Jose Jesus Lizama Velazquez

Expediente 672/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
672/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
  • Jose Jesus Lizama Velazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que negó el amparo a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. INCIDENTE ORIGINAL. Es destruible conforme el artículo 20, fracción III, toda vez que se negó la suspensión definitiva; por lo que deberá transferirse una vez transcurridos tres años. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. DEVOLUCIÓN DE LEGAJO. Toda vez que no existe objeto alguno para que siga permaneciendo en este Juzgado el legajo que se ordenó formar en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés consistentes en las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Tercero de Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado; en consecuencia, devuélvase a la referida autoridad. Sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa la resolución de 23 de mayo de 2023 con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, cuya síntesis es la siguiente: Mérida, Yucatán, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 672/2023-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto reclamado al Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, recibió la demanda de amparo, promovida por ********************, contra el acto reclamado al Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en: El auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio ejecutivo mercantil *********, en el cual se decretó la prescripción para ejecutar la sentencia definitiva dictada el diecinueve de diciembre de dos mil catorce. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 2715/2022-II, y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción; se recibió el informe con justificación de la autoridad responsable; se emplazó a juicio a la parte tercero interesada; y, Finalmente, el dos de enero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 672/2023-II, y se turnó para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional cuyos efectos tendrían ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad El auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 417/2014, en el cual se decretó la prescripción para ejecutar la sentencia definitiva dictada el diecinueve de diciembre de dos mil catorce. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado Al rendir su informe con justificación, el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, de las constancias que obran en el juicio de amparo se advierte la emisión de auto de prescripción reclamado, motivo por el cual se desvirtúa su negativa y se tienen por cierto el acto que se le reclama. Lo cual se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable y que conforma el anexo del presente asunto; documentales que conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. CUARTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para ejercer la acción de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. Ahora, el acto reclamado en este juicio de amparo es el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 417/2014, en el cual se decretó la prescripción para ejecutar la sentencia definitiva dictada el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, por lo que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17, de la Ley de Amparo. Para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la primera hipótesis que establece el artículo 18, de la Ley de Amparo, esto es, a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto. Acorde a las constancias del sumario natural, la resolución reclamada se notificó por diario oficial el veintiocho de octubre de dos mil veintitrés, por lo que en términos del artículo 1075 del Código de Comercio, surtió sus efectos al día hábil siguiente en que se practicó, es decir, el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, el plazo para ejercer la acción constitucional trascurrió del tres al veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, sin incluirse los sábados y domingos, así como los días uno, dos y veintiuno de noviembre del referido año, al ser días inhábiles, con apoyo en el artículo 19, de la Ley de Amparo; la circular CIRCULAR 5/2022, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que otorgó los dos primeros días del mes de noviembre; y, a lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se concluye que la acción constitucional se ejerció oportunamente. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Para entender la problemática planteada en el presente asunto, es necesario conocer el origen del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias anexas a la demanda de amparo y las remitidas por la autoridad responsable derivadas del juicio mercantil 417/2014, de su índice, de las cuales se advierten los hechos relevantes siguientes: El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva en el juicio de origen, en la cual se condenó al demandado ********************, también conocido por ********************, a pagar la cantidad de quinientos sesenta y tres mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, más intereses moratorios, así como al pago de costas del juicio. Determinación que causó ejecutoria el veinte de febrero de dos mil quince. Mediante escrito presentado ante la responsable el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo al actor, aquí quejoso, realizando diversas manifestaciones en relación a la promoción del juicio ordinario civil ********************, en la cual reclamó la nulidad de actos y nulidad de actas de donación, compraventa y usufructo, promovidos en contra del demandado, lo cuales a su decir, los realizó a efecto de insolventarse y eludir sus obligaciones derivadas de lo condenado en el juicio ejecutivo mercantil de origen; remitiendo para acreditar lo anterior constancias deducidas del citado juicio civil. Posteriormente, mediante escrito de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, la parte actora, aquí quejosa, presentó ante la autoridad responsable la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, emitida en el juicio ordinario civil ********************. