Jose Juan Reyes Limon

Expediente 503/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
503/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Jose Juan Reyes Limon
  • Fiscalía General del Órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano Carranza

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 27255/2022, proveniente del Juzgado Decimó Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Téngasele informando que por acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de amparo indirecto 516/2022-II de su índice, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y admitió a trámite la demanda interpuesta por ********************; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho cuaderno, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso José Juan Reyes Limón, mediante proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, sin que al efecto haya desahogado el requerimiento formulado en dicho auto, esto es, manifestara si es su deseo o no señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla; el cual se le notificó por lista el dieciséis de mayo del año en curso, surtió efectos el diecisiete de mayo siguiente y, transcurrió del dieciocho al veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, descontándose los días veintiuno y veintidós de mayo del presente año, por haber sido inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con el cual se conminó a la parte quejosa en el referido proveído, esto es, este órgano jurisdiccional se declarará incompetente, según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo; pues se entiende que no hay ejecución en el Estado de Puebla de los actos reclamados por el aquí quejoso. En principio es necesario indicar que el promovente José Juan Reyes Limón, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: "Tienen como carácter de Autoridades Ordenadoras: Titular de la Fiscalía General del Órgano interno de Control de la alcaldía Venustiano Carranza, con domicilio en eje tres oriente (Francisco del paso y Troncoso) numero 219 (doscientos diecinueve), colonia jardín Balbuena, código postal 15900. Fiscalía perteneciente a la coordinación Territorial 1 Venustiano Carranza, con domicilio ubicado en Calle San Ciprián, Casi Esq. General Anaya, Col. Merced. Fiscalía perteneciente a la coordinación Territorial 2 Venustiano Carranza, con domicilio ubicado en Boulevard Puerto Aéreo Esq. Norte 13, Col. Moctezuma 2a Sección. Fiscalía perteneciente a la Coordinación Territorial 3 (Hosp. De Balbuena) Venustiano Carranza, con domicilio en Fray Servando Teresa De Mier, Esq. Francisco del Paso y Troncoso, Col. Jardín Balbuena. Fiscalía perteneciente a la Coordinación Territorial 4 Venustiano Carranza, con domicilio en antiguo Cauce De Río Churubusco y Circunvalación, Col. Arenal. Fiscalía perteneciente a la Coordinación Territorial 5 Venustiano Carranza, con domicilio en Antiguo Cauce De Río Churubusco y Circunvalación, Col. Arenal. Fiscalía de delitos sexuales perteneciente a la agencia 3, con domicilio en Francisco del Paso y Troncoso esq. Av. Fray Servando Teresa de Mier 2019. TIENE COMO CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS: Agente del ministerio público, adscrito a la Agencia del Ministerio Publico de la alcaldía territorial Venustiano Carranza 1, con domicilio conocido en San Ciprián esq. General Anaya de la alcaldía Venustiano Carranza. Agente del ministerio público, adscrito a la Agencia del Ministerio Publico de la alcaldía territorial Venustiano Carranza 2, con domicilio conocido en Boulevard Puerto Aéreo esquina Norte 13. Agente del ministerio público, adscrito a la Agencia del Ministerio Publico de la alcaldía territorial Venustiano Carranza 3, con domicilio conocido en Francisco del Paso y Troncoso esquina, avenida, Fray Servando Teresa de Mier 2019. Agente del ministerio público adscrito a la Fiscalía de delitos sexuales perteneciente a la agencia 3, con domicilio en Francisco del Paso y Troncoso esq. Av. Fray Servando Teresa de Mier 2019. Agente del ministerio público, adscrito a la Agencia del Ministerio Publico de la alcaldía territorial Venustiano Carranza 4 y 5, con domicilio conocido en Antiguo Cauce de Río Churubusco esq. Circunvalación. Agente del ministerio público, adscrito a la Agencia del Ministerio Publico de la alcaldía territorial Venustiano Carranza, colonia caracol, con domicilio conocido en prolongación Río Churubusco sin número. ACTO QUE SE RECLAMA: La posible orden de aprehensión, citación y/o comparecencia en contra del suscrito, por parte de las autoridades antes mencionadas dentro de su capítulo respectivo." Luego, al narrar los antecedentes del acto reclamado, el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "Debo señalar a su señoría que el suscrito actualmente trabaja en la Terminal de Autobuses Pasajeros Oriente, mi trabajo consiste en ser conductor de autobuses por lo que muy frecuentemente salgo de la ciudad de México a la ciudad de Puebla; por lo que diario salgo de mi casa en San Martín Texmelucan a la ciudad de México para cumplir con mis actividades laborales." En tales condiciones, como ya se dijo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, toda vez que tratándose