José Juan Hernández Moreno
Expediente 1175/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2019
Partes del expediente
- José Juan Hernández Moreno
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, once de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Presidente y Secretario de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con domicilio en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de septiembre de dos mil diecinueve. ADMISIÓN Agréguese a los autos el ocurso signado por ***********************, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de tres de septiembre del año en curso (fojas 10-13). Por tanto, con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por*******************, contra actos de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese este juicio sin incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente la suspensión del acto reclamado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se requiere a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo. Apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, la que asciende a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). TERCERO INTERESADO. Con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso b), aplicado en sentido contrario, no se tienen como tercero interesado al*******************; pues tomando en consideración que del escrito de demanda la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable no ha fijado fecha y hora para la audiencia de conciliación y en consecuencia, no se ha logrado el emplazamiento del mismo, y dado que tiene el carácter de tercero interesado aquel sujeto que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado y que ha intervenido en el procedimiento de origen, lo que en el caso no acontece, por tal motivo no ha lugar a tenerlos con tal carácter. Tiene aplicación la Tesis; 2a./J. 67/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 167160, Tomo XXIX, Mayo de 2009 Materia Común, Página; 265, que a la letra dice: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender". PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la prueba documental que anexa al escrito de aclaración de demanda, la que se desahoga de acuerdo a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en el acto de la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *********** contra actos de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1175/2019-XIV. PREVENCIÓN Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente no cumple con los requisitos que establecen el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo; por lo tanto, se hace necesaria la prevención en términos del diverso 114, fracciones I, II, y IV de la referida ley, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada". Ahora, el artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el citado artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si quien promueve no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. Por lo que del contenido de la demanda de amparo, se obtiene que la misma es ambigua y contradictoria entre sí, toda vez que por una parte señala la quejosa como acto reclamado la omisión en que aduce ha incurrido la autoridad responsable al no dar trámite a su demanda en el juicio natural, señalando diversos números de expedientes del procedimiento obrero, asimismo, más adelante hace mención respecto de la omisión del emplazamiento del tercero interesado, así como de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Ahora bien, del estudio del escrito de cuenta, en específico, en los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el promovente no señala la fecha en que presentó la demanda ante la autoridad que señala como responsable. En tal virtud, a fin de proveer lo que corresponda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I, II, y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: 1. Manifieste si la demanda que promovió fue radicada bajo el número ********** Amplié los antecedentes del acto reclamado, precisando la fecha en que presentó la demanda laboral, ante la autoridad que señala como responsable, debiendo exhibir la constancia que lo acredite. 3. Indique con precisión cual es el acto que reclama, es decir: A) Si lo hace consistir en la omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación. B) Si se trata de la dilación para emplazar a la parte demandada en el juicio de origen. 4. Exhiba tres copias de su escrito aclaratorio, lo anterior en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, las que serán distribuidas de la siguiente manera: (1) una para la autoridad responsable, (1) una para el Agente del Ministerio Público Adscrito a este juzgado, (1) una para el tercero interesado. Tiene aplicación la jurisprudencia 161/2013 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, de la Décima época, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". Asimismo, es aplicable al particular, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo XIII, página 325, abril de 2001, con registro 189978, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa". Así también, tiene aplicación el criterio que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio del quejoso las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que motiva ordenar su reposición ". Además, sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia siguiente: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Apercibido también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y como autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo a ********* y ********** por así haberlo solicitado expresamente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.
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