Jose Juan Ortega Contreras
Expediente 722/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Juan Ortega Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa la audiencia constitucional y sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, pues al constituirse en la colonia Arboledas de Loma Bella, en la ciudad de Puebla, no localizó la vialidad denominada Privada 2ª Oriente número 10517; sin embargo, hace la precisión de que encontró algunas vialidades en esa colonia denominadas "16 de Septiembre "B" Oriente, 105 "B" Oriente, 2 "A" Sur Oriente, Privada 111 "A" Oriente, entre otras. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, la audiencia constitucional y la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete y las subsecuentes notificaciones por medio de lista de acuerdos. La audiencia constitucional y la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en lo conducente dicen: "En San Andrés Cholula, Puebla, a las once horas con dos minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 722/2017-C, promovido por José Juan Ortega Contreras, ante la presencia de María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien actúa con la secretaria Nahieli Avendaño Palacios, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procede a su celebración, sin la comparecencia personal de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, el escrito de demanda presentada por José Juan Ortega Contreras y el informe justificado rendido por las autoridades responsables. A lo anterior, la jueza de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con la prueba documental remitida por las autoridades responsables 1. juez Calificador del Municipio de Tlacotepec de Juárez, Puebla y 2. Director de Seguridad Pública Municipal de Tlacotepec de Juárez, Puebla, que fue agregada al presente juicio de amparo por auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete (fojas 22 y 23). Enseguida, la jueza de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental relatada por la Secretaria, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: la secretaria certifica que las partes no ejercieron ese derecho y que la agente del Ministerio Público no formuló pedimento. A lo anterior, la jueza de Distrito acuerda: Téngase por precluido el derecho de las partes a formular alegatos. Así, téngase por realizada la certificación secretarial que antecede, y al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, la suscrita jueza de Distrito procede a dictar sentencia. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 722/2017-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Juan Ortega Contreras, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla y turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, José Juan Ortega Contreras, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA A).- A la Ciudadana Juez calificador del Municipio de Tlacotepec de Juárez, Puebla, con Domicilio Oficial en el Palacio Municipal de Tlacotepec de Juárez Puebla, bien conocido en dicho lugar. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA: C).- Al Ciudadano Comisario o comandante de la Policía Municipal de Tlacotepec de Juárez, Puebla, con Domicilio Oficial en el Palacio Municipal de Tlacotepec de Juárez Puebla, bien conocido en dicho lugar. IV.- ACTO RECLAMADO.- De la primera Autoridad Responsable Ordenadora le reclamado LA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL ORDEN ESCRITA DE PRESENTACIÓN Y DETENCIÓN PARA HACERME COMPARECER POR MEDIO DE FUERZA PÚBLICA EL DÍA JUEVES VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS APERCIBIÉNDOME QUE EN CASO DE NO COMPARECER ME HARÁ COMPARECER POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA DE SU MUNICIPIO. y de la Segunda Autoridad Ejecutora Comisario comandante Municipal reclamo la Ilegítima Orden de presentación o detención y presentación que pretenda ejecutar en mi persona por instrucciones de la Jueza calificadora de Tlacotepec de Juárez Puebla." (fojas 2 y 3). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del Juicio. En acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete (fojas 7 a 10), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 722/2017 y se admitió a trámite, con incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita (fojas 13 a 15). TERCERO. Cita para audiencia constitucional. Por auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete (fojas 22 y 23) se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Previamente al dictado de la sentencia en el presente asunto, se examina si en el caso, este Órgano Jurisdiccional, es legalmente competente, para conocer del presente asunto promovido por José Juan Ortega Contreras; en razón de que ello es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente al estudio de la cuestión de fondo planteada. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia I.2o.P. J/40 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." En el caso, se estima que la competencia para conocer del presente juicio se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en turno en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Punto Cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 03/2013, relativo a la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, adicionado mediante diverso acuerdo plenario 23/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, inherente al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, a partir del uno de junio de dos mil quince, en razón de que tal acto combatido atañe a la materia administrativa, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional. Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso José Juan Ortega Contreras, reclama del 1. juez Calificador del Municipio de Tlacotepec de Juárez, Puebla, el citatorio de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que a continuación se transcribe (foja 18): "C. JOSÉ JUAN ORTEGA CONTRERAS. DOMICILIO: CALLE INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ BUENAVISTA. TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA PRESENTE. EN MI CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO EN ESTA FECHA, POR ESTE MEDIO INVITO A USTED PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTA AUTORIDAD MUNICIPAL UBICADA EN PLAZA PRINCIPAL NÚM. 1. DE LA COLONIA CENTRO EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, A LAS 11:00 HORAS DEL 20 DE JUNIO DE 2017. RECOMENDANDO SU PUNTUAL ASISTENCIA. TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA, A 19 DE JUNIO DEL 2017. 'ATENTAMENTE' (firma ilegible rúbrica) LIC. GUADALUPE FLORES PÉREZ. JUEZ CALIFICADOR DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA." Al respecto esta Juzgadora estima que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba seguir en el conocimiento y resolución del juicio, pues no encuadran en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que, como se dijo, no se trata de acciones que sustituyan a las que se confieren expresamente en los distintos ordenamientos al Ministerio Público para integrar la averiguación previa correspondiente; tampoco deriva de una indagatoria, ni fue dictado por una autoridad judicial de orden penal. Pero, como en el caso, si los actos no están vinculados con la actividad persecutoria realizada por el Ministerio Público, deben considerarse meramente administrativos, pues tienen únicamente un carácter preventivo; además, fueron emitidos por una autoridad administrativa diversa del órgano técnico investigador en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas; por lo que, como se adelantó, el conocimiento de la demanda de amparo corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en turno en el Estado de Puebla. Se invoca en apoyo, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS O DEL MEDIO IMPUGNATIVO RELATIVO, CONTRA ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, AJENOS A LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUZGADOR DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El Ministerio Público, al llevar a cabo los actos que integran la averiguación previa, orientados a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal, actúa