José Julián Pech Aguilar

Expediente 750/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
750/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • José Julián Pech Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 68/2022-III, promovido por ********************por sí, y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales********************. y********************contra actos del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Que el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós se tuvo por recibido el expediente de amparo 2616/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán y este Juzgado Federal se avocó a su conocimiento. Ello, en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 relativo a la Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Ya que se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. SEGUNDO. Trámite del incidente. Por otra parte, en auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, ********************por sí, y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales********************. y S.Y.P.A se ordenó la apertura de incidente de suspensión contra los actos que reclama del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán; se pidió a la responsable su informe previo; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento se celebra al tenor del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente, para conocer y decidir sobre la suspensión definitiva solicitada en este incidente, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, 128 y 144, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las resolución que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, la parte peticionaria de amparo reclama el siguiente acto: La resolución de diez de octubre de dos mil veintidós, emitida en autos del expediente número ********************, emitida en la audiencia preliminar, en la que la autoridad responsable: Desechó la prueba ofrecida con el número nueve, en el juicio de origen, que consiste en el informe que solicite la autoridad responsable a Seguros Multiva, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Multiva, actualmente denominada "Seguros ve por más", Sociedad Anónima, Grupo Financiero Ve por Más, que forma parte de la compañía denominada "Seguros ve por más BX+"; respecto de la cantidad a la que ascienden los salarios de *****, a quien ***** (tercero interesado) cedió todas sus percepciones y salarios que percibía en dicha empresa. Fue omisa en ordenar que la prueba ofrecida con el número dieciséis, consistente en un estudio socioeconómico y de entorno social, fuera practicado por el Departamento de Trabajo Social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, acerca de las condiciones socioeconómicas y de entorno social en que habita y se desenvuelve Manuel Alejandro Pacheco Medina en su domicilio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto reclamado. De ahí que se tenga por cierto tal acto. CUARTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. En principio, cabe referir que la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar especial, su objeto principal es mantener la materia del juicio, evitar daños irreparables a las partes, y en algunos casos, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que alega se vulneró con el acto de autoridad. Su fuente constitucional es el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son desarrollados por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, los requisitos que deben analizarse para determinar la procedencia de la medida cautelar son los siguientes: 1. Que expresamente la solicite el quejoso; 2. Que haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; 5. Llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, y 6. Cumplidos los requisitos precisados, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley citada. Es aplicable la jurisprudencia, de P./J. 19/2020 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO" Siguiendo esa metodología, se estudiará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. Expresamente la solicite el quejoso. Este requisito se encuentra colmado. En efecto, la parte solicitante del amparo pidió la protección constitucional respecto de acto reclamado al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, que consiste en lo siguiente: La resolución de diez de octubre de dos mil veintidós, emitida en autos del expediente número ********************, emitida en la audiencia preliminar, en la que la autoridad responsable: Desechó la prueba ofrecida con el número nueve, en el juicio de origen, que consiste en el informe que solicite la autoridad responsable a Seguros Multiva, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Multiva, actualmente denominada "Seguros ve por más", Sociedad Anónima, Grupo Financiero Ve por Más, que forma parte de la compañía denominada "Seguros ve por más BX+"; respecto de la cantidad a la que ascienden los salarios de ******, a quien ***** (tercero interesado) cedió todas sus percepciones y salarios que percibía en dicha empresa. Fue omisa en ordenar que la prueba ofrecida con el número dieciséis, consistente en un estudio socioeconómico y de entorno social, fuera practicado por el Departamento de Trabajo Social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, acerca de las condiciones socioeconómicas y de entorno social en que habita y se desenvuelve ***** en su domicilio. En el presente caso, la naturaleza de los actos por los que se pide la suspensión, son de carácter de negativos y omisivos, pues de la manifestado por la parte quejosa, se advierte que por una parte, la autoridad responsable negó lo solicitado, es decir, desechó la prueba consistente en un informe que solicite el juez, la cual es identificada por la quejosa con el número nueve; y por otra, aduce que la prueba ofrecida con el número dieciséis, consistente en un estudio socioeconómico y de entorno social, que se realice a Manuel Alejandro Pacheco Medina, fuera practicado por el Departamento de Trabajo Social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán. Por lo que no procede conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que dichos actos no requieren ejecución material alguna y de conceder la suspensión definitiva que se solicita, se le daría efectos resolutorios que sólo corresponden a la sentencia que se pronuncia en el amparo en lo principal. Apoya la anterior consideración por analogía, la tesis XXI.2º.11 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en las páginas 214 y 215, Novena Época, Tomo V, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y siete, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada". Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 49, Tomo V, Segunda Parte-1, de los meses de Enero a Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y tenor literal siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE DE, EN EL AMPARO. Los actos negativos, para efectos del juicio de garantías son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión". No obstante, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En ese sentido, la quejosa manifiesta que el procedimiento de origen se encuentra en etapa de llevarse a cabo la audiencia principal. Así, del artículo 501 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Yucatán, se advierte que en la audiencia principal, entre otros aspectos, se lleva a cabo el desahogo de las pruebas admitidas a las partes, y finaliza con el dictado de la sentencia; de ahí que, de llevarse a cabo la audiencia principal en el juicio familiar de origen, en todas sus fases, acorde con el artículo 147 de la Ley de Amparo antes mencionado, se correría el riesgo de que el juicio de amparo quede sin materia; por lo que, si bien los actos reclamados por la quejosa no son susceptibles de suspenderse, sí lo es el procedimiento judicial del que emanan. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo. Debe precisarse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o, bien, le evite un trastorno o un mal público. Se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo es el de tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que, de ser procedente, la suspensión del acto reclamado no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad. Apoya lo anterior, por mayoría de razón, y por no oponerse al texto vigente de la Ley de Amparo, la tesis P./J. 83/2003, con número de registro digital 182528, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES QUE DIRIMEN LA CUESTIÓN DE PERSONALIDAD. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, EL JUEZ NATURAL SE ABSTENGA DE DICTAR SENTENCIA MIENTRAS SE DECIDE EL AMPARO. El artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se contravengan disposiciones de orden público, destacando que en ninguno de los supuestos que prevé, de manera enunciativa, se contempló la suspensión de un procedimiento, por lo que el legislador no dispuso expresamente que tal suspensión fuera improcedente. Aunado a lo anterior, del análisis histórico de la tesis del Tribunal Pleno, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 292, de rubro: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL.", se advierte que el criterio de que la continuación del procedimiento es de orden público y, por ende, su suspensión lo contraviene, se fundó en el anterior artículo 64 de la Ley de Amparo de 1919, cuyo contenido, en esencia, se reitera en el artículo 138, primer párrafo, de la ley vigente, por lo que, conforme a este precepto, debe resolverse sobre la procedencia de la suspensión definitiva respecto de la resolución que dirime la cuestión de personalidad. En congruencia con lo antes expuesto, si del contenido del precepto últimamente citado deriva que el aspecto medular que debe dilucidarse, para determinar si la suspensión puede tener o no el efecto de paralizar el procedimiento, es la irreparabilidad del daño ocasionado al quejoso, y en atención a que ésta se materializa sólo con el dictado de la sentencia definitiva en el procedimiento del cual derive el acto reclamado por operar un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo, es indudable que la suspensión definitiva debe concederse al quejoso para el efecto de que el Juez natural continúe con el procedimiento hasta su resolución, pero debe abstenerse de dictar la sentencia definitiva hasta que se resuelva el juicio de garantías correspondiente." Lo que procede es CONCEDER la SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir que no se lleve a cabo la audiencia principal en el juicio ordinario de alimentos ********************, y en caso de que ya se hubiere celebrado, no se dicte la sentencia correspondiente, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoriada en autos del expediente principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a ********************por sí, y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales********************. y********************la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE a ********************por sí, y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales********************. y********************la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    V. Visto, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 750/2023-V, promovido por José Julián Pech Aguilar, contra actos del Presidente Municipal de Motul, Yucatán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, a través del buzón judicial, *** promovió juicio de amparo contra los actos que reclama del Presidente Municipal de Motul, Yucatán, y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite del incidente Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión; se pidió a las responsables sus respectivos informes previos; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, previos diferimientos, tuvo verificativo la audiencia incidental en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal, 130 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en la resolución que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado. [...] TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables que a continuación se mencionan, al rendir sus respectivos informes previos, señalaron: [...] Ahora, de lo anterior, se advierte que las referidas autoridades NIEGAN la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la orden de cateo, aprehensión y detención dictada en contra del quejoso y su ejecución, sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa. Por ende, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo procede negar en este aspecto la medida cautelar solicitada, dados los términos de la jurisprudencia con el rubro siguiente: "INFORME PREVIO." Ahora, no pasa inadvertido que el Comandante en Turno de la Policía Estatal de Yucatán, con sede en Motul, Yucatán, en su calidad de ejecutora, no haya rendido su informe; sin embargo, por cuanto las responsables ordenadoras negaron los actos reclamados, también resulta, por consecuencia, inexistente su ejecución. Es decir, toda vez que las autoridades señaladas como ordenadoras negaron la existencia de los actos que se le reclaman, es evidente que a la autoridad responsable señalada como ejecutora citada en el párrafo anterior, no puede atribuírsele la ejecución de los actos negados, sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa. Por ende, con fundamento en los artículos 142 y 144 de la Ley de Amparo, procede negar a la parte quejosa en este aspecto la medida cautelar solicitada, por inexistencia de los actos reclamados, dados los términos de la jurisprudencia con el rubro siguiente: "INFORME PREVIO." Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a ***, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las autoridades señaladas en el considerando tercero de la presente resolución, en virtud de los razonamientos expuestos en el referido considerando. NOTIFÍQUESE. [...]

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ******************** apoderado legal de la persona moral quejosa ********************; en atención a su solicitud y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que por auto veinte de enero de dos mil veintitrés, se autorizó al usuario ******************** para consultar el expediente electrónico y para oír y recibir notificaciones electrónicas, estese a lo acordado en el citado auto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ****, el acuerdo de 30 de marzo de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, mismo que refiere: V. Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Motul, Yucatán y por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dichos informes y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el sobre remitido por el Servicio Postal Mexicano, con el que devuelve el sobre que contiene el oficio 4660, de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, con la leyenda "Rehusado por el oficial en turno por no tener nombre a quien se le dirige el sobre", dirigido al Comandante en turno de la Policía Estatal de Yucatán, en Motul. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione la denominación correcta de dicha autoridad, o señale lo que a su derecho convenga; apercibida de que en caso de no hacerlo se tendrá por inexistente a la misma. [...] En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose como nuevas fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. [...}

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