José Juan Morales Osorio

Expediente 1055/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1055/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/08/2018

Partes del expediente

  • José Juan Morales Osorio
  • Juan Jesús Tovar Carbajal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    UN ACUERDO Notifíquese; y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión por conducto de su representante común.

  2. Principal

    UN ACUEDO NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO

  3. Principal

    En Toluca, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de julio de dos mil dieciocho, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia relativa al incidente de revocación de la suspensión definitiva, concedida mediante ejecutoria emitida en sesión de trece de mayo de dos mil dieciséis, relativa al recurso de revisión 467/2015 de la estadística del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, promovido por la quejosa Francisca Reyes Flores en su carácter de representante común, por hecho superveniente, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1117/2015-I, promovido por Francisca Reyes Flores (nombre correcto) y otros, contra actos del Titular del Poder Ejecutivo de la Federación y otras autoridades, en audiencia pública Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, procedió a celebrarla sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia por el Juez, la Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la octava época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, publicada en la página 185, cuyo rubro es: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.". Asimismo, la Secretario da cuenta con el escrito registrado con número de control interno 14517, mismo que se digitalizó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por medio del cual Francisca Reyes Flores, en su carácter de representante común de los quejosos, formula alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 en relación con el 154 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales correspondientes. Respecto del escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, glósese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y hágase relación en la etapa correspondiente. A continuación, se abre el período probatorio y la Secretario hace relación de las ofrecidas por la quejosa, consistentes en: Copias certificadas de los convenios de coordinación de acciones celebrados el veintisiete de abril y cuatro de junio, ambos de dos mil dieciocho, entre el Gobierno del Estado de México a través del Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el Subsecretario General de Gobierno Región Toluca, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos y la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de la cual los quejosos forman parte (foja 528). Copias certificadas de las Actas de Asamblea General de la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de doce de diciembre de dos mil diecisiete y nueve de junio de dos mil dieciocho (foja 528). Addendum modificatorio al Convenio de Coordinación de Acciones (cuatro de junio de dos mil dieciocho), celebrado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho (fojas 543). Addendum modificatorio al Convenio de Coordinación de Acciones (veintisiete de abril de dos mil dieciocho), celebrado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho (fojas 543). Acta de Asamblea General de la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 543). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 en relación con el 154, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas relatadas, dada su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba pendiente de desahogar se cierra dicho periodo y se da apertura al de alegatos, en el que la Secretario hace relación de las manifestaciones vertidas por la quejosa mediante escritos con registro interno 14004 y 14517. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 y 154 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones de la quejosa a título de alegatos, para los efectos legales procedentes, con lo que se concluye el presente periodo. Al no existir escrito pendiente de acordar, se da por concluida esta audiencia y el Juez procede a dictar la resolución interlocutoria siguiente: V I S T O S, para resolver el incidente de revocación a la suspensión definitiva concedida mediante ejecutoria de trece de mayo de dos mil dieciséis, relativa al recurso de revisión 467/2015 de la estadística del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, promovido por la quejosa Francisca Reyes Flores en su carácter de representante común, por hecho superveniente; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Francisca Reyes Flores (apellidos correctos), Elena María Villada Nicolás, Vicente García Hernández, Beatriz Sánchez Domínguez, Antonio Miguel Reyes Valdez, Víctor Felipe Romero Maciel, Francisco Flores Gutiérrez, Pedro Antonio Flores, Josefina Esteban Andrés, Felipa Gutiérrez Petra, América Morales Alfaro, Agustín Saavedra Hernández, Antonia Angelina Alfaro González, Matías García Raymundo y Ricardo García Salazar, por derecho propio, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: lll. AUTORIDADES RESPONSABLES: "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES. a. Ordenadoras. i. Titular del Poder Ejecutivo de la Federación. ii. Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM). iii. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). iv. Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Xochicuatla y su Barrio La Concepción. b. Ejecutoras. i. Autopista de Vanguardia, sociedad anónima de capital variable. III. ACTOS Y OMISIONES RECLAMADOS Titular del Poder Ejecutivo Federal. Emitir el Decreto de expropiación publicado el 9 de julio de 2015, con el cual se expropian 37-93-86 hectáreas de la comunidad "San Francisco Xochicuatla y su barrio La Concepción" Municipio de Lerma, Estado de México, a favor del organismo público descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el cual los destinará a la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan. Omitir considerar que el territorio del pueblo Otomí está conformado por diversas comunidades distintas a la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, quienes utilizamos el área expropiada como parte de nuestras prácticas religiosas, en especial la veneración a los Cerros Sagrados que conforman al "Divino Rostro. Considerar al territorio expropiado como terrenos de agostadero de uso común, cuando en realidad cuentan con una gran cantidad de veredas que nos permiten acceder a nuestros Cerros y puntos sagrados. Titular, del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) Por llevar a cabo actos tendientes a la expropiación de 37-93-86 hectáreas del Bosque en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, sin hacer los estudios culturales y sociales integrales que incluyan a todo el pueblo otomí de la zona, es decir, sin considerar nuestras peregrinaciones a través de las veredas que nuestros antepasados han formado milenariamente, como parte fundamental de nuestra identidad cultural. Por notificar al Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción sobre el procedimiento de expropiación, mientras que los impactos sociales y culturales no afectan únicamente a dicha comunidad, sino que nos afectan a todas las personas de las comunidades de la zona que realizamos peregrinajes a los Cerros Sagrados del "Divino Rostro" Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Por avalar y solicitar la expropiación de las 37-93-86 hectáreas de la comunidad "San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción" Municipio de Lerma. Estado de. México, a favor del organismo público descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el cual los destinará a la Autopista Toluca-Naucalpan, sin la realización de un estudio de impactos sociales que incluyan nuestras prácticas ceremoniales. Por dar preferencia a la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan frente a la protección de la cultura Otomí de la Zona del Estado de México. Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Xochicuatla y su Barrio La Concepción. Por omitir informar a la autoridad que les notificó sobre la existencia de prácticas religiosas en el territorio, llevadas a cabo por grupos de personas tanto de la comunidad de San Francisco Xochicuautla como de otras comunidades de la zona, siendo que al formar parte de dicha comunidad tienen pleno conocimiento de nuestra existencia y de nuestras prácticas. Por avalar la expropiación de las 37-93-86 hectáreas de la comunidad "San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción" Municipio de Lerma, Estado de México, a favor del organismo público descentralizado Sistema de Autopistas. Aeropuertos. Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, teniendo pleno conocimiento de que el trazo de la Autopista Toluca-Naucalpan interrumpe de forma permanente las veredas que necesitamos recorrer para acceder a los puntos sagrados y Cerros del "Divino Rostro", Autopista de vanguardia, sociedad anónima de capital variable. Realizar obras tendientes a la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan, destruyendo e imposibilitando el acceso a nuestras veredas y otros puntos sagrados, necesarios para la reproducción de nuestra cultura Otomí, impidiéndonos de forma unilateral y forzosa el , ejercicio de nuestros derechos humanos en relación con la integridad cultural, libertad de culto y la utilización ceremonial del territorio." SEGUNDO. Mediante interlocutoria de tres de septiembre de dos mil quince, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados por los quejosos. TERCERO. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el que por cuestión de turno le tocó resolver al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el número de expediente 467/2015 y mediante ejecutoria emitida en sesión de trece de mayo de dos mil dieciséis, se revocó la interlocutoria emitida por esta juzgado de distrito y se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. CUARTO. Seguida la secuela procesal, en el presente incidente, Francisca Reyes Flores, en su carácter de representante común de los quejosos, mediante escrito con registro interno 13583, promovió incidente de revocación a la suspensión definitiva concedida mediante ejecutoria emitida en sesión de trece de mayo de dos mil dieciséis, relativa al recurso de revisión 467/2015 de la estadística del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el