José Juan Ortega Trejo
Expediente 681/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Juan Ortega Trejo
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Causa estado auto de desechamiento. Se ordena archivo y conservación. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por José Juan Ortega Trejo; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción.
- Principal
Con fundamento en el artículo 26, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa José Juan Ortega Trejo, el contenido del proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, catorce de diciembre de dos mil veinte. Parte quejosa prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José Juan Ortega Trejo, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte Se desecha demanda de amparo. Vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio presentado por José Juan Ortega Trejo, se desprende que, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en el proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, dictado por la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual desechó el recurso de queja interpuesto contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el toca de apelación 181/2020, por el que admitió el recurso de apelación interpuesto por su contraria en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, en el expediente 378/2017, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública, promovido por el quejoso contra Jacinto Beltrán Rivera y otros. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda y escrito aclaratorio, se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pusieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la procedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Igualmente, el artículo 107 fracción IV, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 32/2001, visible en la página 31 del tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo: "AMPARO DIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de este contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De los preceptos legales transcritos se obtiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo efectuados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido en el resultado de la resolución. Asimismo, se indica que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquéllas intermedias que considere la dejaron sin defensa. Es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, y por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya finalidad es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; lo que es así, porque de lo contrario, esto es, de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo la razón se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Es por ello que el legislador estableció que respecto a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Tiene aplicación la jurisprudencia 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En atención a lo anterior, y dado que ya se dictó sentencia en el presente asunto, al no ser el acto reclamado la última resolución, emitida dentro del trámite del recurso de apelación, no es procedente el amparo indirecto, actualizándose por consecuencia, la causal de improcedencia antes referida. A más de lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en el proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, dictado por la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual desechó el recurso de queja interpuesto contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el toca de apelación 181/2020, por el que admitió el recurso de apelación interpuesto por su contraria en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, en el expediente 378/2017, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública, promovido por el quejoso contra Jacinto Beltrán Rivera y otros Entonces, se tiene que por el momento, no se afecta materialmente un derecho sustantivo del promovente, tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, pues la única consecuencia jurídica que produce es la de que se continúe con la tramitación del procedimiento; y la afectación sólo puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal e intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando el solicitante del amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos; y de no ser así, el acto reclamado podría constituir una violación intraprocesal, misma que podría reclamarse en el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 171 y demás aplicables de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." También resulta aplicable la jurisprudencia IV.2o.C. J/5 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Tomo XVII, Febrero de 2003, página 909, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMER GRADO, DESECHA EL INCIDENTE QUE CUESTIONA LA DE QUIEN COMPARECE EN LA ALZADA A NOMBRE DE LA PARTE APELADA. Es cierto que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, puede causar a una de las partes un perjuicio de imposible reparación, que en todo caso debe ser enmendado mediante el juicio de amparo indirecto, conforme a la jurisprudencia número 4/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.". Sin embargo, situación muy distinta es el caso en que resuelta en primera instancia la cuestión de fondo del asunto, posteriormente, merced a una apelación en artículo o a la apelación contra dicha sentencia definitiva, precisamente durante el trámite de la segunda instancia se promueve incidente sobre la personalidad que ostenta un nuevo mandatario de la contraparte, porque en esta hipótesis no podría decirse que la acción deducida o las defensas hechas valer fueron ejercitadas por quien se cuestiona su personalidad en la alzada, toda vez que al resolverse el asunto en primera instancia ya se decidió sobre ese presupuesto procesal; de manera que si existen objeciones contra la personería del nuevo mandatario, no puede estimarse que el desechamiento del incidente relativo por el ad quem, constituya una violación que afecte de manera exorbitante a los litigantes, que amerite su análisis constitucional en la vía indirecta, toda vez que esa resolución no tiene mayores efectos que los de continuar con el trámite del recurso de apelación con quien se apersonó ante el tribunal de alzada; en cuyo caso la irregularidad correspondiente deberá ser reclamada cuando se dicte el fallo definitivo, por medio del amparo directo, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Al igual, resulta aplicable la tesis I.12o.C.4 C emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Tomo XII, Septiembre de 2000, página 788, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "PERSONALIDAD, LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE RESUELVE LA EXCEPCIÓN DE, DESPUÉS DE QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA INSTANCIA, ES SUSCEPTIBLE DE SER RECLAMADA A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.').", prevé que la resolución judicial que resuelve la excepción de personalidad, al constituir un presupuesto procesal, sin el cual no queda debidamente integrada la litis, es reclamable en amparo indirecto, cuando la misma se haya resuelto en segunda instancia, antes de que el Juez natural hubiese emitido la sentencia que resolviera en definitiva el fondo del asunto; sin embargo, si antes de haber quedado resuelta la excepción de personalidad de alguna de las partes ya se dictó sentencia respecto del recurso de apelación que se interpuso en contra de la sentencia de primera instancia, es susceptible de ser reclamada y analizada a través del amparo directo en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley de Amparo, por no haber otro momento procesal para hacerlo, pues jurídicamente no es factible que se constriña a la parte quejosa que la resolución relativa al estudio de la personalidad se reclame de manera autónoma a través del juicio de amparo indirecto, cuando la resolución del tribunal de alzada que se ocupó de ese aspecto se emitió con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva de segunda instancia". Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, y artículo 113, todos de la Ley de Amparo.
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