Jose Julian Mojica Martinez
Expediente 929/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Julian Mojica Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 929/2021-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Sin embargo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado De Morelos, remitió diversas constancias por lo que se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, a la parte tercera interesada José Carlos Aranda Medina, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe. *************************** RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día siguiente en este órgano jurisdiccional, José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto del Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinte de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse un acto de autoridad con ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente TJA/4Asera/JRAEM-011/2019, por el cual se desecha el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado pues así lo informó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente de origen que anexó a éste, entre las cuales obra el escrito con sello de recepción el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, por el cual José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca, interpuso recurso de reconsideración contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por el que se le impuso una multa en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, así como el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó dicho recurso. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Causal de improcedencia que se actualiza. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien resuelve estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, 5º, fracción I, 6 y 7 de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De conformidad a lo establecido en los artículos reproducidos, el juicio de amparo es un medio de defensa instituido para proteger a los particulares contra la acción del Estado que perjudique sus derechos fundamentales, luego, por regla general, los órganos del Estado carecen de legitimación para promoverlo, al no ser titulares de esos derechos; por tanto, aun cuando el artículo 7 aludido confiera a las personas morales oficiales la posibilidad de solicitar amparo, ésta sólo se limita al supuesto el cual la norma general, acto u omisión reclamado, afecte sus intereses patrimoniales, siempre que su relación con el particular se encuentre en un plano de igualdad, es decir, cuando el asunto derive de su actuación en el juicio ordinario como persona de derecho privado, pero no cuando participen con el carácter de autoridades, esto con independencia de la calidad que como autoridad se les confirió en el juicio contencioso administrativo. Ello es así, porque el juicio constitucional tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, atento lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el juicio de amparo no es la vía para impugnar actos de autoridad que afecten a otra autoridad, o dicho de otro modo, no es la instancia para dirimir conflictos entre autoridades respecto de las funciones públicas que éstas tienen encomendadas, al no estar prevista esa posibilidad en el artículo 1 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a manera de antecedentes se advierte lo siguiente: 1. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el juicio de nulidad TJA/4Asera/JRAEM-011/2019, del índice de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (Foja 2 a 25 anexo I). 2. Con fecha once de diciembre de dos mil veinte, se vinculó al cumplimiento de la sentencia a las autoridades administrativas que por sus funciones deben intervenir en el cumplimiento de la sentencia, así se emplazó al Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (Fojas 51 a 57 anexo I). 3. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, por lo que ordenó la imposición de una multa a la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia (Fojas 268 a 272, anexo I). 4. En contra del anterior auto, por escrito de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca, interpuso recurso de reconsideración (Fojas 1455 a 1467, anexo I). 5. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable determinó desechar de plano el recurso de reconsideración (Fojas 1468 a 1470, anexo I). El anterior acuerdo es el acto reclamado en el presente juicio de amparo, al cual acude José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca. De modo que, la autoridad que acude a solicitar la protección constitucional lo hace en su carácter de organismo en ejercicio de su función pública y no de particular, lo que hace evidente que no se surte el supuesto previsto en el artículo 7 de la Ley de Amparo, púes en el caso no deja de actuar como autoridad y, además su legitimación se encuentra condicionada a que la ley o acto de autoridad que reclame menoscabe sus intereses patrimoniales, lo que en la especie no acontece. No pasa por alto que el recurso interpuesto por la autoridad hoy quejosa, y que le fuera desechado por la responsable, sea contra la multa que le fue impuesta, sin embargo, ésta se impone a la persona física que representa al organismo público, funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. Es aplicable, la jurisprudencia número 2a./J 65/2015, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." Por ende el Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca, en su carácter de autoridad, carece de legitimación para promover el juicio de amparo de que se trata. Esto es así, pues por el hecho de que las autoridades sean parte dentro del juicio contencioso administrativo, con independencia de la calidad que guarde en éste, en el caso como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, de manera alguna implica que las personas morales oficiales se encuentren en una relación de igualdad fáctica-jurídica con el gobernado; ya que dicha circunstancia no implica que se despojen de sus atributos de autoridad, ni que gocen de los propios derechos que el particular, a efecto de estar en una situación de igualdad, al estimar que si en el particular actúa como litigante y tiene a su favor el juicio de amparo, de igual modo deberían tener acceso a ese recurso extraordinario las autoridades. De admitirse lo contrario, esto es, que las autoridades estén facultadas para promover el juicio de amparo, por el solo hecho de sujetarse a la jurisdicción en un tribunal contencioso, sería tanto como desnaturalizar el medio de control. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 128/2017 (10a.) , de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. -Lo resaltado es propio- También es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 45/2003, de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." En consecuencia, no es factible admitir que una autoridad pretenda acudir al juicio de amparo para reclamar un acto reclamado que no afecte sus intereses patrimoniales, máxime que ésta fue impuesta por no cumplir en su carácter de autoridad una con la sentencia, porque precisamente en su observancia está interesada la sociedad y por tanto es de orden público, por lo que no deben establecerse obstáculos o dificultades para que se obtenga su cumplimiento. En ese sentido, toda vez que el presente juicio de amparo fue promovido por José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, 6 y 7 de la Ley de Amparo, siendo procedente el sobreseer en el juicio de amparo. QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Paulo Yair García Meza, Secretario que autoriza y da fe, el día de hoy dieciséis de mayo de dos mil veintidós en que las labores de este juzgado lo permitieron.