José Justino Hernández Pérez

Expediente 264/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
264/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • José Justino Hernández Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio registrado con el número de promoción 9416, correspondiente al juicio de amparo 264/2021-VI. Conste. El Secretario Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas en atención a lo ordenado en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que fue conminada dicha autoridad. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Juez Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por medio del cual manifiesta que el oficio 15085/2021, por medio del cual se le requirió acusar recibo de los dos tomos de copias certificadas del expediente 386/2020 de su índice, no contiene ningún anexo, por lo que se encuentra imposibilitado para dar cumplimiento del referido requerimiento. Atento a lo anterior, este juzgado federal toma conocimiento de lo informado en el oficio que se atiende; por lo que se ordena reexpedir el referido oficio 15085/2021, al cual deberán ser anexadas las constancias ahí referidas, esto es, dos tomos de copias certificadas del expediente 386/2020, del índice del Jueza Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli Estado de México. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y cúmplase.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con el estado procesal de autos correspondiente al juicio de amparo 264/2021-VI; asimismo, CERTIFICA: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, transcurrió para la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público Federal adscrito de manera común, del trece al veintiséis de julio de la presente anualidad; sin tomar en cuenta los días inhábiles, asimismo, hace constar: que en este expediente no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa y que no se encuentran depositados valores en la caja de este juzgado, y que sí se ordenó la apertura de los cuadernos incidentales. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se negó el amparo a ****, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo, y glósese únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II, capítulo séptimo, numeral 18, fracción I, inciso a); y, capítulo octavo, numeral 20 y 21, inciso a), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO SÉPTIMO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; ." En este sentido, se estima que el expediente principal es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un asunto en el que se negó el amparo a la parte quejos, debiéndose dejar únicamente en el original, la copia de la demanda y de la sentencia definitiva; y en su oportunidad, remítase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Por otro lado, tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción al haberse negado tanto la suspensión provisional como la definitiva. Además, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Finalmente, ya que no son necesarias las constancias remitidas por la Jueza Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli Estado de México, consistentes en dos tomos de copias certificadas del expediente ****, de su índice; devuélvase a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acuse recibo de la constancia que se le remite. Se apercibe a dicha autoridad, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese por lista, en los términos que al efecto establece el Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2422/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe.

  4. Principal

    VISTOS para dictar la sentencia en los autos del juicio de amparo 264/2021-VI, promovido por ------------------ , por propio derecho, contra actos del Juez Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ------------------ , por propio derecho, demando el amparo y la protección de la justicia federal en contra de: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: C. JUEZ CIVIL DE CUANTÍA MENOR DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO: La Sentencia Interlocutoria de fecha 17 de marzo de 2021, notificada el día 18 del mismo mes y año, surtiendo efectos el día 19, dictada en el expediente 386/2020, relativo al Juicio ejecutivo mercantil promovido por ROLANDO MOLINA SALGADO, en contra de --------- ---------, mediante la cual resuelve improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 18 de febrero del 2021, confirmando en todas y cada una de sus partes el auto impugnado, y las consecuencias de hecho y de derecho que de las mismas se deriven. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, este juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio la intervención que legalmente corresponde a Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, el acto que reclama la parte quejosa, tiene ejecución material en el municipio de Cuautitlán Izcalli, esto es, dentro de circunscripción territorial donde tiene jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda, así como de las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó de la Juez Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli, Estado de México: La sentencia interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 386/2020; en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dieciocho de febrero del año en curso, en el cual se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra del embargo de diversos bienes. