas). 7. Por auto de dos de junio de dos mil veintiuno (fojas 138 a 140 ibídem), el Juzgado Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con sede en Tepic, Nayarit, tuvo por recibida la demanda de amparo respectiva; ordenó correr traslado a la parte actora -aquí tercero con interés-, proveyó sobre el informe justificado respectivo; y, concedió la suspensión para efecto de que no se ejecutara la sentencia definitiva dictada el siete de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio ejecutivo mercantil oral 208/2020; es decir, para que no se le requiera por el cobro de lo condenado en dicha resolución, ni se le embargaran bienes que lo garanticen. En ese sentido, impuso como requisito de procedibilidad para que siguiera surtiendo efectos la suspensión, la garantía consistente en la suma de $68,479.99 (sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 99/100 moneda nacional). 8. Al no haber exhibido la garantía impuesta, mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno (fojas 149 ibídem), el Juzgado Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con sede en Tepic, Nayarit, dejó sin efectos la suspensión decretada, estableciendo que mientras no se ejecutara el acto reclamado, el quejoso podría exhibir la garantía, con lo cual de inmediato volvería a surtir efectos la medida suspensional. 9. A través del oficio 471/2021-III, recibido el seis de julio de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, informó que admitió a trámite el EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [15] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V amparo directo interpuesto contra la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ejecutivo mercantil oral 208/2020 de origen (foja 150 ibídem). 10. Mediante escrito exhibido el dos de agosto de dos mil veintiuno (fojas 156 a 159 del anexo de pruebas), la parte actora en el juicio de origen -aquí tercero interesado-, en vía de ejecución de sentencia, presentó planilla de liquidación; en ese sentido, por auto de once de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente de liquidación respectivo y se corrió traslado a la parte demandada aquí quejosa (foja 173 ibídem). 11. Por moción recepcionada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno (fojas 190 a 192 ibídem), la parte demandada en el juicio de origen - aquí quejosa- dio contestación al incidente planteado; en consecuencia, mediante resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 236 a 243 ibídem) el Juzgado Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con sede en Tepic, Nayarit, emitió la resolución correspondiente, la cual en esencia dispuso lo siguiente: II. ANALISIS DE PROCEDENCIA. En éste caso, el incidentisa, JOSE MIGUEL CONCHAS LOMELI, promueve en vía de ejecución, el incidente de liquidación de sentencia en contra del demandado JOSE LOPEZ GUTIERREZ, respecto a la sentencia de fecha 07 siete de mayo de 2021 dos mil veintiuno, en relación la condena líquida impuesta por concepto de intereses generados a partir del 09 nueve de enero de 2018 dos mil dieciocho, por el incumplimiento del demandado en el pago. A lo que el demandado JOSÉ LOPEZ GUTIERREZ, se opuso a la incidencia a virtud de la omisión de precisar las operaciones aritméticas que sustenta la cuantificación propuesta de intereses y honorarios, aduciendo que la sentencia, es inejecutable por esta sustanciándose un amparo, por ello opone la improcedencia de la vía, que también hace valer por no haber sido requerido por el incumplimiento voluntario de la sentencia, y según dice que no se ha satisfecho la condición para la ejecución forzosa, afirmando que es improcedencia de pago de gastos, costas y honorarios por estimar no ser responsable del proceso. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [16] En atención a lo señalado, ahora para el análisis de incidencia, se considera lo establecido por el artículo 1348 del Código de Comercio, que señala: "Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata" Precepto que regula el procedimiento de ejecución cuando se trata de una condena ilíquida, y que, forzosamente, debe gestionarse la cuantificación de la liquidación para que se ejecute plenamente la sentencia. Por ello, los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio para perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución; permiten establecer que si el demandado fue condenado al pago de una suma determinada por concepto de capital, intereses y gastos y costas del juicio, es obvio que se trata de una condena de cantidades líquidas e ilíquidas a las que quedaron obligadas las partes en el juicio en forma genérica y tal determinación debe tener su apoyo en los elementos allegados a juicio y al procedimiento incidental, debiendo además tomar en cuenta fundamentalmente las bases que para tal fin se desprenden del fallo principal, cuando las haya, sin modificarlas, anularlas ni rebasarlas, correspondiendo en estricto derecho y antes de obsequiar las prestaciones de las partes revisar que la liquidación se ajuste a la sentencia. (.) Lo anterior, se adecua al caso concreto, toda vez que la oposición de la demandada, es infundada y por ello improcedente para desvirtuar la incidencia planteada. Toda vez que, carece de razón al afirmar que la parte incidentista omitió en la propuesta precisar las operaciones aritméticas que sustenta la cuantificación de intereses y honorarios, ya que basta observar su planteamiento para conformar que la propuesta parte de la condena impuesta, la que toma como base para establecer el periodo vencido desde el incumplimiento, calculando la morosidad conforme a la condena de intereses, que multiplica por el porcentaje objeto de condena, cuyo resultado lo multiplica por el periodo vencido, y lo que resulta la suma al capital, monto sobre el cual, calcula los honorarios en base al valor de la unidad de medida y actualización UMA, cuyo resultado suma a los montos que obtuvo de intereses y capital, evidenciándose que la incidentista se sujeta a las reglas de la sentencia para la propuesta de liquidación de sentencia. Como también es infundado el diverso argumento en el sentido de que la sentencia materia de la incidencia, es inejecutable por estar sustanciándose un amparo, afirmación defensiva que carece de sustento, ya que la circunstancia de que conste que está en trámite un EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [17] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V amparo, opuesto por el mismo ejecutado, ello no es causa que impida la ejecución de la sentencia, por observarse que no está suspendida, a virtud de que pese a que se le concedió la suspensión provisional, condicionada a garantía que se le fijó para la surtiera efectos la suspensión definitiva, sin que haya consignada a autos el monto de la garantía fijada, es decir, no garantizó, ya que omitió consignarla, con lo que dejó de surtir efectos la suspensión provisional, lo que hace improcedente su oposición a la incidencia. En términos iguales de improcedencia está su defensa de improcedencia de la vía, por no haber sido requerido por el cumplimiento voluntario de la sentencia, lo cual dice que es una condición para la ejecución forzosa, lo cual es desacertado, ya que el código de comercio que regula el procedimiento oral mercantil ejecutivo, no prevé la figura del cumplimiento voluntario de las resoluciones judiciales, como un requisito necesario indispensable para la ejecución forzosa de las mismas, y al no establecerse, ello excluye la posibilidad de aplicar la supletoriedad de la norma a que alude los artículos 1051, 1054, 1063, del Código de Comercio, ya que para que opere la mencionada supletoriedad, es necesarios los siguientes requisitos. 1. Que el ordenamiento que se pretende suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable; 2. Que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata; 3. Que no obstante la existencia de ésta, la normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria, y 4. Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida, lo anterior, conduce a determinar que es improcedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva al Código de Comercio, para condicionar la ejecución de la sentencia al cumplimiento voluntario, que como ya se indicó se excluye de la norma mercantil. Finalmente en lo que respecta al argumento de improcedencia de pago de gastos, costas y honorarios, que invoca bajo la afirmación de que no ser responsable del proceso, también es infundado e improcedente, a virtud de que el fundamento para que se proponga la cuantificación de tales conceptos deriva de la sentencia emitida en su contra y objeto del incidente, en la que consta que tal condena se impuso por disposición expresa de la ley, ya que el artículo 1084 fracción III del código de comercio establece que la condena a costas procede en contra de quien resulta condenado en juicio ejecutivo como en este caso acontece, y por ende, es improcedente su oposición en ese sentido. Luego entonces, procede atender para el análisis de la incidencia planteada, la resolución de fecha 07 siete de mayo de 2021 dos mil veintiuno, cuya ejecución se promueve, determina cantidad liquida en cuanto al capital, pero no en lo que respecta a intereses generados por el incumplimiento de la parte demandada, por ello, es fundado el incidente de liquidación promovido por JOSE MIGUEL CONCHAS LOMELI. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [18] Y, Procede al cálculo aritmético en base a la referida sentencia, en la cual consta que se condenó a la parte demandada al pago de la cantidad liquida de $3,200,000.00 tres millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional, que corresponde a capital. Capital que se toma como base para la cuantificación del interés moratorio, equivalente al 2.5 % dos punto cinco por ciento mensual, los cuales se computan, a partir del día 09 nueve de enero del 2018 dos mil dieciocho, según consta en la misma resolución de fecha 07 siete de mayo de 2021 dos mil veintiuno al 09 nueve de octubre de 2021 dos mil veintiuno, periodo propuesto por el actor incidentista. Cálculo que se aplica sobre el capital de la condena que se toma como referencia el cual asciende a la cantidad de $3,200,000.00 tres millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional, por el 2.5% dos punto cinco por ciento mensual, lapso en el que transcurrieron 45 cuarenta y cinco meses que calculadas por el porcentaje indicado del 4.0% cuatro por ciento mensual sobre el capital, que es de $3,200,000.00 tres millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional resulta la cantidad de $80,000.00 ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional, por cada mes vencido, que multiplicadas por el tiempo de mora, que en este caso son de 45 cuarenta y cinco meses, resulta la cantidad de $3,600,000.00 tres millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de intereses moratorios generado en el periodo indicado, cantidad que se aprueba por coincidir con las operaciones aritméticas realizadas con antelación. Al resultado anterior, se suma el capital de $3,200,000.00 tres millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional, de lo que resulta un total de $6,800,000.00 seis millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de capital e intereses moratorios acumulados al día 09 nueve de octubre de 2021 dos mil veintiuno, cantidad que se aprueba por coincidir con las operaciones aritméticas realizadas con antelación. Cantidad la señalada que se toma como base para la cuantificación de la condena de honorarios profesionales conforme al resolutivo tercero de la sentencia definitiva de fecha 07 siete de mayo de 2021 dos mil veintiuno, en el cual, es procedente en razón de que su autorizado legal, licenciado NETZAHUALCOYOTL VALENCIANO HERNÁNDEZ, tiene facultad legal de exigir su pago, a virtud de que compareció a juicio a representar a la actora y adicionalmente tienen registro oficial en la base de datos de abogados titulados registrados en el Tribunal Superior de Justicia, lo cual se constata con la consulta a la página web pública del Poder Judicial del Estado, en donde consta su registro con cédula profesional, lo que lo faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y al cobro de honorarios. Por ello, para la cuantificación de los honorarios que se reclaman, se parte de lo previsto por el artículo 5, 11, 17 y 9 del Arancel de abogados vigente para el Estado de Nayarit, que señalan en su orden: "Artículo 5.- Cuando derivado de un proceso resulte la condena al pago de costas, se cubrirán de conformidad con lo dispuesto en el presente ordenamiento, a excepción de que hubiere contrato de prestación de servicios profesionales, mismo que tendrá que ser exhibido en el escrito de demanda o en el de contestación, según EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [19] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V sea el caso, ante el juez de la causa. El que litigue por si, en causa propia tiene derecho a exigir costas". A su vez, el dispositivo 11 prevé: "Para los efectos de esta ley, se tendrá como cuantía o interés del negocio el importe de las cantidades que resulten de la sentencia definitiva y los intereses hasta la ejecución de ésta, si se hubiese condenado a pagarlos. Esta misma regla se aplicará en los asuntos en que se reclamen prestaciones periódicas. En segunda instancia se tendrá como base la sentencia que la concluya." Por su parte el artículo 17 dispone: "Para el cobro de los asuntos de cuantía determinada, independientemente del resultado del negocio, se estará atendiendo a la cuantía a lo siguiente: I. Hasta de 100 días de salario, se cobrará el 20 % del valor total del juicio o negocio; II. Cuando sea superior a los 100 días de salario, pero menor a 1000 días de salario, se cobrará un 15 % del valor total del negocio, y III. Si es mayor a 1000 días de salario, se cobrará un 10 % del valor total del juicio o negocio". Y, el artículo 9 de dicha Ley arancelaria señala: "Para los efectos de aplicación de esta ley, por día de salario deberá entenderse el equivalente al salario mínimo general vigente en la entidad, en el momento que se haga exigible el pago por concepto de honorarios profesionales". Lo que al adecuarse al caso concreto, en el que capital e intereses moratorios, asciende a $6,800,000.00 seis millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional, la cual, se toma como base para cuantificar los honorarios conforme al artículo 11 del Arancel para Abogados vigente en el Estado de Nayarit, precitada, la cual es superior a 1000 mil días de salario mínimos vigente en la entidad, actualizándose la hipótesis normativa prevista por el artículo 17 fracción III de la Ley Arancelaria vigente en el Estado de Nayarit; toda vez que, para el año dos mil veintiuno, año en que se admitió la demanda, el salario mínimo vigente vigente era de $89.62 ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional, lo cual, se toma como base para calcular el monto de los honorarios, al 10% diez por ciento del valor del negocio, a virtud de que asciende a la cantidad de $6,800,000.00 seis millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional, la cual es superior a 1000 mil días de salario mínimo vigente, y en base a la fracción tercera de la disposición invocada, se le aplica el diez por ciento, de lo que resulta la cantidad de $680,000.00 seiscientos ochenta mil pesos moneda nacional, por concepto de HONORARIOS PROFESIONALES, cantidad que se aprueba por coincidir con las operaciones aritméticas realizadas con antelación. Por lo que al sumar la cantidad de $6,800,000.00 seis millones ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de capital e intereses moratorios, cuantificados al 09 nueve de octubre de 2021 dos mil veintiuno, y la cantidad de $680,000.00 seiscientos ochenta mil pesos moneda nacional, por concepto de honorarios profesionales, se obtiene un adeudo total por la cantidad de $7,480,000.00 siete millones cuatrocientos ochenta mil pesos EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [20] 00/100 moneda nacional, cantidad que se aprueba por coincidir con las operaciones aritméticas realizadas con antelación. En atención a ello, se declara que ha procedido el incidente de liquidación de sentencia, promovido por JOSE MIGUEL CONCHAS LIMELI, en contra de JOSE LOPEZ GUTIERREZ, en consecuencia, se aprueba el mismo; y: Sin que desvirtúe lo anterior, la oposición del ejecutado, que como ya se indicó resultó infundada e improcedente, a virtud de que las pruebas que aportó a la incidencia consistentes en la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, no le benefician, si no al contrario, conforme a los artículos 1294, 1305 y 1306 del Código de Comercio, confirma la procedencia del incidente planteado, por constituir la sentencia definitiva y todo lo actuado y lo deducible del juicio la base para procedencia del incidente que se analiza. Se condena al demandado JOSE LOPEZ GUTIERREZ, a pagar a JOSE MIGUEL CONCHAS LOMELI la cantidad de $7,480,000.00 siete millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de intereses moratorios generados en el periodo indicado. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1321, 1323, 1324, 1325, 1349, 1350, 1351, 1355 y 1356 del Código de Comercio, se resuelve de acuerdo a los siguientes puntos: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Ha procedido el incidente de Liquidación de sentencia promovido por JOSE MIGUEL CONCHAS LOMELI, en contra de JOSE LOPEZ GUTIERREZ, respecto a la sentencia de fecha 07 siete de mayo de 2021 dos mil veintiuno; en contra de JOSE LOPEZ GUTIERREZ, respecto a la sentencia de fecha 07 siete de mayo de 2021 dos mil veintiuno; en consecuencia, se aprueba el mismo; y: SEGUNDO. Se condena a la parte demandada JOSE LOPEZ GUTIERREZ, a pagar a JOSE MIGUEL CONCHAS LOMELI la cantidad de $7,480,000.00 siete millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de capital, intereses moratorios, generados al 09 nueve de octubre de 2021 dos mil veintiuno y honorarios profesionales. TERCERO. (.).". Esto último constituye el acto que por esta vía se reclama. Ahora, los conceptos de violación de la parte quejosa se tienen por insertos en aras de economía procesal, cuya transcripción se estima innecesaria, aunado a que no existe disposición legal que obligue a este juzgador a incluir su contenido literal para su análisis en el presente fallo. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [21] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V En ese sentido, en el primer concepto de violación sintetizado, la parte quejosa refiere que en el acto reclamado, la autoridad responsable viola el principio de congruencia, consagrado en el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos12, ello en razón de que parte de una premisa que no fue puesta a su consideración, dado que la parte quejosa, opuso ante la responsable la inejecutabilidad de la sentencia definitiva por disposición expresa de la ley, establecida en los artículos 1,343 y 1,390 ter-15 del Código de Comercio, de los cuales manifiesta el quejoso se advierte que no puede causar ejecutoria una sentencia cuando en su contra se ha hecho valer un medio de impugnación, como lo es el juicio de amparo directo, circunstancia que impide que la responsable pueda hacer una declaración en tal sentido y ordenar su ejecución. Argumentando también que no obstante, sin fundar ni motivar su actuar, la autoridad responsable contestó su argumento aduciendo que no impedía la ejecución de la sentencia definitiva emitida el siete de mayo de dos mil veintiuno, el hecho de que en su contra se esté tramitando un amparo 12 Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [22] directo, lo anterior, tomando en consideración que la suspensión concedida con motivo de dicho medio extraordinario, quedó sin efectos mediante auto de veintidós de junio de dos mil veintiuno, al no haberse garantizado la misma. El concepto de agravio sintetizado, resulta fundado pero inoperante. Se llega a esta conclusión tomando en consideración que si bien es cierto la excepción opuesta, por el disidente ante el ente responsable, se dirigió a cuestionar la inejecutabilidad de la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen en razón de que no había causado ejecutoria, con base en los artículos 1,343 y 1,390 ter-15 del Código de Comercio mencionados. Sin embargo, el órgano de origen declaró infundada la excepción con base en que al no haberse exhibido la garantía impuesta para que surtiera efectos la suspensión otorgada a la parte demanda aquí quejoso, en relación con el amparo directo promovido contra la sentencia definitiva de origen, sin ocuparse de la cuestión elevada con miras a los artículos invocados. Lo inoperante de lo anterior, resulta pues aún si la autoridad responsable hubiera analizado la excepción opuesta a la luz de los ordinales invocados por la parte demandada en el juicio de origen -aquí quejoso- tal planteamiento resultaría ineficaz para resolver el asunto favorablemente a los intereses de la parte quejosa13. 