José Julián Pérez Pérez
Expediente 628/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/06/2019
Partes del expediente
- José Julián Pérez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los cuales se advierte que el juicio de amparo 627/2019-XII,******el quejoso es ******señalando como autoridades responsables al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con domicilio en esta ciudad, Notificador adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, denominado Auditoría Superior del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y Delegado de Hacienda en Pichucalco, Chiapas, con residencia en esa ciudad. Ahora bien, en el juicio de amparo en el que se actúa 628/2019-XIII,******la parte quejosa es ******por propio derecho, señalando como autoridades responsables al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con domicilio en esta ciudad, Notificador adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, denominado Auditoría Superior del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y Delegado de Hacienda en Pichucalco, Chiapas, con residencia en esa ciudad.. En ambos juicios de amparo, el acto reclamado es el siguiente: ""IV. ACTO RECLAMADO. Del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, en su calidad de autoridad responsable ordenadora, haber remitido la resolución OFSCE/UAJ/PFR-M/007/2011, de fecha 28 de octubre de 2013, a la Secretaría de Hacienda para que ésta última hiciera efectivo el crédito fiscal por la cantidad de $442,274.72, impuesto al suscrito sin que previamente se me haya notificado legalmente la citada resolución; así como las consecuencias de esta omisión, lo que me privó de mi derecho de audiencia al impedirme haber promovido algún medio ordinario de defensa. Del Notificador adscrito a la Subdirección de Legislación y Consulta de la Unidad de Asuntos Jurídicos del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, actualmente denominado Auditoría Superior del Estado de Chiapas, en su calidad de autoridad ejecutora, se reclama la ilegal notificación de fecha 20 de noviembre de 2013, así como todo lo actuado posteriormente a dicha notificación, lo que me privó del derecho de promover algún medio de ordinario de defensa debido a que a la fecha dicha resolución ha quedado firme para todos sus efectos. Del Delegado de Hacienda en Pichucalco, la orden de requerimiento pago y embargo que pretende hacer sobre bienes de mi propiedad, por el crédito fiscal determinado por la autoridad ordenadora por un monto de $442,274.72 más accesorios, sin que la resolución que dio origen a dicho crédito fiscal se me haya notificado legalmente por la citada autoridad ordenadora." Atento a lo anterior, cabe precisar que el artículo 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone: "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La resolución que resuelva sobre la acumulación es irrevocable". Pues bien, el precepto citado prevé que dos litigios deben acumularse cuando en ellos debe resolverse total o parcialmente una misma controversia al exigir de cada uno de ellos la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas. Asimismo, que para su procedencia, es necesario que no estén para verificarse la audiencia final y que dicha acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En el caso concreto, en los juicios de amparo 627/2019-XII así como en el diverso 628/2019-XIII, radicados en este órgano de control, debe resolverse una misma controversia jurídica. Las autoridades responsables a quienes se les reclaman dichos actos son: 1. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con domicilio en esta ciudad. 2. Notificador adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, denominado Auditoría Superior del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 3. Delegado de Hacienda en Pichucalco, Chiapas, con residencia en esa ciudad. En consecuencia, toda vez que los actos reclamados están vinculados entre sí por derivar del mismo acto reclamado consiste es la resolución ******, en la que se condena al pago por el crédito fiscal por la cantidad de ******, de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, así como la orden de requerimiento de pago y embargo del crédito fiscal ordenado en esa resolución. Por tanto, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 72, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se decreta de plano la acumulación del juicio de amparo 628/2019-XIII al diverso 627/2019-XII, ambos radicados en este órgano, en virtud de que el último de los juicios es el más antiguo.****** Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial de rubro texto siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal". En tal virtud, se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Visto para resolver este incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 628/2019-XIII; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la suspensión.****** solicitó la suspensión contra las autoridades y actos que a continuación se indican. 1. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con domicilio en esta ciudad. 2. Notificador adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, denominado Auditoría Superior del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. 3. Delegado de Hacienda en Pichucalco, Chiapas. Los que se hacen consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. Del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, en su calidad de autoridad responsable ordenadora, haber remitido la resolución OFSCE/UAJ/PFR-M/007/2011, de fecha 28 de octubre de 2013, a la Secretaría de Hacienda para que ésta última hiciera efectivo el crédito fiscal por la cantidad de $442,274.72, impuesto al suscrito sin que previamente se me haya notificado legalmente la citada resolución; así como las consecuencias de esta omisión, lo que me privó de mi derecho de audiencia al impedirme haber promovido algún medio ordinario de defensa. Del Notificador adscrito a la Subdirección de Legislación y Consulta de la Unidad de Asuntos Jurídicos del órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, actualmente denominado Auditoría Superior del Estado de Chiapas, en su calidad de autoridad ejecutora, se reclama la ilegal notificación de fecha 20 de noviembre de 2013, así como todo lo actuado posteriormente a dicha notificación, lo que me privó del derecho de promover algún medio de ordinario de defensa debido a que a la fecha dicha resolución ha quedado firme para todos sus efectos. Del Delegado de Hacienda en Pichucalco, la orden de requerimiento pago y embargo que pretende hacer sobre bienes de mi propiedad, por el crédito fiscal determinado por la autoridad ordenadora por un monto de $442,274.72 más accesorios, sin que la resolución que dio origen a dicho crédito fiscal se me haya notificado legalmente por la citada autoridad ordenadora." SEGUNDO. Mediante proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve (fojas 15-20), se ordenó tramitar este incidente de suspensión, se pidió el informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. En interlocutoria de veintitrés de mayo del año en curso (fojas 30-35), se fijó nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental en cuanto a la autoridad responsable Delegado de Hacienda en Pichucalco, Chiapas. La audiencia tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver este incidente de suspensión, de conformidad con los artículos 125, 128, 129, 138, 169 y 140, de la ley de Amparo, toda vez que conoce del juicio de amparo del que emana el incidente en que se actúa, el cual se inició a petición de la parte agraviada con arreglo a las disposiciones relativas que prevé la citada legislación de la materia. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo Vigente, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la demandante de amparo. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la resolución de veintiocho de octubre de dos mil trece dictada en el expediente ******, a la Secretaría de Hacienda para el cobro del crédito fiscal por la cantidad de ****** ******; asimismo, la notificación de veinte de noviembre de dos mil trece y todo lo actuado posteriormente a dicha notificación. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Delegado de Hacienda en Pichucalco, Chiapas, no obstante que al rendir su informe previo haya negado su existencia. Lo anterior es así, toda vez que del análisis de los informes previos rendidos por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior del Estado y Notificador Habilitado adscrito a la Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica, ambos con domicilio en esta ciudad, se advierte la existencia de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil trece dictada en el expediente ******, referente al cobro del crédito fiscal por la cantidad de ****** ******Bajo esa perspectiva, no obstante la negativa esgrimida por el Delegado de Hacienda en Pichucalco, Chiapas, se tiene por cierto el acto que en esta instancia constitucional se combate, ello a fin de preservar la materia del juicio de amparo, dado que estimar lo contrario implicaría la eventual consumación del acto reclamado y una afectación a la esfera jurídica de la parte impetrante. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial P./J. 4/2019, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 63, febrero de 2019, tomo I, pág. 14, registro 2019200, con registro electrónico, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar que tiene como objeto mantener un estado de cosas mientras se resuelve el juicio en lo principal y, cuando la naturaleza del acto lo permita, material y jurídicamente, restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho cuya tutela pretende, con la finalidad de que su posible violación no se consume durante la tramitación del proceso, afectando de manera irreversible la esfera jurídica del particular. Conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 129 de la Ley de Amparo, la procedencia de la suspensión del acto reclamado y/o sus consecuencias está supeditada a que la solicite la parte quejosa, la naturaleza del acto permita su otorgamiento y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el entendido que la suspensión no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda y al analizarse la posible afectación al orden público o al interés social con su otorgamiento, debe también ponderarse la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, como presupuestos de la medida cautelar, a fin de resolver si tal afectación es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pudiere sufrir el quejoso. En tales circunstancias, este Juzgador Federal se avocará a ello acorde con la jurisprudencia 111/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, página 98, tomo XVIII, diciembre de 2003, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Ahora bien, se concede la suspensión definitiva solicitada, respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado. Lo anterior por reunirse los requisitos de los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que exige para la concesión de la suspensión, tales como: 1) Solicitarlo el agraviado; 2) No se siga perjuicio al interés social; El primer requisito está acreditado, ya que de las constancias se advierte que el incidente fue abierto a petición de parte, asimismo que el quejoso tiene la calidad de contribuyente en el procedimiento administrativo de origen. En cuanto al segundo requisito, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, primero por razón que el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis que desglosa el artículo 129 de la norma multicitada, ni se puede catalogar como alguno similar en sus consecuencias. Además, para que se considere que la concesión de la medida cautelar afecta el interés social en contravención de lo previsto en el artículo antes citado, no basta que el requerimiento de pago de impuestos formulado a un contribuyente derive de la aplicación de una ley de orden público, pues estrictamente hablando de la observancia de cualquier disposición jurídica constituye una cuestión de orden público. Sin embargo, con el otorgamiento de la medida cautelar efectivamente se podrían ocasionar perjuicios capaces de afectar la organización y funcionamiento de la funciones prestadas por el Estado. En esa tesitura, si no se advierten elementos que demuestren que el crédito fiscal exigido es de tal magnitud que de no ser pagado con motivo de la concesión de la medida cautelar se afectaría como consecuencia la marcha normal de las funciones públicas, no existe razón en principio para negar el otorgamiento de la misma; lo anterior, concatenado con la apariencia del buen derecho, que permite adelantar presuntivamente un derecho en favor del quejoso. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia, 2a./J. 68/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 843, registro electrónico 164518, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN, EJECUCIÓN O COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS DE NATURALEZA FISCAL. De la interpretación gramatical del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en congruencia con la voluntad externada por el legislador durante el proceso legislativo, se advierte que el primer párrafo de dicho numeral contiene el presupuesto general requerido para la procedencia de la suspensión en todos los casos en los que se solicite esa medida, esto es, que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, cumpliendo con los demás requisitos enlistados a continuación en la norma, respecto de los cuales el legislador especificó algunos tratándose del cobro de contribuciones. De ahí que para la procedencia de la suspensión contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, concurren los siguientes requisitos: 1. Precisa que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2. Exige acompañar copias de la promoción en la que solicite la suspensión y de las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora, la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; y, 3. La eficacia de la suspensión se sujeta a que se haya constituido o se constituya el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales. En ese sentido, resultan inaplicables los requisitos previstos en las fracciones IV, V, VII y IX del propio artículo 28 y la Sala Regional carece de discrecionalidad para otorgarla; pero sí está facultada para reducir el importe de la garantía si el monto de los créditos excede la capacidad económica del actor y si se trata de tercero distinto al sujeto obligado directa o solidariamente al pago del crédito." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia, I.3o.A. J/16., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo V, enero de 1997, página 383, registro electrónico 199549, de rubro y texto como sigue: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad". EFECTOS. Con fundamento en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que, se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se requiera el cobro, ni se haga efectivo el crédito fiscal por la cantidad de ****** (******), al que se le condenó en el expediente administrativo ****** dictado en la resolución de veintiocho de octubre de dos mil trece, por Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con domicilio en esta ciudad, determinado en contra del quejoso. La suspensión de que se trata surte sus efectos desde luego y hasta en tanto las autoridades responsables reciban notificación en que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el juicio del que derivan estos cuadernillos incidentales que se dicte en este incidente de suspensión, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no deposita dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, garantía por la cantidad a que asciende al crédito fiscal impuesto; depósito que deberá realizar ante la autoridad exactora, o en su caso, si ya realizó dicho pago, deberá acreditar ante este juzgado tal situación; lo anterior, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, por similitud de principios, la jurisprudencia 138/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXVIII, octubre 2008, materia administrativa, página 445, con registro electrónico 168607, de rubro y texto siguiente: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Se hace hincapié que la suspensión surtirá sus efectos sólo por lo que hace a los actos aún no realizados, sin invalidar los que ya se hubieren materializado; pues los efectos de la suspensión son, en principio, mantener las cosas en el estado en que se encuentran, para conservar la materia del amparo, sin que tal medida tenga los efectos restitutorios propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. Pues la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados; por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado, ya que previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. CUARTO. En términos de lo previsto por la fracción III, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dado que el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, es susceptible de destrucción una vez transcurridos los seis meses en que se dictó esta resolución interlocutoria contados a partir del día de su publicación; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 140 y 144, ambos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicitó****** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable Delegado en Hacienda en Pichucalco, Chiapas, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. El duplicado del cuaderno incidental resulta destruible en los términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación signada por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de conciliación y Arbitraje, domiciliado en esta ciudad, mediante la cual informa los actos que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, con el oficio de veintiuno de mayo del año en curso, al que anexa el laudo dictado dentro del expediente laboral ***********, emitido en esa propia fecha, así como con el diverso de la citada autoridad de catorce de mayo del actual (fojas 175 a 178); ello, por el plazo de tres días a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa con el oficio de veintiuno de mayo del año en curso, al que anexa el laudo dictado dentro del expediente laboral ***********, emitido en esa propia fecha, así como con el diverso de la citada autoridad de catorce de mayo del actual.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese en el incidente de suspensión en que se actúa de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, los informes previos rendidos por las autoridades responsables Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado y Notificador Habilitado adscrito a la Subdirección de Legislación y Asistencia Técnica, de la Auditoría Superior del Estado, ambos con residencia en esta ciudad; y dése cuenta con los mismos en la audiencia incidental, con base a lo dispuesto por el numeral 144 de la ley en la materia. Asimismo, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables a las personas que designan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Notifíquese.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- José Jhovanny Molina Albores98/2019
- José Jiménez López538/2017
- José Jorge López García289/2016
- José Juan Cruz Colorado199/2022
- José Juan Hernández Moreno1175/2019
- José Juan o Juan Cruz Colorado1083/2022
- José Lenin García Custodio y Otros.517/2022
- José Leonardo Cipriano Pérez1611/2023
- José Leyver Cundapí Ramos433/2020
- José López Álvarez1527/2019
- José López Hernández675/2018
- José López López1260/2023