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que la autoridad responsable Juez Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. Informe que, dado su carácter de documento público por haber sido emitido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merece valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 386/2020, del índice del Juzgado Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli Estado de México, que fueron remitidas en apoyo a su informe justificado, y a las que se otorga valor probatorio en términos de los artículos antes citados. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia y este juzgador tampoco advierte de oficio su actualización, por lo tanto, a continuación se procede al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de proceder al estudio de fondo, se considera importante hacer referencia a los antecedentes relevantes del acto reclamado, entre ellos se destaca lo siguiente: 1. En escrito de siete de septiembre de dos mil veinte, Rolando Molina Salgado, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa de ------------------, aquí quejoso, diversas prestaciones. Demanda de la cual conoció el Juzgado Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli, quien la radicó bajo el número 386/2020, y el ocho de septiembre de dos mil veinte, dictó auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. 2. El doce de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia ordenada, en la cual, el demandado, aquí quejoso, manifestó que sí debía la cantidad cuyo pago se le reclamaba, pero no tenía dinero para pagarla, por lo que se opuso al embargo de cualquiera de sus bienes. 3. Consecuentemente, en auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable ordenó realizar nuevamente la diligencia de embargo y emplazamiento, y esta vez autorizó que se llevara a cabo mediante el uso de la fuerza pública y en caso de ser necesario con el rompimiento de cerraduras. 4. El dos de diciembre de dos mil veinte, se presentaron de nueva cuenta en el domicilio del aquí quejoso ------------------, la Primera Ejecutora Judicial adscrita al Juzgado Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, acompañada de la parte actora Rolando Molina Salgado, junto con oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a efecto de cumplimentar el auto de exequendo; diligencia en la cual la parte demandada dijo que no tenía dinero para pagar, y señaló para su embargo únicamente una motoneta Italika Brand Motorcycle modelo X5125, de la cual entregó la llave, en regulares condiciones de uso. El actor refirió que ese bien posiblemente era insuficiente para garantizar el pago, por lo que pidió que se le pasara el derecho a señalar bienes para embargo; y una vez que se le pasó el derecho, señaló una camioneta que se encontraba en el inmueble, un comedor con seis sillas, una sala de madera tipo rústico y un mueble de centro de entretenimiento. Una vez trabado el embargo se designó como depositario a Raúl Flores Rubalcaba, quien después de aceptar el cargo, señaló un domicilio para la guarda y custodia de los bienes embargados; por lo que se le puso en posesión de dichos bienes. 5. Posteriormente, en escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, el aquí quejoso promovió incidente de nulidad de embargo, en contra de la diligencia relatada en el punto anterior, escrito en el cual, en esencia, argumentó lo siguiente: En términos del artículo 2964 del Código Civil Federal de aplicación supletoria al Código de de sus obligaciones con todos sus bienes excepto de aquellos que conforme a la ley son inembargables o inalienables. En ese sentido el artículo 434, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que no son susceptibles de embargo los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos, no siendo de lujo. Por ende, si bien es cierto que el acreedor tiene derecho de asegurar bienes del deudor, también lo es que no todos los bienes pueden ser embargados, por ende, el embargo trabado sobre bienes de su propiedad debe ser nulo, al haberse trabado sobre muebles de uso ordinario de él y su familia, tales como el comedor, sala y el centro de entretenimiento. Lo cual se acredita con la misma acta de levantamiento de embargo; los cuales además no son de lujo. 6. En proveído de dieciocho de febrero de dos mi veintiuno, la autoridad responsable, desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones intentado por ------------------, aduciendo que había transcurrido en exceso la temporalidad de tres días establecido en los artículos 1.187 y 1.188 del Código de Procedimientos Civiles vigente en Estado de México. Lo anterior porque el promovente tuvo conocimiento del emplazamiento impugnado desde el mismo día en que fue practicado, es decir, desde el dos de diciembre de dos mil veinte, por ende el plazo de tres días que el código referido otorga para promover el incidente de nulidad evidentemente ya había fenecido. 