Jose Leonardo Rios Alvarez

Expediente 495/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
495/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Jose Leonardo Rios Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese al presente expediente el escrito de cuenta presentado por Omar Garibo Cárdenas, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, hágase la devolución de los documentos que solicita previa copia certificada se deje en autos. En atención a lo anterior, hágase del conocimiento del promovente que deberá generar cita a través sistema de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación "Agenda OJ", a efecto de comparecer a este órgano jurisdiccional y hacerle entrega de los documentos exhibidos en el presente juicio de amparo. Asimismo, solicita copia certificada de la sentencia dictada en el presente asunto y del oficio mediante el cual la responsable informa cumplimiento; en atención a su petición, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse las copias certificadas que solicita. Por lo tanto, hágasele del conocimiento que deberá proporcionar una cuenta de correo electrónico a este Juzgado, a la cual se le podrá hacer llegar las constancias que solicita de manera digital. Asimismo, dígase a las partes que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA" Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de quien suscribe a este órgano jurisdiccional con efectos a partir del dieciséis de febrero del mismo año. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, se procede a emitir el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, se determinó, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Leonardo Ríos Álvarez, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Sexto de lo Civil, de esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 1393/2010 de su índice, a partir de las diligencias de emplazamiento a José Leonardo Ríos Álvarez. 2. En el entendido que para ello deberá tomar todas las medidas necesarias para dejar sin efectos las consecuencias que derivaron del juicio natural únicamente por lo que hace al quejoso de referencia." Por auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en atención a la circular SECNO/4/2021 de dieciséis de enero del presente año, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos con sede en la Ciudad de México, hizo del conocimiento que en sesión celebrada en esa fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiocho de julio de dos mil veinte, estableció lo relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (de los órganos jurisdiccionales del decimoquinto circuito al cual pertenece este Juzgado de Distrito), por lo cual en atención al artículo 2° del citado acuerdo general, se determinó la reanudación de plazos y términos procesales en el presente asunto, así como el levantar la suspensión ordenada del veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; y al no haber sido recurrida la sentencia de mérito, causó ejecutoria y se requirió al Juez Sexto de lo Civil, de esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector. En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, el nueve de febrero de dos mil veintiuno, la responsable Juez Sexto de lo Civil, de esta ciudad, remitió el oficio 651/2021 y anexo adjunto al mismo, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector, y al efecto remitió lo siguiente: Copia certificada del proveído de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1393/2010, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil, de esta ciudad. De la constancia remitidas se advierte que la autoridad responsable en cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictó acuerdo en el que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el expediente 1393/2010, a partir de las diligencias de emplazamiento que se practicó al quejoso José Leonardo Ríos Álvarez. Constancia a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Con lo anterior, es claro que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, pues el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, emitió acuerdo en que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el expediente 1393/2010, a partir de las diligencias de emplazamiento que se practicó al quejoso José Leonardo Ríos Álvarez. Por tanto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que las partes intenten el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia; comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes "SISE". En términos del artículo 18, fracción, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. De la misma manera, el original del incidente de suspensión, en atención al sentido de la resolución relativa a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, es susceptible de depurarse, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo décimo octavo, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo. Finalmente, el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis señalada en el punto Vigésimo, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el ocho de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios y anexos de cuenta, remitidos por las autoridades señaladas como responsables, mediante los cuales informan acerca de los actos tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y al efecto, remiten copia certificada de diversas constancias relativas a determinaciones dictadas a fin de acatar el fallo protector otorgado al quejoso. Con lo anterior, de conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, corriéndoles traslado con los oficios de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese personalmente a las partes y córraseles traslado con los oficios de cuenta.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación de cuenta se advierte que derivado de la circular CAP/3/2020, relativo a la "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, entre otras cosas, determina suspender en su totalidad las labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con las excepciones y salvedades que en cada uno se establecieron, primordialmente en aquellos asuntos catalogados con el carácter de urgente. Asimismo, la CIRCULAR SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, determinó suspender en su totalidad las labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno con las excepciones y salvedades que en cada uno se establecieron, primordialmente en aquellos asuntos catalogados con el carácter de urgente. Posteriormente, el dieciséis de enero en curso, se emitió la circular SECNO/4/2021, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos con sede en la Ciudad de México, en la que se hizo del conocimiento que en sesión celebrada en esa fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 19 al 25 de enero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19". Asimismo en dicha se sesión se determinó el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19"; y, en su punto 2., se adoptaron las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, de aquel Acuerdo General, estableciéndose como nueva fecha límite el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena levantar la suspensión de plazos y términos procesales en el presente juicio de amparo en el punto en que quedó pausado. Caso concreto Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que por una parte sobreseyó, y por otra, otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Sexto de lo Civil, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe y remita las constancias a este Juzgado de Distrito, con las que acredite el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el amparo y la protección de la Justicia Federal concedido a la parte quejosa, lo fue para que: Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil 1393/2010 de su índice, a partir de las diligencias de emplazamiento a José Leonardo Ríos Álvarez. En el entendido que para ello deberá tomar todas las medidas necesarias para dejar sin efectos las consecuencias que derivaron del juicio natural únicamente por lo que hace al quejoso de referencia. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de no quedar cumplida dicha ejecutoria sin causa justificada, en el plazo fijado, se hará pronunciamiento al respecto, se impondrá la multa procedente y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución que podría culminar con la separación del puesto y su consignación. Lo anterior en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Comuníquese lo anterior a la autoridad correspondiente; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a las partes.

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