Jose Juan Tolentino Piña
Expediente 403/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 403/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/07/2016
Partes del expediente
- Jose Juan Tolentino Piña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
IV.- La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintinueve de junio de dos mil dieciséis (fojas 103 a 105), en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este sumario constitucional; en consecuencia, el proveído de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Así las cosas, en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El presente asunto es susceptible de depuración (Punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo de referencia); por tanto, se deberán conservar la demanda y la sentencia respectivas. 2. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes (Punto segundo, inciso XVIII del acuerdo citado); asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo en mención. 3. Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
IV. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto por la fracción II del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, éste tribunal procede a estudiar si se dio cumplimiento a dicho fallo protector. En principio, cabe precisar que el quejoso hizo consistir esencialmente el acto reclamado en: La resolución de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, emitida por el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al resolver el recurso de reconsideración interpuesto por José Juan Tolentino Piña, donde la responsable confirmó la determinación de diecisiete de febrero del año en curso, en la cual negó el tratamiento preliberacional en su régimen de prelibertad de la pena. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia correspondiente en el presente sumario, en la que se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Juan Tolentino Piña, contra el acto y la autoridad precisados, uno y otra, en el considerando segundo, para lo efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Por ende, el seis de junio de dos mil dieciséis, la sentencia emitida en el presente juicio causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, el cual debería, ser en los términos siguientes: ".para los efectos de que la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, México, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución de cuatro de marzo de dos mil dieciséis y, siguiendo los lineamientos anotados en esta sentencia, emita una nueva en la que: Realice las providencias necesarias para obtener datos precisos sobre el domicilio donde José Juan Tolentino Piña residiría en caso de obtener un beneficio preliberacional; Con libertad de jurisdicción, se pronuncie conforme a derecho sobre la concesión o no del beneficio de prelibertad solicitado por el ahora quejoso". En acatamiento a la sentencia de mérito, mediante oficio registrado con número de control interno 12656, el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, remitió copia certificada de la resolución dictada el diez de junio de dos mil dieciséis en el expediente 90/2012 de su índice estadístico, con la que aduce se da cumplimiento al fallo protector. De las constancias remitidas, las cuales por ser documentos públicos alcanzan valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, relativa al recurso de reconsideración interpuesto por el aquí quejoso José Juan Tolentino Piña, en donde se le negó el régimen de prelibertad; y posteriormente, giró oficio al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" a fin de que ordenara al área de servicio social, se constituyera en el domicilio que como núcleo de reinserción social fue propuesto por el sentenciado en caso de obtener el beneficio preliberacional. Una vez hecho lo anterior, y analizado el ordenamiento legal vigente al momento de acontecido el hecho delictivo (veintisiete de noviembre de dos mil once), esto es, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México vigente a partir del uno de octubre de dos mil nueve, así como todos los elementos para la obtención de la prelibertad y los factores de la sociedad que influyen para ello, resolvió conceder el régimen de tratamiento preliberacional en la primera modalidad con salidas de dos días a la semana (martes y jueves), con reclusiones los restantes días (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos), las veinticuatro horas en el Penal Abierto del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, Almoloya de Juárez, Estado de México, en relación al delito de robo con modificativas agravantes de haberse cometido con violencia y respecto de un vehículo automotor, en agravio de Lucía Sánchez Álvarez, deducido de la causa penal 776/2011.. Por lo que, se advierte que se encuentra debidamente cumplimentada la sentencia dictada en autos del presente juicio, para los efectos del artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que la responsable ha realizado los actos que dentro de sus atribuciones le fue requerido para dar cumplimiento al fallo protector. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, es de concluirse que la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ha quedado cumplimentada en sus términos, habida cuenta que se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional violada. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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IV.- Vista la razón de cuenta asentada por el actuario judicial de la adscripción, de la cual se advierte la imposibilidad de notificarle al quejoso ********************el proveído de quince de junio de la anualidad que transcurre, dado que al constituirse en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue atendido por una persona del sexo masculino quien dijo estar adscrito al área de seguridad y guarda del dicho centro de reclusión, quien a su vez le manifestó que el interno ********************, fue preliberado el catorce de los cursantes. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón de cuenta para que surta los efectos legales procedentes, y tomando en consideración que el quejoso en su demanda de amparo designó autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones, hágase dicha notificación a través de las personas designadas para tal efecto en el domicilio señalado en la demanda de amparo.
- Principal
IV.- Visto el oficio de cuenta por medio del cual el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, aduce la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos del juicio en que se actúa y remite la resolución dictada el diez de junio de la presente anualidad dictada en el expediente 90/2012 de su índice estadístico. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexo mencionado para que dentro del término de tres días computados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar declaración alguna sobre el particular, este Tribunal de Amparo se pronunciará respecto del cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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