José Julian Reyes Colunga

Expediente 755/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
755/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
06/02/2019

Partes del expediente

  • José Julian Reyes Colunga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se acuerda: Teniendo en consideración que, conforme a las constancias de notificación del proveído de tres de enero de dos mil diecinueve, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad; y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. En virtud de lo anterior, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, misma que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, revocó dicha sentencia y concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, este expediente es susceptible de depuración. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; por tanto, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente juicio de amparo, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por último, atendiendo a que en este asunto se concedió la protección constitucional, no es necesario que transcurra a la parte tercero interesada el plazo de seis meses que dispone el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que se deje en disposición de la parte quejosa el billete de depósito N 813925. Consecuentemente, se requiere a la parte quejosa para que se presente ante este Juzgado, a fin de que se le haga entrega de éste, asentándose la razón correspondiente y realizándose las anotaciones administrativas a que haya lugar, en el libro de gobierno relativo. Con el apercibimiento que previene el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, en el sentido de que si dentro del término de dos años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, no se solicita la entrega del billete de depósito aludido, se decretará la prescripción de éste a favor de la Federación. Finalmente, toda vez que la parte quejosa, anexo documentos originales al presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa copia certificada que a su costa se dejen autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos al depurar el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se acuerda: Teniendo en consideración que, conforme a las constancias de notificación del proveído de tres de enero de dos mil diecinueve, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad; y que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. En virtud de lo anterior, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, misma que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, revocó dicha sentencia y concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, este expediente es susceptible de depuración. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; por tanto, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente juicio de amparo, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por último, atendiendo a que en este asunto se concedió la protección constitucional, no es necesario que transcurra a la parte tercero interesada el plazo de seis meses que dispone el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que se deje en disposición de la parte quejosa el billete de depósito N 813925. Consecuentemente, se requiere a la parte quejosa para que se presente ante este Juzgado, a fin de que se le haga entrega de éste, asentándose la razón correspondiente y realizándose las anotaciones administrativas a que haya lugar, en el libro de gobierno relativo. Con el apercibimiento que previene el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, en el sentido de que si dentro del término de dos años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, no se solicita la entrega del billete de depósito aludido, se decretará la prescripción de éste a favor de la Federación. Finalmente, toda vez que la parte quejosa, anexo documentos originales al presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa copia certificada que a su costa se dejen autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos al depurar el expediente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión, habiendo correspondido conocer del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, quien lo radicó con el número de toca 14/2018, y en sesión plenaria de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, revocó el fallo recurrido y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que: "1. la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de veinte de junio de dos mil diecisiete. 2. Emita una diversa en la que se pronuncie de nueva cuenta sobre la revocación interpuesta por la fiscalía de su adscripción, tomando en cuenta la existencia de las pólizas de fianza referidas en este fallo, precise si tales pueden o no ser garantía del pago de la reparación del daño, y en caso negativo, establezca si es factible o no otorgar al sentenciado un plazo para cubrir el pago a que resultó condenado, una vez que haya dado vista a los ofendidos y estos hubieran efectuado la manifestación correspondiente, hecho lo cual, pronuncie la determinación que proceda conforme a derecho.". Por proveído de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió testimonio de la ejecutoria señalada con antelación y se requirió al Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado, para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma. En acatamiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, el Juez Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de San Luis Potosí, mediante oficio 1948/2018, recibido en este Juzgado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, transcribió el proveído dictado en la misma fecha en el expediente de ejecución 702/2016 de su índice, del que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1) Declaró la insubsistencia jurídica del acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete, y 2) Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su lugar emitió una nueva determinación, a través de la cual se pronunció de nueva cuenta sobre la revocación interpuesta por la Representante Social de su adscripción, declarando procedente el mismo. Con motivo de lo anterior, dejó sin efecto el auto de trece de junio de dos mil diecisiete, revocando al sentenciado (aquí quejoso), la libertad bajo caución de que venía gozando hasta en antes de que causara ejecutoria la sentencia condenatoria dictada en su contra y que es matrería de dicho procedimiento de ejecución. Asimismo, regularizó el procedimiento dejando sin efecto el diverso proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, que ordenó la devolución de las pólizas de fianza presentadas con motivo de la reparación del daño, debido a que "no es el trámite procesal indicado y oportuno"; ordenando requerir al sentenciado a efecto de que se adhiera al "sustitutivo penal de suspensión condicional de la pena", otorgándole un plazo de treinta días naturales, a efecto de que cubriera las cantidades que le fueron fijadas en sentencia por concepto de reparación del daño, y cumpliera así, la totalidad de los requisitos para el otorgamiento y disfrute del beneficio de la suspensión condicional de la pena. Determinando que las pólizas de fianza depositadas para garantizar la probable reparación del daño, como condición para el disfrute de la libertad caucional, dejaron de surtir efecto al dictarse sentencia condenatoria que causó estado, además de que sólo amparaban el delito de daño en las cosas, y no así lo relativo al ilícito de lesiones por culpa, cuyos ofendidos son distintos. Señalando además que las mismas no pueden ser tomadas en cuenta para el pago o caución de la reparación del daño, dado