Jose Julian Bolaños Balbuena
Expediente 1094/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1094/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 19/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Julian Bolaños Balbuena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el quince de febrero de dos mil diecinueve (fojas 158 a 160), mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticinco de febrero al quince de marzo de dos mil diecinueve, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años,. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, el anexo I que se formó con las copias certificadas del proceso penal 194/2015 de su índice; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito.
- Principal
publicación citatorio)SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 15 DE FEBRERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: ...San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa José Julián Bolaños Balbuena, mediante proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve (foja 137), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada por el quejoso dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el once de enero de dos mil diecinueve (fojas 49 a 69), se concedió el amparo y protección a José Julián Bolaños Balbuena, para que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a José Julián Bolaños Balbuena, para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 194/2015, contra José Julián Bolaños Balbuena, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 396, 398, 399, fracción III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de Comercializadora Soni, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido contrario, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: I. Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada (fundamentación), y las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en inciso a) del considerando anterior. II. Precisar con claridad cuál de las hipótesis delictivas estima actualizada, es decir, si considera que con la conducta desplegada por el indiciado se configura el ilícito contemplado en el artículo 396 o, en su caso, el diverso previsto en el numeral 398, ambos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; deberá realizar el desglose correcto de los elementos que lo conforman, precisando las pruebas, debidamente valoradas, con las que acredita cada uno de dichos elementos. III. Precisar a cuánto asciende el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al inculpado, aquí quejoso, lo cual resulta importante para, en su caso, poder encuadrar su conducta en alguna de las fracciones del artículo 399 del Código Penal para el Estado de Puebla; y ese encuadramiento deberá explicarlo mediante la realización de las operaciones aritméticas que resulten necesarias. 3. Hecho lo anterior, remita las constancias conducentes que lo acrediten. Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que subsanen los vicios de forma detectados. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, el juez debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos. (.) La presente concesión se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la responsable ordenadora, al no haberse combatido por vicios propios." (Fojas 67 a 69) En acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 104 vuelta a 106), se declaró que la sentencia causó ejecutoria por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 122/2019/SRIA-PAR de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (foja 111), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en esa fecha, en la causa penal 194/2015 de su índice (fojas 112 a 120), con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo; sin embargo, del análisis de esa determinación judicial, este juzgado advirtió que el juzgado responsable no observó todos los lineamientos del fallo protector, por lo que en acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho (foja 121), se requirió a dicho juez penal para que cumplirá cabalmente con el falla protector. En cumplimiento a tal requerimiento, por oficio 171/2019/SRIA-PAR de cinco de febrero de dos mil diecinueve (foja 124), la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida en esa data, dentro de la causa penal 194/2015 de su índice (fojas 127 a 136). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 127 vuelta y 136); así como la diversa de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (esta última con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo); 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dictó otra resolución de término constitucional, en el mismo sentido que la reclamada (auto de formal prisión), pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, pues realizó lo siguiente: I. Citó las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para resolver la situación jurídica del quejoso y expresó las razones por las que consideró actualizado ese aspecto, ya que estableció que es competente para conocer del asunto en términos del artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como los numerales 7, 8 y 9 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y señaló que es legalmente competente para conocer de la causa penal de origen, en virtud de que los hechos que la originaron sucedieron en la ciudad de Puebla, esto es dentro del territorio donde ejerce jurisdicción; así mismo, señaló que tales hechos se encuentran descritos por el código sustantivo penal de la Entidad, por lo que resulta competente también por razón de materia (fojas 127 vuelta y 128). II. Determinó con claridad que la hipótesis delictiva que se configura es la contenida en los artículos 398 y 399, fracción III, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, esto es, la retención de una cosa por quien, requerido judicial o