José Juan Martinez Sánchez
Expediente 696/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Juan Martinez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 696/2020, promovido por ******; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció este Juzgado Octavo, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez de Partido Civil, residente en Salvatierra, Guanajuato y otra autoridad, que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de dieciséis siguiente se admitió la demanda. En ese mismo proveído se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención legal a la fiscal de la adscripción y se mandó emplazar a las terceras interesadas, ***************** (apersonadas en auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno). TERCERO. Finalmente, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados se hacen consistir son ejecutables en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa el acto reclamado. El quejoso, tanto en su escrito de demanda, como en el escrito aclaratorio, señala como acto "el acuerdo o diligencia de posesión mediante la cual ordenó poner en posesión a los señores ******************** los solares (.) de los cuales soy titular y estoy en posesión de manera quieta y pacífica desde 1997, en donde se violaron los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en mi perjuicio"; además de que expone que tuvo conocimiento el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, fecha en la que se pretendió ejecutar el acto reclamado. Bajo esa perspectiva y, tomando en consideración que el quejoso es parte demandada y apersonada en el juicio de origen, se tiene como conducta tildada de inconstitucional: El auto de doce de noviembre de dos mil veinte, en el que se despachó ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil ************, en el sentido de entregar la posesión de los predios a la parte actora; así como su eventual ejecución (la cual fue intentada el veintisiete de noviembre pasado). TERCERO. Existencia de actos. El juez Civil de Partido y el jefe de la Oficina Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común de Salvatierra, Guanajuato aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron. Si bien, acorde con jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, la segunda dependencia únicamente tiene funciones administrativas, lo cierto es que aún no se ha verificado diligencia de ejecución, por lo que no se puede atribuir a algún fedatario en específico. De esa guisa, se tiene como inminentemente cierta esa ejecución y, por ende, es esa autoridad quien está en posibilidad de aceptar o negar el acto, en el entendido de que será encomendado a algún fedatario en particular, en su momento. CUARTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil C-594/2019 del índice del Juzgado Civil de Partido, con sede en Salvatierra, Guanajuato, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: Los terceros interesados, ****************, demandaron en la vía ordinaria civil al aquí quejoso, *****************, la desocupación y entrega de dos inmuebles, en el ejercicio de la acción plenaria de posesión. Una vez radicada la demanda, se mandó emplazar al demandado, quien se apersonó y contestó la demanda. En auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve se tuvo a aquél contestando en tiempo y forma. Seguido el juicio por su cauce legal, el ocho de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que, en lo que interesa, se dijo: "SEGUNDO. La parte actora, *****************, probó la procedencia de la acción plenaria de posesión que ejercitó, por ende, se declara que la actora tiene mejor derecho que el demandado **************** para poseer el inmueble ubicado en calle *******************. Asimismo, se declara que el co-actor, **************, tiene mejor derecho que el demandado para poseer el inmueble ubicado en calle ************, ***********. (.) TERCERO. Se condena al demandado **************, a la desocupación y entrega material de los citados inmuebles con sus frutos y accesiones, a favor de la parte actora." El doce de noviembre de dos mil veinte, se dictó un auto en el que se ordenó "despachar en vía de ejecución, la sentencia de dieciocho de septiembre del año en curso, por lo que atendiendo al resolutivo tercero, se ordena la toma de posesión de los inmuebles indicados en el resolutivo segundo, en favor de *********************, autorizándose el uso de fuerza pública y cerrajero en caso de ser necesario." Éste es el acto reclamado. En diligencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se levantó una razón de abstención, ante la imposibilidad de verificar la diligencia, pues no acudió la fuerza pública solicitada en auxilio. En auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, se emitió otro auto en el que se ordenó cumplimentar el diverso de doce de noviembre del mismo año, sin que obre constancia de su ejecución. QUINTO. Improcedencia. De los antecedentes narrados, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con el principio de definitividad, cuyo estudio es de orden público; por ende, preferente y oficioso, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza la causal de improcedencia relacionada con el principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues el quejoso, al ser parte en el juicio de origen, estaba obligado a agotar el recurso correspondiente, previamente a acudir a esta instancia constitucional. Ahora bien, a fin de determinar la procedencia del medio de impugnación idóneo para controvertir dicho proveído, se transcriben los artículos correspondientes del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato: "Art. 