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintidós, el demandado ********************, solicitó la prescripción de la ejecución de la sentencia. Finalmente el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se dictó el auto de prescripción de la ejecución de la sentencia, el cual se notificó vía diario oficial el veintiocho siguiente; determinación que constituye el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En este asunto, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida analizar el fondo del asunto, sin que sea necesario realizar un estudio de cada una las hipótesis descritas en el artículo 61, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En este considerando se examinarán los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, cuya transcripción es innecesaria. Además, el estudio de los conceptos de violación se realizará bajo la óptica del estricto derecho, al no actualizarse alguna de las hipótesis de excepción descritas en el artículo 79 de la ley de la materia. En la demanda de amparo, la quejosa alega que el Juez responsable vulneró los derechos fundamentales de legalidad y certeza jurídica, reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución. La parte quejosa aduce en sus conceptos de violación, que el auto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado. De igual forma, que el auto de prescripción reclamado fue contrario a derecho, pues durante el proceso de ejecución sí promovió actos tendentes a dar impuso procesal, pues presentó los documentos con los que acreditó la promoción de un diverso juicio ordinario civil instaurado contra la demandada, a efecto de nulificar los actos traslativos de bienes que realizó -donación y compraventa-, a su decir, para insolventarse y eludir el pago de lo condenado; motivo por el cual, aduce que contrario a lo determinado por la autoridad responsable, debió suspenderse el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio mercantil de origen. Los conceptos de violación hechos valer son infundados, por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 16, primer párrafo, de la Norma Suprema, reconoce los derechos humanos de seguridad y legalidad para salvaguardar los bienes jurídicos del gobernado, frente al acto de autoridad. Establece que todo acto de autoridad debe precisar los siguientes requisitos: Que el acto de autoridad se exprese por escrito; Que provenga de autoridad competente; y, Que se funde y motive la causa legal de su determinación. Respecto a la fundamentación y motivación, consiste en que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, el fundamento legal y las razones que los motivan; es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar apoyado en las disposiciones legales aplicables, y expresar las razones que así lo justifiquen. Ahora, para cumplir con el derecho de seguridad jurídica previsto en el citado precepto constitucional, el acto de molestia debe contener, además, todos los requisitos establecidos por las leyes aplicables, pues sólo de ese modo el acto autoritario será válido y dará certeza jurídica al gobernado que resiente en su esfera jurídica tal afectación, respecto de la competencia de la autoridad emisora, el objeto o fin del acto, circunstancias de modo, tiempo y lugar y en su caso, el motivo por el cual se emitió el acto de autoridad. Además, debe diferenciarse la transgresión al artículo 16 Constitucional pues puede darse en diversas formas, producto de la falta de fundamentación y motivación; la indebida o incorrecta fundamentación y motivación. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. Al respecto, es aplicable por analogía, la jurisprudencia I.6o.C. J/52, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la voz: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Establecido el contenido de los derechos fundamentales que se alegan vulnerados, en el particular, la quejosa reclama: El auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 417/2014, en el cual se decretó la prescripción para ejecutar la sentencia definitiva dictada el diecinueve de diciembre de dos mil catorce. Determinación que refiere se encuentra indebidamente fundada y motivada; al respecto, contrario a lo aducido por la parte quejosa, de la lectura del auto reclamado, se considera que sí se encuentra debidamente fundado y motivado, pues de su contenido se advierten las consideraciones suficientes para su emisión, las cuales son esencialmente la siguientes: La responsable determinó que la parte actora, aquí quejosa, no realizó actos idóneos a efecto de dar impulso procesal e interrumpir el término de prescripción de la ejecución de la sentencia. Por lo cual, a petición de la parte demandada, transcurrido el término otorgado por ley, y que lo es de tres años, de conformidad al 1079, fracción IV, del Código de Comercio, el cual comenzó a transcurrir a partir del veinticuatro de febrero de dos mil quince (fecha en que se notificó causó ejecutoria la sentencia condenatoria dictada en el juicio de origen), declaró la prescripción de la ejecución de la sentencia en el juicio de origen. Razones que se consideran suficientes para considerar que la autoridad responsable emitió el acto