Jose Juan Rios Medellin

Expediente 71/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
71/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Jose Juan Rios Medellin
  • H. Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, que a la letra dice: "Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diez de febrero en curso, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por **********, sociedad anónima de capital variable por conducto de ************, quien se ostenta como su representante, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Devolución de documentos Por otra parte, toda vez que obran dos documentos en copias certificadas, lo cuales adjuntó la parte quejosa a su escrito registrado con el número 1067, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la amparista para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin; apercibida que de no hacerlo estos podrán ser destruidos junto con el expediente".

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diez de febrero en curso, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por Ricap, sociedad anónima de capital variable por conducto de ************, quien se ostenta como su representante, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Devolución de documentos Por otra parte, toda vez que obran dos documentos en copias certificadas, lo cuales adjuntó la parte quejosa a su escrito registrado con el número 1067, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la amparista para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin; apercibida que de no hacerlo estos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  3. Principal

    Cumple prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito signado por el promovente **********, representante legal de **********, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual cumple con el requerimiento que le subsistió por auto de dos de febrero del presente año, pues al efecto manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ese es su nombre correcto y no como se asentó en la demanda. En tal sentido, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada, además la personalidad con la que promueve se acredita con la documental adjunta a su escrito aclaratorio registrado con el número 1067, consistente en copia certificada de la escritura pública número ********** que contiene la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el seis de marzo de dos mil doce, en la cual se le nombró presidente del consejo de administración de la moral quejosa, la cual se le reconoce en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, para efectos de la tramitación del presente juicio. Desechamiento de la demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional. Lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, que es el de definitividad. Dicho principio, consistente en que, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Ahora, en virtud de que el acto reclamado lo es la determinación que concedió la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de nulidad 4223/21-10-01-8 por parte de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero no para los efectos solicitados por la parte promovente del procedimiento (se liberen las cuentas bancarías al estar garantizado en exceso el crédito fiscal a través del embargo de bienes inmuebles), respecto a tal determinación en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, está previsto como medio de defensa el recurso de reclamación. Tal numeral es del contenido siguiente: "ARTÍCULO 62.- Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda. El recurso se promoverá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. Interpuesto el recurso en la forma y términos señalados, el Magistrado ordenará correr traslado a las demás partes, por igual plazo, para que expresen lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido dicho término y sin más trámite, dará cuenta a la Sala Regional, para que en un plazo de cinco días, revoque o modifique la resolución impugnada y, en su caso, conceda o niegue la suspensión solicitada, o para que confirme lo resuelto, lo que producirá sus efectos en forma directa e inmediata. La sola interposición suspende la ejecución del acto impugnado hasta que se resuelva el recurso. La Sala Regional podrá modificar o revocar su resolución cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. El Pleno del Tribunal podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de reclamación a que se refiere el presente artículo, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia." Del numeral transcrito se advierte en esencia, que las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda; que el recurso se promoverá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, que la resolución que emita la Sala Regional tendrá como efecto que revoque o modifique la resolución impugnada y, en su caso, conceda o niegue la suspensión solicitada, o para que confirme lo resuelto, lo que producirá sus efectos en forma directa e inmediata; y que la sola interposición suspende la ejecución del acto impugnado hasta que se resuelva el recurso. Por tanto, como quedó establecido, la determinación reclamada por la parte quejosa puede ser recurrido a través del recurso de reclamación previsto en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por medio del cual puede ser confirmado, modificado o revocado tal acto impugnado. Cabe aclarar que el presente asunto no se encuentre en algún supuesto de excepción para no agotar los medios de defensa ordinarios ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. En ese sentido, el promovente del amparo se encontraba obligado a agotar los medios ordinarios de defensa, previo a acudir al juicio de amparo. Asimismo, el promovente no es persona extraña al procedimiento y la procedencia del medio de defensa en comento no se sujeta a interpretación adicional, ni se advierte que el fundamento legal sea insuficiente para determinarlo, pues se encuentra plenamente establecido en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se precisa, además, que el hecho de que con el acto que se pretendió reclamar a la autoridad, pudiera llegar a afectarse algún derecho sustantivo del quejoso, ello no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, puesto que, como ya se vio, no se surte ninguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es inconcuso que éste resulta improcedente, pues la suspensión concedida es impugnable a través del recurso de reclamación previsto en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis I.17o.A.25 A, consultable a página 1279, tomo XXXIII, mayo de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 162003, que establece: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías será improcedente contra las resoluciones respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa. Asimismo, del artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se colige que las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva, dictadas por alguna de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pueden ser impugnadas a través del recurso de reclamación. En congruencia con lo anterior, el particular se encuentra obligado a agotar dicho medio de defensa previo a promover el juicio de amparo, sin que obste que el precepto en cita disponga que las resoluciones "podrán" ser impugnadas, pues ello no implica que sea potestativo para el gobernado, ya que tal optatividad debe entenderse como la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, mas no que pueda elegir entre la vía ordinaria de defensa y la extraordinaria del amparo. Tampoco constituye obstáculo el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que el artículo 28 de la ley en cita exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues dicho criterio rige para la interposición del juicio de nulidad y no de un recurso intermedio dentro de dicho juicio, como lo es la reclamación; máxime que, al haberse optado por la vía ordinaria, al promover el juicio de nulidad, el particular quedó sujeto a ella, con todas sus consecuencias hasta que agote totalmente la secuencia de medios ordinarios de defensa." Así también, sirve de apoyo la jurisprudencia 573, publicada en la página 515, tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo.

  4. Principal

    Subsiste prevención Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso **********, quien se ostenta representante legal de la persona moral **********; a través del cual pretende cumplir con la prevención formulada el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en los siguientes términos: "A) Exhiba documento fehaciente con el que acredite la personalidad que ostenta. [.] B) Manifieste bajo protesta de decir verdad, si en contra de la resolución que reclama interpuso algún medio ordinario de defensa, de ser positiva su respuesta, deberá precisar el estado que guarda dicho medio de impugnación. C) Precise con claridad el contenido de la resolución reclamada, pues si bien refiere que se decretó la suspensión, también refiere que se declaró infundada otra petición, sin referir de forma clara el sentido de la suspensión concedida y los efectos de la misma." No ha lugar a tener por cumplida la prevención formulada. Lo anterior es así, en razón de que si bien cumple con los puntos B) y C) de la prevención, no exhibe documento fehaciente con el que acredite su personalidad, pues el original de la escritura pública número **********, pasada ante la fe de la titular de la notaría pública número cincuenta y cinco, se advierte que dicha representación recae en **********, persona de distinto nombre al promovente del amparo; de ahí que se deba acreditar plenamente la personalidad del promovente del amparo. En tal virtud, no cumple a cabilidad la prevención decretada por auto de veintiséis de enero del año actual, en el rubro destacado; por ende, se tiene por no subsanada la prevención. Atento a lo anterior, subsiste el requerimiento efectuado el veintiséis de enero del presente año, así como el apercibimiento ahí contenido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el término de cinco días concedido en el multicitado acuerdo de prevención, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación personal que se le haga de este proveído, en el entendido que al haberse interrumpido dicho plazo en el día uno, aún tiene los cinco días concedidos; ello en acatamiento a la jurisprudencia 39/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro expone: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo."

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