de actos reclamados que conllevan una ejecución material, el solo domicilio del quejoso es insuficiente para fijar la competencia, ya que el juez de Distrito competente para conocer de dichos actos será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, tal y como lo dispone el artículo 37 párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese orden de ideas y tomando en consideración que los actos impugnados por el promovente, son las órdenes de aprehensión, citación y/o comparecencia dictadas en su contra, y que si bien es cierto, manifestó que tiene su domicilio en el Estado de Puebla, lo cierto es que no señaló alguna autoridad ejecutora con residencia en esta circunscripción territorial; máxime, que el trece de mayo de dos mil veintidós, se previno al quejoso José Juan Reyes Limón para el efecto de que refiriera si era su deseo o no señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla, sin que al efecto lo haya hecho. Por lo tanto, resulta inconcuso que debe conocer de la demanda de garantías que se analiza, el juez de Distrito en cuya jurisdicción residan las autoridades ejecutoras señaladas. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia y tesis, cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se citan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En consecuencia, ante la evidencia de que los actos reclamados, no tienen ejecución material en la circunscripción territorial a la que pertenece este juzgado Federal, sino en la Ciudad de México (pues las autoridades responsables tienen su domicilio en dicha ciudad), con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional declara CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, y la declina a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Lo anterior, de conformidad con el punto primero fracción I, del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito, y de los juzgados de Distrito, que establece: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: PRIMER CIRCUITO: Distrito Federal." Por tanto, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa, así como las copias simples de la demanda de garantías que exhibió la parte quejosa, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno; así mismo, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo, se solicita atentamente al juez de Distrito al que corresponda conocer de la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y fórmese el cuaderno de memoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA -POR ASÍ HABERLO SOLICITADO EXPRESAMENTE-, Y POR OFICIO AL JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUIEN A SU VEZ DEBERÁ REMITIRLA AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 7/2022. Que el Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al cinco de junio de dos mil veintidós, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que la demanda con la que se dio cuenta, fue presentada el doce de mayo de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Que de la boleta de turno correspondiente, se advierte que el servidor público responsable de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, asentó que la demanda -con la que se dio cuenta-, fue presentada con diecisiete copias de la misma, sin anexos y contiene firma. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 503/2022, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido por los artículos 108, fracciones III y IV y 114, fracciones I, II y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente José Juan Reyes Limón, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Manifieste si es su deseo o no señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla. Ello, en términos de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se citan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Lo anterior, en virtud de que cuando el acto reclamado requiera de ejecución material y la parte quejosa no realice el señalamiento expreso de que existen autoridades ejecutoras con residencia en el lugar en que se ubica su domicilio, el juzgador de amparo debe prevenirlo para que aclare su demanda y haga el señalamiento correspondiente; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. En tal sentido, el quejoso deberá señalar con claridad y precisión si es su deseo o no señalar como autoridad responsable ejecutora a alguna con residencia en la jurisdicción de este órgano de amparo y el acto o actos que les atribuye, debiendo formular en su caso los conceptos de violación que estime convenientes. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, este órgano jurisdiccional se declarará incompetente, según lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." AUTORIZADOS. Se tienen por autorizadas con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas indicadas en la demanda de amparo, por no haberse proporcionado dato alguno que acredite que se tratan de un licenciados en derecho o abogados. DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales, técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII.1°.22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, POR ASÍ HABERLO SOLICITADO.

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