que el artículo 19 del Acuerdo General Trigésimo Octavo del Pleno del Consejo de la Judicatura, así lo determina. Finalmente, por lo que se refiere a la petición de prórroga para el pago de la reparación del daño del sentenciado, se ordenó dar vista a los ofendidos por el término de cinco días, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, hecho lo anterior, se pronunciara la determinación que procediera conforme a la ley. Posteriormente, el Juez Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado, mediante oficio 2421/18, remitió copia certificada, entre otras, del diverso proveído de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente de ejecución de origen, del cual se desprende que el ofendido J. Crescencio Banda Hernández, presentó escrito ante dicho Juzgado manifestando su conformidad con la solicitud de prórroga para el pago de la reparación del daño solicitada por el sentenciado aquí quejoso José Julián Reyes Colunga, y el diverso ofendido Juan Adán Rodríguez Lara, no realizó manifestación alguna al respecto, por lo cual se le concedió al citado sentenciado una prórroga de treinta días naturales a efecto de que cumpliera con la reparación del daño a que fue condenado. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a la disconforme en el goce de sus derechos infringidos; La anterior, pues en principio, dejó insubsistente la resolución reclamada de veinte de junio de dos mil diecisiete, y emitió una diversa en la que se pronunció de nueva cuenta sobre la revocación interpuesta por la fiscalía de su adscripción, tomando en cuenta la existencia de las pólizas de fianza exhibidas en la causa de origen, precisando además que las mismas no pueden ser garantía del pago de la reparación del daño, otorgar al sentenciado un plazo para cubrir el pago a que resultó condenado; además, dio vista a los ofendidos con la petición de prorroga respectiva, hecho lo cual, pronunció la determinación respectiva; por tanto, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal. Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso en su contra recurso de revisión, habiendo correspondido conocer del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, quien lo radicó con el número de toca 14/2018, y en sesión plenaria de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, revocó el fallo recurrido y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que: "1. la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de veinte de junio de dos mil diecisiete. 2. Emita una diversa en la que se pronuncie de nueva cuenta sobre la revocación interpuesta por la fiscalía de su adscripción, tomando en cuenta la existencia de las pólizas de fianza referidas en este fallo, precise si tales pueden o no ser garantía del pago de la reparación del daño, y en caso negativo, establezca si es factible o no otorgar al sentenciado un plazo para cubrir el pago a que resultó condenado, una vez que haya dado vista a los ofendidos y estos hubieran efectuado la manifestación correspondiente, hecho lo cual, pronuncie la determinación que proceda conforme a derecho.". Por proveído de catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió testimonio de la ejecutoria señalada con antelación y se requirió al Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado, para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma. En acatamiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, el Juez Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de San Luis Potosí, mediante oficio 1948/2018, recibido en este Juzgado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, transcribió el proveído dictado en la misma fecha en el expediente de ejecución 702/2016 de su índice, del que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1) Declaró la insubsistencia jurídica del acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete, y 2) Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en su lugar emitió una nueva determinación, a través de la cual se pronunció de nueva cuenta sobre la revocación interpuesta por la Representante Social de su adscripción, declarando procedente el mismo. Con motivo de lo anterior, dejó sin efecto el auto de trece de junio de dos mil diecisiete, revocando al sentenciado (aquí quejoso), la libertad bajo caución de que venía gozando hasta en antes de que causara ejecutoria la sentencia condenatoria dictada en su contra y que es matrería de dicho procedimiento de ejecución. Asimismo, regularizó el procedimiento dejando sin efecto el diverso proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, que ordenó la devolución de las pólizas de fianza presentadas con motivo de la reparación del daño, debido a que "no es el trámite procesal indicado y oportuno"; ordenando requerir al sentenciado a efecto de que se adhiera al "sustitutivo penal de suspensión condicional de la pena", otorgándole un plazo de treinta días naturales, a efecto de que cubriera las cantidades que le fueron fijadas en sentencia por concepto de reparación del daño, y cumpliera así, la totalidad de los requisitos para el otorgamiento y disfrute del beneficio de la suspensión condicional de la pena. Determinando que las pólizas de fianza depositadas para garantizar la probable reparación del daño, como condición para el disfrute de la libertad caucional, dejaron de surtir efecto al dictarse sentencia condenatoria que causó estado, además de que sólo amparaban el delito de daño en las cosas, y no así lo relativo al ilícito de lesiones por culpa, cuyos ofendidos son distintos. Señalando además que las mismas no pueden ser tomadas en cuenta para el pago o caución de la reparación del daño, dado que el artículo 19 del Acuerdo General Trigésimo Octavo del Pleno del Consejo de la Judicatura, así lo determina. Finalmente, por lo que se refiere a la petición de prórroga para el pago de la reparación del daño del sentenciado, se ordenó dar vista a los ofendidos por el término de cinco días, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, hecho lo anterior, se pronunciara la determinación que procediera conforme a la ley. Posteriormente, el Juez Primero Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado, mediante oficio 2421/18, remitió copia certificada, entre otras, del diverso proveído de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente de ejecución de origen, del cual se desprende que el ofendido J. Crescencio Banda Hernández, presentó escrito ante dicho Juzgado manifestando su conformidad con la solicitud de prórroga para el pago de la reparación del daño solicitada por el sentenciado aquí quejoso José Julián Reyes Colunga, y el diverso ofendido Juan Adán Rodríguez Lara, no realizó manifestación alguna al respecto, por lo cual se le concedió al citado sentenciado una prórroga de treinta días naturales a efecto de que cumpliera con la reparación del daño a que fue condenado. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a la disconforme en el goce de sus derechos infringidos; La anterior, pues en principio, dejó insubsistente la resolución reclamada de veinte de junio de dos mil diecisiete, y emitió una diversa en la que se pronunció de nueva cuenta sobre la revocación interpuesta por la fiscalía de su adscripción, tomando en cuenta la existencia de las pólizas de fianza exhibidas en la causa de origen, precisando además que las mismas no pueden ser garantía del pago de la reparación del daño, otorgar al sentenciado un plazo para cubrir el pago a que resultó condenado; además, dio vista a los ofendidos con la petición de prorroga respectiva, hecho lo cual, pronunció la determinación respectiva; por tanto, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano