Jose Juan Hernandez Sosa

Expediente 991/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
991/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Jose Juan Hernandez Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de septiembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devolución de anexos. Devuélvase a las autoridades responsables Magistrado Presidente y Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia, ambos de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los anexos que adjuntaron a sus informes de ley. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento exhibido por las partes que por sus características deba ser devuelto. No relevancia documental. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Magistrado Presidente y la Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia, ambos de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitieron en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Apertura de tomo de pruebas. Debido a la voluminosidad de los dos anexos que se adjunta, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado para su fácil manejo, debidamente identificados como tomo I y II de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Para lo cual habrán de presentarse las partes en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Correo electrónico. Ténganse a las autoridades responsables por señalando como correos electrónicos los que indican. Sobreseimiento fuera de audiencia. En diversa tesitura, vistos los presentes autos, los informes de cuenta y sus anexos, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se actualiza una causal de improcedencia. A fin de evidenciar lo anterior, deviene pertinente señalar que del ocurso inicial de demanda se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables (i) Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y (ii) Segunda Ponencia de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el acto que precisó de la siguiente manera: "IV.- ACTOS Y LEYES RECLAMADOS. - Acuerdo de fecha 05 de julio de 2022 emitido por la Autoridad responsable dentro del juicio de nulidad 1352/10-25-01-8-OT, notificado al suscrito por medio de correo electrónico de fecha 11 de julio de 2022." Cabe destacar que en relación con dicho acto reclamado, el quejoso manifiesta en los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a) Con fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, presentó ante la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, demanda de nulidad en contra del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en esta entidad, reclamando la nulidad de la negativa ficta relativa a su escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. b) Dicha demanda fue admitida el dos de septiembre de dos mil diecinueve, y radicada bajo el número de expediente 1352/19-25-01-8-OT. c) Seguido el juicio por sus etapas legales, con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se dictó la sentencia respectiva, a través de la cual se declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada, ordenando a la autoridad demandada emitir una nueva resolución en los términos precisados en la misma. d) Mediante acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno, "la sentencia referida quedó firme, toda vez que se desechó por improcedente el recurso de revisión promovido por la tercera interesada." e) Con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el quejoso presentó queja por omisión ante la responsable, "toda vez que transcurrieron los 4 meses otorgados al ISSSTE, a efecto de que diera cumplimiento a la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2020, de conformidad a lo establecido por el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." f) Con fecha veinte de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió la resolución respectiva, a través de la cual declaró fundado el aludido recurso de queja, requiriendo a la autoridad demandada "para que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES diera cumplimiento a la sentencia de mérito, apercibiéndola que de no hacerlo se le impondrá una medida de apremio que se fijará en trescientas y mil veces la unidad de medida y actualización de conformidad con el numeral 58 fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo". g) Siendo que los tres días otorgados en la resolución señalada en el inciso que antecede, transcurrieron sin que la misma diera cumplimiento a lo requerido, con fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, el quejosos solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento con que se conminó a la autoridad demandada en la aludida resolución h) Así, por acuerdo de fecha quince de marzo del año en curso, la autoridad responsable requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el cumplimiento de la sentencia definitiva, otorgándole nuevamente el término de tres días hábiles a efecto dar cumplimiento a la misma i) Así, siendo que la demandada seguía omisa en dar cumplimiento, de nueva cuenta el quejoso solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento con que se conminó a la demandada, a efecto de "dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 58 citado anteriormente." j) En atención a lo anterior, mediante proveído de cinco de julio del año en curso, la responsable "vuelve a requerir al ISSSTE de conformidad con el artículo 58 fracción I, inciso a) de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por el cumplimiento de la sentencia de mérito, otorgándole NUEVAMENTE el término de TRES DÍAS HÁBILES o efecto de dar cumplimiento a la sentencia referida." Motivo de ello, es que ocurre ante este órgano de control constitucional. Precisado lo anterior, cabe señalar que a efecto de que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que el quejoso pretende. Así, por las razones expuestas a continuación, la suscrita considera que en relación con el acto reclamado, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." De conformidad con dicho dispositivo legal, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Debe destacarse que en torno a esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El criterio a que se hace alusión por su contenido, es la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Así como la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 241, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Ahora