José Juan Mendoza Rosalino

Expediente 1261/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1261/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
10/11/2017

Partes del expediente

  • José Juan Mendoza Rosalino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1261/2017, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el diez de octubre de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1261/2017-IV-B, promovido por José Antonio Aguilar Ayora, José Juan Mendoza Rosalino, Eleuterio Mejía Concha, Celerino Castañeda Batalla, Yeymi Esmeralda Peña Santillán y Maurilio González Pantitlán, por derecho propio, contra actos de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el ocho de agosto de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelos, turnada y recibida ese día, José Antonio Aguilar Ayora, José Juan Mendoza Rosalino, Eleuterio Mejía Concha, Celerino Castañeda Batalla, Yeymi Esmeralda Peña Santillán y Maurilio González Pantitlán, por derecho propio, solicitaron la protección de la justicia federal contra actos de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda fue admitida a trámite por acuerdo de nueve siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, mediante auto de veintiséis de septiembre actual se fijaron las diez horas con treinta y cuatro minutos del cinco de octubre de dos mil diecisiete, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta se presentó la demanda y reside la autoridad a las que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto que los quejosos reclaman de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos: La falta de acuerdo del escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado y sobreseimiento. Al rendir el informe justificado, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, negó el acto reclamado (foja 21). Y el acto reclamado ciertamente es inexistente, por las siguientes razones. Los quejosos reclamaron de la autoridad responsable un acto negativo, en concreto, un "no hacer", consistente en la falta de acuerdo del escrito que según manifestaron en la demanda, le dirigieron a ella y entregaron el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Respecto de los actos negativos, es criterio jurisprudencial que cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Así, por regla general, tratándose de actos de carácter negativo, corresponde a la autoridad responsable acreditar que no incurrió en la omisión o hecho negativo y, por tanto, es insuficiente su afirmación en el sentido de que no es cierto el acto reclamado para tenerlo por inexistente, si no demuestra haber realizado lo que el quejoso afirma no ha hecho. Sobre la regla general de la carga de la prueba respecto de la existencia de los actos reclamados de carácter negativo, se invocan en estas tesis: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 238592 7 de 8 Segunda Sala Volumen 60, Tercera Parte Pag. 27 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 230855 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Pag. 50 Tesis Aislada(Administrativa) ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario. La excepción a la regla general opera cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable, requiere necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular que inste a aquélla (autoridad) a ejercer la facultad prevista en la ley aplicable, lo que implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí recae en él acreditar que realizó el trámite conducente para exigir la actuación de la autoridad. Los argumentos de la excepción se fundan en la siguiente tesis aislada: Tesis: 2a. CXLI/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197269 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Diciembre de 1997 Pag. 366 Tesis Aislada(Común) ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. En el particular, la autoridad responsable niega la existencia de un acto negativo. Luego, toda vez que sólo puede ser demostrado aquello que existe (hecho positivo), mas no algo que no existe (hecho negativo), lo que la autoridad niega no es el "no hacer" que le imputa la parte quejosa, pues para ello tendría que acreditar que sí hizo lo que aquélla le demanda, antes, lo que niega es la existencia de la obligación, derivada -arguyó- de que los quejosos no presentaron la petición que refieren. En la tesis aislada 1a. XXIV/98, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que la certeza o existencia de un acto de naturaleza omisiva, no se determina únicamente en función de la falta del hecho positivo, sino que será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades legales que la autoridad ineludiblemente esté constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. La tesis 1a. XXIV/98, dice a la letra: Tesis: 1a. XXIV/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196080 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 53 Tesis Aislada(Común, Administrativa) ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Así, para considerar que se actualiza la omisión en que se dice incurre una autoridad y, por tanto, que efectivamente omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas con efectos en la esfera jurídica del quejoso, debe existir, sea por disposición de ley, o bien, a causa de un acto jurídico determinado por sí misma o por autoridad cuyas decisiones esté sujeta a acatar, la obligación de llevar a cabo, sea de forma oficiosa o como consecuencia de un acto jurídico previo, el acto cuya falta de realización se le demanda y califica de violatorio de derechos. Antes de continuar, debe precisarse que se está ante un caso de violación al derecho de petición, porque los quejosos reclamaron la falta de respuesta a un escrito presentado a la autoridad. Ahora bien, el derecho sustantivo de petición está tutelado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El citado precepto constitucional confiere a los gobernados el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular peticiones