reclamado atendiendo la debida fundamentación y motivación que debe contener los actos de autoridad, pues expuso los argumentos suficientes que sustentan la decisión allegada y cito el fundamento legal aplicable. De ahí lo infundado del concepto de violación hecho valer. Ahora bien, en cuanto al diverso argumento hecho valer relativo a que sí realizó el impulso procesal, de igual forma, se considera infundado dicho concepto de violación, por los siguientes motivos. Al respecto, a efecto debe precisarse que la ejecución de sentencias es un derecho de naturaleza sustantiva frente al cual opera la figura de la prescripción, cuyo término está previsto de manera específica por el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, conforme al cual la ejecución de sentencias en los juicios ejecutivos prescribe en tres años. Sólo la completa inacción del interesado para ejecutar la sentencia definitiva, durante el plazo fijado en la ley (tres años para el caso del juicio ejecutivo mercantil), actualiza la figura de la prescripción; dicho plazo empieza a computarse cuando la sentencia causa ejecutoria y se interrumpe cuando el beneficiario de este derecho realiza cualquiera de los actos establecidos en el artículo 1041, del Código de Comercio. En ese sentido, el plazo de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, empieza cuando la sentencia causa ejecutoria y se interrumpe cuando el beneficiario de este derecho realiza cualquiera de los actos ya mencionados para lograr su ejecución. Esta figura resulta ser una institución establecida en beneficio del deudor para verse librado de una obligación por el transcurso de cierto tiempo sin que el acreedor le exigiera su cumplimiento, de ahí que se genera en su favor una acción que no opera de pleno derecho, porque el deudor no queda liberado mientras no juzgue conveniente servirse de éste, es decir, los órganos jurisdiccionales no están facultados para analizarla oficiosamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2013070, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, con número de Tesis: 1a./J. 48/2016 (10a.), página 873, que a la letra dice: Por tanto, es necesario puntualizar, que en materia mercantil, la prescripción está regulada en los siguientes numerales del Código de Comercio: "Artículo 1038. Las acciones que se deriven de actos comerciales se prescribirán con arreglo a las disposiciones de este código". "Artículo 1039. Los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles, serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución". "Artículo 1040. En la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio". "Artículo 1041. La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desistiese de ella o fuese desestimada su demanda". La interpretación de la norma citada permite concluir que la finalidad de dicho dispositivo legal es brindar certeza jurídica a las partes en los procedimientos mercantiles. Esto es, por un lado, que la actora tenga un plazo expreso para ejercerlo y, por otro, que la condenada conozca el límite que tiene el beneficiario para solicitar la materialización del derecho reconocido. En ese sentido, basta que se presente alguna promoción encaminada a llevar a cabo la ejecución de la resolución emitida en el procedimiento de origen para que se interrumpa el plazo de la prescripción. Además, debe decirse que esta interrupción, no sucede con motivo de cualquier promoción, sino únicamente con aquellas por las que se insta para que se emitan las determinaciones necesarias para lograr la ejecución de la sentencia. No obstante lo anterior, no debe perderse de vista, que la naturaleza de la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil, tiene el carácter de un derecho sustantivo, es decir, constituye una nueva prerrogativa que se obtiene con el dictado de la resolución que dirimió la controversia principal Entonces, tenemos que la norma mercantil marca el plazo para que opere la prescripción negativa tratándose de la ejecución de sentencias dictadas en un juicio ejecutivo en tal materia, es decir, tres años, los que comenzarán a contarse a partir del momento en que la acción pudo ser ejercida en juicio, que en el caso ocurre en el momento en que la sentencia adquiere el carácter de cosa juzgada, ya porque no fue impugnada a través de los recursos procedentes, o en virtud de no ser recurrible por disposición legal, pues desde ese momento la decisión judicial se torna en norma jurídica individualizada y vinculante para las partes. Ahora bien el artículo 1041, del Código de Comercio establece que el plazo para que se consume la prescripción negativa puede interrumpirse, a través de la presentación de la demanda o mediante cualquier tipo de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. Lo que se traduce en que, una vez intentada cualquiera de esas modalidades, que resultan signos inequívocos en la voluntad de ejecutar la sentencia, el término para la prescripción negativa reinicia y debe computarse nuevamente a partir de ese momento. De igual forma, de la interpretación de lo establecido en el artículo 1348 del Código de Comercio deriva que los incidentes de liquidación promovidos por la parte actora constituyen verdaderos actos procesales relacionados directamente con la ejecución de la sentencia, toda vez que dicho artículo regula el procedimiento de ejecución cuando se trata de una condena ilíquida, en lo que atañe a las costas e intereses a que fue condenada la parte condenada y que, forzosamente, debe gestionar para que se ejecute plenamente el fallo; por tanto, la promoción de esos incidentes interrumpe el plazo para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos que establece la fracción IV, del