como autoridad en uso de la atribución de perseguir los delitos depositada en dicha institución por los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de la actividad que realiza dentro del proceso, cuando actúa como parte. Ahora bien, dado que la averiguación previa integra, junto con las diligencias judiciales, un todo indivisible que constituye el proceso penal, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a la materia penal, aunque provengan de autoridad administrativa, porque ésta desarrolla una actividad materialmente penal, tendente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del inculpado, para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por exclusión, cuando el representante social emite actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos son meramente administrativos, emitidos además por autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no fue motivada por denuncia o querella específica, ni se realizó como parte de alguna indagatoria penal; de ahí que el conocimiento de la demanda de garantías promovida en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponda al juzgador de amparo en materia administrativa, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. " Además, el acto reclamado no afecta la libertad personal del justiciable, pues si bien es cierto que constituye un acto de molestia, en términos de lo dispuesto en el ordinal 16 Constitucional; no menos verídico resulta que no incide en la libertad de la parte quejosa. Tampoco es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; no es una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, ni deriva de un incidente de responsabilidad civil (cuando la acción se funda en la comisión de un delito) y no se equipara a una ley o disposición de observancia general en materia penal. Por el contrario, fue emitido por una autoridad dependiente de la administración pública municipal que rige su actuar conforme a los artículos 246 y 251 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y los diversos numerales 28, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla (normas de naturaleza administrativa), que regulan el funcionamiento del juzgado calificador. En ese contexto, al reclamarse un acto emitido por parte de autoridad de naturaleza administrativa, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos corresponde ser analizada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 52.- Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (I a III.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente; y". No es óbice a lo anterior, que en el citatorio reclamado no se haya establecido el porqué de dicha invitación, pues éste pudiera derivar de la constancia de hechos 998/2017/TLAC, ante la posible comisión del delito de amenazas, ello es así, pues el Juez Calificador tiene competencia administrativa conciliatoria sobre faltas que deriven de daños y perjuicios en términos del artículo 34 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, aunado a que el acto reclamado no deriva de una averiguación previa, ni fue dictado por el Ministerio Público o autoridades jurisdiccionales en materia penal. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA UNA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. De la evolución histórica de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de los compromisos contraídos por los Estados Unidos Mexicanos con diversos organismos internacionales, entre ellos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI); así como de la interpretación literal y armónica de los artículos 1, 2 y 6 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 15, fracciones I, inciso a) y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, las disposiciones 70a., 71a. y 73a. de las de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionadas por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2014, se advierte que las facultades otorgadas al titular de la citada unidad para establecer medidas y procedimientos a fin de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos que involucren recursos de procedencia ilícita, terrorismo nacional o internacional y su financiamiento, son de naturaleza formal y materialmente administrativa; de ahí que el conocimiento del juicio de amparo indirecto promovido contra la orden de aseguramiento y bloqueo de una cuenta bancaria dictada por el titular de esa autoridad, sin que previamente exista una investigación del Ministerio Público, corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en términos del artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque los mencionados actos no tienen injerencia alguna en la facultad punitiva del Estado, ya que sólo forman parte de la regulación de un sistema preventivo y protector de la economía nacional y del sistema financiero, conforme al diverso 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. " Por ende, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Juzgadora de Amparo en Materia Penal declara carecer de competencia por razón de materia, para conocer y resolver sobre la litis planteada respecto al acto atribuido al 1. juez Calificador del Municipio de Tlacotepec de Juárez, Puebla, consistente en el citatorio de diecinueve de junio de dos mil diecisiete y su ejecución por parte del 2. Director de Seguridad Pública Municipal de Tlacotepec de Juárez, Puebla; en consecuencia, remítase este juicio de amparo al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla en Turno. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. SEGUNDO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 106, de la Constitución General de la República, 48 de la Ley de Amparo, 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara su incompetencia legal, por razón de materia, para dictar sentencia en el presente juicio de garantías promovido por José Juan Ortega Contreras. SEGUNDO. Remítanse los autos, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo."
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, declara su incompetencia legal, por razón de materia, para dictar sentencia en el presente juicio de garantías promovido por José Juan Ortega Contreras. SEGUNDO. Remítanse los autos, al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Fórmese cuaderno de antecedentes, con las constancias respectivas. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el informe justificado de las autoridades responsables 1. Juez Calificador del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla y 2. Director de Seguridad Pública Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, licenciado Jorge Noé Varela González (en su denominación correcta) y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los mismos dese vista a las partes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tienen como pruebas de las citadas autoridades responsables las documentales que anexan al informe que se provee, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, en relación con el diverso 117, ambos de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con tales constancias para que, en su caso, manifiesten lo que estimen conveniente. Sirve como apoyo a lo anterior la tesis de rubro y contenido siguientes: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, se fija como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe previo de las autoridades responsables 1. Juez Calificador del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla y 2. Director Jurídico de Seguridad Pública Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla; para que surta sus efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo abrogada.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Jose Juan Espinosa Torres835/2017
- Jose Juan Garcia Gutierrez925/2017
- Jose Juan Gomez Luis1088/2023
- Jose Juan Huelitl Alvarado6/2019
- Jose Juan Jorge Sanchez Zacarias1007/2023
- Jose Juan Lopez Ramos320/2022
- Jose Juan Ramirez Valdez46/2019
- Jose Juan Ramos Millan315/2023
- Jose Juan Ramos Millan1293/2022
- Jose Juan Ramos Millan656/2023
- Jose Juan Ramos Millan937/2023
- Jose Juan Reyes Cortes375/2019