de manera escrita, pero siempre de forma pacífica y respetuosa, con la salvedad que en materia política, sólo pueden hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. La obligación que impone a las autoridades, es correlativa de la recepción de la petición y tiene dos componentes: 1) Dictar un acuerdo escrito, congruente con la solicitud aunque no necesariamente favorable al interés del gobernado y; 2) Dar a conocer su respuesta al solicitante en breve término, en el entendido que únicamente si aquél señala domicilio para ser notificado, quedará sujeta a hacer de su conocimiento la respuesta en ese domicilio, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. El derecho de petición tiene como componente, la entrega-recepción del escrito. En efecto, el gobernado debe entregar el escrito al funcionario o empleado público y éste ha de recibirlo. La obligación de la autoridad de recibir el escrito que le sea presentado, si bien no es expresa, está inmersa en el segundo párrafo del propio artículo 8º Constitucional, que dispone que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien haya sido dirigido [el escrito]. La respuesta no necesariamente deberá ser favorable a la petición; incluso, si no fuera formulada de manera pacífica y respetuosa, verbigracia, si el gobernado empleara improperios o injuriara a la autoridad, ésta bien pudiera negar proveer lo solicitado hasta que aquél se conduzca con respeto, pero irremediablemente deberá proveer tal circunstancia por escrito y hacerla del conocimiento del solicitante en breve término. Cuando se demanda de una autoridad el incumplimiento de la obligación de dar respuesta a una petición o solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, ciertamente no corresponde al quejoso probar la conducta omisa de la responsable, porque es un hecho negativo, pero sí tiene el deber de acreditar que realizó el trámite conducente para exigir la actuación de la autoridad, a saber, la presentación de su escrito ante ella, exigencia que, como quedó apuntado, se desprende de la intelección del propio artículo 8º Constitucional. En el caso concreto, los quejosos adujeron en la demanda que el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, fue entregado en las oficinas del Congreso del Estado de Morelos, el escrito dirigido a la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo y que no han recibido respuesta (foja tres). Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable alegó que de una búsqueda minuciosa en los archivos de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, no fue localizado registro del escrito de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, materia del acto reclamado (foja 21). Y los quejosos no aportaron el acuse de recibo de su escrito, pese a que afirmaron en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, haberlo entregado a la autoridad, ni ofrecieron pruebas para desvirtuar la inexistencia del acto reclamado alegada por la autoridad responsable. Lo manifestado bajo protesta de decir verdad no tiene el alcance de que lo así narrado sea irrefutablemente veraz, antes, solo implica la satisfacción de un requisito de forma de la demanda de amparo. El alcance de la narración de los hechos bajo protesta de decir verdad, se apoya en la siguiente tesis: Tesis: III. 2o. A. J/6 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 219521 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 52, Abril de 1992 Pag. 46 Jurisprudencia(Común) SUSPENSION. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa. Así las cosas, al no estar demostrada la entrega a la autoridad responsable del escrito cuya falta de acuerdo reclamaron los quejosos; y ante la negativa de la autoridad responsable del acto que le fue imputado, el acto reclamado es inexistente y, en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento por cuanto a dicho acto se refiere, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Efectos del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y de las manifestaciones planteadas en torno al acto reclamado, aun cuando estén encaminadas a demostrar la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior en virtud de que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de cuestiones de fondo y porque resulta irrelevante determinar si opera o no otra causa de improcedencia, pues no cambiaría el sentido de este fallo. Los referidos efectos del sobreseimiento se apoyan en las siguientes jurisprudencias: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Tesis: 2a./J. 54/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 195744 1 de 1 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Pag. 414 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. CUARTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Aguilar Ayora, José Juan Mendoza Rosalino, Eleuterio Mejía Concha, Celerino Castañeda Batalla, Yeymi Esmeralda Peña Santillán y Maurilio González Pantitlán, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de este fallo, imputado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy diez de octubre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diez de octubre del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: ...RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Aguilar Ayora, José Juan Mendoza Rosalino, Eleuterio Mejía Concha, Celerino Castañeda Batalla, Yeymi Esmeralda Peña Santillán y Maurilio González Pantitlán, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de este fallo, imputado a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy diez de octubre de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se fijaron las diez horas con treinta y cuatro minutos del veinte de septiembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, como se desprende la certificación que antecede, fue declarado día inhábil. En consecuencia, resulta procedente diferir la fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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