13 CONCEPTOS DE VIOLACION EN QUE SE ALEGA INCONGRUENCIA POR OMISION. SON INOPERANTES SI LAS CUESTIONES PASADAS POR ALTO NO SON APTAS PARA QUE LA RESPONSABLE RESUELVA FAVORABLEMENTE AL QUEJOSO. Si del estudio de un concepto de violación se concluye que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversos motivos que ven el fondo de la cuestión omitida, tal planteamiento resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [23] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V Para sostener lo anterior, resulta conveniente recapitular que el acto reclamado es la resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 308/2020, relativa al juicio ejecutivo mercantil oral, en la cual se declaró procedente el incidente de liquidación de la sentencia de siete de mayo de dos mil veintiuno y se cuantificó y condenó a la parte aquí quejosa -demandada en el juicio de origen-, a pagar por concepto de capital, intereses moratorios y honorarios profesionales la cantidad de $7´480,000.00 (siete millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional). La parte quejosa, con vista del incidente de liquidación respectivo, adujo que resultaba improcedente, dado que la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen no había causado ejecutoria, tal como lo disponen los ordinales 1,343 y 1,390 ter-15 del Código de Comercio14. Ahora, tales arábigos en lo que interesa establecen que la sentencia de segunda instancia causará ejecutoria cuando la misma no pueda ser recurrida por ningún otro medio ordinario o extraordinario de impugnación, cualquiera que sea el interés que en el litigio se verse. Asimismo, que la ejecución de los convenios celebrados ante los jueces de Proceso Oral y de las resoluciones dictadas por negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable y en su caso el Tribunal Colegiado por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente al quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar otra ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. Con datos de localización, registro digital: 229345, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, materias(s): Común, tesis: VI. 1o. J/16, fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 902, tipo: Jurisprudencia. 14 Artículo 1,343. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria cuando la misma no pueda ser recurrida por ningún otro medio ordinario o extraordinario de impugnación, cualquiera que sea el interés que en el litigio se verse. Artículo 1,390 Ter 15. La ejecución de los convenios celebrados ante los jueces de Proceso Oral y de las resoluciones dictadas por éstos conforme a este Título, se hará en lo conducente en los términos previstos para la ejecución de los juicios ejecutivos reguladas en el Título Tercero, así como a lo dispuesto en el Título Primero, del Libro Quinto de este Código. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [24] éstos conforme a los juicios ejecutivos mercantiles orales, se hará en lo conducente en los términos previstos para la ejecución de los juicios ejecutivos. Los ordinales invocados por la parte quejosa, resultan inaplicables al caso concreto, porque la sentencia definitiva emitida en el juicio ejecutivo mercantil oral 308/2020, del índice de la responsable, no es una sentencia de segunda instancia que para causar ejecutoria necesite no haber sido recurrida por algún medio ordinario o extraordinario de impugnación. En efecto, la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil veintiuno, respecto de la cual se declaró procedente el incidente de liquidación respectivo, fue emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil oral 308/2020, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil con sede en Tepic, Nayarit, esa una sentencia de primera instancia, de ahí que no se actualice la hipótesis del ordinal 1,343 citado. Más aún, contra la determinación mencionada, no procede recurso alguno, tal y como lo establecen los dispositivos 1,390 Ter y 1,390 Ter 2, del Código de Comercio15 tantas veces mencionado, que en esencia establecen que contra las resoluciones emitidas dentro de los juicios ejecutivos mercantiles orales no procede recurso ordinario alguno. En ese sentido, atento a lo dispuesto por los ordinales 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles16, aplicado 15 Artículo 1,390 Ter. El procedimiento ejecutivo a que se refiere este Título tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución previstos en el artículo 1391. Artículo 1,390 Ter 2. Contra las resoluciones pronunciadas en este juicio no se dará recurso ordinario alguno. 16 Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I.- Las que no admitan ningún recurso; II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [25] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V supletoriamente al Código de Comercio de conformidad con el diverso 1,05417 de este último ordenamiento, la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria por ministerio de ley, de ahí que desde el momento de su emisión, la misma resultaba ejecutable. Cierto, los artículos de la legislación adjetiva mencionados señalan que causan ejecutoria por ministerio de ley, las sentencias que no admitan ningún recurso, de ahí que se insiste, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil veintiuno, respecto de la cual se declaró procedente el incidente de liquidación respectivo, al haberse emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil oral de primera instancia y respecto de la cual no procede recurso ordinario alguno, causó ejecutoria por ministerio de ley; en consecuencia, desde ese momento resultaba ejecutable la misma. De ahí que los dispositivos invocados por la demandada en el juicio de origen -aquí quejosa-, resultan insuficientes para actualizar la excepción opuesta, relativa a que la sentencia definitiva de primera instancia resultaba inejecutable Sin que sea óbice a lo anterior, que la parte quejosa, haya promovido juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva mencionada, el cual se encuentra sub júdice, dado que como bien lo destacó en el acto reclamado la autoridad responsable, la suspensión otorgada para que dicha determinación no se III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. Artículo 357. En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. 17 Artículo 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [26] ejecutara, quedó sin efectos mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno (fojas 149 a 152 del anexo de pruebas), al no haberse exhibido la garantía impuesta para que surtiera efectos la misma, quedando a salvo sus derechos para exhibirla en cualquier momento y con ello otorgar la suspensión de la ejecución de la misma, de ahí que, se insiste, la sentencia definitiva tantas veces mencionada, resulta ejecutable. En consecuencia, el agravio analizado deviene fundado pero inoperante18. En el segundo concepto de violación sintetizado, la parte quejosa, refiere que se viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales19, pues previo al 18 Cobra aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia que dispone: CONCEPTOS DE VIOLACION, FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, pero claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso el tribunal, por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; de ahí que no hay que esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. Con datos de localización, registro digital: 226565, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, materias(s): Común, tesis: VI. 2o. J/16, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 153, tipo: Jurisprudencia. 19 Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [27] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [28] incidente de liquidación de la sentencia, promovido por la parte actora -aquí tercera interesada- debió de requerírsele a la parte demandada -aquí quejosa- el cumplimiento voluntario, ello de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 339 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, de aplicación supletoria de conformidad con el diverso 1,054 del Código de Comercio; sin embargo, al no haberlo hecho así transgrede los principios de valoración y fundamentación, porque el último de los ordinales mencionados permite la supletoriedad cuando la figura cuya regulación ha de aplicarse supletoriamente no se encuentre prevista de forma suficiente, lo que ocurrió en el caso del cual deriva el acto reclamado. Al efecto, refiere que la autoridad responsable, no expuso ni justificó el por qué no se actualiza la supletoriedad y por qué no aplicó el dispositivo de la ley local mencionada; es decir, por qué no se le requirió el cumplimiento voluntario previo a sustanciar y declarar procedente el incidente de liquidación de sentencia. podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [29] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V Lo anterior deviene infundado, pues contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la autoridad responsable, en el acto reclamado y en relación con lo puesto a su consideración, en el sentido de aplicar la supletoriedad mencionada y de conformidad con el ordinal 339 de la ley adjetiva local, darle vista previamente a la tramitación del incidente de liquidación de sentencia, si se pronunció al respecto y adujo el razonamiento lógico jurídico para tal efecto, a saber expuso lo siguiente: ". En términos iguales de improcedencia está su defensa de improcedencia de la vía, por no haber sido requerido por el cumplimiento voluntario de la sentencia, lo cual dice que es una condición para la ejecución forzosa, lo cual es desacertado, ya que el código de comercio que regula el procedimiento oral mercantil ejecutivo, no prevé la figura del cumplimiento voluntario de las resoluciones judiciales, como un requisito necesario indispensable para la ejecución forzosa de las mismas, y al no establecerse, ello excluye la posibilidad de aplicar la supletoriedad de la norma a que alude los artículos 1051, 1054, 1063, del Código de Comercio, ya que para que opere la mencionada supletoriedad, es necesarios los siguientes requisitos. 1. Que el ordenamiento que se pretende suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable; 2. Que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata; 3. Que no obstante la existencia de ésta, la normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria, y 4. Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida, lo anterior, conduce a determinar que es improcedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva al Código de Comercio, para condicionar la ejecución de la sentencia al cumplimiento voluntario, que como ya se indicó se excluye de la norma mercantil. ." Como se advierte de la transcripción anterior, la autoridad responsable expuso los razonamientos lógico jurídicos para determinar el por qué no se actualizaba la supletoriedad para aplicar el artículo mencionado, a saber expuso que en razón de que el código de comercio que regula el procedimiento oral mercantil ejecutivo, no prevé la figura del cumplimiento EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [30] voluntario de las resoluciones judiciales, como un requisito necesario indispensable para la ejecución forzosa de las mismas, y al no establecerse, ello excluye la posibilidad de aplicar la supletoriedad de la norma a que alude el artículo 1,054 detallado. Consideración que resulta