siguiente hecho superveniente: Que en dos mil dieciséis, se inició el proceso de diálogo derivado del movimiento emprendido por la Comunidad Indígena Otomí en resistencia de San Francisco Xochicuautla en la defensa del bosque, agua, flora, fauna y cultura, afectados por la construcción del proyecto denominado "Autopista Toluca-Naucalpan, Tramo del kilómetro 11+128 al kilómetro 17+260, en el Estado de México." Logrados los acuerdos plasmados en los convenios de coordinación de acciones y la aprobación de los mismos por la Asamblea General del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, los cuales en virtud de los addendum modificatorios a dichos convenios entraron en vigor a la firma de dichos addemdums, la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de la cual los quejosos son parte, manifiestan su conformidad con el resarcimiento de los daños causados por el proyecto carretero Toluca-Naucalpan, en el tramo que comprende al poblado de San Francisco Xochicuautla. QUINTO. Por auto de dos de julio de dos mil dieciocho, se aperturó el incidente de revocación a la suspensión definitiva concedida mediante ejecutoria emitida en sesión de trece de mayo de dos mil dieciséis, relativa al recurso de revisión 467/2015 de la estadística del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, promovido por la quejosa Francisca Reyes Flores en su carácter de representante común de los quejosos, por hecho superveniente; se solicitó su informe a las autoridades responsables; y, se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental, misma que previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente interlocutoria; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103,fracción I, y 107, fracción VI, 37, párrafo primero y 107, fracción IV, 37, párrafo primero y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues se reclama actos que tiene ejecución en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En primer término, es necesario establecer que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, y 157 de la Ley de Amparo, el acto reclamado que es materia de estudio en el presente incidente de revocación de la suspensión en que se actúa, se hizo consistir en: Las consecuencias que deriven de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan (en las 37-93-86 hectáreas de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, Municipio de Lerma, Estado de México), traducidas en la afectación de las veredas y puntos sagrados necesarios para la cultura Otimí, impidiendo con ello el ejercicio de los derechos humanos en relación a la integridad cultural, libertad de culto y la utilización ceremonial del territorio. TERCERO. Las autoridades responsables: Director de la Unidad Jurídica y Consultiva, en su carácter de delegado y apoderado legal de la autoridad responsable Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y su Presidente. Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe, Titular de dicho Órgano. Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Apoderado Legal del Organismo Público Descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México. Delegada de la Dirección General de Gobierno, Región Lerma. Directora de Asuntos Jurídicos en representación del Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Director General adjunto de lo Contencioso Administrativo y Judicial en representación del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Encargado del Despacho del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Estado de México. Segundo Delegado Municipal Propietario de San Francisco Xochicuautla, Municipio de Lerma, Estado de México. Director de Amparos y Controversias Constitucionales en ausencia del Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este último en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Delegada del Secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México. Al rendir su informe respecto del incidente de revocación de la suspensión definitiva aceptaron la existencia de los hechos supervenientes consistentes en los convenios de coordinación de acciones celebrados el veintisiete de abril y cuatro de junio, ambos de dos mil dieciocho, entre el Gobierno del Estado de México a través del Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el Subsecretario General de Gobierno Región Toluca, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos y la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de la cual los quejosos forman parte, así como de los addendum modificatorios a los citados convenios de Coordinación de Acciones, celebrados el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, los cuales fueron aprobados por la Asamblea General de la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla. Asimismo, informaron que no se oponían a la revocación de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa y que fuera otorgada en su favor mediante ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión de trece de mayo de dos mil dieciséis, relativa al recurso de revisión 467/2015 de su índice. CUARTO. Las diversas autoridades Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y Procuraduría Agraria, fueron omisas en rendir su informe, pese a encontrase notificadas para tal fin, tal como