notarialmente se oponga sin causa a entregarla a quien legalmente le corresponde (foja 128); y, realizó el desglose de los elementos que conforman el injusto penal que consideró actualizado de la siguiente manera: a) Al que retenga la cosa recibida; b) Y que al ser requerido por una autoridad judicial c) Se oponga sin causa legal a entregarla a quien legítimamente le corresponda (foja 129). Así mismo, realizó el análisis de las pruebas que obran en la causa penal de origen, y precisó con cuáles de ellas tuvo por acreditado cada uno de los elementos señalados, pues estableció que con la querella presentada por Gabriela Barrientos Valencia, en su carácter de apoderada legal de la persona moral denominada "Comercializadora Soni", Sociedad Anónima de Capital Variable, se acreditan los tres elementos del cuerpo del delito (foja 131). En similar sentido, señaló que con las declaraciones de las testigos María Liliana Ruiz Cadena y Cristina Lourdes del Sagrado Corazón Madrid Aguilar, se acreditan el primero y tercero de los elementos citados (foja 132); y, con la documental, consistente en copia certificada de lo siguiente: a) instrumento notarial siete mil ciento sesenta y dos, volumen número Dos de sociedades mercantiles de la Correduría Pública número Uno del Estado de Puebla; b) copia certificada del expediente 276/2014 del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; c) contrato de depósito celebrado entre la persona moral citada y el aquí quejoso José Julián Bolaños Balbuena, otorgado ante la fe del Notario Público 54 de la ciudad de Puebla; y, d) contrato de trabajo celebrado entre la persona moral citada y el quejoso de mérito; la autoridad responsable los consideró útiles para acreditar todos los elementos del cuerpo del delito (fojas 132 vuelta y 133). III. Precisó que el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al inculpado era de sesenta y tres pesos con setenta y siete centavos, por lo que, después de realizar la operación aritmética correspondiente, encuadró la conducta desplegada en la fracción III del artículo 399 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 133 vuelta). Por lo anterior, la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, concluyó que se encuentran acreditados los elementos del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 398 y 399, fracción III, en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona moral "Comercializadora Soni", Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que dictó auto de formal prisión contra José Julián Bolaños Balbuena, por su probable participación en la comisión de dicho ilícito (foja 136). En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia...
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San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa José Julián Bolaños Balbuena, mediante proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve (foja 137), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual no fue desahogada por el quejoso dentro del plazo concedido para tal fin. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en sentencia dictada el once de enero de dos mil diecinueve (fojas 49 a 69), se concedió el amparo y protección a José Julián Bolaños Balbuena, para que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a José Julián Bolaños Balbuena, para que el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 194/2015, contra José Julián Bolaños Balbuena, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 396, 398, 399, fracción III, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de Comercializadora Soni, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido contrario, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: I. Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada (fundamentación), y las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en inciso a) del considerando anterior. II. Precisar con claridad cuál de las hipótesis delictivas estima actualizada, es decir, si considera que con la conducta desplegada por el indiciado se configura el ilícito contemplado en el artículo 396 o, en su caso, el diverso previsto en el numeral 398, ambos del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; deberá realizar el desglose correcto de los elementos que lo conforman, precisando las pruebas, debidamente valoradas, con las que acredita cada uno de dichos elementos. III. Precisar a cuánto asciende el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al inculpado, aquí quejoso, lo cual resulta importante para, en su caso, poder encuadrar su conducta en alguna de las fracciones del artículo 399 del Código Penal para el Estado de Puebla; y ese encuadramiento deberá explicarlo mediante la realización de las operaciones aritméticas que resulten necesarias. 3. Hecho lo anterior, remita las constancias conducentes que lo acrediten. Cabe indicar, que la sentencia no surte efectos inmediatos de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo, al no actualizarse el supuesto establecido en dicho precepto, pues la concesión de amparo no es lisa y llana, por lo que no tiene por efecto dejar en libertad al quejoso, sino sólo que subsanen los vicios de forma detectados. En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, el juez debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos. (.) La presente concesión se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del atribuido a la responsable ordenadora, al no haberse combatido por vicios propios." (Fojas 67 a 69) En acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 104 vuelta a 106), se declaró que la sentencia causó ejecutoria por lo que se requirió su cumplimiento. Mediante oficio 122/2019/SRIA-PAR de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (foja 111), la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en esa fecha, en la causa penal 194/2015 de su índice (fojas 112 a 120), con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo; sin embargo, del análisis de esa determinación judicial, este juzgado advirtió que el juzgado responsable no observó todos los lineamientos del fallo protector, por lo que en acuerdo de uno de febrero de dos mil dieciocho (foja 121), se requirió a dicho juez penal para que cumplirá cabalmente con el falla protector. En cumplimiento a tal requerimiento, por oficio 171/2019/SRIA-PAR de cinco de febrero de dos mil diecinueve (foja 124), la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida en esa data, dentro de la causa penal 194/2015 de su índice (fojas 127 a 136). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 127 vuelta y 136); así como la diversa de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (esta última con la que pretendió cumplir la sentencia de amparo); 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dictó otra resolución de término constitucional, en el mismo sentido que la reclamada (auto de formal prisión), pero purgó los vicios formales destacados en la sentencia de amparo, pues realizó lo siguiente: I. Citó las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para resolver la situación jurídica del quejoso y expresó las razones por las que consideró actualizado ese aspecto, ya que estableció que es competente para conocer del asunto en términos del artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como los numerales 7, 8 y 9 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y señaló que es legalmente competente para conocer de la causa penal de origen, en virtud de que los hechos que la originaron sucedieron en la ciudad de Puebla, esto es dentro del territorio donde ejerce jurisdicción; así mismo, señaló que tales hechos se encuentran descritos por el código sustantivo penal de la Entidad, por lo que resulta competente también por razón de materia (fojas 127 vuelta y 128). II. Determinó con claridad que la hipótesis delictiva que se configura es la contenida en los artículos 398 y 399, fracción III, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, esto es, la retención de una cosa por quien, requerido judicial o notarialmente se oponga sin causa a entregarla a quien legalmente le corresponde (foja 128); y, realizó el desglose de los elementos que conforman el injusto penal que consideró actualizado de la siguiente manera: a) Al que retenga la cosa recibida; b) Y que al ser requerido por una autoridad judicial c) Se oponga sin causa legal a entregarla a quien legítimamente le corresponda (foja 129). Así mismo, realizó el análisis de las pruebas que obran en la causa penal de origen, y precisó con cuáles de ellas tuvo por acreditado cada uno de los elementos señalados, pues estableció que con la querella presentada por Gabriela Barrientos Valencia, en su carácter de apoderada legal de la persona moral denominada "Comercializadora Soni", Sociedad Anónima de Capital Variable, se acreditan los tres elementos del cuerpo del delito (foja 131). En similar sentido, señaló que con las declaraciones de las testigos María Liliana Ruiz Cadena y Cristina Lourdes del Sagrado Corazón Madrid Aguilar, se acreditan el primero y tercero de los elementos citados (foja 132); y, con la documental, consistente en copia certificada de lo siguiente: a) instrumento notarial siete mil ciento sesenta y dos, volumen número Dos de sociedades mercantiles de la Correduría Pública número Uno del Estado de Puebla; b) copia certificada del expediente 276/2014 del índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; c) contrato de depósito celebrado entre la persona moral citada y el aquí quejoso José Julián Bolaños Balbuena, otorgado ante la fe del Notario Público 54 de la ciudad de Puebla; y, d) contrato de trabajo celebrado entre la persona moral citada y el quejoso de mérito; la autoridad responsable los consideró útiles para acreditar todos los elementos del cuerpo del delito (fojas 132 vuelta y 133). III. Precisó que el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos imputados al inculpado era de sesenta y tres pesos con setenta y siete centavos, por lo que, después de realizar la operación aritmética correspondiente, encuadró la conducta desplegada en la fracción III del artículo 399 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 133 vuelta). Por lo anterior, la Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, concluyó que se encuentran acreditados los elementos del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículos 398 y 399, fracción III, en relación con los numerales 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la persona moral "Comercializadora Soni", Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que dictó auto de formal prisión contra José Julián Bolaños Balbuena, por su probable participación en la comisión de dicho ilícito (foja 136). En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla; por el cual informa que mediante oficio 172/2019/SRIA-PAR, de fecha cinco de febrero de dos mil dieciocho, remitido por el Juzgado Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla, le comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues le informó que dejo insubsistente la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, así como la diversa de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, y en su lugar emitió una nueva resolución atendiendo a los lineamientos emitidos por esta autoridad, por lo que dictó auto de formal prisión contra José Julián Bolaños Balbuena, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza, dentro de la causa penal 194/2015; asimismo, realizó las anotaciones correspondientes en el expediente penitenciario del citado quejoso, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
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