bien, en primer término, es menester precisar que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar de las autoridades responsables, el proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio de nulidad 1352/19-25-01-8-OT, a través del cual (de conformidad con las constancias que se adjuntan a los informes justificados de cuenta), con fundamento en el artículo 36, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, previo a iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia, se requirió a la autoridad demandada, para que el termino de tres días, "informe y exhiba las constancias relativas al cumplimiento efectuado a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; APERCIBIDA que de no hacerlo en el plazo y forma establecidos, se resolverá en torno al cumplimiento de sentencia, en términos de lo previsto en el dispositivo legal antes citado." Acto que acude la quejosa a reclamar en la presente instancia constitucional, derivado de que la responsable fue omisa en hacer efectivo el apercibimiento con que conminó a la autoridad demandada en proveído de quince de marzo del año en curso, dictado en el juicio origen, a través del cual la requirió para que informara y exhibiera las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia definitiva, apercibida que de no hacerlo se resolvería en torno al cumplimiento de sentencia, en términos del artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por otro lado, de los anexos que se acompañan a los informes justificados de cuenta, consistente en copia certificada de diversas constancias que integran el juicio de nulidad de origen 1352/19-25-01-8-OT, se advierte que mediante oficio U.J./3806/2022, recibido por la autoridad responsable el once de agosto del año en curso, el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de San Luis Potosí, allegó a dicho sumario, el diverso comunicado 24.5.4.J/1903/2022, datado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, emitido en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen. Así, mediante proveído de doce de agosto del año en curso, la responsable Magistrada Instructora de la Segunda Ponencia, ambos de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ordenó dar vista a la parte actora (aquí quejosa), para los efectos legales a que haya lugar. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo expuesto resulta inconcuso que se ha modificado el entorno en el cual se emitió el acto reclamado, consistente en el proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de nulidad de origen 1352/19-25-01-8-OT, a través del cual se requirió a la autoridad demandada, para que el termino de tres días, informara y exhibiera las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en dicho controvertido, sin que se haya ordenado hacer efectivo el apercibimiento con que se conminó a dicha autoridad en diverso proveído de quince de marzo del año en curso. Lo anterior, pues a través del diverso acuerdo de doce de agosto del mismo año, se tuvo a la autoridad demandada informando el cumplimiento del fallo definitivo dictado en el juicio de nulidad de origen, con el cual se ordenó dar vista a la parte actora (aquí quejosa), para los efectos legales a que haya lugar. Motivo por el cual, en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues no obstante que se haga efectivo a la autoridad demandada en el juicio de origen, el apercibimiento con que se le conminó al no haber acreditado el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en dicho controvertido, lo cierto es que ya se encuentra surtiendo efectos la nueva determinación emitida el doce de agosto de la anualidad en curso, a través de la cual la responsable tuvo a la autoridad demandada informando el cumplimiento del fallo definitivo dictado en el juicio de nulidad de origen, con el cual se ordenó dar vista a la parte actora (aquí quejosa), para los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del trece de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista, y por oficios a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos de los que se advierte que en el presente juicio de amparo no obran los informes justificados de las autoridades responsables SALA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI y SEGUNDA PONENCIA DE LA SALA REGIONAL DE SAN LUIS POTOSI, AMBAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, a pesar de estar debidamente notificados de los oficios mediante los cuales se les requirieron éstos, el diecinueve de julio de dos mil veintidós. Lo anterior, en virtud de que del término de quince días que concede el artículo 117 de la ley de amparo, no pueden ser descontados aquellos que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles cuando no estén previstos en la legislación de la materia. En consecuencia, en términos del artículo 117 de la legislación invocada, téngase omisas a las autoridades responsables al no rendir su informe de ley. Requerimiento. A efecto de emitir una sentencia conforme a derecho, apegada a la situación real que impera respecto del acto reclamado por el quejoso ante la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que se le notifique este proveído, remita las constancias en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de toda y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II de la ley en cita, le será impuesta una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. Diferimiento de audiencia constitucional. En esa tesitura, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia programada para el día de hoy y, en su lugar, se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que la misma tenga verificativo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a las autoridades responsables.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Visto el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, se tiene a la autoridad por desahogando el requerimiento realizado en proveído de cuatro de julio del año en curso, e informando el resultado que arrojó en su sistema la búsqueda planteada respecto de los domicilios de los terceros interesados, y al efecto proporciona el siguiente: -Representante Legal de Teléfonos de México: ***, toda vez que en proveído de trece de julio del año en curso, se ordenó su emplazamiento en dicho domicilio. Notifíquese por medio de lista

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