acertada, pues la interpretación de los ordinales 1,054 y 1,348 de la citada legislación mercantil20, conduce a determinar que es improcedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva al Código de Comercio, para resolver sobre la ejecución de las sentencias definitivas cuando no contienen cantidad líquida. Lo anterior es así, porque en el sistema de prelación de las normas rectoras de los juicios mercantiles, deben preferirse, en primer lugar, las convenidas por las partes o, en su defecto, las establecidas en el Código de Comercio y las leyes mercantiles, en tanto que la supletoriedad constituye un sistema que reviste carácter excepcional o extraordinario para la corrección de vacíos legislativos o el complemento de la legislación especial en aquello que resulte necesario para resolver la cuestión puesta a consideración del Juez. Esto es, uno de los requisitos para que opere la supletoriedad consiste en verificar la necesidad de la aplicación de la norma supletoria para resolver la controversia o el problema jurídico 20 Artículo 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. Artículo 1,348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [31] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V planteado, lo que implica que si entre las reglas de la ley especial (Código de Comercio) existe alguna con la cual pueda solucionarse el problema jurídico, esa disposición debe aplicarse sin acudir a alguna otra de la ley supletoria, por más que esta última parezca adecuada o específica. Ahora bien, entratándose de la ejecución de las sentencias cuando no contienen cantidad liquida la legislación especial dispone que a petición de la parte a cuyo favor se pronunció, podrá promover la ejecución a la cual adjuntará su liquidación, con ello se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de tres días lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el artículo 1,048 del código aludido, sí ofrece una regla con la cual el juez puede sustanciar la ejecución de una sentencia en cuanto a su cantidad líquida; en tal virtud, el sistema de ejecución de tales resoluciones previsto por el legislador mercantil es completo, de ahí que resulta innecesario e injustificado acudir a la norma supletoria, teniendo en el Código de Comercio las reglas específicas con las cuales se puede dirimir el problema jurídico en cuestión21. 21 Cobra aplicación al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia que dispone: COSTAS EN EL JUICIO MERCANTIL. NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LAS LEYES SUPLETORIAS AL CÓDIGO DE COMERCIO PARA RESOLVER SOBRE ESE ASPECTO CUANDO EL JUICIO TERMINA POR DESISTIMIENTO POSTERIOR AL EMPLAZAMIENTO. La interpretación de los artículos 1051, 1054, 1063, 1082 y 1084 del Código de Comercio, conduce a determinar que es improcedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles o la ley procesal local respectiva al Código de Comercio, para resolver sobre la condena en costas en los juicios mercantiles que concluyan con desistimiento presentado después del emplazamiento. Lo anterior es así, porque en el sistema de prelación de las normas rectoras de los juicios mercantiles, deben preferirse, en primer lugar, las convenidas por las partes o, en su defecto, las establecidas en el Código de Comercio y las leyes mercantiles, en tanto que la supletoriedad constituye un sistema que reviste carácter excepcional o extraordinario para la corrección de vacíos legislativos o el complemento de la legislación especial en aquello que resulte necesario para resolver la cuestión puesta a consideración del Juez; esto es, uno de los requisitos para que opere la supletoriedad consiste en verificar la necesidad de la aplicación de la norma supletoria para resolver la controversia o el problema jurídico planteado, lo que implica que si entre las reglas de la ley especial (Código de Comercio) existe alguna con la cual pueda solucionarse el problema jurídico, esa disposición debe aplicarse sin acudir a alguna otra de la ley supletoria, por más que esta última parezca adecuada o específica. Ahora bien, tratándose de la condena en costas, las disposiciones de los artículos 1082 y 1084 del código aludido, sí ofrecen una regla con la cual el Juez puede resolver si condena o absuelve del pago de costas en el EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [32] En consecuencia, resulta infundado el segundo concepto de violación. En el tercer concepto de violación sintetizado, la parte quejosa refiere que se viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, dado que en el acto reclamado, el ente responsable aprobó el incidente de liquidación de sentencia presentado por la parte actora en el juicio de origen -aquí tercero interesado- realizando un cálculo sin explicar las operaciones aritméticas reales y aplicables conforme a la sentencia definitiva, apartándose de lo resuelto en ella, pues realiza un cálculo generalizado a razón de un porcentaje del 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre el capital, sin justificar de dónde y por qué toma en consideración dicho porcentaje pues no corresponde al determinado en la sentencia definitiva. Dicho concepto de violación deviene infundado, para sostener lo anterior resulta conveniente destacar que en la sentencia definitiva de siete de mayo de dos mil veintiuno (fojas 68 a 81), la autoridad responsable condenó a pagar a la parte demandada aquí quejosa