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 245. Los autos son apelables cuando decida un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación en este caso será admisible en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos." De estos preceptos legales se advierte que la ley adjetiva aplicable reconoce, en lo que interesa, los medios de impugnación denominados: revocación y apelación. Respecto del recurso de revocación, los propios numerales proporcionan sus notas distintivas: procede contra autos y decretos que no fueren apelables. En cuanto a la apelación procede, en lo que interesa, contra autos que expresamente lo disponga el Código o que resuelvan un incidente. Se trata entonces de una regla de exclusión entre ambos recursos que no amerita mayor análisis, dado que constituye un lugar común en el ámbito procesal. En ese contexto, es decir, los anteriores numerales, contrastados con la premisa fáctica contenida en el juicio natural, permiten deducir que el acto reclamado no es más que un auto que ordena poner en posesión material el inmueble embargado. Ahora bien, ese proveído no constituye ninguno de los supuestos fácticos de la apelación, pues los numerales que reglamentan el procedimiento de ejecución en la ley adjetiva aplicable, concretamente los artículos 461 a 469 no lo establecen. Luego, bajo la regla de exclusión expuesta, es decir, al advertir que el auto reclamado no es apelable expresamente, procede el recurso de REVOCACIÓN. No es óbice la relevancia del proveído, ni la manifestación del quejoso en su escrito aclaratorio de la demanda, en el sentido de que "no he interpuesto ningún tipo de defensa ordinario o previo, ya que en el juicio civil ************ me demandaron los ahora terceros interesados, por ignorancia y desconocimiento nunca le di seguimiento"; empero, no existe disposición legal, ni razón jurídica o interpretativa, que permita forjar una excepción al principio de definitividad que rige la materia iusfundamental. Además, de la causa de pedir se advierte que su queja va encaminada a defender cuestiones relacionadas con su derecho a poseer el bien, lo cual fue dilucidado en la sentencia de fondo y no guardan relación con los actos de ejecución. En las relatadas condiciones, es decir, ante la vulneración al principio de definitividad, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que resulta improcedente y, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio. El sentido del fallo se hace extensivo a los actos atribuidos a las ejecutoras, los cuales no fueron reclamados por vicios propios. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos en mención y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ************, en contra del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último.
- Principal
Se apersonan terceros interesados. Agréguese el escrito signado por los terceros interesados ********************, mediante el cual se apersonan al presente juicio. Domicilio y autorizadas. Toda vez que los promoventes señalaron para recibir notificaciones los estrados de este juzgado, se ordena notificar el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fije en ese lugar, sin perjuicio de que puedan proporcionar domicilio para tal efecto; lo anterior con sustento en lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Téngaseles autorizando en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tiene inscrita su respectiva cédula profesional federal en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho y a las demás personas que mencionan, en términos restringidos del citado numeral, por así solicitarlo expresamente. Se puntualiza para los efectos a que haya lugar que los promoventes proporcionan el correo electrónico, por medio del cual se puede establecer comunicación oficial con ellos. Documental. Con relación a la prueba documental que ofrecen, esto es, las constancias que integran el juicio de origen, las cuales obran en el presente asunto. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Alegatos. Se tienen por vertidas las manifestaciones que hacen valer en vía de alegatos, en términos del artículo 124 de la ley de la materia, con los cuales hágase relación en la audiencia constitucional, los que podrán ser analizados al resolver el fondo del asunto.
- Principal
Por recibidos los oficios signados por el juez Civil de Partido, con residencia en Salvatierra, Guanajuato, en atención al registrado con el número 1912, se le tiene rindiendo informe justificado, en el cual acepta el acto reclamado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Como sustento a su informe de ley, remite copia certificada de las constancias que integran el juicio de origen. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, dicha prueba documental se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas, para el mejor manejo del expediente se ordena formar un tomo de pruebas. Constancias de emplazamiento. Por lo que respecta al diverso oficio registrado con el número 1878, se tiene a la oficiante remitiendo las constancias de emplazamiento de los terceros interesados ** y **, en cumplimento al requerimiento formulado el dieciséis de diciembre pasado. Por tanto, se les tiene por debidamente emplazados al presente asunto.
- Incidental
Visto el oficio del juez Civil de Partido, con residencia en Salvatierra, Guanajuato, por el cual rinde su informe previo; agréguese sin mayor proveído, pues en auto de once de los actuales, se recibió la misma misiva y se proveyó lo conducente.
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