7. Inconforme con esa determinación, además de solicitar la regularización del procedimiento, mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el quejoso promovió recurso de revocación, en el cual, esencialmente, argumentó lo siguiente: El auto impugnado vulnera el artículo 1054 del Código de Comercio, el cual establece que la ley adjetiva supletoria en los juicios mercantiles es el Código Federal de Procedimientos Civiles; por lo tanto, fue incorrecto que se hubieran aplicado las disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. La legislación aplicable era el Código Federal de Procedimientos Civiles cuyo artículo 319 el cual establece que cuando una notificación se hiciera en forma distinta a lo previsto en ley o se omitiera, la parte agraviada puede promover incidente de nulidad, desde la notificación hecha indebidamente u omitida; mientras que el diverso artículo 320 de esa misma legislación refiere que si la persona agraviada se manifestare ante el tribunal como sabedora de la providencia que debió ser notificada, antes de promover el incidente de nulidad de notificaciones, entonces la notificación se entenderá como consentida. De lo anterior se desprende que el tiempo conferido a las partes para la promoción del incidente de nulidad de actuaciones se inicia el día de la emisión del acto procesal que constituye su objeto y concluye con la siguiente intervención de la parte afectada. Por lo tanto, si la siguiente intervención del demandado en el juicio de origen, fue precisamente la interposición de incidente de nulidad de embargo, se desprende claramente que éste fue oportuno, al haber cumplido con la carga procesal del artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, consistente en promover el incidente en la siguiente actuación posterior a la actuación que se impugna. Por lo tanto, éste sí debió ser admitido a trámite. 8. Posteriormente, en auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Juez responsable acordó que no había lugar a proveer de conformidad la regularización del procedimiento que solicito el demandado y admitió a trámite el recurso de revocación. 9. Seguido el trámite correspondiente, en sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Juez Civil de Cuantía Menor de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, resolvió que el recurso de revocación era improcedente, por los siguientes motivos: El artículo 1045 del Código de Comercio, prevé el grado de aplicación de la supletoriedad de las normas procesales federal y local, del cual se desprende que si no existe convenio de las partes o compromiso arbitral, las controversias derivadas de los actos mercantiles deberán ser ventiladas conforme a las leyes mercantiles que establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, y sólo en caso de que no existan tales procedimientos, los juicios mercantiles se regirán por lo dispuesto por el Código de Comercio, y supletoriamente por el Código Federal de Procedimientos Civiles y para el caso de que no regule este último, la institución cuya supletoriedad se requiera, será aplicable la ley de procedimientos local respectiva. En ese contexto, la legislación mercantil no contempla el plazo para interponer el incidente de nulidad en cuestión, y el Código de Federal de Procedimientos Civiles en los artículos 319 y 320 regula el procedimiento en caso de que se realicen notificaciones en forma distinta a lo ordenado, no señala el plazo en el que debe interponerse el incidente respectivo. Por lo tanto, contrario a lo que sostiene el incidentista, sí era necesario aplicar la legislación local, en cuanto a la procedencia, términos y sustanciación del incidente de nulidad, no así el Código Federal de Procedimientos Civiles. En otras palabras, los artículos 1.188 y 1.189 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, son los preceptos aplicables para establecer el plazo con el que contaba el recurrente para interponer el incidente de nulidad planteado. Consecuentemente, al haber presentado el escrito fuera del plazo de tres días que le fue concedido, entonces fue correcto que dicho incidente fuera desechado de plano. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación del quejoso se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias; sin embargo, es conveniente referir que, en su demanda de amparo, en síntesis, hizo valer lo siguiente: El quejoso argumenta, que los artículos 1.188 y 1.189 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México no son aplicables en forma supletoria del Código de Comercio respecto a la procedencia, términos y sustanciación del incidente de nulidad de actuaciones, pues de conformidad con el artículo 1054 de ese código, ante la ausencia de una regulación expresa del incidente en cuestión en el Código de Comercio, resulta necesario acudir al Código Federal de Procedimientos Civiles, y sólo en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad refiera, sería aplicable la ley adjetiva local. Los artículos 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles sí regulan el incidente de nulidad o emplazamientos, y refieren que si éstas no se verifican de manera legal, la persona afectada puede promover ese incidente siempre y cuando no se manifieste sabedora antes de promover el incidente. Estos artículos deben aplicarse en su conjunto, también por lo que hace a los plazos y sustanciación, ya que si sólo fuera aplicable respecto de la procedencia del incidente, se desmembraría y desarticularía la figura jurídica indicada; además, sí establecen que el tiempo conferido a las pates para la promoción del incidente de nulidad de actuaciones inicia el día de la emisión del a acto procesal y concluye con la siguiente intervención de la parte afectada; de ahí que contrario a lo señalado por la responsable los artículos 1.188 y 1.189 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no son aplicables de forma supletoria para computar el plazo (de tres días) que no está contemplado en el código federal adjetivo. Al existir una disposición expresa el momento para promover el incidente, que si bien no se traduce