José Juan Gutiérrez Hernández
Expediente 588/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Juan Gutiérrez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la determinación dictada el uno de octubre de dos mil veinte, emitida por este Juzgado, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, promovido por -----------, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numerales 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a) y c), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: . II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; ." Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. . c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues, se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; y por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el original y duplicado son también susceptibles de destrucción; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material correspondiente. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado Acuerdo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Incidental
En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 588/2020-II, promovido por José Juan Gutiérrez Hernández, por propio derecho, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144, de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, asistido de Abel Mejía Campos, Secretario que da fe, sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias de autos entre las que se encuentran: 1. Copia simple de la demanda suscrita por José Juan Gutiérrez Hernández. 2. Auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, por el que se formó por duplicado y separado la presente incidencia y se proveyó sobre la suspensión provisional de los actos reclamados. 3. Proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en el cual, por los motivos ahí expuestos, se difirió la audiencia incidental señalada para esa fecha. 4. Auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, en el cual se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días computados legalmente proporcionara la denominación actual y correcta de la autoridad que señaló como: "Comisionado General de la Policía Ministerial del Estado de México". Acto seguido el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y con fundamento en el artículo 140, de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes previos de las autoridades responsables. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda y hace constar que ninguna de las otras partes ofreció prueba alguna. Acto seguido el Juez acuerda: Con fundamento en el precepto 143, de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales aportadas por el quejoso. Sin pruebas por acordar se culmina con la fase probatoria. Abierto el período de alegatos: El Secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Acto seguido el Juez acuerda: Téngase a las partes por precluído su derecho para realizar alegaciones. En los términos precedentes se tienen por desahogadas las etapas de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos de la audiencia incidental, por lo que se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la resolución que en derecho proceda, con la que concluirá dicha audiencia. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 588/2020-II, promovido por -------, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisados en la copia de la demanda de amparo con que se formó este expediente, mismos que en este acto se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y turnado a este Juzgado Federal al día siguiente, ---------, por propio derecho, solicitó el amparo y protección contra actos del Juez de Control Especializado en Órdenes de Cateo y Aprehensiones en Línea del Estado de México, con residencia en Toluca de Lerdo y otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado Federal ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión, solicitó a las autoridades responsables su informe previo y fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver la presente resolución incidental, de conformidad con los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 48 y 51 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 140 y 144, de la Ley de Amparo, así como el apartado cuarto fracción II del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa, tienen ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. En primer término, con fundamento en el dispositivo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es preciso establecer los actos reclamados por la parte quejosa que consiste en: La orden de cateo en el domicilio ubicado en calle Centenario, lote 82, manzana 1, colonia Franja Valle de México, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, código postal 55295, entre Avenida Central y Periférico y como consecuencia de ello la sustracción o aseguramiento de los vehículos que se encuentran en el interior del inmueble referido; así como su ejecución. TERCERO. La responsable Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea en el Estado de México, con residencia en Toluca, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado. Por su parte, el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México, al rendir su informe solicitado, negó la el acto a ella atribuido; sin embargo, dado el carácter de autoridad ejecutora que tiene, es procedente hacer extensiva la certeza del acto reclamado por el Juez ordenador, ya que en cualquier momento puede ser requerida para ejecutarlo, dada la jerarquía y funciones que tiene encomendadas; por ello, se desvirtúa su negativa y se tiene por cierto el acto a ella reclamado, solo para efectos de la suspensión. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138, de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138, de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. De igual forma, en el presente apartado, resulta necesario señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 15/96, estableció que la apariencia del buen derecho (también conocida como Ver similitud del Derecho Invocado o fumus boni iuris), es el consentimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. También el Pleno estimó: 1. Que para la concesión de la medida se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de tal modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y, 2. Que tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho. b) Que exista la solicitud del quejoso; y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Una vez, fijados los actos reclamados en el considerando segundo, se procede al análisis de los requisitos señalados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se actualizan en el caso de que se trata, siendo por su orden: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Los actos reclamados son de naturaleza positiva y de inminente ejecución, pues implica una conducta activa por parte de las autoridades responsables. Por lo tanto, de acuerdo a sus características son actos susceptibles de suspenderse, puesto que no agotan todos sus efectos con su dictado. Bajo ese contexto, haciendo un análisis provisional de la constitucionalidad de los actos reclamados, a partir de la ponderación que se hace conforme al principio de la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 138, de la Ley de Amparo; se estima que existen elementos suficientes (su protesta de decir verdad y el informe del juez responsable) que evidencian con cierto grado de certeza que la parte quejosa, puede resentir una afectación en su derecho público a la propiedad. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, dicho requisito no se estima cumplido, por lo tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, toda vez que la parte quejosa no acreditó ni presuntivamente el derecho de propiedad que aduce tiene sobre el bien inmueble ubicado en calle --------------, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, código postal 55295, entre Avenida -------------, en el que se ordenó llevar a cabo el cateo y la sustracción de diversos vehículos; es decir, no acreditó su interés suspensional, ni aun de manera indiciaria, a efecto de que este Juzgado esté en aptitud de conceder la medida que insta. En efecto, para que proceda la medida cautelar solicitada, es necesario que los actos reclamados provoquen daños y perjuicios que sean de difícil reparación en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que en la especie, no se encuentra acreditado, ya que no adjuntó a su demanda documento idóneo con el que acreditara que tiene la propiedad del bien inmueble sobre el que refiere se ordenó el cateo y sustracción de vehículos, lo que resulta indispensable para poder conceder la suspensión solicitada. En consecuencia, al no contar este Juzgado, con documento idóneo con el cual se advirtiera si efectivamente los daños y perjuicios, que pudiera llegar a ocasionar el acto reclamado fueran de difícil reparación, es que se niega la medida cautelar definitiva, ya que no se actualizan los supuestos que señala el artículo 139 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, sin que sea necesario analizar si en el caso se cumple el restante requisito de procedencia de la medida suspensional, pues no obstante que ello sucediera, ante el incumplimiento de la exigencia aquí señalada, resulta improcedente la concesión de la suspensión definitiva solicitada. Análisis de la medida cautelar, en cuanto a la sustracción o aseguramiento de los vehículos que se encuentran en el interior del inmueble referido. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Los actos reclamados, son de naturaleza positiva y de inminente ejecución, pues implica una conducta activa por parte de las autoridades responsables. Por tanto, de acuerdo a sus características es susceptible de suspenderse, puesto que no agotan todos sus efectos con su dictado. Bajo ese contexto, haciendo un análisis provisional de la constitucionalidad del acto reclamado, a partir de la ponderación que se hace conforme al principio de la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 138 de la Ley de Amparo; se estima que existen elementos suficientes (su protesta de decir verdad y el informe del Juez responsable) que evidencian con cierto grado de certeza que el quejoso puede resentir una afectación en su derecho subjetivo público a la propiedad. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con el acto reclamado, pues según lo expuesto en la demanda de amparo, los vehículos que se encuentran en el inmueble de mérito, pueden asegurarse, lo cual, se encuentra demostrado su interés suspensional de manera indiciaria con las documentales que anexo a su demanda, que en esta instancia defiende el quejoso; por tanto, se trata de la persona que resentirá la afectación en su derecho subjetivo a la propiedad. En la inteligencia que lo expuesto en el párrafo precedente, únicamente es para efectos del incidente de suspensión, esto es, a efecto de tener por acreditado el interés suspensional, de manera indiciaria. Es aplicable la tesis de la Octava Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y dos, Página trescientos setenta y cinco, que en su rubro dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INTERÉS JURÍDICO, PUEDE ACREDITARSE PRESUNTIVAMENTE." c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En cuanto a la orden de sustracción o aseguramiento de los vehículos que defiende el quejoso, debe decirse que la medida cautelar resulta improcedente, puesto que conforme a la fracción II, del artículo 128, que establece: "que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público"., se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. Al respecto, el aludido artículo 128 de la ley de la materia, de manera expresa prohíbe la procedencia de la medida cautelar respecto a la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial, entre otros, pues al efecto, en su penúltimo párrafo, establece lo siguiente: "Asimismo no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial", lo que en el caso acontece. En ese orden de ideas, es evidente que en cuanto a la orden que reclama del vehículo, no es procedente conceder la suspensión definitiva, pues ello sería tanto como interrumpir o entorpecer el desarrollo de una técnica de investigación que en su caso, se esté realizando, lo que contraviene lo dispuesto en la porción normativa antes transcrita. Por lo tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, respecto a la sustracción o aseguramiento de los vehículos que defiende. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis PC.I.C J/81 C (10a), de la décima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de dos mil dieciocho, Tomo II, materia común, penal, con registro electrónico 2018474, visible en la página mil ochocientos cuarenta y dos, cuyo y rubro señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UNA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ESTÁ REFERIDA A DETERMINACIONES EMITIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA). " Finalmente, no se soslaya que en proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, se haya otorgado el término de tres días computados legalmente a la parte quejosa para que proporcione la denominación actual y correcta de la autoridad que señaló como "Comisionado General de la Policía Ministerial del Estado de México", pues, aún en su denominación correcta, dada la naturaleza de autoridad ejecutora que tiene y dadas sus funciones, sería el mismo resultado de la presente determinación, de ahí, que no es menester esperar el dictado de esta resolución, en razón de que no trasciende al fallo interlocutorio. Por lo expuesto y fundado con apoyo además, en los artículos 67, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ----------, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese; a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de México; mediante el cual pretende rendir informe justificado en los presentes autos; lo anterior, en virtud de que en fecha uno de octubre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario. Notifíquese; a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Incidental
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, en representación del Fiscal General de Justicia de Estado de México, mediante el cual rinde informe previo; lo anterior, en virtud de que en proveído de dos de octubre de dos mil veinte, se acordó lo conducente respecto de dicho informe. Notifíquese; a las partes por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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