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 929/2021-III, promovido por la José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día siguiente en este órgano jurisdiccional, José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto del Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinte de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse un acto de autoridad con ejecución dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente TJA/4Asera/JRAEM-011/2019, por el cual se desecha el recurso de reconsideración interpuesto contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado pues así lo informó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo que además se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente de origen que anexó a éste, entre las cuales obra el escrito con sello de recepción el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, por el cual José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca, interpuso recurso de reconsideración contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por el que se le impuso una multa en su carácter de autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, así como el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó dicho recurso. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Causal de improcedencia que se actualiza. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien resuelve estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, 5º, fracción I, 6 y 7 de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De conformidad a lo establecido en los artículos reproducidos, el juicio de amparo es un medio de defensa instituido para proteger a los particulares contra la acción del Estado que perjudique sus derechos fundamentales, luego, por regla general, los órganos del Estado carecen de legitimación para promoverlo, al no ser titulares de esos derechos; por tanto, aun cuando el artículo 7 aludido confiera a las personas morales oficiales la posibilidad de solicitar amparo, ésta sólo se limita al supuesto el cual la norma general, acto u omisión reclamado, afecte sus intereses patrimoniales, siempre que su relación con el particular se encuentre en un plano de igualdad, es decir, cuando el asunto derive de su actuación en el juicio ordinario como persona de derecho privado, pero no cuando participen con el carácter de autoridades, esto con independencia de la calidad que como autoridad se les confirió en el juicio contencioso administrativo. Ello es así, porque el juicio constitucional tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, atento lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el juicio de amparo no es la vía para impugnar actos de autoridad que afecten a otra autoridad, o dicho de otro modo, no es la instancia para dirimir conflictos entre autoridades respecto de las funciones públicas que éstas tienen encomendadas, al no estar prevista esa posibilidad en el artículo 1 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a manera de antecedentes se advierte lo siguiente: 1. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el juicio de nulidad TJA/4Asera/JRAEM-011/2019, del índice de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (Foja 2 a 25 anexo I). 2. Con fecha once de diciembre de dos mil veinte, se vinculó al cumplimiento de la sentencia a las autoridades administrativas que por sus funciones deben intervenir en el cumplimiento de la sentencia, así se emplazó al Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos (Fojas 51 a 57 anexo I). 3. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, por lo que ordenó la imposición de una multa a la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia (Fojas 268 a 272, anexo I). 4. En contra del anterior auto, por escrito de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca, interpuso recurso de reconsideración (Fojas 1455 a 1467, anexo I). 5. El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable determinó desechar de plano el recurso de reconsideración (Fojas 1468 a 1470, anexo I). El anterior acuerdo es el acto reclamado en el presente juicio de amparo, al cual acude José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca. De modo que, la autoridad que acude a solicitar la protección constitucional lo hace en su carácter de organismo en ejercicio de su función pública y no de particular, lo que hace evidente que no se surte el supuesto previsto en el artículo 7 de la Ley de Amparo, púes en el caso no deja de actuar como autoridad y, además su legitimación se encuentra condicionada a que la ley o acto de autoridad que reclame menoscabe sus intereses patrimoniales, lo que en la especie no acontece. No pasa por alto que el recurso interpuesto por la autoridad hoy quejosa, y que le fuera desechado por la responsable, sea contra la multa que le fue impuesta, sin embargo, ésta se impone a la persona física que representa al organismo público, funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. Es aplicable, la jurisprudencia número 2a./J 65/2015, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." Por ende el Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca, en su carácter de autoridad, carece de legitimación para promover el juicio de amparo de que se trata. Esto es así, pues por el hecho de que las autoridades sean parte dentro del juicio contencioso administrativo, con independencia de la calidad que guarde en éste, en el caso como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, de manera alguna implica que las personas morales oficiales se encuentren en una relación de igualdad fáctica-jurídica con el gobernado; ya que dicha circunstancia no implica que se despojen de sus atributos de autoridad, ni que gocen de los propios derechos que el particular, a efecto de estar en una situación de igualdad, al estimar que si en el particular actúa como litigante y tiene a su favor el juicio de amparo, de igual modo deberían tener acceso a ese recurso extraordinario las autoridades. De admitirse lo contrario, esto es, que las autoridades estén facultadas para promover el juicio de amparo, por el solo hecho de sujetarse a la jurisdicción en un tribunal contencioso, sería tanto como desnaturalizar el medio de control. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 128/2017 (10a.) , de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. -Lo resaltado es propio- También es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 45/2003, de rubro y texto: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." En consecuencia, no es factible admitir que una autoridad pretenda acudir al juicio de amparo para reclamar un acto reclamado que no afecte sus intereses patrimoniales, máxime que ésta fue impuesta por no cumplir en su carácter de autoridad una con la sentencia, porque precisamente en su observancia está interesada la sociedad y por tanto es de orden público, por lo que no deben establecerse obstáculos o dificultades para que se obtenga su cumplimiento. En ese sentido, toda vez que el presente juicio de amparo fue promovido por José Julián Mojica Martínez, en su carácter de Regidor de Patrimonio Municipal y Asuntos de la Juventud, del Ayuntamiento de Cuernavaca, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, 6 y 7 de la Ley de Amparo, siendo procedente el sobreseer en el juicio de amparo. QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Paulo Yair García Meza, Secretario que autoriza y da fe, el día de hoy dieciséis de mayo de dos mil veintidós en que las labores de este juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que auto de dieciocho de noviembre del año en curso, se informó a la partes del cambio de Titular en este Órgano Jurisdiccional, proveído que se notificó por medio de lista el diecinueve de noviembre del año en curso y que surte efectos el día en que se actúa. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia de 2a./J. 104/2010, registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO" ha determinado que por regla general el cambio de titular debe notificarse a las partes, pues de lo contrario podría actualizarse una violación al procedimiento que trascienda al resultado del fallo. En ese sentido, a efecto de que las partes tengan debido conocimiento de lo anterior y evitar una posible violación en el procedimiento que a la postre pudiera originar su reposición, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Apercibidos que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
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