en un término específico en días hábiles, lo cierto es que queda acotado y sujeto a la condición de que la persona agraviada por la actuación judicial, no se manifieste sabedora de dicha actuación antes de promover el incidente. Reitera que la oportunidad de la interposición del incidente de nulidad la determina la siguiente actuación procesal de la parte perjudicada, sin que haya necesidad de acudir a otro método interpretativo para dilucidar el sentido de la norma. Por ende, en vista de que la siguiente actuación del quejoso después del embargo, fue la interposición del incidente, debe entenderse que éste fue promovido en tiempo. Conceptos de violación que analizados en su conjunto resultan FUNDADOS PERO INOPERANTES, ya que si bien le asiste razón a la parte quejosa en cuanto a que de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio, la legislación adjetiva aplicable en el juicio ejecutivo mercantil de origen, era el Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que éste sí regula de manera suficiente el incidente de nulidad de actuaciones; lo cierto es que a nada práctico llevaría conceder el amparo para que fueren subsanadas esas irregularidades, porque los argumentos de fondo, de cualquier forma no resultarían en un desenlace favorable a los intereses del aquí quejoso. Al respecto, es importante mencionar que en la jurisprudencia número 108,1 la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si del estudio de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, por ejemplo, porque la autoridad responsable haya aplicado una legislación supletoria incorrecta en el acto reclamado; pero de ese estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión alegada, ese concepto resulta no apto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, ese concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos. 2 Lo anterior se justifica porque aun cuando se ordenara a la responsable reparar la violación (por ejemplo, aplicar la legislación supletoria adecuada), a nada práctico conduciría, ya que una vez reparada la violación, la propia responsable -y en su caso el juez de Distrito por vía de un nuevo amparo que en su caso se promoviera-, de cualquier forma tendría que resolver el negocio desfavorablemente a los intereses de la parte quejosa; por lo tanto, en aras de salvaguardar el derecho a una justicia pronta y expedita la Suprema Corte determinó que no había razón para esperar hasta un segundo momento para negar un amparo que puede y debe ser resuelto en la primera oportunidad. Así, en caso de que un concepto de violación de quien acude al amparo como parte en el juicio de origen, resulte fundado, pero del examen del expediente de origen se aprecia que lo solicitado por esa parte ante la autoridad responsable es de cualquier manera improcedente, aún por razones diversas a las examinadas en el acto reclamado, esos conceptos hechos valer en la demanda de amparo, aunque fundados, deben declararse inoperantes, pues aun con la concesión del amparo, en el fondo, la persona quejosa no obtendría una resolución favorable a sus intereses.3 APLICACIÓN CON LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Pues bien, la autoridad responsable estimó que en virtud de que la legislación mercantil no contempla el plazo para interponer el incidente de nulidad en cuestión, y el Código de Federal de Procedimientos Civiles en los artículos 319 y 320, tampoco señala el plazo en el que debe interponerse el incidente de nulidad de actuaciones; debía acudirse a la legislación adjetiva local; de manera específica determinó que artículos 1.188 y 1.189 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, resultaban los preceptos aplicables para establecer el plazo con el que contaba el recurrente para interponer el incidente de nulidad planteado. Sin embargo, tal como lo refiere el quejoso, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí regula de manera suficiente la tramitación y los plazos para promover el incidente en comento, como se explicará a continuación, por lo tanto, resultó erróneo que se hubiera acudido de forma supletoria al código adjetivo local. No obstante lo anterior, de ningún beneficio resultaría para el quejoso que se concediera el amparo para que se subsanara la indebida fundamentación del acto reclamado, ya que contrario a lo que refiere en sus conceptos de violación -y en los agravios esgrimidos en el recurso de revocación que dio origen al acto reclamado-, los artículos 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regulan lo relativo al incidente de nulidad de actuaciones, deben ser interpretados en conjunto con el diverso artículo 297, fracción II, conforme al cual el plazo para interponer el incidente en cuestión, de cualquier forma es de tres días. Al respecto se considera conveniente transcribir los artículos en comento: ARTICULO 297.- Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes: I. [.] II. Tres días para cualquier otro caso. ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. [.] ARTICULO 320.