al pago de intereses moratorios a una tasa del 2.5% dos punto cinco por ciento mensual. Al respecto, en la resolución incidental (acto reclamado), relativa a la cuantificación de la sentencia definitiva correspondiente, en relación con los intereses moratorios respectivos se dispuso lo siguiente: supuesto en que el juicio concluye con desistimiento posterior al emplazamiento, la cual consiste en que ordena imponer las costas a la parte que haya actuado con temeridad o mala fe, lo que puede valorar el juzgador, según las circunstancias de cada caso, pues no podría sostenerse de antemano que el que desiste una vez practicado el emplazamiento siempre actúa de esa manera. Así, el sistema de condenación en costas previsto por el legislador mercantil es completo y sería innecesario e injustificado acudir a la norma supletoria, teniendo en el Código de Comercio una regla con la cual puede resolverse el problema jurídico en cuestión. Con datos de localización, registro digital: 2016811, instancia: Primera Sala, Décima Época, materias(s): Civil, tesis: 1a./J. 11/2018 (10a.), fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1144, tipo: Jurisprudencia. EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [33] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V ". Cálculo que se aplica sobre el capital de la condena que se toma como referencia el cual asciende a la cantidad de $3,200,000.00 tres millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional, por el 2.5% dos punto cinco por ciento mensual, lapso en el que transcurrieron 45 cuarenta y cinco meses que calculadas por el porcentaje indicado del 4.0% cuatro por ciento mensual sobre el capital, que es de $3,200,000.00 tres millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional resulta la cantidad de $80,000.00 ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional, por cada mes vencido, que multiplicadas por el tiempo de mora, que en este caso son de 45 cuarenta y cinco meses, resulta la cantidad de $3,600,000.00 tres millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional, por concepto de intereses moratorios generado en el periodo indicado, cantidad que se aprueba por coincidir con las operaciones aritméticas realizadas con antelación. De la transcripción anterior se advierte que contrario a lo señalado por la parte quejosa, la autoridad responsable si realizó el cálculo relativo a los intereses moratorios, en congruencia con lo sentenciado en el juicio ejecutivo mercantil oral 308/2020, pues al efecto los calculó a razón del 2.5% mensual, realizando la operación aritmética correspondiente la cual se considera acertada, dando como resultado la suma de $3,600,000.00 (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios generado en el periodo indicado. Sin que sea óbice a lo anterior, que en una parte de esa transcripción, se asentó "que calculadas por el porcentaje indicado del 4.0% cuatro por ciento mensual sobre el capital", no obstante ello corresponde a un error mecanográfico, pues en la primera parte de esa transcripción se aprecia que al fijar el cálculo respectivo la autoridad responsable asentó "por el 2.5% dos punto cinco por ciento mensual, lapso en el que transcurrieron 45 cuarenta y cinco meses que calculadas por el porcentaje indicado del". Más aún, al corroborar la operación aritmética, esto es calcular el 2.5% dos punto cinco por ciento, respecto de la suma de $3,200,000.00 (tres millones doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), resulta la cantidad de $80,000.00 (ochenta EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [34] mil pesos 00/100 moneda nacional), mismos que al multiplicarse por los cuarenta y cinco meses de la mora respectiva, arrojan como resultado la suma de $3,600,000.00 (tres millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que deviene correcta en relación con lo sentenciado en el juicio de origen; de ahí que resulta infundado el concepto de violación analizado. En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Alegatos En la inteligencia que en relación con los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la federación adscrito (fojas 68 y 69), no obligan a este juzgado a ocuparse de los mismos, toda vez que en ellos no se invocó la actualización de alguna causal de improcedencia.22 SEXTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 22 Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 122/2019 (10a.), con registro 2020711, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1534, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, de rubro y texto: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto.". EFRAIN FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a9.9d 06/08/22 11:56:24 Juicio de Amparo Indirecto 62/2022-V [35] Juicio de amparo indirecto 62/2022-V Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63 y del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a *******, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en diverso quinto. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese personalmente; al tercero interesado de manera electrónica al usuario "licconchas" y, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hasta hoy diecisiete de mayo de dos mil veintidós, día en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante Efraín Flores López, secretario que autoriza y da fe. EFRAIN FLORES

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