José Levy de la Mora

Expediente 123/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
123/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • José Levy de la Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el arti´culo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el arti´culo 2° de la ley invocada, en relacio´n con el 355 y 356 fraccio´n II del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacio´n supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyo´ en el presente juicio, ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente para que obre como corresponda, la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, para notificar el auto de quince de junio de dos mil veintidós, a la tercero interesada********************. Atento a lo anterior y, toda vez que a la fecha transcurrió el plazo de tres días otorgado a la tercero interesada de referencia, a efecto de señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, y se ordena notificar el auto de quince de junio del año en curso, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes actuaciones que en el presente asunto se provean, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese y por lista a la tercero interesada********************.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta que remite la autoridad señalada como responsable, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en auto de tres de junio del año en curso, y al efecto, remite copia certificada de las constancias solicitadas. En ese orden, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el escrito inicial de demanda el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: resolución de fecha 04 de febrero de 2022, relativo a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la Causa Penal 4975/2021, en agravio de mi persona." De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Por tanto, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: La resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, referente a la imposición de medidas cautelares (prisión preventiva oficiosa), dictada por la Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, licenciada Claudia Pamela Tom Jiménez, en la causa penal 4975/2021. Ahora, del contenido de las constancias que se agregan en esta fecha, se advierte que mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal N-0174/2022, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del aquí quejoso, en contra de la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control de Partido Judicial de Tijuana, Baja California, acto que en esta vía constitucional se reclama, en la que en sus puntos resolutivos los Magistrados de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, resolvieron: "RESUELVE PRIMERO. Se revoca la resolución dictada en audiencia pública de cuatro de febrero de dos mil veintidós, referente a la imposición de medidas cautelares (prisión preventiva oficiosa), dictada por la Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, licenciada Claudia Pamela Tom Jiménez, en la causa penal 4975/2021, que se instruye a José Levy de la Mora, por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual a menores de catorce años de edad agravada, previsto y sancionado por los artículos 180 Bis y 180 Ter, fracción II, ambos del Código Penal vigente en el Estado, por el que la Fiscalía formuló imputación. SEGUNDO. Se ordena la inmediata libertad, del imputado José Levy de la Mora, únicamente por lo que se refiere a la causa penal 4975/2021 y toca penal 174/2022; al efecto gírense los oficios correspondientes, por los medios expeditos, a fin de que el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana dé cumplimiento oportuno a esta decisión. TERCERO. Por la razones expuestas en la parte final del considerando quinto de este fallo, en sustitución de la resolución de primera instancia, se le imponen al imputado José Levy de la Mora las medidas cautelares previstas en el numeral 155, fracciones VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la prohibición de acercarse al domicilio de la menor víctima, de la Representante Legal de ésta o del lugar en que cualquiera de ellas se encuentren; también la prohibición de molestar, intimidar y comunicarse con las antes mencionadas y con los testigos que hasta el momento han depuesto en su contra. [.]" Ante lo expuesto con anterioridad, se desprende que el acto reclamado ha cesado sus efectos, toda vez que -el diecinueve de mayo de dos mil veintidós-; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda (dieciocho de febrero de dos mil veintidós); los Magistrados de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en los autos del Toca Penal N-0174/2022 de su índice, revocaron la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, referente a la imposición de medidas cautelares (prisión preventiva oficiosa), dictada por la Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, licenciada Claudia Pamela Tom Jiménez, en la causa penal 4975/2021. En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señaladas como responsable, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    las nueve horas del veintiuno de junio de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que el autorizado de la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el autorizado de la parte quejosa, el acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 123/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta que remite la autoridad señalada como responsable, mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en auto de tres de junio del año en curso, y al efecto, remite copia certificada de las constancias solicitadas. En ese orden, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el escrito inicial de demanda el quejoso señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: resolución de fecha 04 de febrero de 2022, relativo a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro de la Causa Penal 4975/2021, en agravio de mi persona." De lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El citado precepto establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Por tanto, se estima que en el caso se actualiza el motivo de improcedencia invocado, al tener en consideración que el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en: La resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, referente a la imposición de medidas cautelares (prisión preventiva oficiosa), dictada por la Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, licenciada Claudia Pamela Tom Jiménez, en la causa penal 4975/2021. Ahora, del contenido de las constancias que se agregan en esta fecha, se advierte que mediante resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal N-0174/2022, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del aquí quejoso, en contra de la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control de Partido Judicial de Tijuana, Baja California, acto que en esta vía constitucional se reclama, en la que en sus puntos resolutivos los Magistrados de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, resolvieron: "RESUELVE PRIMERO. Se revoca la resolución dictada en audiencia pública de cuatro de febrero de dos mil veintidós, referente a la imposición de medidas cautelares (prisión preventiva oficiosa), dictada por la Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, licenciada Claudia Pamela Tom Jiménez, en la causa penal 4975/2021, que se instruye a José Levy de la Mora, por el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual a menores de catorce años de edad agravada, previsto y sancionado por los artículos 180 Bis y 180 Ter, fracción II, ambos del Código Penal vigente en el Estado, por el que la Fiscalía formuló imputación. SEGUNDO. Se ordena la inmediata libertad, del imputado José Levy de la Mora, únicamente por lo que se refiere a la causa penal 4975/2021 y toca penal 174/2022; al efecto gírense los oficios correspondientes, por los medios expeditos, a fin de que el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana dé cumplimiento oportuno a esta decisión. TERCERO. Por la razones expuestas en la parte final del considerando quinto de este fallo, en sustitución de la resolución de primera instancia, se le imponen al imputado José Levy de la Mora las medidas cautelares previstas en el numeral 155, fracciones VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la prohibición de acercarse al domicilio de la menor víctima, de la Representante Legal de ésta o del lugar en que cualquiera de ellas se encuentren; también la prohibición de molestar, intimidar y comunicarse con las antes mencionadas y con los testigos que hasta el momento han depuesto en su contra. [.]" Ante lo expuesto con anterioridad, se desprende que el acto reclamado ha cesado sus efectos, toda vez que -el diecinueve de mayo de dos mil veintidós-; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda (dieciocho de febrero de dos mil veintidós); los Magistrados de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en los autos del Toca Penal N-0174/2022 de su índice, revocaron la resolución de cuatro de febrero de dos mil veintidós, referente a la imposición de medidas cautelares (prisión preventiva oficiosa), dictada por la Juez de Control del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, licenciada Claudia Pamela Tom Jiménez, en la causa penal 4975/2021. En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama el quejoso, han cesado sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la misma ley; por esa razón, no es posible pronunciarse respecto a los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo que quedan sin efecto las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señaladas como responsable, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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