Jose Lino Garcia Cobos
Expediente 2209/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2209/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/02/2023
Partes del expediente
- Jose Lino Garcia Cobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el Secretario CERTIFICA: Que el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de treinta de enero de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, transcurrió para el quejoso por ser la única parte legitimada del ocho al veintiuno de febrero del presente año, por haber sido notificado el seis de febrero citado, sin contar los días once, doce, dieciocho y diecinueve de febrero del presente año, por ser sábados y domingos; así como el día veintiuno de noviembre por ser día festivo asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE, y en el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra el proveído dictado el treinta de enero de dos mil veintitrés, por este Juzgado, en el que se sobreseyó por desistimiento el presente juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Se requiere a la parte quejosa para que de ser el caso acuda dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta efectos la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente apercibiéndole de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En treinta de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la promoción registrada en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 1755. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente la parte quejosa José Lino García Cobos, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. Ahora bien, no se soslaya que la fracción I, del artículo 63, de Ley de Amparo1 y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 disponen que se deba notificar al quejoso, a fin de que ratifique su escrito en un plazo de tres días, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. En ese sentido, en términos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los 1 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.". 2 Tesis 2a./J. 119/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 295, Tomo XXIV, agosto de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (número de registro 174481), de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO." Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; se arriba a la conclusión de que el escrito presentado por la parte quejosa de manera electrónica, cuenta con su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), el cual resulta suficiente para tener por desistido al promovente de amparo, toda vez que la finalidad de los acuerdos citados, es la eficaz manera de que los justiciables, tengan un fácil acceso y una pronta impartición de la justicia, por lo que la firma electrónica tiene validez oficial y hace las veces de firma autógrafa de sus usuarios. Asimismo, se advierte que el escrito de desistimiento, fue presentado con firma electrónica a nombre de "José Lino García Cobos" (parte quejosa), con número de serie y que dicho instrumento digital, es de uso personal y solo puede ser utilizado por el interesado, bajo su propia responsabilidad, de ahí que no exista duda de que el promovente, manifestó su voluntad de desistirse de la demanda de amparo, por así convenir a sus intereses. Por dicho motivo y por lo expuesto párrafos antes, el suscrito considera que no es necesario ordenar la ratificación del escrito de desistimiento presentado por la parte quejosa. En ese orden de ideas, atento a que el impetrante conserva su derecho a desistirse de la demanda si así lo considera conveniente a sus intereses, hasta antes de que la sentencia dictada en autos cause ejecutoria, este órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar su renuncia; por tanto se le tiene por desistido del presente juicio de amparo y con fundamento en el numeral 63, fracción I, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, al ser el único quejoso en este asunto.3 Asimismo, es menester apuntar que, el desistimiento del juicio de amparo implica para la parte quejosa, una renuncia a la acción constitucional, que supone el consentimiento expreso de los actos reclamados que hace improcedente un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos en aquel procedimiento, del cual se desistió.4 No se soslaya que, en el caso particular, no es dable dejar sin efectos audiencia alguna, toda vez que, el veintiséis de enero del año en curso, se dictó la sentencia respectiva, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; sin embargo, tal como se apuntó previamente, el desistimiento de la demanda de amparo puede manifestarse en cualquiera de las instancias del juicio, 3 Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, abril de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.". 4 Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 22, Tomo III, Febrero de 1996, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en mientras no se haya dictado la sentencia ejecutoria, como en el caso acontece5 . Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y dése aviso a la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados.". 5 Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, abril de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.". Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe. ADAS/mo
- Principal
En veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la promoción registrada en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 1613. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo, signado por la autoridad responsable Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Tepic, Nayarit, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa con copia de las constancias referidas en el párrafo que antecede, por el término de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y con lo que exponga, o transcurrido dicho plazo sin realizar alguna manifestación, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesado. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violentados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional se hicieron consistir en: "1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. a) La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, publicada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado; en particular, el artículo 20, fracciones II, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la propia legislación. 2. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. b) La expedición, promulgación y orden de publicación de los dispositivos legales señalados en el inciso a). (.) 5. Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. c) El acto de aplicación de los preceptos señalados en el inciso a), consistente en el pago realizado por concepto de Inscripción de testimonio notarial así como de los impuestos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, por la cantidad total de $19,391.33 (diecinueve mil trescientos noventa y un pesos 33/100 moneda nacional), como se desprende del recibo de pago de servicios de quince de febrero de dos mil veintidós, expedido por la institución financiera BBVA Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. Sin que se proceda a emitir algún tipo de pronunciamiento respecto de los conceptos: "Derecho por cancelación de inscripciones", "Inscripción préstamo hipotecario" y "Aportación a la Cruz Roja" por las cantidades de $240.54 (doscientos cuarenta pesos 54/100 moneda nacional), $4,089.34 (cuatro mil ochenta y nueve pesos 34/100 moneda nacional) y $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional) respectivamente, y que enteró la parte quejosa, toda vez que no son objeto de controversia, ni la disposición que las prevé fue señalada como acto reclamado. (.)" Mediante sentencia de once de mayo dos mil veintidós, dictada por este juzgado, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa a José Nonaka de Santiago y Luz Brigida Nava Díaz, en los siguientes términos: "8.1. Efectos respecto al artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit. 1. El artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que prevé el costo por inscripción de testimonios notariales sea desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente de los $8,178.70 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 70/100 moneda nacional), sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $300.00 trescientos pesos, por el pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento en el artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, que ampara el recibo de pago que exhibió, lo que hará en los términos siguientes:... $7,878.70 (siete mil ochocientos setenta y ocho pesos 70/100 moneda nacional) 8.2 Efectos respecto de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 1. Los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. De igual manera, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida y, por ende, devuelva las cantidades que enteró por dichos conceptos, al tenor del recibo que acompañó, conforme a lo siguiente: ... 