- No obstante lo dispuesto en el título anterior, si la persona mal notificada o no notificada se manifestare, ante el tribunal, sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviese hecha con arreglo a la ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano. En ese sentido, si bien los artículos 319 y 320 referidos no establecen un plazo específico para ejercitar el derecho de interponer el incidente de nulidad de actuaciones. Ello no implica el Código Federal de Procedimientos Civiles, no establezca un plazo para impugnar una actuación que se estima ilegal, por ejemplo, un embargo, pues en aquellos casos en que no señale una temporalidad específica, se debe aplicar el plazo de tres días, previsto en el diverso numeral 297, fracción II, ya que ese es plazo genérico que se debe aplicar en los casos en que la ley no dispone expresamente alguno específico. Ahora, en aquellos casos en que se impugne alguna actuación en la que la parte afectada haya participado, el cómputo del plazo de tres días, debe iniciar a computarse a partir del día siguiente en que el promovente del incidente de nulidad tuviera conocimiento de la actuación que se tilda de ilegal; pues es a partir de ese momento en que el incidentista estuvo en aptitud de ejercer ese derecho, en términos del artículo 319 del Código en comento, el cual dispone que la parte agraviada podrá promover el incidente desde la actuación hecha indebidamente u omitida. Incluso, si se trata de notificaciones, conforme al artículo 320 del antes transcrito, el órgano jurisdiccional puede desechar de plano el incidente de nulidad si advierte de autos que el incidentista previamente se ostentó sabedor del acto procesal materia de la notificación impugnada, antes de la interposición del incidente de nulidad. Por seguridad jurídica, no puede quedar indefinido o al albedrío de las partes el plazo para impugnar la actuación que se tilda de ilegal, consecuentemente, se debe acudir al plazo genérico de tres días que prevé la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual comenzará a computarse a partir del día hábil siguiente al en que el afectado haya tenido conocimiento de la actuación.4 En esos términos, se concluye que de conformidad con los artículos 297, fracción II, 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles: El plazo para impugnar una actuación (notificación o embargo) que se considere ilegal, es el plazo de tres días; Ese plazo comienza a computar a partir ir del día siguiente en que el afectado haya tenido conocimiento de la actuación que se tilda de ilegal.5 Ese conocimiento puede actualizarse al momento en que ocurre la actuación, por ejemplo, si el afectado estuvo presente en la diligencia de embargo, o en algún momento posterior, cuando no exista evidencia de que haya tenido estado presente en esa actuación. Pues bien, en el caso en estudio, no está en duda que el demandado participó en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dos de diciembre de dos mil veinte, cuya legalidad pretendía reclamar a través del incidente de nulidad de actuaciones que promovió en el juicio de origen, ya que así se advierte de la razón de la diligencia en comento, en la cual el actuario dio fe de su participación aunado a que se aprecia que plasmó su firma al calce de esa razón, lo cual se corrobora con lo manifestado por el propio quejoso tanto en su demanda incidental, como en los antecedentes de su demanda de amparo que narró bajo protesta de decir verdad. Entonces, debe concluirse que el recurrente sí debía haber promovido el incidente de nulidad dentro del plazo de tres días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la diligencia que pretendía impugnar, porque ese es el plazo que establecen los artículos 297, fracción II, en relación con los artículos 319 y 320 el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de forma supletoria al juicio de origen, en términos del artículo 1054 del Código de Comercio. Por lo tanto, este órgano de control constitucional concluye que a pesar de que asiste la razón a la parte quejosa en cuanto a que la autoridad responsable indebidamente aplicó los 1.188 y 1.189 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; de cualquier forma, el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de forma supletoria al Código de Comercio, establece que dicho incidente debe interponerse dentro de los tres días siguientes a aquel en que el agraviado, tenga conocimiento de la actuación que pretende impugnar. Por lo tanto, si el quejoso participó en la diligencia de embargo de dos de diciembre de dos mil veinte, el plazo para promover el incidente venció el ocho de diciembre siguiente; en consecuencia, si el quejoso promovió la demanda incidental hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, su presentación resultaba extemporánea. De ahí que los conceptos de violación deban ser calificados como FUNDADOS PERO INOPERANTES, pues ningún beneficio le podría producir que se concediera el amparo para el efecto de que la autoridad responsable rectificara la fundamentación de la resolución reclamada, ya que el resultado final sería el mismo, pues la responsable de todas formas debería confirmar que se debió desechar por extemporáneo el incidente de nulidad de actuaciones. En esas condiciones, al resultar fundados pero inoperantes los conceptos de violación expuestos el quejoso, y al no existir motivo para suplir su deficiencia, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que el amparo en materia civil es de estricto derecho, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita.6 Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo así como el numeral 49 del poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a ------------------, contra el acto precisado en el considerando SEGUNDO, en términos de los razonamientos expuestos en el considerando SEXTO de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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