José Juan Santamaría Flores
Expediente 584/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Juan Santamaría Flores
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, tres de diciembre de dos mil veinte. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del cuatro de noviembre de dos mil veinte (foja 25 a 30), en el que desechó la demanda de amparo promovida por José Juan Santamaría Flores, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso b), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de cuatro de noviembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por José Juan Santamaría Flores, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintiocho de octubre de este año. Acto reclamado. Al respecto, de un análisis al escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: " (.) ACTO RECLAMADO: La expedición del certificado de gravamen o de cualquier otro documento, derivado del aviso preventivo de fecha nueve de octubre del año dos mil veinte, respecto del predio urbano (casa), ubicada en camino vecinal, sección primera, Municipio de Zacatelco, actualmente calle niños Héroes Norte, número cuarenta y tres, Sección Primera, Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, a solicitud de la tercera interesada Magaly Pérez Santamaría (.)." Desechamiento de demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De los numerales transcritos se advierte que la vía constitucional es improcedente cuando por las circunstancias que rodean al acto reclamado no puedan concretarse los efectos positivos de una eventual sentencia de amparo. Lo anterior sucede cuando existe un acto que puede sustentarse por sí mismo -independientemente de la subsistencia del que es materia de reclamo- y que por su naturaleza y autonomía impide que los efectos de un fallo protector puedan concretarse; es decir, cuando ese acto, por las consecuencias jurídicas que genera, constituye un obstáculo legal insalvable para que la autoridad pueda resarcir las violaciones atacadas mediante la devolución de las cosas al estado que guardaban antes de su actuación. Precisado lo anterior, es dable señalar que los artículos del 1228 al 1231 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, prevén lo siguiente: Artículo 1228.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero, sino por cancelación, o por el registro de la transmisión del dominio, o derecho real inscrito a otra persona. Artículo 1229.- Las inscripciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial. Tratándose de derechos reales distintos de la propiedad, la cancelación podrá hacerse por renuncia unilateral que haga el titular del derecho, que conste en documento auténtico, siempre y cuando no reporte ese derecho ningún gravamen a favor de otro, caso en el cual será menester la conformidad de éste, expresada en forma indubitable. Articulo 1230.- La cancelación de las inscripciones podrá ser total o parcial. Articulo 1231.-Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total: I.- Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción; II.- Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito; III.- Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción; IV.- Cuando se remate judicial o administrativamente el inmueble que reporte el gravamen. V.- Cuando tratándose de un embargo hayan transcurrido tres años desde la fecha de la inscripción.". Por su parte, el artículo 52 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado De Tlaxcala, dispone lo siguiente: "Artículo 52.- En términos del artículo 1229 del Código Civil las inscripciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial, debiendo hacerlo constar de forma expresa y auténtica.". La transcripción que antecede revela que las inscripciones y anotaciones efectuadas en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, pueden cancelarse total o parcialmente por consentimiento de las partes o por orden judicial; incluso pueden ser canceladas a petición de parte sin dichos requisitos, cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley o por causas que resulten del título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación, debido a hecho que no requiera la intervención de la voluntad. Además destaca que puede pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total, ente otros casos, cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción o anotación. De este modo, es posible establecer que si bien el acto que se tilda de inconstitucional pudiera derivar de una actuación indebidamente realizada; lo cierto es que ello no puede declararse en un juicio constitucional, debido a que no podrían concretarse los efectos de un eventual fallo protector, pues las inscripciones y anotaciones que se hayan realizado no podrían quedar insubsistentes mientras que subsista el acto que las originó. Máxime que no es posible anular autónomamente las anotaciones registrales, si lo que causa afectación al quejoso es la celebración e inscripción de actos traslativos de dominio en relación al bien inmueble que defiende. Así, la cancelación de la anotación registral controvertida, sólo puede derivar de una decisión judicial dictada en un juicio contradictorio, en el que se otorgue derecho de audiencia a las personas que hayan sido beneficiadas con esas anotaciones o, en su caso, aquéllas que intervinieron el acto que le dio origen. Esto es relevante para el caso concreto porque dada la forma en que se plantea esta demanda, se requiere el examen de pruebas sobre la buena o mala fe de aquel que formalizaron contratos traslativos de dominio, cuestiones que no pueden dirimirse en el juicio constitucional. Correlativo a ello, es importante señalar que el juicio de amparo no tiene como objeto resolver conflictos entre particulares; así que la existencia de una controversia suscitada entre dos personas, como sucede en el caso, la autoridad constitucional no puede sustituirse a la función jurisdiccional ordinaria para resolver el conflicto. Sobre todo porque los planteamientos de la lectura íntegra de la demanda de amparo conlleva a establecer que el quejoso no propone realmente una controversia contra la autoridad registral, sino más bien, trata de que mediante la substanciación del presente juicio de amparo, se suspenda el acto traslativo de dominio que celebró Magaly Pérez Santamaría respecto del predio urbano (casa), ubicada en camino vecinal, sección primera, Municipio de Zacatelco, actualmente calle niños Héroes Norte, número cuarenta y tres, Sección Primera, Municipio de Zacatelco, Tlaxcala; es decir, que en esta instancia extraordinaria se resuelva un conflicto entre particulares; lo que no es técnicamente factible. En tales condiciones, como quedo de manifiesto, respecto a dicho acto reclamado se causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo y consideraciones precisadas con antelación, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales.
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