8.3 Devolución con su debida actualización. 1. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas. Lo anterior, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al Fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darle su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)". Inconforme con dicha resolución, mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, interpuso recurso de revisión contra tal determinación. Luego, en auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimocuarto Circuito, informando que desechó el recurso de revisión 525/2022. Razón de lo anterior, la sentencia de once de mayo de dos mil veintidós, quedó firme y se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días, informara sobre su cumplimiento. Luego, a través del registro con folio 27015, la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, comunicó que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa José Nonaka de Santiago y Luz Brigida Nava Díaz, los preceptos declarados inconstitucionales, asimismo, que realizó la transferencia bancaria a nombre de la parte quejosa, con fecha siete de diciembre de dos mil veintidós. Para demostrar los anterior, adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la parte quejosa, de la que se advierte que devolvió, a cada uno, la cantidad de $7,855.34 (siete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional), esto es, un total de $15,710.67 (quince mil setecientos diez pesos 67/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. Con lo anterior, en quince de diciembre del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir de su debida notificación, manifestara lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento del fallo protector y se le apercibió que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector; en ese sentido la parte quejosa, fue omisa en pronunciarse al respecto. Por tanto, se procede a corroborar si la cantidad devuelta a la parte quejosa, se encuentra debidamente actualizada, en ese sentido, se destaca que el monto de la cantidad erogada por la parte quejosa lo fue de $8,178.70 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 70/100 moneda nacional, por el pago del concepto de Inscripción de testimonio notarial con sustento el artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado, previo descuento mínimo de $300.00 pesos (fracción II), arroja un remanente de $7,878.70 (siete mil ochocientos setenta y ocho pesos 70/100 moneda nacional). Más la suma relativa de los conceptos de fomento a la educación $3,127.15 (tres mil ciento veintisiete pesos 15/100 moneda nacional), por concepto de asistencia social $1,876.29 (mil ochocientos setenta y seis pesos 29/100 moneda nacional)y por concepto de la UAN $1,876.29 (mil ochocientos setenta y seis pesos 29/100 moneda nacional). Lo anterior, arroja como remanente del recibo pagado por la parte quejosa, la cantidad de $14,758.43 (catorce mil setecientos setenta y ocho pesos 43/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Al respecto, y dado lo establecido por dicho ordinal, debe atenderse al mes en que se realizó el pago (quince de febrero de dos mil veintidós), y al mes en que se efectuó el pago a favor del quejoso (siete de diciembre de dos mil veintidós), a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente (noviembre dos mil veintidós), entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo (enero de dos mil veintidós). Lo anterior dado que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de febrero de dos mil veintidós, mientras que la autoridad responsable, previos trámites inherentes, el siete de diciembre de dos mil veintidós, expidió el cheque a favor de la parte aquí quejosa; por tanto, el período de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil veintidós, al mes de enero de dos mil veintidós (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil veintidós, fue de 125.997; y, para el mes de enero de dos mil veintidós, fue de 118.002, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.067753088930696. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad a devolver $14,758.43 (catorce mil setecientos setenta y ocho pesos 43/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber $15,758.35 (quince mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 35/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $999.92 (doscientos noventa y cuatro pesos 42/100). Así, de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable, desincorporó de la esfera jurídica a la parte quejosa José Nonaka de Santiago y Luz Brigida Nava Díaz, lo previsto en el artículos declarados inconstitucionales, que prevén, respectivamente, el costo por Inscripción de testimonio notarial, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. No pasa inadvertido que la autoridad responsable recaudadora, debía devolver a la quejosa la cantidad de $15,758.35 (quince mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 35/100 moneda nacional); sin embargo, reintegró la cantidad de $15,710.67 (quince mil setecientos diez pesos 67/100 moneda nacional), esto es, $7,855.34 (siete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional), a cada quejoso; por lo que se pone en evidencia que no se realizó la actualización correspondiente; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó con el cumplimiento dado por la responsable al momento de otorgársele la vista relativa al artículo 196 de la Ley de Amparo; además, de que se considera que dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectúe la parte quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, este Juzgado de Distrito, declara cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustaron a los lineamientos ahí contenidos. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Por otra parte, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo y conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes destruibles, artículo 18, fracción I, inciso b), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Luego, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa, al momento de presentar su demanda de amparo, exhibió diversas copias certificadas; en consecuencia, se le requiere para que acuda dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, para la devolución de los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dichos documentos tendrán el mismo destino que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa mediante usuario "LIC.DANIEL1687" y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Efraín Flores López, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/6563/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. FCVH
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Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic · 6,724 expedientes
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- José Juan Valdivia Villa1727/2022
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