se advierte de los acuses de recibo de los oficios 18121/2018-I y 18125/2018; razón por la cual, con fundamento en el artículo 142 en relación con el 154 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los hechos supervenientes materia del presente incidente de revocación a la suspensión. QUINTO. Precisado lo anterior, se establece que el artículo 154 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de revocar o modificar la resolución que conceda o niegue la medida suspensional definitiva cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En principio, es importante señalar que la institución de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo constituye una providencia cautelar, de carácter instrumental, que tiene por objeto preservar la materia del juicio, y cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal, que pudiera ordenar la anulación de una conducta prevista, positiva o negativa de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos en tanto se resuelve la controversia. Así, el objetivo primordial es impedir que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle durante el tiempo que tome la tramitación del juicio; así, por virtud de la suspensión, el acto que se reclama queda en suspenso, mientras se decide si es o no violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación al tema de suspensión, el artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. En ese sentido, se analiza que para que proceda la revocación o modificación de la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) El acaecimiento de un hecho posterior o coetáneo a la resolución dictada cuya modificación o revocación se pretende; b) Que ese hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva; c) Que el hecho invocado como superveniente guarde relación directa con los actos reclamados suspendidos; y, d) Que no se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo de que se trate. Tiene sustento lo anterior, en la tesis aislada XII.3o.13 K emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Tomo XXIV, Agosto de 2006, publicada en la página 2350, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 174334, que establece: "SUSPENSIÓN POR HECHO SUPERVENIENTE. PARA QUE PROCEDA LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE AMPARO, SE DEBE VINCULAR CON LOS REQUISITOS LEGALES DE PROCEDENCIA Y NO CON LOS DE EFECTIVIDAD. De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la suspensión a petición de parte, está sujeta a determinados requisitos establecidos en la ley, que son de dos clases: requisitos de procedencia y de efectividad, los primeros constituidos por aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, a saber: a) que los actos contra los cuales se haya solicitado dicha medida cautelar sean ciertos; b) que la naturaleza de esos actos permita su paralización; y, c) que reuniéndose los dos extremos anteriores, se satisfagan las exigencias previstas en el numeral invocado; mientras que los segundos, implican aquellas exigencias que el quejoso debe cumplir para que surta sus efectos la suspensión otorgada. En congruencia con lo anterior, para que proceda la revocación o modificación de la suspensión de los actos reclamados, en términos de lo previsto en el artículo 140 de la citada ley, el hecho superveniente debe generarse en torno a los requisitos de procedencia y no a los de efectividad. Por ende, el reconocimiento del tercero perjudicado con posterioridad a la resolución de la suspensión definitiva y la omisión de fijar la garantía prevista en el artículo 125 de la ley de la materia, no pueden catalogarse como hechos supervenientes, pues dichas circunstancias no alteran los requisitos legales de procedencia de la suspensión." En el caso, se cumple con el requisito sintetizado con el inciso d), ya que el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión se encuentra en trámite, por lo que no se ha emitido sentencia ejecutoria en el mismo. Respecto de los restantes requisitos también se cumplen, como se analizará en el cuerpo de esta resolución. Ahora, la concesión de la suspensión definitiva que la quejosa pretende sea revocada, fue para el efecto siguiente: "En consecuencia, lo procedente es REVOCAR la resolución recurrida, para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran hasta que la sentencia en el juicio principal cause ejecutoria" Asimismo, la parte quejosa exhibió diversas documentales exhibidas a efecto de acreditar el hecho surperveniente, consistentes en: Copias certificadas de los convenios de coordinación de acciones celebrados el veintisiete de abril y cuatro de junio, ambos de dos mil dieciocho, entre el Gobierno del Estado de México a través del Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el Subsecretario General de Gobierno Región Toluca, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos y la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de la cual los quejosos forman parte (foja 528). Copias certificadas de las Actas de Asamblea General de la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de doce de diciembre de dos mil diecisiete y nueve de junio de dos mil dieciocho (foja 528). Addendum modificatorio al Convenio de Coordinación de Acciones (cuatro de junio de dos mil dieciocho), celebrado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho (fojas 543). Addendum modificatorio al Convenio de Coordinación de Acciones (veintisiete de abril de dos mil dieciocho), celebrado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho (fojas 543). Acta de Asamblea General de la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de veintiocho de junio de dos mil dieciocho (fojas 543). En ese sentido, respecto del convenio de cuatro de junio de dos mil dieciocho, celebrado entre el Gobierno del Estado de México a través del Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el Subsecretario General de Gobierno Región Toluca, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos y la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de la cual los quejosos forman parte, en su cláusula novena establece: "NOVENA. El presente Convenio entrará en vigor una vez que causen estado las resoluciones judiciales que permitan reanudar de forma definitiva los trabajos de construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan que a la fecha de la firma del mismo se encuentran suspendidos por virtud de diversas resoluciones recaídas en los juicios de amparo: 1117/2015, 771/2015, 1289/2016, 1123/2015, 441/2016, 970/2013, 1373/2016" De lo anterior, se colige que dicho convenio se encontraba condicionado hasta en tanto causaran ejecutoria las resoluciones que se emitan en diversos juicios de amparo promovidos por los quejosos; sin embargo, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado federal el dos de julio del año en curso (fojas 532 a 541), los quejosos presentaron el addendum modificatorio al Convenio de Coordinación de Acciones celebrado entre el Gobierno del Estado de México a través del Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el Subsecretario General de Gobierno Región Toluca y la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, del cual se advierte que se modificó la cláusula que establecía: "... El presente Convenio entrará en vigor una vez que causen estado las resoluciones judiciales que permitan reanudar de forma definitiva los trabajos de construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan que a la fecha de la firma del mismo se encuentran suspendidos por virtud de diversas resoluciones recaídas en los juicios de amparo: 1117/2015, 771/2015, 1289/2016, 441/2016, 970/2013, 1373/2016..." Para quedar: "El convenio entrará en vigor a la firma del presente addendum, sin perjuicio de las resoluciones que recaigan en los juicios de amparo 1117/2015, 771/2015, 1289/2016, 441/2016, 970/2013, 1373/2016, y que permitan reanudar de forma definitiva los trabajos de construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan." Al respecto, el addendum modificatorio fue signado por las partes el veintisiete de junio de dos mil dieciocho; asimismo, fue aprobado por la Asamblea General de la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, por lo que se evidencia que en veintisiete de junio de dos mil dieciocho entraron en vigor los convenios celebrados entre el Gobierno del Estado de México a través del Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el Subsecretario General de Gobierno Región Toluca, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos y la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla. Del análisis de las pruebas que obran en el presente incidente de revocación de la suspensión definitiva, se evidencia que los quejosos solicitan la revocación de la suspensión definitiva, en virtud de que la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de la cual los quejosos son parte, están conformes con el resarcimiento de los daños causados por el proyecto carretero Toluca-Naucalpan, en el tramo que comprende al poblado de San Francisco Xochicuautla, lo que incide directamente en el acto reclamado en el juicio principal y respecto del cual se otorgó la suspensión definitiva mediante ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión de trece de mayo de dos mil dieciséis. En ese sentido, se analiza que se cumplen los requisitos que establece el artículo 157 de la Ley de Amparo, a fin de efectuar la revocación de la suspensión, ya que como se evidencia de los informe emitidos por las responsables, así como del análisis de los medios probatorios exhibidos por los quejosos, se advierte la existencia de un hecho posterior a la ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión de trece de mayo de dos mil dieciséis, que concedió la suspensión definitiva dictada cuya revocación se pretende; asimismo, dichos hechos guardan relación directa con los actos reclamados suspendidos. Finalmente, respecto del requisito relativo a que el hecho sea de tal naturaleza que cambie la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva, cabe destacar que el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." El artículo en comento refiere que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión de los actos reclamados se decretará siempre que lo solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto es, el orden público e interés social se refieren a aquellos aspectos relacionados con las necesidades generales de la colectividad y que el Estado protege de manera directa y permanente, por lo que si una situación específica afecta o beneficia a aquélla, existe interés social. En ese orden de ideas, se advierte que los requisitos para la concesión de la suspensión de los actos reclamados, son los siguientes: a) Expresamente la solicite el quejoso; b) Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; c) Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; d) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Tiene sustento lo anterior, por las razones jurídicas que la conforman, la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, publicada en la página 1376, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011614, que se lee: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley. Al respecto, en el presente caso los quejosos solicitan la revocación de la suspensión definitiva otorgada en su favor, mediante ejecutoria emitida en sesión de trece de mayo de dos mil dieciséis, debido a que con motivo de los convenios de coordinación de acciones celebrados el veintisiete de abril y cuatro de junio, ambos de dos mil dieciocho, entre el Gobierno del Estado de México a través del Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, el Subsecretario General de Gobierno Región Toluca, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos y la Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, de la que son parte los quejosos y la aprobación de los mismos por la Asamblea General del Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, así como del addendum modificatorio de dicho convenio también aprobado por la referida asamblea general, se advierte que manifiestan su conformidad con el resarcimiento de los daños causados por el proyecto carretero Toluca-Naucalpan, en el tramo que comprende al poblado de San Francisco Xochicuautla. En ese sentido, si los quejosos solicitan expresamente la revocación de la suspensión definitiva, en virtud de que se encuentran conformes con el resarcimiento de los daños causados por el proyecto carretero Toluca-Naucalpan, en el tramo que comprende al poblado de San Francisco Xochicuautla; de ahí que se analice que los peticionarios del ya no solicitan tal medida cautelar; por tanto, con motivo del hecho superveniente ya no se encuentra satisfecho el primer requisito que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, esto es, ya no la solicita el quejoso. Consecuentemente, se evidencia que el hecho superviniente cambió la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva, pues al efecto los quejosos ya no se encuentran solicitando que continué la medida cautelar, por el contrario, expresamente solicitan su revocación. En ese orden de ideas, al no cumplirse el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, con motivo de un hecho superveniente; por tanto, resulta procedente revocar la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, mediante ejecutoria de trece de mayo de dos mil dieciséis, por lo que se comunica a las responsables que pueden ejecutar el acto reclamado. No contraviene la anterior determinación, la circunstancia de que la suspensión definitiva concedida en autos del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo 117/2015, fue emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con motivo del recurso de revisión 467/2015 de su índice; sin embargo, como se analizó en párrafos precedentes, aconteció un hecho superveniente que cambió la situación jurídica que tenían las cosas antes de resolver sobre la suspensión definitiva, por lo que se actualizó el supuesto que establece el artículo 154 de la Ley de Amparo, esto es, la posibilidad de revocar o modificar la resolución que conceda o niegue la medida suspensional definitiva cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en lo previsto en los artículos 128, 138, 144, 146 y 157 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E Único. Se revoca la suspensión definitiva a Francisca Flores Reyes, Elena María Villada Nicolás, Vicente García Hernández, Beatriz Sánchez Domínguez, Antonio Miguel Reyes Valdez, Víctor Felipe Romero Maciel, Francisco Flores Gutiérrez, Pedro Antonio Flores, Josefina Esteban Andrés, Felipa Gutiérrez Petra, América Morales Alfaro, Agustín Saavedra Hernández, Antonia Angelina Alfaro González, Matías García Raymundo y Ricardo García Salazar, que fue concedida mediante ejecutoria de trece de mayo de dos mil dieciséis, respecto de los actos de las autoridades mencionadas en el considerando segundo y tercero, por las razones descritas en el considerando último, todos de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza, firma y da fe. 14517 dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado así lo permitieron, asistido de la Secretario del Juzgado Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    V.- Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora de Responsabilidades de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias con las que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. agréguese para que surta los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista con el referido comunicado y anexos, a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado de Amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 24 a 28), se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista al quejoso.

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