artículo 1079, del código indicado. Sustenta lo anterior, como criterio orientador la jurisprudencia PC.XX. J/5 C (10a.), 2010998, del Pleno del Vigésimo Circuito, de la Décima Época, materia Civil, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo II, página 1347, que a la literalidad señala: Motivo por el cual, del contenido del artículo 1041 y de la interpretación de lo dispuesto en el 1348, del Código de Comercio, establece que la prescripción de la ejecución de la sentencia se interrumpe por la presentación de la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor, o bien, por la interposición de un incidente de liquidación o actualización de intereses de lo condenado. Establecido lo anterior, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, si bien acreditó promovió un juicio ordinario civil en el cual se reclamó la nulidad de actos traslativos de dominio de bienes propiedad de la parte demandada, con el fin de que fueran considerados para el pago de lo condenado, ello, se traduce en una pretensión o expectativa de derechos, pues el juicio promovido es independiente de la Litis de la ejecución de la sentencia en el juicio ejecutivo mercantil de origen, lo cual no garantiza que los bienes materia del juicio ordinario civil de nulidad sean materia de la ejecución de la sentencia. Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas como justificación al informe, no se desprende que la parte actora hubiese interpuesto alguna actuación de las establecidas en el artículo 1041, del Código de Comercio, o bien, un incidente de liquidación o actualización de intereses de lo condenado. Motivo por el cual, se estima fue correcto lo determinado por la autoridad responsable, en el sentido de que la parte actora no realizó un acto idóneo para dar impulso procesal a la ejecución de la sentencia condenatoria, que tenga por objeto la interrupción del término de la prescripción de la sentencia; de ahí lo infundado del segundo de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, debe negarse la protección constitucional solicitada por ********************. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a ********************, contra el acto reclamado al Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio ejecutivo mercantil *******, en el cual se decretó la prescripción para ejecutar la sentencia definitiva dictada el diecinueve de diciembre de dos mil catorce; por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, hoy, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Alondra Sarai Santiago Cano, Secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. Dos Firmas electrónicas con evidencia criptográfica.El Secretario ALONDRA SARAÍ SANTIAGO CANO, HAGO COSNTAR: que esta foja corresponde a la parte final de la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en autos del juicio de amparo 672/2023, y en la misma fecha se libró el oficio correspondiente. Asimismo, CERTIFICO: Que con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la presente resolución se firmó en la hora que consta en la evidencia criptográfica, en que lo permitieron las laborales de este órgano jurisdiccional. Conste.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el escrito signado electrónicamente por **************************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita se le otorgue acceso al expediente electrónico mediante el usuario electrónico "***************". Sin embargo, con fundamento en el artículo 36, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, virtud a que carece de facultades para ello, pues el autorizado en términos amplios constituye a un autorizado procesal y no un mandatario como lo es el representante legal o apoderado de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis V.2o.P.A.16 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicado en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, visible a página 4962, del rubro siguiente: "ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITARLO, ALCORRESPONDER DICHA PETICIÓN A LAS PARTES O A SUS REPRESENTANTES [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA TESIS AISLADA 1a. CLV/2017 (10a.)]." Por tanto, dado que dicha promoción no puede ser agregada en el expediente principal, pues se interrumpiría la prosecución de la emisión de la sentencia definitiva, al ser la audiencia y la sentencia un mismo acto procesal, con el oficio y anexo remitidos fórmese cuadernillo de antecedentes y en su oportunidad, sin posterior acuerdo, intégrese al cuaderno principal. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo *************************/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número ***************/2023-ll acúsese recibo. Competencia. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos putos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Turno para el dictado de la sentencia. De la revisión del expediente, se obtiene que el dos de enero de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional; por lo tanto, túrnese el expediente para el dictado de la sentencia una vez que lo permitan las labores del juzgado. Anexos. Igualmente, se tiene por recibido un legajo de pruebas, con el cual se ordenan formar el legajo I. Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el seis de diciembre dos mil veintidós, se resolvió la audiencia incidental en la cual se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. Domicilio y autorizados. Se reconoce el carácter de autorizados de las partes y como domicilio para oír y recibir notificaciones designados por las partes durante el trámite del juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · 2,237 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano